El lunes en Mazatlán, cuando le preguntaron los reporteros, cómo había visto el primer debate presidencial, el presidente López Obrador contestó de manera muy escueta y sin el apasionamiento con el que siempre habla de las campañas: “Sí vi el debate, estuvo bien, bastante bien, es lo que puedo decir. Interesante porque uno recuerda los debates en los que participé. Y bien todo en calma, todo bien, requetebien”, se limitó a repetir el presidente que evitó cualquier mención sobre el desempeño de su candidata, Claudia Sheinbaum, y solo dijo que el formato fue el que decidió el INE y se debe respetar.

¿Por qué el mandatario que se ha pasado todo lo que va de este proceso electoral haciendo comentarios abiertos y descarados en favor de su partido y de su candidata, que le han costado incluso denuncias, apercibimientos y medidas cautelares del INE por su intromisión ilegal, ahora se portó tan recatado y tan parco al emitir su opinión sobre el primero de los debates en la contienda presidencial?

La razón por la que AMLO mostró tan poco entusiasmo, nos dicen fuentes internas del Palacio Nacional, tiene que ver con que al presidente no le gustó nada lo que vio en el debate, por parte de la abanderada de su movimiento, Claudia Sheinbaum. Y es que si bien la candidata del oficialismo siguió al pie de la letra lo que le dijeron sus asesores y estrategas y fue la que mejor se apegó al guion y al papel que le marcaron como puntera, no fue lo suficientemente clara y contundente al momento de responder a los ataques y señalamientos de corrupción que se le hicieron al gobierno lopezobradorista, incluidos a sus hijos y varios colaboradores cercanos del presidente.

“Ella sólo defendió su gobierno en la ciudad, contestando a cada señalamiento que le hicieron sobre su administración, pero cuando las causaciones de corrupción, ineptitud o negligencia, tanto de los moderadores como de Xóchitl o Máynez se referían al gobierno federal, evitaba contestar. El presidente se sintió agraviado porque Claudia no defendió con más vehemencia al gobierno federal. No supo defender lo que se ha hecho en este gobierno”, aseguró una de las fuentes cercanas al inquilino del Palacio.

En la percepción que tuvieron desde la Presidencia, Sheinbaum se concentró demasiado en defender su trabajo en la ciudad, cuando lo que estaba en juego, ante los ataques de los opositores, era la defensa del país, y dio la impresión de que no quiso o le recomendaron los que la entrenaron, no meterse tan a fondo en la defensa de los temas federales.

El problema es que en la susceptibilidad presidencial, que se agudiza conforme se acerca el fin de sexenio, la actitud de Claudia en el debate, de tomar distancia de las críticas al gobierno federal, fue interpretada como el principio de un desmarque que podría venir el 3 de junio.

Y algo de eso reflejó ayer el presidente cuando habló escuetamente del debate durante su conferencia mañanera en el puerto de Mazatlán, a donde acudió para presenciar el eclipse total de sol que tuvo lugar este lunes. “Yo ya en menos de seis meses me jubilo de la vida pública”, dijo el mandatario sin que le hubieran preguntado sobre el fin de su mandato.

¿Será que en su molestia por lo que vio en el debate, donde sintió que su pupila, su hija política no lo defendió lo suficiente y marcó cierta distancia de los ataques a su gobierno, el presidente ya empezó a sentir el eclipse político de su presidencia?

NOTAS INDISCRETAS… A propósito del enojo de Palacio y de Claudia Sheinbaum en el debate, hay que echarle un ojo a la Rayuela de ayer del diario La Jornada: “Claro que tengo padre”, sostenía la adorada mano: “Sino ¿cómo estaría yo aquí?”. El que le entendió, le entendió… Los dados mandan Serpiente Doble.

A juzgar por el desempeño de las dos candidatas y el candidato presidenciales, muy poco se moverá en las encuestas y en la carrera rumbo al 2 de junio. Aunque cada una de ellas y él hicieron su mejor esfuerzo, al final quedó claro que en la polarización que marca esta elección, entre la continuidad de Morena y el regreso de la oposición unificada, ninguna de la dos abanderadas logró decir algo nuevo o que impactara al electorado y por un lado Claudia Sheinbaum, que apareció bien entrenada para el debate mantuvo su discurso de que “todo está bien” en el actual gobierno y toda la corrupción es culpa del pasado, mientras que Xóchilt Gálvez, también sin sorprender ni variar su mismo discurso, se centró en la corrupción de la 4T y en los mismos temas reiterados y repetidos por los que ha criticado a su contrincante en el primer mes de campaña.

Si acaso el único que logró sorprender anoche, porque se salió del guion y logró meterse a un debate que todo mundo esperaba sólo de dos, fue el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez. En medio de la confrontación de acusaciones, descalificaciones y señalamientos entre Sheinbaum y Gálvez, Maynez se vio más hábil para romper esa dicotomía y decirle a los electores que, ni la corrupción e ineficacia de Morena y la 4T, ni la corrupción del pasado prianista, son las únicas visiones en esta elección y que hay propuestas y habilidad desde el fosfo-fosfo naranja.

A reserva de lo que siempre pasa en el post-debate y en las estrategias de cada campaña que impulsan el llamado “spin-off” en donde su candidata o candidato fue el absoluto ganador, podría decirse que la que mejor se apegó al guion, como lo ha hecho durante toda su campaña, fue sin duda Claudia Sheinbaum que, sin ser la política más experimentada ni con la gran trayectoria, sí demostró, por mucho, ser la que mejor entrenó y se preparó para el debate. Y aunque eso también es mérito del dinero que abunda en su campaña y de los estrategas costosos que la prepararon, se diría que la candidata del oficialismo hizo bien la tarea y logró transmitir una imagen seria, con propuestas no tan originales porque repite varias del actual gobierno, pero sí la que mejor supo manejar los tiempos, las cámaras y las expresiones corporales y de imagen en el debate.

En el caso de Xóchitl Gálvez, sin desacreditar a sus asesores, pareció al final que la candidata que presume su autenticidad y su forma coloquial de ser y de hablar, no entendió que estaba ante un formato y un ejercicio televisado, que la obligaba a seguir las indicaciones concretas de sus estrategas. Nunca miraba a la cámara, sino a los moderadores, por lo que no parecía dirigirse al público que la veía; no tuvo un manejo limpio de los tiempos y fue evidente que le ganó por momentos el nerviosismo cuando lanzaba algunas ideas inconclusas o inconexas, veía demasiado a Álvarez Máynez y al final el que haya tenido que leer su cierre, y que haya mostrado una bandera nacional con el escudo al revés, confirmó que la candidata opositora, si bien es natural y auténtica, no está entendiendo algunos códigos necesarios para que la gente la perciba como una opción seria y preparada para gobernar a este país.

De Álvarez Máynez sólo se añadiría que tenía muy claro su objetivo: que la ciudadanía lo conociera más y romper así el cerco en el que la dos coaliciones hablan solo de dos opciones para votar el 2 de junio. Pero además de lograr eso, el candidato naranja no sólo logró que tanto Sheinbaum y Xóchitl le contestaran y lo metieran al debate, sino que además, con una sonrisa permanente, que no se sabe si era de nervios o intencional, se convirtió en el rey de los memes y los comentarios en redes sociales por mostrar su dentadura completa la mayor parte del tiempo y transmitir una imagen relajada, pero al mismo tiempo preparada, que contrastó con la imagen estudiada y muy bien entrenada de Claudia y el nerviosismo de Xóchitl.

Cada quien dirá que ganó el debate, pero al final la percepción del electorado será la que cuente en la guerra de encuestas que vendrán en los próximos días. En todo caso si el objetivo de cada una de las candidatas y del candidato estaba claro, se diría que Sheinbaum logró su objetivo de seguirse viendo como la puntera segura y confiada en su ventaja, aunque por momentos lucía sobrada y soberbia en sus respuestas con datos imprecisos y generalizaciones y descalificaciones muy al estilo de López Obrador; que Xóchtil logró a medias su objetivo de golpear a la puntera con señalamientos puntuales de la corrupción en el sexenio obradorista, y que aunque tuvo buenos momentos y posicionó su frase de “mujer de hielo y sin corazón”, al final tampoco fue el debate con el que sorprendiera y lograra imponerse claramente a su contrincante. Y Máynez, sin duda salió a ganar, si no el debate, si en el crecimiento de su imagen que, después de sus videos etílicos, logró mostrar a un hombre joven, afable y buen polemista en el debate.

¿Y usted, a quién vio ganadora o ganador en este primer debate?

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de Xóchitl, aunque su reacción ante el golpe bajo que le dieron en la semana previa del debate, con el video de su hijo protagonizando un escándalo afuera de un antro en el que ofende y denigra a los empleados de seguridad, fue adecuada y el cese fulminante de Juan Pablo como colaborador de su campaña le ayudó a contener el escándalo, parece que el tema no terminará con lo que se vio hasta ahora de ese video. Fuentes que dicen tener el material completo de aquel escándalo en el que se vio involucrado el joven Gálvez hace un año, aseguran que lo que se difundió, al parecer desde Morena, “es apenas una pequeña parte del video completo” que estaría en poder de los adversarios de Xóchitl. Nos dicen esas fuentes que el material dura hasta 15 o 20 minutos más, que la discusión y el escándalo siguieron después de enfrentarse con los guardias del antro y que hay una parte en la que llega los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino y se ve a Juan Pablo Sánchez Gálvez discutir también y ofender a los policías, al grado que lo terminaron deteniendo ante su actitud agresiva y grosera con los uniformados. Muchos interpretaron que ese video salió desde las cloacas de la 4T y que fue con toda la intención de afectar a la candidata opositora en los días previos al debate. Y al parecer no se equivocan, pues si bien Beatriz Gutiérrez Müller y la propia Sheinbaum salieron a descalificar la difusión del video, a solidarizarse con Xóchitl como madre y a repetir que no se vale meterse con los hijos, todo apunta a que podría tratarse de la vieja estrategia del ladrón que, para desorientar a la policía, se para de pronto en su huida y empieza a gritar “Al ladrón, al ladrón”, provocando que nadie lo vea a él y sigan a un falso ladrón. Veremos si el affaire “Juan Pablo” continúa y si las huellas detrás de ese video no apuntan a un oscuro súper héroe que defendía desde la policía a la llamada Ciudad Caótica… Los dados regresaron recargados de energía e información y mandaron una Escalera Doble para iniciar la semana con un ascenso.

