Antes de dispararle al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era una “buena persona”. Muletillas consabidas, como cuando dice “con todo respeto”, López Obrador lo calificó de incompetente. “Como que el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro”, señaló el Presidente, que hablaba en el contexto del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, en el primer mitin de su campaña.

Desde 2017 Guanajuato ha estado envuelto en una guerra entre dos organizaciones criminales que pelean por el control del robo de combustible, que ha llegado a tener mayor valor que la cocaína. El principal es el Cártel de Santa Rosa de Lima, que nació en Villagrán, un municipio que colinda con Celaya y Salamanca, donde se encuentra una refinería de Pemex, que si bien no es la que más produce, es la mejor conectada con las zonas industriales del país. Su adversario es el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya guerra, hasta 2018, último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, había causado 3 mil 517 homicidios dolosos.

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La llegada del gobierno de López Obrador estuvo llena de utopías y mentiras. El primer secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, prometió que en los primeros seis meses de la nueva administración estaría contenida la violencia y bajarían los homicidios dolosos. Su primer reto, como parte de una guerra contra el huachicol que inició el gobierno en diciembre de 2018 para cubrir los errores en el abasto de combustible que causó una crisis, fue combatir el robo de combustible en Guanajuato, gobernado por el PAN. La captura del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, había ofrecido Durazo, sería el punto de inflexión de la violencia en el estado.

No fue así. Las fuerzas federales detuvieron al jefe de esa organización, José Antonio Yépez, el Marro, el 2 de agosto de 2020, pero el robo de combustible, que en 2019 había incrementado la cifra de homicidios dolosos en 500 con respecto a 2018, se disparó a 5 mil 370, algo natural por el descontrol tras la captura mientras se reorganizaban los liderazgos. De acuerdo con la consultora TResearch, los homicidios dolosos subieron a 4 mil 333 en 2021 y 4 mil 329 en 2022, pero bajaron el año pasado a 3 mil 132, la menor cifra del sexenio de Rodríguez.

Aunque en el acumulado sexenal Guanajuato sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios dolosos, TResearch, que publica sus números a partir de la información del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es la cuarta entidad que más ha disminuido ese tipo de delito en 2023 y 2024 (menos 16 por ciento), sólo superada por Sonora, Baja California y Aguascalientes.

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No sorprende que el Presidente, pese a los indicadores, haya aprovechado el asesinato de la candidata a alcaldesa en Celaya para enfilar sus baterías en el gobernador panista y dispararle. Fue, como se queja López Obrador de otros, un acto de “politiquería” en tiempos electorales.

El doble rasero del Presidente es impresionante. Nueve de las 14 entidades donde han subido los homicidios dolosos en 2023 y lo que va de este año están gobernadas por Morena: Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Puebla. Dos más, Chiapas y Morelos, son gobernadas por el Partido Verde y Encuentro Social, que son rémoras de Morena, y otro más, Nuevo León, que está gobernado por Movimiento Ciudadano, cuyo liderazgo está al servicio de Palacio Nacional y la Fiscalía General de la República. De las restantes, Chihuahua está gobernado por el PAN, y Jalisco por la facción no oficialista de Movimiento Ciudadano.

Guanajuato está lejos de ellas en resultados contra la violencia, pero sólo a su gobernador se ha referido López Obrador como un incapaz. Con el asesinato de Gaytán, suman dos homicidios políticos desde diciembre pasado, el mismo número que registran Veracruz y el Estado de México.

Rodríguez no tiene los resultados de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, un estado que lleva cuatro asesinatos políticos en el periodo, a quien López Obrador ha defendido con toda su fuerza pese al desastre en el estado; de Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, donde se han dado tres homicidios de aspirantes a cargos de elección popular, o Alfredo Ramírez Bedolla, en cuyo estado, Michoacán, han matado a tres políticos.

En los estados con el mayor número de asesinatos políticos hasta ahora, Guerrero, Michoacán y Chiapas, prevalece la violencia, la ingobernabilidad y sobresale la incapacidad de sus gobernantes. Pero los tres están blindados por López Obrador, que a todos los morenistas y satélites los considera buenos gobernadores, que están haciendo bien su trabajo y que los ataques en su contra se dan en el contexto de la contienda electoral.

Ciertamente, en estos tiempos políticos que vivimos, este doble rasero está sazonado con cinismo e indecencia.