RÉCORD DE MUERTOS, corrupción familiar, Pemex, obras faraónicas, programas sociales, ecocidio y más, se sufragan a través de las contribuciones fiscales.

Y con el afán de hacerse de recursos para impulsar el “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación, se ha forzado y usado con perversidad al aparato de recaudación de impuestos.

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“Línea de captura u orden de captura”, fue la amenaza contra los grandes contribuyentes en el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y se extendió al resto, sobre todo a críticos de la 4T.

El Presidente no estaba equivocado: los que más ganan son los que menos pagaban impuestos, pero de equilibrar el pago de contribuciones a hacer del SAT un instrumento extorsionador, es otro cantar.

“A mí me pagas lo que me debes, o no solo me voy contra tu empresa: me voy contra ti en lo personal y contra tu familia y los que te rodean”, solía amenazar Raquel Buenrostro. Y lo cumplía.

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La política fiscal recaudatoria puso proa en los grandes corporativos cuando AMLO pretendió reformar la Constitución para que los delitos fiscales ameritaran prisión preventiva oficiosa.

FEMSA, que capitanea José Antonio Fernández Carbajal; América Móvil, de Carlos Slim; BBVA, que dirige Eduardo Osuna; Walmart, que preside Guilherme Loureiro; IBM, que conduce Eduardo Gutiérrez, son solo unas de las centenas que se doblaron.

Extorsionado y esquilmado, el contribuyente es sometido al pago de impuestos exorbitantes, vía un sistema coactivo, usando y abusando de las nuevas facultades del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El SAT con Buenrostro, y ahora con Antonio Martínez Dagnino, pero también con la ex Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, Rosalinda López, hermana Adán Augusto López, es implacable.

Multiplica ingresos y desconoce deducciones en forma presuntiva, sin tener soporte alguno, para intimidar al contribuyente y orillarlo a “negociar” mediante el pago de una suma a la determinada abusivamente. Y si no lo hace, que se atenga a las consecuencias: “línea de captura, u orden de captura”, fue y sigue siendo la consigna.

Consecuencias que van de una auditoría que termina en un cálculo injusto y excesivo. Interponer un recurso jurídico de revocación resulta inútil, ya que es el mismo SAT el que lo resuelve, y una vez resuelto, la única opción es impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Pero la instancia que encabeza Guillermo Valls depende absolutamente del Ejecutivo, vía presupuestal, así como la conformación de sus integrantes que son aprobados por Morena y partidos satélites.

De ahí, obviamente, la resolución será validando lo determinado por el SAT y entonces se recurre al “autónomo e imparcial” Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bajo el argumento de que es dinero “del pueblo y para el pueblo”, se debe validar la resolución por magistrados y jueces que, de no hacerlo, son exhibidos en las conferencias mañaneras como si fueran delincuentes.

El sistema fiscal está enfermo: es imparcial, desproporcionado, vengativo, inseguro y todos los calificativos que violentan la Constitución y que no garantizan un debido Estado de Derecho. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum con este Frankenstein?

LA SEMANA PASADA cientos de estaciones de radio y televisión recibieron un procedimiento especial sancionador, conocido como PES, de parte de Movimiento Ciudadano (MC). El partido y su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, buscan que le den el mismo tiempo de cobertura a él que el que se le da a Claudia Sheinbaum o a Xóchitl Gálvez.

Las encuestas traen a ese partido con una intención de voto de entre 4 y 8%, y el promedio de cobertura de ese instituto es de 17%, más del doble, pues. Pero su intención es, con una denuncia, obligar legalmente a que miles de comunicadores sean forzados a llevarlos, aunque no tuvieran eventos o propuestas noticiosas.

Algo que nunca se había visto: acotar las decisiones editoriales y la libertad de expresión de toda la radio y televisión en México. Cuando la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), que preside Juan Antonio García, denunció públicamente lo que estaba sucediendo, MC entró en pánico al ser evidenciados y dieron información contradictoria.

Una parte dijo que no eran ellos, sino el Instituto Nacional Electoral (INE), que encabeza Guadalupe Taddei, el que estaba atrás de esta maniobra, y otra parte de MC señaló que echarían para atrás la demanda, lo que sucedió la tarde del jueves pasado. Muchos medios señalaron que Álvarez Máynez se negaba a dar entrevistas y otros que buscaba cobertura a modo. Quien estuvo detrás de este tema fue directamente Dante Delgado, que en un desayuno en la CIRT, el miércoles pasado, dijo a varios dueños de medios que su cobertura noticiosa era “parcial”. Así que luego de una mala reunión y luego de conocerse la demanda, tensó las relaciones entre MC y la radiodifusión.

Pero un dato que sorprendió fue que, el mismo miércoles pasado, el responsable de todos los medios de gobierno, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, publicó un mensaje en X en el que decía: “Consideramos pertinente la demanda de MC de otorgarle el mismo tiempo a su candidato presidencial….”. Pero nada dijeron de la otra candidata, Xóchitl Gálvez.

Así, todo este desencuentro entre medios revela dos cosas: el talante autoritario de MC, que buscó censurar la forma de trabajar de todos los medios de comunicación, pero también la estrategia del gobierno de la 4T que ahora busca crecer a Máynez para restarle votos a Xóchitl.

Increíble que de todo esto haya constancias por escrito. Se ponen interesantes las campañas a menos de 30 días de la elección.

EL UFÓLOGO DE los tribunales vuelve a dar muestra de su visión de Trajano a la hora de litigar. Por supuesto, hablamos de Paulo Díez Gargari, quien hace unos días celebraba que sus ataques mediáticos en contra de un Juez de control de Estado de México surtirían efecto, pero hoy se da cuenta que de poco le sirvió, pues el Juez de Control Federal que recibió el asunto como consecuencia de la “estrategia” legal concebida por el licenciado, acaba de notificarle que, con independencia del súbito cambio de parecer del juez mexiquense, para el juzgador federal las cosas están claras y el proceso debe continuar, por lo que le impuso nuevamente medidas cautelares y le dio un plazo de seis meses a la Fiscalía General de la República para apuntalar su investigación.