El dueño de una de las cuatro cadenas más grandes de supermercados en México comentó recientemente en una plática de amigos que hasta las tiendas de su empresa, en varios estados de la República, habían llegado ya los grupos del crimen organizado para pedir cobro de derecho de piso, solicitándoles a los gerentes de dichos establecimientos el pago de hasta 1 millón de pesos mensuales “o de lo contrario usted y su tienda pagarán las consecuencias”.

La cadena de tiendas del empresario que reveló las extorsiones del narcotráfico no es la única que ha comenzado a ser extorsionada y amenazada por las células criminales —algunas perteneciente a cárteles de la droga y otras que se crean por delincuentes comunes armados que se hacen pasar por integrantes del narco— que llegan a exigir el pago mensual de ciertas cantidades a cambio de no asesinar a los dueños, o en este caso gerentes, de los supermercados. Se sabe al menos de otras dos cadenas de las más fuertes, una nacional y otra extranjera, que ya reportan en sus informes internos la presencia del cobro de derecho de piso en varias ciudades de la República.

Es decir que, ante la inacción, la ineficacia y la indolencia de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador, que con sus “abrazos, no balazos” les dio carta de impunidad y patente de corso a las organizaciones criminales, éstas y sus múltiples células de sicarios que a veces actúan por cuenta propia, han decidido que a cualquier mexicano que produzca algo, venda cualquier cosa o comercie cualquier tipo de productos, le pueden cobrar extorsiones cuyos montos van desde los 50 mil hasta el 1 millón de pesos mensual, no importa si es un vendedor ambulante de la calle, un pequeño negocio familiar, una empresa mediana o incluso una gran cadena de supermercados.

El mensaje es claro: en México el narco cobra ahora sus propios impuestos y, con el terror de las armas y la violencia, su efectividad para cobrar y recaudar es incluso mejor y más efectiva que la del SAT, que también tiene sus métodos de coerción, pero no se comparan con la crueldad y el miedo que infunden los criminales armados. Y a partir de eso, los mexicanos estamos pagando una doble tributación: por un lado el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales nos sangran con impuestos que no necesariamente se ven reflejados o retribuidos en los pésimos servicios que recibimos, empezando por la nula seguridad, siguiendo con el ineficiente sistema de salud y rematando con los pésimos servicios urbanos que nos otorgan los distintos niveles de gobierno.

Que el narcotráfico o los grupos criminales que aprovechan el terror para extorsionar a los mexicanos que producen y trabajan estén subiendo cada vez más el nivel y el tamaño de los negocios y las empresas que extorsionan y a las que cobran impuesto sólo por trabajar, es un indicador claro de que el crimen se siente con impunidad y protección desde el gobierno federal para apuntar cada vez más alto en sus negocios criminales. Porque mientras el Presidente defiende a los narcos, su humanidad y sus derechos, al mismo tiempo que ignora, desprecia y descalifica a las víctimas, los gobernadores estatales, la mayoría, voltean para otro lado mientras los gobiernos municipales de plano cuando no están coptados por los propios narcos, están maniatados sin recursos ni policías para defenderse de las extorsiones de las que hasta ellos son víctimas.

Y en la voracidad de los criminales ya no hay actividad, giro o negocio formal o informal al que no extorsionen, además de controlar también ya mercados enteros en el país de productos como el pollo, las tortillas, el huevo, los materiales de construcción y muchas otras actividades que ya no pueden operar tranquila y legalmente si no le pagan cuotas e impuestos a los criminales. Y los que se niegan a pagar de plano son asesinados, ven arder sus negocios en llamas o, los más valientes, prefieren cerrar sus negocios familiares, empresas o vendimias, para no tener que pagarle impuestos al crimen organizado, además de los que ya le pagan al gobierno.

Un video en poder de esta columna de un hotel ubicado en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos muestra, con grabaciones de las cámaras de seguridad, la forma de operar de algunos de los grupos que hoy han vuelto al delito de la extorsión el más generalizado y menos investigado y castigado en el país. Hasta la oficina de la recepción, donde está una mujer sentada para recibir a los clientes del hotel, llega un sujeto cuya edad no debe de pasar de los 20 años. Armado con una pistola que no se sabe si sea real o de juguete, comienza a apuntar a la mujer mientras le avienta una carta escrita en una hoja de papel y le grita que tienen que pagar si no quieren que los maten o les quemen el negocio. El sujeto tira cosas, golpea los vidrios con el arma y hace alarde de sus amenazas, luego sale advirtiéndole a la empleada que regresarán tal día del mes, para cobrar mensualmente la cuota que le acaba de exigir para que su hotel siga funcionando.

La carta de la extorsión, cuya copia también tiene esta columna, dice textual y con varias faltas de ortografía y una letra de un niño de primaria: “50 mil pesos mensuales, más 100 (mil) de multa por trabajar con polleros y dar alojamiento. Si hacen caso omiso les vamos a quemar el hotel. Si quieren seguir trabajando así se tienen que reportar. Se reportan a este número 921 428 73 40”. Hasta ahí el mensaje amenazante que, por más que esté escrito con las patas y parezca obra de un pequeño de primaria, aterroriza y espanta a muchos negocios, comercios o empresas en este momento en el territorio mexicano. Pocos se pondrán a investigar si se trata realmente de un cártel de la droga o si son jovencitos que, viendo la impunidad y la ausencia de consecuencias, deciden meterse a la actividad criminal que hoy, junto con el tráfico de personas, rivaliza en ganancias con la venta de drogas.

¿Usted que haría en un caso así? Paga lo que le piden; no paga y acude a denunciar a la autoridad, aun a sabiendas de que difícilmente harán algo; decide no pagar y ver si las amenazas son reales; o de plano cierra su negocio y se mueve de actividad, de ciudad o de país como lo están haciendo muchos mexicanos al sentirse vulnerables, amedrentados y abandonados por las autoridades ante el terrorismo de los narcos y sus sicarios. No cabe duda que, en sentido totalmente contrario al discurso del Presidente y su candidata, que afirman “que todo están muy bien, que la gente está feliz con su transformación y que la estrategia de seguridad funciona y todo lo demás son inventos de los conservadores, exageraciones de los medios o campañas malintencionadas de la oposición”, este México nuestro, tan grande y rico, está cayendo en la anarquía y el desgobierno.

NOTAS INDISCRETAS…

Ahora que el descarrilamiento del Tren Maya, al que eufemísticamente el Presidente y sus fanatizados esbirros se niegan a llamarlo por su nombre y prefieren decir que un “percance menor”, “incidente sin consecuencias” o “salida accidental del tren de las vías”, el nombre de Amílcar Olán, el empresario y prestanombres de los hijos del Presidente, ha vuelto a salir a relucir por las conversaciones telefónicas difundidas en las que habla con uno de sus contratistas para pedirle que lleven 3 millones de metros cúbicos de piedra de balastro al Tren Maya sin importar la calidad del mismo. Y a partir de eso, en Quintana Roo, una fuente nos asegura que Samuel Mollinedo, hijo de Nicolas Mollinedo, que fue chofer de López Obrador, “es el representante de Amilcar Olán Aparicio en esa entidad y es el encargado de cobrar el derecho de piso a nombre del amigo empresario de los hijos del Presidente entre empresarios y contratistas quintanarroenses que tienen obras o contratos con el Tren Maya y con el gobierno federal”. Es decir, que el llamado ”clan” tiene sus ramificaciones por todo el sureste, donde abundan los negocios vinculados a la familia presidencial…Y para documentar el optimismo sobre la situación de violencia e inseguridad que hoy padece el país, fuentes del INE nos comentan que entre los candidatos que están pidiendo protección federal, ante el temor de ser víctimas de la delincuencia organizada, destacan los abanderados de Morena y sus aliados del PT y el PVEM. Y no es que sean los únicos, porque también candidatos de la oposición han solicitado protección, pero en el caso de los candidatos de la alianza gobernante, llama la atención que al pedir protección, por miedo a la violencia e inseguridad, ellos mismos están reconociendo de manera implícita el fracaso de la estrategia de seguridad de los “abrazos, no balazos” y reconocen que no se sienten seguros para hacer campaña en sus estados. Un caso particular que nos comentan es el de Tamaulipas, donde la candidata de Morena al Senado, Olga Sosa, personera de Sergio Carmona, el asesinado empresario huachicolero, solicitó protección al mecanismo federal del INE y Gobernación, porque teme por su seguridad; lo mismo hicieron los dos candidatos del PT al Senado por la entidad tamaulipeca, la influencer Cendy Robles, famosa por su cuenta de Only Fans, y Francisco Chavira, ambos argumentando las condiciones de inseguridad y violencia en el estado. Pero otros candidatos de Morena en estas elecciones, aunque no han pedido protección federal, han contratado auténticos equipos de guardias y guaruras para que los protejan utilizando incluso camionetas blindadas. Es el caso de Rocío Nahle en Veracruz, a quien se le han documentado, además de sus lujosas camionetas, hasta 20 guaruras fuertemente armados que la custodian; o también en Chiapas ha llamado la atención que el candidato morenista a gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien le han contado en la prensa local hasta 15 guardias de corte militar, también con sus vehículos blindados. Y qué decir de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, quien además de su numerosa guardia que la custodia, todos de corte militar, también ha trascendido que en algunas visitas que realiza a las ciudades o plazas “calientes”, como la frontera de Tamaulipas, desde la Sedena han ordenado desplazar a todo un batallón para protegerla durante sus mítines y reuniones. Así que aunque de dientes para afuera los candidatos de Morena repitan como loros los dichos del Presidente de que “todo está bien, y la gente está feliz, feliz, feliz y en el país hay mucha seguridad”, en la realidad andan armados y protegidos hasta los dientes, porque saben que su vida está en peligro, como la de muchos mexicanos, ante la ola de violencia que nos trajo la fallida y blandengue política de seguridad de la 4T…Los dados cierran con Serpiente Doble. Pero le desean a los lectores que tengan un merecido descanso en estos días de vacaciones. Por ahora los dados se guardan por un rato en el cajón y volverán a girar hasta el próximo lunes 8 de abril. Hasta entonces queridos lectores.

