El periodista Carlos Loret de Mola, en su noticiero Latinus, presentó una investigación que señala un posible conflicto de interés en el gobierno de Sonora, encabezado por el morenista Alfonso Durazo Montaño. La administración estatal otorgó incentivos extraordinarios y una zona libre de impuestos a la empresa china Mainland Headwear, en la que participan figuras cercanas al mandatario.

La investigación detalla que Fernando Rojo de la Vega Molina, secretario de Bienestar de Sonora y exdelegado de Claudia Sheinbaum en la entidad, es administrador único y gerente de dos filiales mexicanas de la compañía. Además, Rojo de la Vega es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador, en varias empresas creadas tras el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

El vínculo con la empresa china se consolidó a través de Durazo Chávez, quien estudió en el extranjero con Alexander Ngan, hijo del fundador de Mainland Headwear y actual director ejecutivo de la compañía. Gracias a esta relación, la empresa recibió 150 hectáreas en Agua Prieta, Sonora, valuadas en 360 millones de pesos, a menos de dos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, así como exenciones fiscales por 20 años y condiciones aduaneras especiales.

Según los documentos obtenidos por Latinus, el terreno fue entregado por ejidatarios al gobierno de Sonora y al Ayuntamiento de Agua Prieta, y se formalizó mediante un fideicomiso que tiene como titular al hijo del gobernador. El acuerdo incluye que Mainland Headwear será propietaria del terreno en 2028 sin pagar impuestos locales, siempre y cuando cumpla con mínimos compromisos de inversión.

Durante la inauguración de la planta en diciembre de 2023, Alfonso Durazo reconoció la participación de su hijo y su relación con Ngan como clave en el desarrollo del proyecto. La fábrica comenzó operaciones con una inversión de 200 millones de pesos y emplea a cerca de mil trabajadores. Esta planta permite a Mainland Headwear evitar aranceles y reducir costos logísticos para exportar a Estados Unidos, en un contexto donde la política comercial de Donald Trump busca restringir el acceso de productos chinos a su país.

Loret cuestionó si estas acciones no constituyen tráfico de influencias o conflicto de interés, al otorgar beneficios excepcionales a una empresa con vínculos directos con la familia del gobernador. El caso plantea dudas sobre el uso de México como vía para que productos chinos ingresen a Estados Unidos, una práctica denunciada anteriormente por el expresidente Trump.

Latinus concluyó que el gobierno estatal de Morena facilita esta operación estratégica, que podría tensar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.