MEXICANA DE AVIACIÓN fue un caso que Andrés Manuel López Obrador explotó electoralmente, y que tras haber ganado la Presidencia, no fue sino hasta ya bien entrado su gobierno retomó.

Nunca hubo el tal rescate que enarboló como bandera de campaña y, haciendo un corte a siete meses de que concluya su mandato, son más negativos que positivos los que hay alrededor de la nueva Mexicana.

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De entrada, lo complicado que ha sido regresarla a volar: no puede armar su flota inicial de 10 aviones porque no los encuentra en el mercado, y el factor de ocupación que maneja es muy bajo.

No ha podido completar el pago a los ex trabajadores de otros 400 millones de pesos que son el componente relativo a la compra del Centro de Adiestramiento, oficinas en la CDMX y Guadalajara y dos simuladores.

Lo único que resarció el gobierno de la 4T a los ex empleados de la malograda aerolínea, fueron alrededor de 416 millones de pesos producto de la recuperación de las marcas de Mexicana de Aviación.

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Sin embargo, existe otro activo que duerme el sueño de los justos ante la indolencia de los últimos tres gobiernos: el de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora el de AMLO, al que le va reventar.

Hablamos del MRO, o base de mantenimiento que es dirigido por Oscar Argüello, cuyas acciones están contenidas en un fideicomiso controlado por Banorte, que dirige Marcos Ramírez, y el gobierno.

Por parte de este último destaca el Bancomext, que maneja Luis Antonio Ramírez, que como el otro banco, son fideicomitentes, al igual que Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Aeropuerto de la CDMX.

Hablamos del Fideicomiso 2100 MRO Mexicana, que se constituyó en el gobierno calderonista para resarcir el daño que la quiebra de la aerolínea causó a más de cinco mil trabajadores.

El fideicomiso, que administra Invex, de Juan Guichard, tiene el mandato de vender los activos del MRO, lo que no ha sucedido en 10 años por el desinterés de los últimos tres gobiernos federales.

El punto es que si no se vende antes del 4 de abril, los funcionarios de la 4T que lo tienen a su cargo van incurrir en responsabilidades legales y en ooootra promesa incumplida a los ex empleados de la vieja Mexicana.

Ya se imaginará la premura en la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, donde los focos amarillos ya se le prendieron al subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons.

Los sindicatos, apunte al de pilotos que lidera Humberto Gual, sobrecargos que comanda Ada Salazar, trabajadores de tierra de Miguel Ángel Yudico y el de trabajadores de confianza, andan inquietos.

El MRO de Mexicana tendrá un valor de entre 25 y 30 millones de dólares.

PUES CON LA novedad de que, en materia de seguros para la burocracia, el gobierno de la 4T ha reculado y regresará el llamado Seguro de Retiro o Servicio de Separación Individualizada. Pero claro, ahora en esta ocasión contratado con la nueva aseguradora oficial del gobierno Agroasemex, que dirige desde hace unos meses Manuel Agustín Calderón de las Heras. Recordará que a principios de la administración de Andrés Manuel López Obrador le canceló el contrato a la aseguradora estadounidense MetLife, que dirige aquí Mario Valdés. La compañía tuvo que liquidar en plazos muy forzados unas 700 mil pólizas de funcionarios, lo que le significó un golpe financiero arriba de los 50 mil millones de pesos. Pero en esta ocasión, y a unos cuantos meses del cambio de gobierno, la Secretaría de Hacienda que comanda Rogelio Ramírez de la O, inició marzo con el contrato DYE-1-004/2024, por un valor máximo de 647 millones 506 mil 800 pesos, que ampara al “seguro de retiro para el personal de las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos participantes”, el cual terminará su vigencia hasta el próximo 28 de febrero de 2026. Estamos hablando de medio millón de trabajadores al servicio del Estado.

LA INTENCIONALIDAD POLÍTICA en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ve en los informes que emitió hace dos semanas sobre el manejo de los recursos federales en las alcaldías de la CDMX. En los resultados de la Cuenta Pública 2022 la alcaldesa panista de Álvaro Obregón, Lía Limón, tiene observaciones por 129 millones de pesos, mientras que en Iztapalapa, gobernada por la candidata morenista a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, es la única que destaca porque mantuvo cero irregularidades. Las alcaldías que cuentan con mayores comentarios son, curiosamente, las gobernadas por el PAN y el PRI. Magdalena Contreras, del priista Gerardo Quijano, tiene que aclarar 69 millones; Adrián Ruvalcaba, en Cuajimalpa, 34 millones de pesos, y más abajo vienen también señalados los panistas Mauricio Tabe y Santiago Taboada. El siempre útil David Colmenares le puso a Morena oro molido en el arranque de las campañas. Al auditor parece no importarle sus cada vez mayores conflictos de interés, como la relación con el líder del rebaño guinda, Ignacio Mier, quien logró colocar a su hermano, Marco Fernando Mier, como cercanísimo colaborador de Colmenares.

LE INFORMÉ AYER que Nokia, presidido por Pekka Lundmark, ganó la semana pasada un recurso de reclamación sobre el convenio concursal de Altán Redes, que dirige Carlos Lerma. En realidad se trata de un movimiento que no pone en riesgo los acuerdos del 13 de octubre de 2022, el cual fue aprobado con carácter de sentencia ejecutoria por el Juzgado Primero Especializado en Concursos Mercantiles el 28 de octubre de ese mismo año y que surtió efectos el 4 de noviembre. Lo más que puede pasar es que los acreedores reconocidos participantes, léase Bancomext-Nafin que lleva Luis Antonio Ramírez, Banobras que comanda Jorge Mendoza y Huawei de Ren Zhengfei sean requeridos por la jueza Olga Borja nuevamente y que por mayoría dejen sin efecto la reclamación.

EL INGENIO PUGA ha sido desde 1846 un importante empleador y motor económico de Nayarit, abasteciéndose de caña a través de 116 comunidades en 10 municipios y llegando a emplear a más de 850 personas. Están afiliados 4 mil 464 cañeros, pero a pesar de los favorables niveles de precios del azúcar, arrastra adeudos de unos 4 mil millones de pesos. En septiembre de 2023 el ingenio del refresquero Oscar Garcíarce entró a concurso mercantil. Antes, en febrero llegó a un punto crítico, cuando sus trabajadores estallaron una huelga. Hay grupos interesados en adquirirlo, pero otros, como Grupo Azucarero México de Juan Gallardo y Sucroliq de Enrique Bojórquez, se lo quieren quedar a la fuerza.