El abogado Rutilio Escandón Cadenas, que llegó a la gubernatura más por gracia de su parentesco que por sus capacidades o experiencia, pasará a la historia como uno de los peores gobernadores en la historia de Chiapas, una distinción que a pesar de ser tan reñida, se la lleva de calle el actual mandatario chiapaneco.

Y es que el morenista, cuñado del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y esposo de Rosalinda López, la exfuncionaria del SAT y hoy candidata al Senado, será recordado como el gobernante que permitió que el narcotráfico se apoderara de Chiapas y que cambiará completamente la vida de las comunidades y ciudades chiapanecas, lo mismo en Los Altos que en San Cristóbal, en la frontera sur o en la misma capital Tuxtla Gutiérrez.

Chiapas tendrá un antes y un después cuando concluya la administración de Rutilio, aunque tristemente no será por una mejoría en el estado, sino por la descomposición que toleró, permitió e ignoró el actual gobernante del partido Morena. En los casi seis años que lleva en el cargo, Escandón Cadenas siempre estuvo ausente de la problemática de violencia que poco a poco se fue comiendo a todas las regiones chiapanecas.

Mientras el gobernador aparecía siempre muy bien peinado en la televisión (a la que le pagaba millonarios contratos de publicidad oficial), inaugurando obras nimias o programas populistas, ataviado con vistosas guayaberas y con coronas de flores en la cabeza o vestido con las distintas indumentarias de las etnias chiapanecas, los cárteles de la droga se devoraban poco a poco los territorios del estado, lo mismo formando “grupos de autodefensa” armados por el narco para controlar comunidades indígenas de la sierra o la selva, que controlando el destino turístico de San Cristobal de las Casas, convertido ahora en un centro de distribución de drogas y controlado por pandillas armadas por el narcotráfico.

Casi nunca, salvo que el asunto se volviera un escándalo mediático, el gobernador hablaba de la violencia narca que estaba consumiendo a los chiapanecos y que provocaba incluso desplazamientos de familias y comunidades enteras que abandonaban sus comunidades y migraban a otras zonas del estado huyendo de la violencia de los hombres armados por el narco. Rutilio nunca vio o no quiso ver, ya sea por indolencia, incapacidad o complicidad, la guerra cruenta y documentada en video y difundida a través de las redes sociales y de las coberturas periodísticas, en la que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputaban los territorios de Chiapas, que son estratégicos para el trasiego de drogas como la cocaína y de los precursores químicos para la producción de fentanilo y otras drogas sintéticas procedentes de Guatemala y de Sudamérica.

Rutilio nunca fue ni se paró en las zonas de Los Altos donde la proliferación de grupos de indígenas armados hasta los dientes hacían que el recuerdo del EZLN y su irrupción armada de 1994 pareciera un juego de niños. Nunca le interesó ver cómo esos supuestos “grupos de autodefensa” financiados y armados, ya sea por el señor Nemesio Oseguera o por Los Chapitos, sometían y aterrorizaban a los pobladores de Chenalhó, Pantelhó, Solosuchiapa, en Frontera Comalapa, o en Chicomuselo y La Trinitaria. Nunca habló en sus discursos de cómo la violencia de los narcos estaba golpeando a su estado y no sólo omitió hacer algo con su presupuesto estatal, sino que ni siquiera hablaba de la emergencia de seguridad en su estado para pedir apoyo federal.

Ha sido tan evidente y cruel la tragedia que vive Chiapas en este sexenio que hasta los mismos morenistas la reconocían y cuestionaban la actuación del gobernador. En junio del 2023, cuando recorría el país en pos de su fallida candidatura presidencial, el entonces líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, estuvo en Palenque, donde se refirió al secuestro de 14 policías estatales que tenía lugar en ese momento y sobre el que le pedía al mandatario morenista no negociar con los narcos: “Envío un saludo al gobernador (Rutilio Escandón). Ya fui gobernador de Zacatecas y le sugiero nunca transar, nunca negociar con el crimen, nunca negociar con los delincuentes, simplemente nuestro papel es aplicar la ley para todo aquel que la viole. Hay que aplicar la ley para que los pueblos vivan en paz, para que los pueblos vivan con integridad, para que los pueblos vivan en tranquilidad social”, dijo entonces Monreal. Pero quién sabe si su compañero morenista lo escuchó porque el 23 de octubre volvió a ocurrir otro secuestro de 8 policías estatales, que fueron levantados por los narcos en Frontera Corozal y duraron más de 14 días secuestrados.

Apenas el pasado lunes se reportó en las redes sociales y en medios y portales chiapanecos un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales del narcotráfico en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla, que dejo un saldo de dos muertos, un herido y varios vehiculos baleados e incendiados a la orilla de la carretera. Las balaceras llegaron hasta el municipio de Coita, denominado “pueblo mágico”, en donde la gente tuvo que refugiarse en comercios y casas para ponerse a salvo de los tiroteos. No fue sino hasta que la refriega entre narcos había pasado, cuando arribaron al lugar soldados del Ejército mexicano.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Chiapas los homicidios dolosos se dispararon en los últimos dos años y aumentaron un 33% entre 2022 y 2023 pasando de 377 en el primer año, a más de 500 asesinatos violentos denunciados el año pasado. Ante la incapacidad del gobierno estatal, los empresarios chiapanecos mandaron el mismo lunes una carta dirigida al presidente López Obrador en la que expresan su “preocupación por los hechos de violencia que se agudizaron en las últimas 72 horas y que ocurren desde los últimos dos años”. Coparmex Chiapas, Unidos por Chiapas, Canirac, Canacintra, CCME y Amexme, entre otras organizaciones empresariales locales, firmaron la misiva al Presidente.

Está claro que el señor Rutilio Escandón llegó a ser gobernador no necesariamente por sus méritos o su capacidad, después de haber sido un gris y desconocido diputado federal, senador y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, sino más bien por obra y gracia del nepotismo y de sus conexiones familiares. Y si ganó contundentemente la elección de 2018 fue —como todos los gobernadores morenistas que arribaron al poder en aquel año— por el llamado “efecto López Obrador” y por el pacto que el tabasqueño hizo con el entonces gobernador del Verde, Manuel Velasco, quien apoyó con su estructura el triunfo de Morena en el estado.

Pero está todavía más claro que Rutilio se irá con mucha más pena que gloria del gobierno estatal, en donde no será recordado por sus atuendos indígenas ni sus collares y coronas de flores, algo que ni siquiera fue original porque lo han explotado todos los políticos chiapanecos de la historia y todos los presidentes cuando visitaban Chiapas. A Escandón Cadenas se le recordará por haber sido “el gobernador que le abrió la puerta al narco en Chiapas y le entregó el estado, ya fuera por omisión o por complicidad y cobardía. Y si acaso, como muchos lo mencionan siempre en el mundillo político, como “el cuñado de Adán Augusto y el esposo de Rosalinda”.

NOTAS INDISCRETAS…

En su intento por congraciarse con la prensa estadounidense a la que ha atacado y vilipendiado igual que a la mexicana, el presidente López Obrador aceptó la entrevista con 60 Minutes que le realizó en Palacio Nacional la periodista Sharyn Alfonsi, con cuestionamientos fuertes sobre su estilo dictatorial de gobernar y sobre la producción del fentanilo como droga y el problema de la crisis migratoria. Las respuestas del Presidente al popular e histórico programa de la CBS movieron el avispero de la agitada política estadounidense y merecieron que desde Washington congresistas republicanos, como el líder de la Cámara de Representantes, James Michael Jackson, cuestionaran y atacaran al Presidente mexicano por sus dichos. “La sugerencia política del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar la frontera con Estados Unidos es absurda. La verdad es que enfrentamos una catástrofe humanitaria y de seguridad en la frontera sur que está matando a estadounidenses y destruyendo nuestras comunidades. Mientras tanto, el Presidente de México está mimando a los cárteles y exigiendo que Estados Unidos financie aún más migración masiva a nuestro país. El presidente Biden debe afrontar el hecho de que utilizar la influencia, como hizo el presidente [Donald] Trump, y no la retórica vacía, es la única manera de obligar a México a hacer su parte importante para asegurar la frontera”, escribió el líder republicano en la Cámara Baja en su cuenta de Twitter. O sea que tratando de lavarse la cara por la polémica entrevista que concedió a la periodista rusa Inns Afinogenova y contra su costumbre de no aceptar entrevistas críticas durante su presidencia, López Obrador no sólo se resbaló en varios cuestionamientos que le hizo la periodista Alfonsi, sino además logró lo que tanto critica: que México empiece ya a ser “la piñata” del agitado ambiente electoral en los Estados Unidos…Se baten los dados. Capicúa.

Si no fuera por la aún alta aprobación del presidente –sostenida en buena medida por sus ayudas directas en programas sociales que hoy consumen una gran parte del presupuesto público– la marca de Morena estaría hoy mucho más devaluada por los escándalos de corrupción, ineficiencia e indolencia que han protagonizado muchos gobernantes, funcionarios y dirigentes de la autonombrada “Cuarta Transformación”.

