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La JUFED advierte que el crimen organizado tomará el Poder Judicial si hay elección

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exigió al Gobierno de México cancelar la elección judicial, argumentando un riesgo inminente de infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia.

A través de un comunicado, el organismo señaló que las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos sobre supuestos vínculos entre autoridades mexicanas y el narcotráfico refuerzan este peligro. “Hoy, con los señalamientos del actual gobierno estadounidense –coincidente con el anterior–, este peligro no solo es una posibilidad, sino una amenaza real e inminente. Por ello, la elección de juzgadores debe cancelarse”, advirtió la Jufed.

Asimismo, recordó la advertencia de la Relatoría de la ONU, que alertó que la elección de jueces, magistrados y ministros podría facilitar la influencia indebida de élites políticas, económicas u organizaciones criminales en el Poder Judicial.

La Jufed también denunció “inconsistencias y graves irregularidades” en la planeación de la elección, asegurando que no existe control suficiente para evitar la interferencia de grupos criminales en amplias regiones del país.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha respondido a la petición del organismo judicial.


Elección de jueces y magistrados avanza entre críticas y ajustes de último minuto

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el diseño de las boletas que se utilizarán en la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito, sin embargo, consejeros advirtieron que su complejidad podría generar confusión y errores en la votación. Las papeletas incluyen colores para distinguir las especialidades de los candidatos, pero la gran cantidad de aspirantes, que oscila entre 6 y 80 por entidad y distrito, podría complicar el proceso.

El consejero Arturo Castillo señaló que, al agrupar todas las especialidades en una sola boleta, existe el riesgo de que los votos se concentren en ciertas áreas y otras queden sin representación. Su colega Martín Faz ejemplificó la problemática con el Distrito Judicial 5 de la Ciudad de México, donde habrá 60 candidatos de cinco especialidades, lo que podría afectar la distribución de votos. En contraste, en el Distrito Judicial 01 de Colima, con una sola especialidad, habrá solo 12 candidatos.

Carla Humphrey, consejera del INE, reconoció que la boleta puede excluir a personas que no saben leer o escribir y generar inequidad entre especialidades. Claudia Zavala, quien votó en contra, consideró que las instrucciones son ambiguas y podrían aumentar los votos nulos. Ante las críticas, Guadalupe Taddei, presidenta del INE, afirmó que el Instituto deberá reforzar la difusión para orientar a los votantes.

Consejeros del INE advirtieron que por diseño y complejidad de boletas para jueces de distrito y magistrados de circuito, habrá confusión y errores durante la votación. Crédito: Especial

Además, el INE estableció sanciones para los candidatos al Poder Judicial que no presenten su Informe Único de Gastos, aunque sin perder su registro. La propuesta inicial contemplaba cancelar candidaturas, pero finalmente se aprobó solo imponer multas de hasta 565 mil 700 pesos o amonestaciones públicas. También se restringió la promoción de los aspirantes, quienes no podrán hacer uso de espectaculares, bardas o publicidad en vía pública y deberán financiar sus gastos de campaña con recursos propios.

En paralelo, el Senado de la República concluyó el proceso de insaculación de candidatos al Poder Judicial de la Federación, con 1,239 aspirantes para 881 cargos. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, defendió el procedimiento y aseguró que no hubo decisiones unilaterales sobre quiénes competirán.

El proceso no estuvo exento de complicaciones. Durante la selección, se detectó un error en la asignación de género en la tómbola, lo que obligó a repetir el sorteo en algunos casos. Asimismo, en menos de 12 horas, el Senado incluyó a 193 aspirantes adicionales, sumando casos que habían sido excluidos previamente.

Proceso de insaculación para definir candidaturas del Poder Judicial en el Senado. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

En la lista de seleccionados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, figuran Ana María Ibarra Olguín, Dora Alicia Martínez Balero, Yasmín Bonilla García, Ludgarda Madrigal Valdez y Paula María García Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Entre los hombres, destacan Edgar Cosco Sosa, Guillermo Pablo López Andrade y Ángel Mario García González.

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, se insaculó a Diana Margarita Favela Herrera, Claudia Valle Aguilasocho y Gabriela Villafuente Coello, mientras que en la lista de hombres aparecen Armando Hernández Cruz, Enrique Figueroa Ávila y Luis Espíndola Morales.

