El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el Cartel del Noreste (CDN) mediante la congelación de bienes y propiedades en su territorio de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Reymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, así como de los casinos Centenario y Diamante, ubicados en Tamaulipas y operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).
La medida fue emitida por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que los señala por su presunta participación en tráfico de fentanilo, tráfico de personas, lavado de dinero y extorsión en favor del CDN. De acuerdo con el comunicado, todos los activos en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados, incluyendo empresas en las que estos individuos tengan participación mayoritaria.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en México informó que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los señalados, en el que detectó inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como movimientos relevantes de efectivo sin sustento. Por ello, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Además, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, con el objetivo de suspender las actividades de los establecimientos identificados.
El Departamento del Tesoro detalló que el Casino Centenario, en Nuevo Laredo, es utilizado por el CDN como depósito de drogas como fentanilo y cocaína, además de servir para el blanqueo de recursos ilícitos mediante operaciones de juego. También señala que en áreas internas del establecimiento se llevan a cabo actos de tortura e intimidación contra presuntos rivales. Este recinto es frecuentado por integrantes del cartel, según el informe.
Respecto a los sancionados, la OFAC identifica a Eduardo Javier Islas Valdez, Crosty, como responsable de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo, donde supervisa a los llamados “pateros” y autoriza el cruce de migrantes hacia Texas, además de controlar depósitos de efectivo para la organización. También lo vincula como colaborador cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN.
En el caso de Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, el Departamento del Tesoro lo acusa de brindar apoyo más allá de la relación legal a miembros del cartel, actuando como intermediario con la cúpula criminal mientras representaba a Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40, exlíder de Los Zetas. Según el documento, esta intermediación habría permitido mantener la operación del grupo pese al encarcelamiento de su líder.
Por su parte, Jesús Reymundo Ramos Vázquez es señalado como responsable de una campaña de desinformación, haciéndose pasar por activista de derechos humanos para defender a integrantes del cartel, presentar denuncias contra el Ejército mexicano y organizar protestas pagadas, con el fin de mejorar la percepción pública del CDN.
La OFAC indicó que esta es la tercera acción contra miembros del Cartel del Noreste durante la administración de Donald Trump, luego de sanciones previas en mayo y agosto de 2025 contra otros integrantes y colaboradores, incluido el llamado narco-rapero El Makabélico.
Según autoridades estadounidenses, el CDN mantiene operaciones en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, donde participa en el tráfico de diversas drogas, así como en secuestro, extorsión y violencia en ambos lados de la frontera, con base en su bastión en Nuevo Laredo.