Nombres como el de Rocío Nahle, Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón López Beltrán, Amilcar Olan, Ignacio Ovalle, Javier May, Mario Delgado, Erasmo González, Manuel Bartlett, Andrea Chávez, y toda una pléyade de integrantes de la llamada 4T aparecen asociados o directamente señalados en escándalos documentados de corrupción, ineficacia en su gestiones públicas, tráfico de influencias, amiguismos y nepotismos con los que la nueva clase gobernante dista mucho de acercarse al repetido y cada vez más desgastado discurso de Andrés Manuel López Obrador sobre “no mentir, no robar y no engañar”. Varios de ellos encajan perfectamente en conductas totalmente contrarias a la demagógica máxima lopezobradorista.

Y si en los funcionarios y servidores públicos, o en los propios hijos del presidente, se observa una total contradicción entre lo que pregonan y lo que hacen, en los gobernadores de la 4T el divorcio entre el ser y el deber ser es aún más vergonzoso. Rubén Rocha Moya, Cuitláhuac García, Cuauhtémoc Blanco, Alfonso Durazo, Rutilio Escandón, Layda Sansores, Ricardo Carmona Gallardo, Carlos Manuel Merino, Marina del Pilar, Víctor Manuel Castro, Alfredo Ramírez Bedolla, Mara Lezama y varios más de los gobernadores morenistas o aliados de ese partido que hoy gobiernan en 22 estados de la República, son hoy ejemplos de pésimos gobiernos y de una ineptitud e ineficacia en el ejercicio del poder, que han convertido a sus estados en auténticas zonas de guerra en las que el poder corruptor y asesino del narcotráfico se ha impuesto como la nueva ley de fuego y terror que mata, extorsiona y desaparece a los habitantes de sus estados, ante la ausencia y vacío de poder en el que incurren los gobernadores obradoristas.

Todos esos nombres y personajes se sostienen no por su actuación como funcionarios, gobernantes y dirigentes, sino que disfrazan su ineptitud y corrupción en la imagen y la popularidad del presidente que funciona como una especie de cobija que no solo los cobija y los protege, sino que, ya sea por desconocimiento, por indolencia o de plano por complicidad, López Obrador tolera, justifica y defiende las acciones ilegales, en varios casos e inmorales en otros, y también las omisiones y los yerros de sus colaboradores, gobernadores y dirigentes de su movimiento que contradicen flagrante y cínicamente su discurso de austeridad, honestidad y buenas intenciones en el ejercicio público.

Es difícil saber si toda esa corrupción e ineficacia que hoy inunda a Morena y a sus gobiernos, que hoy tienen al país sumido en la violencia, la ineficacia y la anarquía, realmente es ignorada por el presidente o si más bien el inquilino de Palacio sabe, conoce y está de acuerdo con tanto desdén, ineptitud y desatención de las responsabilidades más básicas de quienes hoy ejercen las mayorías en los distintos niveles de gobierno.

Por lo pronto lo que va quedando cada vez más claro es que lo que tanto presumen como la “marca” exitosa de Morena, con una estructura electoral cada vez más grande e ilegal formada por los Servidores de la Nación que utilizan los programas sociales de gobierno para convencer, amenazar o amedrentar a los votantes con que perderán sus apoyos económicos si no votan por el partido oficialista, es en realidad una maquinaria que funciona en su mayor parte por los miles de millones de recursos de los contribuyentes que son distribuidos como “dádivas” del presidente y que éste, a partir de su “generosidad” con el dinero público, sigue manteniendo y encantando a una base clientelar estimada hasta en 25 millones de beneficiarios que son coaccionados y condicionados a votar por el partido lopezobradorista.

Y con esa imagen de “buen presidente” que regala dinero a las masas más necesitadas, es como Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una especia de paraguas que cubre y protege a toda una pléyade de personajes corruptos, deshonestos y en muchos casos ineficaces para ejercer los cargos públicos y de gobierno, en donde lo mismo entran sus hijos, convertidos en dadores de contratos federales y traficantes de influencias, que sus secretarios que fungen como “floreros” casi inexistentes, sus dirigentes investigados por lavar dinero sucio en las campañas morenistas y por supuesto los gobernadores que han entregado sus estados y su autoridad a los capos de la droga.

Y a juzgar por lo que hoy dicen las “benditas” o “malditas” encuestas, según quien la pague, ese “paraguas” de la corrupción, la ineptidud y la indolencia que hoy es el presidente de la República le alcanzará a Morena para ganar las próximas elecciones, aunque es muy probable que una vez que López Obrador deje la Presidencia, esa cobertura se termine y en las siguientes elecciones intermedias de 2027 y las presidenciales de 2030 se empiece a diluir el efecto “AMLO” y entonces la marca de Morena se empiece a mostrar en su verdadera dimensión.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de Javier May, el responsable de la construcción del Tren Maya que ayer se descarriló en uno de sus tramos, ahora que anda haciendo campaña como candidato a gobernador de Tabasco, ayer le publicaron en redes que se está transportando en camionetas de lujo, propiedad del empresario Esdras Taracena, quien fue contratista justo del citado Tren Maya. La priista tabasqueña, Lorena Beaurregard publicó ayer en su cuenta de X que el candidato morenista se mueve en los vehículos de dicho contratista y que “May es pieza clave del #ModusOperAndy que en esencia es una nueva mafia del poder que contradice los principios de la 4T”. ¿Será que el candidato May también es parte de lo que el portal Latinus ha llamado “El Clan”?… En Durango, Carlos Medina Alemán y Manuel Reyes, dos morenistas que fueron fundadores y dirigentes estatales de ese partido en el  estado, denuncian que hoy Morena no solo los ha desconocido por no aceptar la reciente designación de candidatos y cuestionar los procesos internos desaseados, sino que además pretenden silenciarlos y aplicarles una “ley mordaza” a ellos y a los medios de comunicación de Durango, para que no los entrevisten ni den eco a sus denuncias en contra del partido oficial. Y es que los representantes ante el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango enviaron una carta a los directores de varios medios duranguenses para pedirles que no les concedieran espacios ni entrevista ni a Medina Alemán ni a Manuel Reyes, aduciendo que los dos fueron expulsados de su partido y que ya no son militantes del mismo y por pretender causarle daño a Morena con sus declaraciones. En su carta, los representantes morenistas le dicen a los medios de Durango: “En los últimos tiempos hemos observado una tendencia preocupante en la difusión de declaraciones de individuos que no son miembros ni representantes legítimos de nuestro movimiento, y cuyos comentarios son consistentemente adversos y despectivos hacia los mismos. Entendemos y respetamos la libertad de expresión y el derecho a la crítica constructiva que caracteriza a una sociedad democrática. Sin embargo, es crucial distinguir entre la crítica legítima y la difamación maliciosa con motivaciones ajenas a la promoción del debate constructivo. Por lo tanto, muy respetuosamente, le hacemos un llamado a su medio de comunicación para que ejerzan la debida diligencia al verificar la afiliación y la legitimidad de las personas que buscan un espacio en su prestigiado medio”, dice la carta que firman Gerardo Salvador Corral, que se acredita como representante ante el INE en Durango y Yander Ramírez Ayala, como representante ante el IEyPC de ese estado. O sea que los señores representantes morenistas no sólo quieren silenciar a dos de sus militantes, sino también le quieren decir a los medios de comunicación duranguenses a quién sí y a quién no les deben de abrir espacios. ¿Así o más censores los morenistas de Durango?… Los dados mandaron Doble Serpiente. Primera caída de la Semana Santa.

Solía decirse, un poco en broma y un poco en serio, que “en Campeche nunca pasa nada”.  Y no porque en la tercera entidad de la península yucateca realmente no sucediera nada, sino más bien para resaltar la idiosincrasia campechana que se tomaba con mucha calma y tranquilidad cualquier problema o situación en un estado que, después de los ataques de piratas en la época de la Colonia, que motivaron la construcción de su capital como una ciudad amurallada, y de las explotaciones de la época henequenera, no había tenido mayores conflictos o agitaciones ni sociales ni políticas, ni económicas.

Pero llegó en 2021 la primera alternancia democrática para Campeche, que duró casi 100 años gobernado por el PRI, y con el triunfo de la morenista Layda Sansores llegaron también las promesas de llevar a tierras campechanas la autonombrada “Cuarta Transformación”. Pero hoy, tres años después de que gobierna (o al menos cobra como gobernadora) la hija del cacique priista Carlos “El Negro” Sansores Pérez, lo único que se transformó fue, precisamente, el ambiente pacífico y tranquilo que caracterizaba a esa entidad del sureste.

Además de los problemas de violencia e inseguridad por la presencia del narcotráfico en varias zonas del estado, la ciudad de Campeche está literalmente desquiciada y sin seguridad pública por un paro de todos los agentes de la Policía Estatal que exigen la renuncia de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, a quien acusan de ineptitud, de violar sus derechos humanos y de no darles a los policías los instrumentos necesarios para hacer su trabajo.

El paro se originó luego de que hace justamente 10 días, el pasado 15 de marzo, se registrara un motín en el penal estatal de Koben, en las afueras de la ciudad de Campeche. Los presos tomaron el control de ese Centro de Readaptación Social a partir de denunciar corrupción por parte de la señora Esmeralda Concepción Tekche, a quien acusaban de cobrarles a los internos para no ser trasladados a otros centros penitenciarios. En medio del caos del sublevamiento de los reos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Marcela Muñoz, ordenó la entrada de la Policía Estatal y con ella el ingreso de un grupo de mujeres policías a las que se les quitaron todas sus armas e instrumentos para defenderse, y varias de ellas terminaron agredidas por los presos e incluso algunas fueron objeto de abusos sexuales.

A partir de ese hecho, la mayoría de los policías estatales decretaron un paro total de labores que cumple ya una semana y en el que los policías comenzaron pidiendo la destitución de su director, Antonio Santiago, algo que en principio rechazó la gobernadora Layda Sansores; pero cuando el problema le creció y las manifestaciones de los policías llegaron a sumar hasta 3 mil personas de la población civil que salió a apoyarlos, que ya no sólo pedían la destitución del director policiaco, sino también de la secretaria de Seguridad estatal y hasta de la propia gobernadora, entonces Layda destituyó al señor Santiago.

