Autoridades van tras Corporación Tapatía de Televisión

UN GRUPO DE inversionistas denunció en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a Corporación Tapatía de Televisión (CTT), su filial SSL Digital SA de CV y el Fideicomiso de administración y pago F/10549.

También a los hermanos Serna Barrera y a Ricardo Ordoñana Ripoll y William Antonio Narchi Karam por la posible comisión de delitos bursátiles y la probable práctica de conductas ligadas al lavado de dinero.

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La denuncia se da como respuesta al reporte del cuarto trimestre de 2023 enviado por CTT y SSL Digital a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que preside Marcos Martínez Gavica.

Y es que se encendieron las alarmas entre los inversionistas debido a su pobre solvencia financiera, que amenaza con desencadenar un posible impago de deudas y el colapso de sus operaciones.

CTT es la antigua retransmisora del Canal 8 de Guadalajara, que dirige Alejandro Serna Barrera, Consejo está conformado por sus cinco hermanos, hijos del legendario radiodifusor Clemente Serna Alvear.

La empresa comenzó su debacle en agosto de 2020, cuando decidió terminar los contratos que la ligaban a Televisa, que copresiden Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, a través de Televimex, su único cliente.

Desde entonces, su filial SSL Digital SA de CV, dirigida por Narchi Karam, ha fungido como la principal fuente de repago de la deuda y los cupones.

Sin embargo, esta empresa, de igual manera enfrenta, serios desafíos financieros: así lo refiere el último informe de la calificadora PCR Verum, que preside Ignacio Núñez Anta.

Ratifica la nota de la televisora en ‘C/M (e)’ con Observación Negativa y advierte que la principal pagadora disminuyó sus ingresos hasta 22%, tras perder proyectos publicitarios y haberles cancelado contratos.

El problema no acaba ahí: sume el juicio fiscal que enfrenta con la Secretaría de Finanzas de la CDMX, a cargo de Luz Elena González, luego de que en una Auditoría se encontró irregularidades.

Fue en el ejercicio fiscal de 2009 y que podría representarle a los Serna Barrera, entre impuestos omitidos de ISR, IVA y multas, el desembolso de unos 38 millones de pesos.

Para rematar, las dificultades que enfrenta la empresa para cumplir con sus compromisos financieros y mantener su operatividad, hay que agregarle el incumplimiento de un contrato con Unifin.

Además de una renegociación de la deuda en la que se otorgó un plazo adicional para el pago en 2027, apunte una disputa con su proveedor Impaktate de Espacios con Creatividad por un monto cercano al millón de pesos, más una demanda laboral interpuesta por un empleado.

Según la denuncia, los hermanos estarían vinculados, además, a Dennis Stevens, a través de la compañía Secure Witness de México que le vende cámaras de videovigilancia a las alcaldías de la CDMX.

De acuerdo con la prensa, es investigado por la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, por irregularidades en la asignación de contratos.

El espacio de maniobra se le acorta al conglomerado de empresas de la familia Serna, que han cambiado de la BMV a la Bolsa Institucional de Valores, la de Santiago Urquiza y que dirige María Ariza.

También hasta de calificadora de riesgo crediticio, por lo que lo que los sabuesos de Jesús de la Fuente en la CNBV siguen muy de cerca el caso, los movimientos de los Serna, de Ordoñana y de Narchi.

El objetivo, proteger los intereses de los inversionistas y el mercado en general.

EFECTIVAMENTE, AMÉRICA MÓVIL presentó una demanda contra Altán Redes por prácticas monopólicas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mojica. Las huestes de Carlos Slim y su yerno, Daniel Hajj, acusan básicamente al operador de la red compartida de vender capacidad a terceros por debajo del precio de mercado, algo que no puede hacer sus competidores porque no tienen el subsidio que el Estado da a la firma que dirige Carlos Lerma. Y es que no olvide que Altán ya es una empresa mayoritariamente estatal: la controlan Nafin-Bancomext que comanda Luis Antonio Ramírez y Banobras que comanda Jorge Mendoza Sánchez. Se estima que por la enajenación de la banda de 700 megahertz y la explotación de torres y demás infraestructura pasiva desplegada con presupuesto de la CFE, de Manuel Bartlett, Altán ha obtenido subsidio gubernamental por la friolera de 51 mil 391 millones de pesos desde 2018. Esto es lo que denunció Telcel, y es secundado por AT&T, que encabeza Mónica Aspe, y Telefónica-Movistar, que maneja Camilo Aya

A PROPÓSITO DE demandas, la que le metió SAT Aero Holdings de Félix Sánchez por 837 millones de dólares a la nueva Mexicana de Aviación en Nueva York, no Texas, va ser un verdadero dolor de cabeza para la 4T y para quien vaya encabezar la Presidencia en el próximo gobierno. Sí hay elementos para proceder y la megademanda es el último eslabón de una cadena de yerros que cometió el general René Trujillo. De hecho, le costó el puesto de director del Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica. Fue cesado en diciembre pasado por los problemas que desde entonces ya se tenían con el bróker de Sánchez para conseguir los 10 aviones de Boeing. Su lugar lo ocupó el general José Gerardo Vega, a quien le tocará enfrentar ese entuerto. El gran error de Trujillo fue renunciar a la jurisdicción de México y no cuidar el velo corporativo de la empresa. ¿Se imagina que la Corte de Nueva York llame a declarar a un alto directivo, y más aún, que sea militar?

JUAN CARLOS GUERRERO Fausto, cesado en octubre pasado como Abogado General de la Universidad de Guadalajara, para que enfrente los cargos que le hace la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Pablo Gómez y la Procuraduría Fiscal que capitanea Grisel Galeano, por lavado de dinero y por fraude fiscal, ante la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, le abrirá otro frente de batalla al rector Ricardo Villanueva Lomelí. Y es que generó mucha molestia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encabeza Norma Piña, por sus abusos y charoleo cuando se desempeñaba como abogado de la UdeG. Ya hasta le dicen el jarrito chino, porque nadie sabe ya qué hacer con él.

JUSTO AYER MISMO el Juez Segundo especializado en materia concursal, Saúl Martínez Lira, admitió la solicitud de concurso mercantil de La Europea. Antes de que se cruzaran las vacaciones de Semana Santa dicho togado había desechado la petición. La admisión otorga medidas para proteger a la famosa cadena de José Ramón Ruiz de demandas de sus bancos acreedores. Y es que al menos dos, Bx+ de Antonio del Valle Ruiz, y Santander, que capitanea Felipe García Asencio, ya habían iniciado procedimientos de embargo. Al primero le deben cerca de 200 millones de pesos y al segundo alrededor de 50 millones. La defensa y proceso concursal de La Europea la encabeza el bufete Del Castillo y Castro Abogados, que lidera Fernando del Castillo.

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