El presidente López Obrador se pasó por el arco del triunfo la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que lo obligaba a abstenerse de opinar sobre temas electorales y emitir comentarios sobre aspirantes a algún cargo de elección popular.
No sólo volvió a hablar mal de Xóchitl Gálvez en la mañanera de ayer, celebrada en Baja California Sur, sino que asegura: “me quieren silenciar”.
Preguntó: “¿Dónde queda la libertad? ¿Y la libertad de expresión? ¿Y el derecho a la réplica? ¿Y el derecho a disentir? ¿Qué, no son principios básicos de la democracia?”.
Nosotros preguntamos al tabasqueño: ¿Y dónde quedan los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad que está obligado a observar como Presidente de la República?
Ese valemadrismo frente a las medidas que dictó la autoridad electoral es un aviso de lo que puede ocurrir en las elecciones de 2024.
Para ponerlo en palabras del historiador Enrique Krauze, al referirse al desacato cometido por el Presidente, bajo pretexto de no haber sido notificado: “Strike cantado: el desacato de hoy al INE presagia el desacato a una eventual derrota en las próximas elecciones”, alertó en Twitter.
* López Obrador ventiló en esa misma red social, sin arrobarla, información sobre contratos otorgados a dos empresas de Xóchitl Gálvez, supuestamente por mil 400 millones de pesos, a lo largo de nueve años. “Me da tiempo todavía para que, antes de que me vayan a cepillar, pedirle a Claudio X. González que se apure con la investigación sobre los contratos de Xóchitl, de su protegida, que, siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras”, aseveró el Presidente.
La aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México le reviró de inmediato. No sólo lo animó a que la arrobe cuando la mencione en Twitter, sino que le advirtió sobre “el perro oso que acaba de cometer”.
Agregó Xóchitl: “Con ese tuit y su documento deja evidencia de que está usando todo el aparato de inteligencia para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo. No hay nada que ocultar.
“Ha violado una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable.
“Me queda claro que ni contar sabe. Eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 millones de pesos y, según su propio documento, no llegan ni a 80.
“Confirma que prefiere las empresas patito de los elevadores del IMSS, los contratos de su prima Felipa, los sobres amarillos de sus hermanos y las casas prestadas a su familia”, remató.
Paralelamente, lanzó un reto a AMLO en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula:
“Si el me demuestra que yo tengo contratos por mil 400 millones de pesos renunció hoy a la candidatura y, si no, que él renuncie a la Presidencia, por mentiroso”.
El Presidente tiene la palabra.
* No hay nada que le moleste más a inquilino de Palacio que se diga que en México hay violencia extrema.
Cada que su estrategia de “abrazos no balazos” es cuestionada, le pide a Jesús Ramírez, su vocero, que ponga en la pantalla de la ignominia sus estadísticas sobre la incidencia delictiva en el país que, a todas luces, nada tienen que ver con la violenta realidad.
La organización Causa en Común, que preside la activista María Elena Morera, difundió ayer un comunicado sobre los actos terroristas que desgarran al país.
Dice el texto: “Es ya larga la trayectoria de violencia extrema que se ha agravado en los últimos años, con intenciones claras de infundir temor en la sociedad.
“No puede ser otro el sentido de las masacres, del uso de explosivos para matar policías o soldados o civiles, de los videos con torturas, de los secuestros masivos, o del asesinato de candidatos.
“Es inmoral ocultar esta realidad en aras de una simulación política con fines electorales. Es indispensable y urgente que el gobierno federal reconozca que la impunidad criminal avanza a un ritmo cada vez más acelerado y con métodos cada vez más despiadados”.
Según Causa en Común, debe formularse una auténtica estrategia de seguridad que construya capacidades civiles de inteligencia y reacción; y utilizarse todas las herramientas legales e institucionales con que cuenta el país.
“No hacerlo implica, lisa y llanamente, una negligencia criminal”, advierte.