Pero ya para entonces, en su soberbia y su negativa a recibir y dialogar con sus policías sublevados, el conflicto se le había ido de las manos a la gobernadora morenista. En un encuentro realizado la noche del viernes pasado, en donde finalmente aceptó hablar con los policías en paro, Layda Sansores escuchó sus demandas, referidas a que no les compran equipos adecuados, a que no les dan armas para combatir al crimen y, sobre todo, que el operativo ordenado en Koben había sido un desastre y había expuesto y violentado los derechos humanos de las mujeres policías que fueron obligadas a entrar desarmadas a un penal donde los reos estaban armados no sólo con piedras, palos sino también con armas de fuego. “La señora Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad debe irse, porque es una inepta, porque no respeta nuestros derechos y no tiene idea de cómo manejar la seguridad”, dijo uno de los policías que encabeza el paro frente a la gobernadora, y esta les respondió: “Entonces lo suyo es un capricho, así no podemos dialogar, la señora Marcela no se va a ir del cargo y va a seguir le pese a quien le pese”, dijo Layda, que en ese momento tuvo que salir huyendo ante el enojo y los gritos de los policías estatales que negaban que sus demandas y su pliego petitorio fueran un capricho.

Hoy Campeche no tiene seguridad estatal y, algo casi nunca visto en su ciudad capital, el movimiento de los policías, sus manifestaciones y protestas siguen creciendo y suman cada vez más apoyo de sus familias y de ciudadanos que están inconformes con el gobierno de Layda Sansores, de quien ahora también piden su renuncia al cargo. Y la pregunta que todo mundo se hace, dentro y fuera de Campeche es: ¿qué le debe Layda Sansores a Marcela Muñoz o qué clase de compromiso o relación tiene con ella para defenderla y no destituirla, aun poniendo en riesgo su propia cabeza y la gobernabilidad de su estado?

Porque además no es la primera vez que a la secretaria de Seguridad estatal la acusan en Campeche de inepta, de corrupta y hasta de confrontarse con la Secretaría de Marina cuando intentó quitarle a la Semar los viajes de supervisión marítima porque dijo que esos los haría ella con lanchas de la policía estatal, cuando claramente la vigilancia del mar es un tema federal, pero además por los mares del Golfo de México se mueven grandes cargamentos de drogas procedentes de centro y Sudamérica.

Para colmo a la señora Marcela Muñoz, quien trabaja con Layda desde que la nombró también encargada de la seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, ha sido señalada y exhibida por nepotismo al llevar a sus tres hijos a ser nombrados en cargos públicos, incluso de su propia secretaría, y a darse una vida de lujos y dispendios en Campeche, muy alejada de la “austeridad republicana” que pregona el presidente López Obrador y la propia Layda. Su hijo Arturo Bravo fue nombrado vicefiscal del Estado por órdenes de la gobernadora; su hija Samanta Bravo es jefa de Seguridad, Vialidad y Tránsito en Ciudad del Carmen, sin tener ninguna experiencia para el cargo, mientras que a su otra hija Sabrina Bravo se le ha visto en videos de redes sociales paseando en yates y brindando con champaña en un estado en el que casi la mitad de sus habitantes viven en pobreza moderada y extrema según datos del Inegi.

¿Y entonces, si no sabe de seguridad, si durante su mandato el narcotráfico apareció en las comunidades y municipios del sur del estado, y si para colmo practica el nepotismo que el presidente llamó una de las “lacras de la política”, por qué Layda sostiene a una secretaria que hoy incluso se la lleva a ella entre las patas y hace que los campechanos ya pidan en las calles las cabezas de ambas?

Cuando Layda Sansores nombró a Marcela Muñoz secretaria de Seguridad estatal, al presentar su gabinete, le pregunté a un alto funcionario de seguridad de la CDMX si conocía a la nueva titular de la seguridad en Campeche y si se trataba de una mujer policía o con conocimientos del tema de seguridad. “Para nada, es una improvisada total, ni es policía, ni tiene preparación ni experiencia en seguridad”, me respondió el entonces jefe policiaco. ¿Y por qué la nombra entonces?, le insistí, y su respuesta fue desconcertante: “Es amiga, muy cercana, íntima del esposo de Layda (Romeo Ruiz Armenta) y también de ella, parece que ambos tienen una obsesión y una debilidad por la señora”.

Y más allá de los temas de vida privada que en este espacio siempre se respetan, el vínculo tan cercano que existe entre Marcela y la gobernadora, pareció confirmarse en capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que le fueron filtrados a Layda Sansores el 24 de enero del 2023, y en uno de los chats con su entonces secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa, este le dice a la gobernadora: “De eso precisamente es de lo que te quiero platicar, cada día estoy en una posición más difícil y yo tengo que luchar contra los de enfrente y más aún con los del equipo porque todos dicen que tienen línea tuya y nadie me hace caso. Renato (Sales, fiscal) contra Marcela (Muñoz, secretaria de Seguridad), Gerardo contra Jezrael y todos los días es problema tras problema”.

Y la respuesta de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, parece confirmar lo dicho por aquel jefe policiaco a este columnista sobre un vínculo muy personal de su secretaria de seguridad con ella y con su esposo Romero Ruiz Armenta: “Ay Aníbal no empieces otra vez con el tema de Marcela. Ya sabes que es mi ´niña consentida´; ella se puede ir a donde quiera. Por favor no quiero chismes. Yo sé mi cuento con ella y tú sabes lo apegada que estoy por culpa de Romeo”.

Así que juzgue usted amable lector por qué la gobernadora no quiere (o no puede) despedir a la secretaria que llama “mi niña consentida”, por la que dice tener un “apego” muy especial por culpa de su esposo y con la que dice que “yo sé mi cuento con ella”.  Está claro que la gobernadora no defiende a Marcela Muñoz, ni les niega a los policías estatales su despido por razones de eficiencia, capacidad o inocencia de la secretaria de Seguridad, sino más bien por temas muy personales que parecen importar más que la seguridad de los campechanos, los derechos de los policías estatales e incluso (y de ese tamaño es el vínculo que las une) que la propia cabeza de la gobernadora que ya se exige en las calles del Campeche donde antes no pasaba nada, pero hoy pasa de todo.

NOTAS INDISCRETAS… El fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo Tovar de la Cruz, fue objeto de una denuncia de juicio político en su contra presentada la semana pasada en el Congreso del Estado, por acusarlo de frenar y encubrir denuncias e investigaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito en contra de la ex alcaldesa de Tlaquepaque y actual diputada federal por MC, María Elena Limón, y en contra de varios de sus familiares que ocupan cargos en el mencionado ayuntamiento. A pesar de que al fiscal le han presentado ya varias carpetas de investigación, como la 305/2019 y 117/220, sobre los actos de corrupción, prepotencia y hasta maltrato a trabajadores de la diputada emecista, a quien en esta columna nombramos como ”La Reina de Tlaquepaque” por la prepotencia con la que se conduce en el municipio y por haber dejado en cargos no solo a sus hermanos, sobrinos y tíos, sino haber incrementado notablemente su patrimonio y haber impuesto como alcaldesa a Citlali Amaya, quien fuera una trabajadora en su casa, el señor Gerardo Tovar se ha negado a judicializar dichas denuncias, a pesar de las pruebas documentales contenidas en ellas y que ya están en poder de la Fiscalía de Justicia de Jalisco y de los Ministerios Públicos que abrieron dichas carpetas de investigación. La demanda de juicio político contra el fiscal anticorrupción la presentó el pasado viernes Luis Armando Córdova Díaz, presidente del Centro de Estudios Pila Seca, y ex regidor del municipio de Tlaquepaque en el primer periodo de María Elena Limón como alcaldesa, y entre sus argumentos el abogado destaca que el funcionario estatal “ha ocasionado perjuicio del interés público en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, al no judicializar ni investigar las carpetas de investigación 305/2019 y 117/2020”. De la Cruz Tovar, acusa el demandante, mantiene sin movimiento cualquier investigación sobre el enriquecimiento ilícito de María Elena Limón y familiares, que desde hace cuatro años tiene en su poder. Ha sido omiso en solicitar fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación y determinar la vinculación a proceso de María Elena Limón García y familiares por un Juez de Control. La denuncia del abogado Córdova sacudió al Congreso local que ha interpuesto varias denuncias contra la ex alcaldesa de Tlaquepaque por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades (por adquisiciones que se hicieron en el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, de manera irregular) así como la diversa por los delitos de enriquecimiento ilícito en su calidad de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en donde el ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción determinó que había elementos para acreditar la desviación de recursos públicos y que se debería de judicializar este tema, en la carpeta de investigación 305/2019, además de otra carpeta de investigación 117/2020, donde se desprende que existen suficientes elementos de prueba en contra de María Elena Limón, hermanos, hijos, sobrinos, (muchos de ellos continúan laborando en el gobierno municipal), por los delitos de enriquecimiento ilícito, por un inexplicable incremento en su patrimonio, todo esto acreditado, en dicha carpeta, que conoció inicialmente la extinta Procuraduría General de la República desde el 2019, misma que desde hace cuatro años conoce e integra la Fiscalía Anticorrupción. “El Fiscal Anticorrupción no desahoga las pruebas que aportamos y no hace diligencias para seguir aportando elementos, pero con lo que hemos presentado (elementos de prueba) es suficiente para judicializar y poder imputar a estos personajes, muchos de ellos lejos de separarlos del cargo están integrando las planillas para el próximo proceso electoral”, aseguró Córdova Díaz tras solicitar que los diputados locales revisen la actuación del fiscal anticorrupción y, de encontrar elementos, lo destituyan de su cargo. El fiscal Gerardo Tovar no ha sido ciertamente el más productivo en el combate a la corrupción en Jalisco pues, según cifras de la misma fiscalía, de las más de tres mil 500 denuncias que están publicadas en el propio portal, solo hay resoluciones condenatorias en ocho procedimientos que significa el 0.25 por ciento de efectividad”. Tan sólo por eso, los diputados del Congreso local de Jalisco deberían de revisar a fondo esta denuncia… Los dados abren con Escalera Doble. Buena Semana Santa para los amables lectores.