El procedimiento se realizó con una hora y media de retraso debido a que el Tribunal Electoral entregó tarde las listas de candidatos. Además, para evitar errores como los del año pasado, los organizadores usaron pegamento en los contenedores de las esferas para que no cayeran al suelo durante el sorteo.

Las bancadas opositoras no participaron en el proceso. El siguiente paso será la revisión de las listas por parte de los Comités de Evaluación del Legislativo y Ejecutivo, antes de enviarlas a la Suprema Corte para su aprobación final.

Morena alista recorte de 25 mmdp ‘a excesos’ del Poder Judicial

En la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2024, el último año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados adelantó que hará recortes “a los excesos” en los gastos del Poder Judicial de la Federación, que podrían alcanzar hasta los 25 mil millones de pesos.

En lo que se prevé como un nuevo choque político con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el coordinador parlamentario morenista en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, anticipó que, en un primer análisis, se observa que “se haría una revisión minuciosa al gasto que ejerce el Poder Judicial, ya que, de manera inicial, se han detectado gastos innecesarios que van de los 15 mil y hasta los 25 mil millones de pesos”.

Explicó que, de cara al análisis y discusión del Paquete Económico 2024 –que iniciará a partir del 8 de septiembre, plazo límite legal en que la Secretaría de Hacienda debe entregarlo a los diputados– y dentro del rubro de gastos superfluos, hay una partida en el Poder Judicial de 3 mil millones de pesos destinados a “reparaciones de domicilios particulares de ministros y jueces de distrito”.

El legislador sostuvo que “esto no tiene que ver con el gasto de los recursos destinados al desarrollo del objetivo que tiene el Poder Judicial, que es realmente garantizar la administración de justicia en México de un millón 200 mil asuntos que ellos revisan, lo que destinan para todo lo que tiene que ver con los juzgados, con los trámites, las secretarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la Judicatura Federal, la operación y la garantía del cumplimiento del propósito constitucional de garantizar justicia pronta y expedita”.

Al aclarar que la aprobación del PEF se hace con mayoría simple –en este caso de Morena y sus aliados del PVEM y el PT–, indicó que se va a revisar dónde “tienen excesos por cerca de 25 mil millones de pesos y vamos a hacer una revisión puntual de ese dinero que representa todo el gasto que no tiene que ver con el cumplimiento de sus objetivos”, expuso.

Agregó que en estos recursos se incluyen los 3 mil millones de pesos que tienen en un fideicomiso “para la reparación de sus casas personales. No casas de justicia, sino sus domicilios personales”, subrayó.

Expuso que “se incluye ahí la revisión de 14 escoltas que tienen, los carros blindados de cada uno de los integrantes y que se extiende, en algunos casos, para algunos jueces y magistrados de distrito”, aseguró.

El diputado federal por Puebla señaló que también se revisarán los recursos de otros organismos constitucionalmente autónomos que no tienen relación directa con el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados.

Afirmó que “deben entender que la era de los privilegios se acabó, que la prioridad de la cuarta transformación es el combate a la pobreza y la desigualdad”.

Según indicó, “los resultados están a la vista: 9 millones de pobres menos en el país, gracias a la política de austeridad, al combate a la corrupción, al manejo responsable de la economía y al uso del presupuesto como la política pública más importante de distribución del ingreso”.

“Hay que acabar con la burocracia dorada que se niega a desaparecer en el Poder Judicial”, advirtió el legislador.

A pesar de la sistemática confrontación del gobierno de Morena con la Suprema Corte de Justicia, durante la discusión y aprobación del presupuesto para el Poder Judicial de este año, se avaló un aumento de 3 mil 821 millones de pesos, que fue de 77 mil 544 millones de pesos, frente a los 73 mil 723 que se le aprobaron para 2022.

Para el año pasado, a la Suprema Corte los diputados le aprobaron un gasto de 5 mil 248 millones de pesos, mientras que, en 2023, se elevó a 5 mil 630, en tanto que a la Judicatura Federal le destinaron 65 mil 640 millones en 2022 y 68 mil 933 millones de pesos para 2023.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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