El crimen organizado ha establecido formas de “gobernanza efectiva” en diversas regiones del país, donde la presencia institucional es “simbólica” o se encuentra “cooptada”, según un análisis del gobierno federal titulado Puntos de inflexión de los indicadores, eventos y aseguramientos de las dinámicas de narcotráfico, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

El documento advierte que existe una persistente debilidad institucional en los territorios más violentos, donde las organizaciones criminales han desarrollado capacidad regenerativa a pesar de los esfuerzos por su desarticulación. Esto ha generado un desgaste constante en las fuerzas de seguridad, que operan con marcos legales rígidos frente a estructuras delictivas más flexibles y adaptables.

“El crimen organizado actúa como un sustituto del Estado”, señala el informe, al ofrecer empleo, seguridad y justicia en regiones rurales y fronterizas, lo que erosiona la legitimidad del Estado y complica la recuperación del tejido social.

El reporte también identifica una reconfiguración de los cárteles del narcotráfico, que han dejado atrás la violencia armada como principal estrategia de control. Ahora operan bajo modelos más flexibles, con redes especializadas en producción y distribución de drogas, y han diversificado sus actividades hacia la minería ilegal, la trata de personas y la extorsión empresarial.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi, la extorsión fue el tercer delito más frecuente en 2023, con 15.7% del total y una tasa de 5 mil 213 casos por cada 100 mil habitantes. Las pérdidas económicas por víctima se duplicaron, al pasar de 2 mil 726 pesos en 2022 a 5 mil 363 pesos en 2023.

El análisis sostiene que la estrategia de seguridad 2025-2030 reconoce el problema, pero no logra articular respuestas estructurales que frenen la expansión del crimen organizado. Además, critica la lógica de “puntos de inflexión” —como la reducción de homicidios o aseguramientos—, al considerar que la criminalidad se ha vuelto menos visible, pero más sistémica.

Otro punto relevante es la omisión en atender las alianzas locales del narco, como con grupos comunitarios, políticos o empresarios, lo cual representa un obstáculo para una política de seguridad efectiva. No obstante, reconoce avances en inteligencia financiera, cooperación internacional y rastreo de precursores químicos para drogas sintéticas.

El informe señala que, aunque se han asegurado laboratorios y precursores, cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen su capacidad de producción, especialmente de fentanilo, droga de la cual México es el principal país de origen para el mercado estadounidense, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El gobierno federal ha intentado reforzar su estrategia con mayor coordinación interinstitucional y fortalecimiento de investigaciones, pero los recortes presupuestarios en seguridad —de hasta 35% este año— podrían mermar los resultados. El estudio sugiere que la Secretaría de Marina asuma un rol central en la cooperación internacional, dada su experiencia operativa.

En cuanto a logros, se destaca el histórico decomiso de mil 100 kilogramos de fentanilo en una operación conjunta con autoridades estadounidenses. Además, se subraya que la crisis de drogas requiere también políticas de salud pública, con prevención, tratamiento y recuperación como ejes complementarios.

Finalmente, el informe enfatiza que la cooperación bilateral y multilateral es indispensable para erradicar rutas del narcotráfico, consolidar la seguridad en el país y frenar el impacto del crimen organizado en la región.