Una pregunta sobre el futuro inmediato de su movimiento y sobre quién tendrá el mando real y las decisiones a partir del 1 de octubre del 2024, cuando termina la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, está dividiendo las opiniones y a los grupos al interior de la 4T. De un lado hay una corriente, formada en su mayoría por los dirigentes de línea más dura, los llamados “puristas” o “radicales” del lopezobradorismo que sostienen que, aun cuando concluya su mandato, el tabasqueño seguirá siendo quien decida y defina cargos, nombramientos y quien dicta la línea a seguir por la próxima administración; mientras que de otro lado, los más moderados y el equipo cercano que rodea a Claudia Sheinbaum y que trabaja en su campaña, sostienen que el liderazgo, los nombramientos de su gobierno y todas las decisiones le corresponderán solo a la doctora si ella gana la Presidencia.

Es tan real la división que está surgiendo al interior del partido gobernante, que un gran número de secretarios y directores del actual gabinete de López Obrador apuestan y juran que continuarán en sus cargos, aun después del 1 de octubre, y a que el actual Presidente le ordenará a Sheinbaum que ratifique a varios de los actuales titulares en dependencias importantes de la administración federal. Son varios los titulares, según nos dice un integrante del gabinete, que dan por hecho su continuidad transexenal en el cargo en dependencias como Pemex, Segob, Relaciones Exteriores, entre otras, estarían buscando repetir en un eventual próximo gobierno de Morena.

Del otro lado, en el círculo de colaboradores cercanos de la candidata Claudia Sheinbaum, rechazan completamente la idea de que la “continuidad” del  movimiento lopezobradorista, signifique la aceptación de un Maximato en el que la doctora, si gana la presidencia, aceptaría que se le impongan, aún viniendo del presidente López Obrador, los nombramientos importantes de su eventual gabinete y equipo de trabajo. “Una cosa es que Claudia sea cuidadosa y que evite confrontarse con el Presidente porque sabe que no le conviene –ni por posibles represalias, ni porque al final su triunfo depende de la popularidad del Presidente— y otra muy distinta es que si ella llega al poder esté dispuesta a compartirlo con su jefe político, al que le tiene toda la lealtad, pero no permitirá que pretenda manejarla y ordenarle cómo manejar el gobierno”, comentó un integrante del cuarto de guerra de la abanderada morenista.

Los claudistas más cercanos sostienen incluso que ni siquiera se debe dar por hecho que las coordinaciones parlamentarias de Morena en la próxima legislatura ya tengan nombres definidos. “Ni Adán Augusto, ni Monreal y mucho menos Marcelo, deben dar por hecho que serán, inevitablemente los líderes morenistas en el Congreso. Si bien hay pactos y acuerdos que provienen del proceso interno de Morena, las decisiones en su momento dependerán de la estrategia de gobierno de la doctora y, si alguno de ellos no encaja en esa estrategia no llegarán a las posiciones de liderazgo en el Congreso”, nos comentó la fuente del equipo de campaña.

En medio de esas diferencias que están ocurriendo al interior de la clase gobernante, hay otro tema en el que también se puede apreciar esa división entre los que buscan que se perpetúe el liderazgo de López Obrador más allá de su sexenio y los que pretenden continuar programas, postulados y políticas de la autonombrada “transformación”, pero a partir de un nuevo liderazgo de quién ocuparía la Presidencia de la República, en el que pueda imponer su propio sello y su estilo personal de gobernar.

Al final el mismo tema que está dividiendo a las cúpulas gobernantes de la 4T, es también la gran incógnita y pregunta que se platean muchos mexicanos, simpatizantes o incluso opositores del actual régimen: ¿Quién gobernará a partir del 1 de octubre si Morena y su candidata ganan la elección presidencia?

Porque a partir de que Sheinbaum se ha disciplinado en todo y se ha mimetizado con el discurso y las posiciones del actual Presidente, cabe la duda de si López Obrador cumplirá sus promesas y discursos de que él no aspira a un Maximato, ni a ejercer un liderazgo moral o un cacicazgo después de su sexenio, y si Claudia Sheinbaum ejercerá la Presidencia, de ganar la próxima elección del 2 de junio, o si se dejará imponer decisiones y lineamientos por parte del ex Presidente, o si llegado el momento tomará distancia de su tutor político y se asumirá como la ganadora de la elección y por lo tanto como quien debe ejercer el poder con su propio estilo y sus propias decisiones.

Si ni siquiera los que están hoy en el gobierno y ocupan cargos de alto nivel tienen claro quién va a mandar realmente en una Presidencia que encabezará Sheinbaum. Quiere decir entonces que hay elementos para la incertidumbre de si volveremos a vivir un Maximato, al más puro estilo callista y priista, o si la primera mujer presidenta, si resulta ser electa la candidata de Morena, tendrá el margen suficiente para ejercer el poder sola y sin la supervisión o el yugo de quién la hizo candidata y le ayuda en su campaña.

NOTAS INDISCRETAS…

Revelar información fiscal privada de cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su actividad, es un delito penado por las leyes mexicanas, por más que en este gobierno se haya vuelto una práctica política con la que el presidente López Obrador busca afectar y vengarse lo mismo de periodistas críticos que de empresarios (y supuestos “amigos”) que se vuelven críticos de su gobierno. Y ante la orden que dio justamente el Presidente el pasado jueves, cuando en respuesta a un video del empresario Salinas Pliego que habló de que “apesta la corrupción” en su gobierno y aseguró que se roban un porcentaje de los 500 mil millones de pesos que se destinan al pago de las pensiones de adultos mayores en el país, el mandatario ordenó que se publicara toda la información fiscal sobre los adeudos de impuestos que tiene el dueño de Grupo Salinas. Y como buen lacayo incondicional, el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, ni tardo ni perezoso ejecutó la orden del Presidente y difundió, desde las cuentas oficiales de la Presidencia de la República, toda la información fiscal de Salinas Pliego y de sus empresas que, se supone, debe manejar el SAT de manera confidencial y que está protegida por ley para no ser difundida públicamente. La cuenta de 63 mil millones de pesos que publicó Ramírez Cuevas, con un desglose detallado de los distintos impuestos que no ha pagado el tercer hombre más rico de México, constituye todo un ataque al secreto fiscal y a la privacidad de su información a la que tiene derecho Salinas Pliego y cualquier otro ciudadano contribuyente. Por eso ayer el empresario anunció que demandará penalmente al vocero de la Presidencia (llamado por él “bañagatos”) por haber revelado información confidencial y protegida por el secreto fiscal. Lo dicho: el pleito AMLO-Salinas Pliego terminará en los tribunales y las instancias penales; lo que no se puede aún saber es quién gana y quién pierde en esta confrontación del más alto nivel entre el poder político y el económico…Y hablando de corrupción, el escándalo en Veracruz, por la mansión que le descubrieron a la candidata de Morena, Rocío Nahle, sigue creciendo ante la incapacidad de la exsecretaria de Energía para explicar cómo es que ella y su familia pudieron hacerse una mansión que no le pide nada a la tristemente célebre “Casa Blanca” del expresidente Enrique Peña Nieto. Y para colmo la casota de la familia Peña Nahle, en el exclusivo fraccionamiento “El Dorado” en Alvarado, Veracruz, también es blanca y muy moderna. Y mientras Nahle se limita a decir que la propiedad donde vive lujosamente con su familia “es rentada”  y ahora aparece como dueña una sobrina de la abanderada morenista, la realidad es que tras su paso como encargada de la construcción de la Refinería de Dos Bocas, a Rocío Nahle se le cuestionaron y documentaron vínculos directos con el otorgamiento de contratos millonarios a amigos y compadres de su esposo José Luis Peña, como Arturo Quintanilla Hayek, constructor veracruzano que junto con el consorcio Huerta Madre, y propiedad del empresario tabasqueño Manuel Santandreu, obtuvieron contratos para distintas obras de Dos Bocas, por más de 5 mil millones de pesos. Así que es inevitable que sea muy difícil creerle a Rocío Nahle que, después de haber coordinado una obra que duplicó su costo para los mexicanos (de 8 mmdd que dijo que costaría originalmente a casi 20 mmdd que terminará costando cuando la terminen) la mansión lujosa en la que ahora vive, valuada en casi 40 millones de pesos, sea solo “una propiedad rentada de una sobrina”. No en balde el candidato de la alianza opositora ha dicho con todas sus letras que si un funcionario no puede explicar con sus sueldos e ingresos como servidor público tener una mansión como la de Nahle y su familia, entonces indudablemente, “estamos hablando de corrupción”. Veremos qué piensan al respecto los veracruzanos en las urnas…Escalera doble mandaron los dados para cerrar semana. Felices vacaciones y descanso para los amables lectores.

La ruta que está tomando el pleito entre el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego se vuelve cada vez más tensa e incierta. A las acusaciones de corrupción del funcionario en los programas sociales y a sus duras críticas en contra de la falta de transparencia en las que él llama “obras faraónicas” del presidente, la respuesta desde Palacio Nacional fue exhibir y publicar todas las deudas que el dueño de Grupo Salinas tiene con el SAT y, so pena de violar el secreto fiscal, las cuentas que le hizo en las redes sociales el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas –a quien Salinas llama el “líder de los radicales” y se refiere como “bañagatos”– aumentaron la deuda oficial del tercer magnate de México a los 63 mil millones de pesos.

Es decir que, si como decía Newton “a cada acción corresponde una reacción”, en esta confrontación entre el poder político y el económico las acciones de uno y otro lado están escalando a un nivel vertiginoso, al igual que las reacciones que le siguen de una y otra parte. Porque hasta antes del video que difundió el miércoles por la noche en sus redes sociales, donde habla de la corrupción en el actual gobierno diciendo “que ya apesta mucho” y, aunque afirma que el presidente es su “amigo y él es honesto”, sostiene que López Obrador está rodeado de corruptos, las cuentas que había hecho el propio presidente sobre los adeudos de Salinas Pliego al SAT eran de entre 25 y 30 mmdp; pero después de ese video, y con la anuencia de su jefe, el vocero Ramírez Cuevas reveló detalles de nuevos adeudos que duplican el monto de la morosidad fiscal del dueño de TV Azteca.

