Agrofibra, la empresa que engañó al Infonavit, Banorte e Inbursa

Inversionistas enfrentan pérdidas millonarias tras revelarse conflictos de interés en el fideicomiso agrícola

Agrofibra, el primer fideicomiso inmobiliario listado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) enfocado en bienes raíces agrícolas, está bajo escrutinio tras un turbulento inicio que ha derivado en un escándalo de grandes proporciones. Tras atraer a inversionistas clave como Inbursa, Afore XXI Banorte y el Infonavit, el fideicomiso se encuentra en crisis, con acusaciones de conflicto de interés y malversación de fondos.

La situación emergió a la luz pública después de que Agrofibra reembolsara solo 420 millones de pesos de los 976 millones invertidos inicialmente por las mencionadas instituciones, lo que representa menos de la mitad del capital comprometido por estos importantes inversionistas, que gestionan los ahorros y las pensiones de los trabajadores mexicanos. Este retorno insuficiente ha puesto en riesgo los activos de miles de trabajadores.

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Jorge Guajardo Hesles, quien lideró el fideicomiso desde su fundación, y otros ejecutivos, han sido acusados de adquirir propiedades de manera dudosa, aprovechando sus posiciones para beneficiarse personalmente a través de la sociedad Optimización Inmobiliaria S.A. de C.V. (OIN), donde ambos son accionistas. Este conflicto de interés ha desencadenado una investigación interna, llevada a cabo por la consultora Atlas Value Management, que reveló prácticas preocupantes y posibles actos de corrupción en la gestión de Agrofibra.

Desde su creación en 2020, Agrofibra enfrentó retos significativos, incluyendo un retraso en su oferta pública inicial, que solo logró levantar el 16% de los más de 5,000 millones de pesos esperados. Además, las promesas de adquirir una veintena de propiedades agroindustriales se quedaron cortas, con la firma poseyendo únicamente un inmueble hasta la fecha.

El descubrimiento de irregularidades ha llevado a los accionistas a destituir a Guajardo Hesles y otros ejecutivos involucrados, aunque las disputas legales continúan. Este caso ha generado una gran preocupación sobre la viabilidad futura de Agrofibra y ha afectado la confianza en BIVA, que ya enfrenta desafíos en un mercado bursátil altamente competitivo y con escasez de nuevas emisoras.

Este escándalo no solo plantea serias preguntas sobre la gestión y la transparencia de Agrofibra, sino que también pone de relieve la necesidad de una supervisión más estricta por parte de las autoridades reguladoras en México, especialmente en un sector tan crítico como el agrícola, que es vital para la economía del país y el bienestar de sus ciudadanos.


Con información de El CEO.

Foto: Presidencia

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