A estas alturas está claro que en esa relación, que los dos siguen refiriendo como “amistad” hay un punto de ruptura en el que no parece ya haber retorno y, por el contrario, el asunto camina cada vez más hacia los cauces legales en los que, si el tercer hombre más rico del país no liquida sus deudas, el gobierno federal podría proceder legalmente, aunque eso también depende de la defensa legal que ha iniciado el propio Salinas Pliego y que le pide esperar al presidente para que sean “las instancias del Poder Judicial las que determinen si se trata de cobros justos o injustos”.

Y en el Estado de Derecho al que tanto apela el magnate, tiene todo el derecho de defenderse y de buscar el amparo de la justicia federal, aunque está claro que eso es algo que no le gusta para nada a López Obrador que sabe que la Suprema Corte y los jueces no están a su favor y, a fuerza de criticarlos y denostarlos todo el tiempo, ha logrado que el Poder Judicial de la Federación se cohesione y revise con lupa cada asunto, controversia o amparo que involucra al gobierno federal y a sus decretos, leyes o acciones, por lo que Salinas Pliego sabe que, de tener la razón en su argumento de cobros injustos e indebidos, la Corte y los jueces y magistrados le darían la razón.

Pero a reserva de las acciones legales que ya ha interpuesto el magnate y del curso que varias de ellas llevan en las instancias del Poder Judicial o incluso de los nuevos recursos legales que decida ejercer, también es un hecho que si la confrontación sigue escalando como hasta ahora, y Salinas Pliego sigue en su actitud retadora y desafiante al gobierno federal y a los radicales a los que él llama peyorativamente “gobiernícolas”, la paciencia del gobierno federal, del presidente y del SAT podría agotarse.

Y en ese escenario cobra sentido una versión que se escucha en las cúpulas de la 4T y que dice que el presidente va a seguir estirando la liga y tensando el pleito con Ricardo Salinas Pliego, para llevarlo hasta el límite legal en el que, si el empresario no paga todos sus adeudos e intereses, el siguiente sea proceder legal y penalmente en contra del magnate por delitos de evasión fiscal y, si el asunto escala, hasta de delincuencia organizada.

Pero, ojo, el presidente López Obrador no llegaría a ordenar que el SAT inicie una querella legal contra el empresario, porque eso se lo reservaría a Claudia Sheinbaum que, de ganar la Presidencia, una de sus primeras acciones, que sería un golpe político que le ayudaría en su legitimación, sería ordenar la detención del tercer hombre más rico del país. Y en el contexto en el que podría llegar a la Presidencia la actual candidata oficialista, con la desconfianza, recelo y hasta resentimiento de los grandes empresarios a los que maltrató, acusó y estigmatizó el presidente, un golpe de tal magnitud en contra de Salinas Pliego, le ganaría de inmediato no sólo una mayor legitimidad para su Presidencia, sino también el respeto automático de todos los hombres de poder económico y político en México.

Por eso volvemos a la pregunta inicial: ¿Hasta dónde llegará el pleito AMLO-Salinas Pliego?

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de la columna de ayer sobre “La Guerra por la CDMX, peligra el dominio de Morena”, personajes cercanos al cuarto de guerra de la candidata morenista, Clara Brugada, nos buscaron para comentarnos que “la percepción de que la contienda en la ciudad de México está presuntamente reñida es algo que promueven los panistas. Porque según el Tracking diario de encuestas que realizan sus estrategas, ningún día desde que arrancó oficialmente la contienda, Clara ha bajado de 15 puntos de diferencia, incluso ellos sostienen que su candidata subió después del debate del domingo. Incluso nos revelaron los brugadistas que la semana pasada ya hubo un encuentro directo entre Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, que después de las diferencias y el distanciamiento que se hizo público en el famoso y viral manoteo de las dos candidatas cuando los tomaba muy de cerca el camarógrafo del Bienestar, no se habían reunido y la semana pasada comieron juntas “para afinar la estrategia” con la que las dos piensan hacer el 1-2 para Morena y ganar la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Del encuentro dicen que fue cordial y que las dos abanderadas se juraron lealtad y amistad. Con todo y eso, los mismos cercanos de Clara reconocen que al final la elección capitalina resultará más cerrada que la elección presidencial… Los dados mandan Serpiente. Descendemos.

En los círculos más cercanos de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo nadie duda de que Omar García Harfuch estará en un eventual gabinete de la doctora e incluso la mayoría da por hecho que sería como el nuevo Secretario de Seguridad Federal y Participación Ciudadana (SSyPC). Y eso es lo más lógico cuando se sabe que ese fue el acuerdo que el exjefe de Seguridad en la Ciudad de México hizo con su exjefa, cuando dejó el gobierno capitalino para lanzarse por la candidatura presidencial.

La experiencia de Omar García al frente de la seguridad de la CDMX, además de su paso por la antigua Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, constituyen la principal oferta de Sheinbaum en materia de seguridad y combate al narcotráfico si llega a la Presidencia. Todo su proyecto de seguridad está diseñado, revisado y armado por el actual candidato al Senado por el Partido Verde, quien es la cabeza del equipo de campaña en esa materia, además de la gran confianza personal que le tiene la candidata.

Y aunque se da por hecho que, si gana el Senado, Omar sería solo senador por un mes, para a partir del 1 de octubre integrarse al eventual gabinete de Sheinbaum, lo que no está totalmente decidido es si lo hará como Secretario de Seguridad o si podría ocupar otra posición y manejar desde ahí la seguridad y el combate al narcotráfico. Porque dentro del mismo equipo claudista se comenta que colocar a García Harfuch al frente de la SSyPC tendría al menos dos problemas o inconvenientes a considerar: el primero las amenazas directas que persisten contra la vida del mencionado por parte de capos del crimen organizado, lo cual desde esa posición lo podría colocar en una posición demasiado expuesta ante tales amenazas.

Pero el segundo problema que tendría Harfuch despachando en la Secretaría de Seguridad federal es aún más delicado.  Su muy mala relación con las cúpulas del Ejército Mexicano. Paradójicamente aunque él es nieto del general García Barragán, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Díaz Ordaz, hay sectores del Ejército que no ven con buenos ojos a Omar por su origen en la PF y su relación en sus inicios con Genaro García Luna y con Luis Cárdenas Palomino. Volver a García Harfuch cabeza del gabinete de seguridad federal chocaría directamente con el mando total y absoluto que hoy ejercen el Ejército mexicano, primero, y la Secretaría de Marina, después, en la política de seguridad federal y el gabinete del ramo.

Claudia Sheinbaum ha dicho con todas sus letras que ella mantendría al Ejército y a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad del país y que seguirán los militares en las calles para esas labores que también incluyen el combate al narcotráfico, si bien en este gobierno de López Obrador les ordenaron no confrontarse con los narcos. ¿Cómo encajaría entonces Omar en ese esquema de seguridad militarizado? ¿Se devolvería el mando civil a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana o el secretario Harfuch seguiría siendo, como lo fue en un principio Alfonso Durazo y lo es ahora Rosa Icela Rodríguez “secretarios técnicos” que solo se encargan de la parte normativa de la seguridad, mientras obedecen total y ciegamente la estrategia operativa de los altos mandos militares?

Francamente no se ve muy claro cómo Sheinbaum pueda armar ese rompecabezas que hoy parece imposible. Para tener juntos colaborando al Ejército y a García Harfuch al frente de la seguridad federal, la candidata tendría que sentarlos primero y luego mediar en las fuertes diferencias que existen —más del lado de los generales que del civil— y después hacerlos trabajar en conjunto.

Tal vez por eso dentro del mismo equipo claudista empiezan a surgir versiones de que a Omar García Harfuch “podrían nombrarlo también en la Secretaría de Gobernación”, una posición en la que, dicen, estaría más protegido de un zarpazo del narco, al tiempo que influiría desde ahí en el manejo de la política de seguridad. Lo que ya no dicen quienes comentan esa posibilidad es si podrían reformar la ley para que seguridad volviera a la Segob, como estuvo en el sexenio peñista y como lo cambió López Obrador, o si desde una posición remota, Harfuch podría manejar la estrategia de seguridad.

En todo caso, siendo realistas, hoy todo eso cae en el terreno de las especulaciones porque, para que cualquiera de esas cosas sucediera, primero tiene que ganar Sheinbaum la Presidencia, algo que hoy por hoy, salvo la soberbia de los que creen ciegamente en las encuestas y en los dichosos “30 puntos” de diferencia, nadie puede asegurar de manera rotunda y contundente, sin riesgo de equivocarse.

NOTAS INDISCRETAS… Hablando de Claudia Sheinbaum, su presencia ayer en el Monumento a la Revolución, en el homenaje familiar en la tumba del general Lázaro Cárdenas, invitada personalmente por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es un hecho que sin duda le suma a la abanderada morenista y que sella la alianza que estableció con la familia Cárdenas para que respaldaran su candidatura y su propuesta energética como ayer lo hizo el ingeniero. La alianza es familiar e incluye también a Lázaro Cárdenas Batel, quien podría ser invitado por Sheinbaum a dirigir Pemex, en la idea de que esa empresa necesitará todo un cambio y una transición para dejar de ser la petrolera quebrada, desfondada y con pésima calificación internacional que es hoy, para convertirse en una empresa energética que empiece a explorar en nuevas energías, de las limpias incluso, más allá del petróleo. Todo eso no lo dijo Claudia ni lo podrá decir sin que le jalen el bastón de mando desde Palacio, pero basta leer ayer el interesante artículo de Cuauhtémoc Cárdenas en estas páginas de El Gran Diario de México, para entender que si los Cárdenas aceptaron respaldar a Sheinbaum y su plan energético, es porque inevitablemente la doctora, si llega a gobernar, tendrá que darle un giro total a Pemex, algo que no fue capaz ni siquiera de visualizar, menos de realizar López Obrador… A propósito del presidente y de la ceremonia oficial donde conmemoró el 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, quienes estuvieron ayer como invitados en la Torre de Pemex, donde se llevó a cabo el evento, afirman que el director de la empresa pública, Octavio Romero Oropeza, quien estuvo acompañando al presidente, organizó un evento “muy elitista” en el que no se invitó a los trabajadores petroleros reales, los que se juegan la vida en las plataformas, refinerías y campos petroleros, y en lugar de ellos la mayoría del público invitado eran directivos de la petrolera y empresarios contratistas de Pemex, quienes junto con una porra formada de trabajadores de confianza, garantizaban un ambiente “seguro y confiable” para la visita del presidente. Si a eso le sumamos la llegada de López Obrador a Hermosillo, Sonora, el pasado jueves a “supervisar el Hospital General de Sonora”, que ya había inaugurado desde 2021, totalmente solo y sin ningún acompañante mas que el gobernador Alfonso Durazo, ni público ni gente que hubieran invitado al evento por temor a que hubiera protestas o reclamos contra el mandatario nacional, no cabe duda que al presidente, en su salida del poder, lo están aislando por seguridad y comodidad, ante el crecimiento de los reclamos y el descontento contra su gobierno, pero también lo están haciendo ver cada vez más solo… Los dados mandan Serpiente Doble. Dio un giro brusco la Semana.

En los 9 meses que lleva al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena no ha logrado alcanzar la proyección que se esperaba, ni para ella ni para el país, cuando el presidente López Obrador decidió nombrarla encargada de la política exterior, en sustitución de Marcelo Ebrard Casaubon. Su amplia experiencia como diplomática de carrera y su paso por varios organismos internacionales hacían esperar de ella un relanzamiento de los asuntos diplomáticos de México, pero lejos de eso, la embajadora se ha enfrascado en conflictos internos en su Secretaría, ha chocado con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y se ha dedicado más a hacer una diplomacia más ideológica, mientras ha descuidado y cometido errores en la relación con Estados Unidos.

Y es que lejos de estar concentrada en sus funciones diplomáticas, la canciller Bárcena se ve más preocupada —algunos de sus críticos dicen “desesperada”— por retener el cargo de Relaciones Exteriores en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum; tanto así que luego del papel protagónico que la candidata presidencial de Morena le ha dado a Juan Ramón de la Fuente y al propio Marcelo Ebrard en los temas de política exterior en su campaña, la embajadora se puso nerviosa y buscó al equipo de Sheinbaum para reclamar lo que ella considera “un maltrato” en su contra.

Fuentes de la SRE nos confirman que la secretaria Bárcena recibió, el pasado lunes 26 de febrero en su oficina, a una emisaria de Claudia Sheinbaum a quien había estado buscando para pedirle un encuentro privado. La candidata le mandó a su enviada para que escuchara a la canciller y en la privacidad de su despacho, esta empezó a quejarse de “maltrato” por parte de la campaña claudista, señalando que tanto De la Fuente, como Ebrard buscan “dañar su relación” con la candidata y bloquearla para una eventual ratificación en el cargo. En particular, la titular de la SRE se quejó de la “gran visibilidad” que se le ha dado a su antecesor, Marcelo Ebrard, con quien no tiene una buena relación.

De hecho, parte de la paranoia de doña Alicia Bárcena en contra de Ebrard y De la Fuente, se debe a que en los 9 meses que ha estado en el cargo, su gestión ha estado marcada por conflictos continuos con facciones internas de su Secretaría, particularmente con los equipos de Juan Ramón y Marcelo, a quienes ella ve como sus rivales, polarizando peligrosamente el ambiente diplomático.

Además, el choque de la canciller con el secretario de Hacienda se originó por las “maniobras dudosas” que desde la dependencia hacendaria acusaron a Israel Soberanis, quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Relaciones Exteriores. Lejos de buscar aclarar y negociar el tema con su colega de gabinete, el secretario Ramírez de la O, la canciller optó por no tener interacción ni comunicación directa con el titular de Hacienda, lo que le complicó aún más las cosas por su actitud de arrogancia y desconocimiento sobre la forma en que se opera dentro del gobierno federal.

Para colmo, su relación con el presidente López Obrador, si bien se mantiene estable, dista mucho de ser tan cercana o de tanta comunicación como la que tuvo su antecesor. Bárcena ve muy poco al presidente y su forma de operar para proponer nombramientos, tanto para cargos de la cancillería, como de embajadas y consulados en el exterior, ha chocado con el estilo del presidente que ya le ha rechazado varias propuestas de nombramientos, por no seguir los procedimientos de Palacio Nacional, lo que se ha interpretado desde la Presidencia, como una “falta de alineamiento” con la administración central.

Pero si internamente la canciller Bárcena trae conflictos y problemas de entendimiento, hacia el exterior, que es donde está su principal función, tampoco ha logrado relanzar la política exterior durante su breve gestión. Algunos de sus críticos en el Servicio Exterior Mexicano piensan que “su verdadera ambición, disfrazada de servicio, radica en alcanzar la Secretaría General de la ONU, utilizando descaradamente la Cancillería como un mero trampolín personal”, porque para llegar a Naciones Unidas es requisito haber sido canciller. “Revela un desinterés flagrante por México, actuando no como una diplomática dedicada, sino como una funcionaria de organismos internacionales en busca de gloria personal”, nos dijo un embajador eminente mexicano, quien pidió el anonimato.

Su ausencia en eventos internacionales y nacionales con actores internacionales clave, incluyendo actividades de la agenda de Claudia Sheinbaum, es cuestionada dentro de las cúpulas del gobierno y de la 4T, en donde ven con recelo su cercanía con figuras opuestas, como Arturo Sarukhán. Pero lo más delicado que le cuestionan a Alicia Bárcena es su ineficacia en la gestión de las relaciones con EU, particularmente en los recientes  incidentes con la DEA y sus filtraciones a medios y periodistas estadounidenses, las cuales tomaron completamente por sorpresa al presidente López Obrador, que nunca fue advertido por su canciller o su embajador en Estados Unidos del activismo de la agencia antidrogas estadounidense que tanto molestó y descontroló al presidente, por la creación del hashtag #NarcoPresidenteAMLO, que cumple ya varias semanas como tendencia en las redes sociales.

Y es que, en contraparte con sus descuidos en la relación con Estados Unidos, la canciller ha dejado ver su inclinación hacia regímenes como Cuba y Venezuela, propiciando una polarización ideológica que la puede marginar y dificultar de cualquier diálogo constructivo con administraciones futuras de EU, sobre todo el posible retorno de Trump a la Presidencia tras las elecciones de noviembre próximo.

La negligencia en el manejo de la crisis de visados canadienses, es otro ejemplo de que una desconexión con las necesidades de los ciudadanos mexicanos, en donde también se le achaca negligencia en la defensa de mexicanos en el extranjero, como en el caso actual de Manuel Guerrero, detenido en Qatar por ser homosexual y, según denuncia su familia y colectivos LGBT, sometido a torturas y sin acceso a sus tratamientos antirretrovirales, confirma la ineficacia de la SRE en proteger a los mexicanos en el exterior, que es una de las funciones esenciales de esa secretaría.

En fin, que la canciller Alicia Bárcena parece mucho más preocupada y ocupada de repetir en su cargo y de sus conflictos con sus antecesores, que en cerrar de manera adecuada y decorosa los asuntos de política exterior en esta administración de López Obrador que sigue pensando, como lo dijo desde el inicio de su gobierno y eso se nota en su pésimo manejo de los asuntos diplomáticos, que “la mejor política exterior es la política interior”.

NOTAS INDISCRETAS… Aye tuvo lugar el primer debate entre los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Le llamaron “El Debate Chilango” y lo primero que habría que reconocer fue la excelente organización, producción y transmisión que logró el Instituto Electoral de la Ciudad de México que parece haber encontrado un formato de debate ágil, ameno y que permite la interacción y el intercambio de propuestas, señalamientos, cuestionamientos y réplicas entre los candidatos. Después decir que los tres candidatos se presentaron con buena imagen física, bien vestidos, formales sin parecer acartonados Salomón Chertorivski y Santiago Taboada, mientras que Clara Brugada lució un traje sastre que la hacía ver también formal, pero al mismo tiempo fresca. En el caso de la candidata de Morena fue notorio el aclaramiento de su color de cabello, que ya pasó del negro que acostumbraba a un castaño más claro que le da más luz a su cara y, de paso, suponemos intenta vender mejor su imagen en las clases medias de la Ciudad de México, donde tiene su principal reto la abanderada del oficialismo. Sobre el desempeño de cada uno, llamó mucho la atención que fuera justamente Clara la que abriera los ataques contra Santiago Taboada. ¿No se supone que la puntera no ataca de entrada y espera a que la ataquen para responder y contraatacar? Pues aquí la que dice ir arriba en las encuestas más bien se notó un poco desesperada en cuanto a abrir fuego de inmediato y desde su primera intervención contra el candidato panista que, si bien está en segundo lugar, parece estarle pisando ya los talones a Brugada. Por lo demás Clara se vio bien entrenada, puntual y directa en sus propuestas y planteamientos, con buen manejo del tiempo y buen énfasis y entonación, además del manejo adecuado de su cámara, tanto para proponer como para atacar a su contrincante del PAN. En cuanto a Taboada respondió uno por uno los señalamientos de Clara y le hizo también dos o tres ataques puntillosos y que no tuvieron respuesta puntual de su contrincante. En la parte de propuestas, el abanderado de Fuerza y Corazón por México se manejó con mucha precisión en sus palabras y conceptos, transmitiendo de manera reiterada su slogan de campaña: “Ya se va, les vamos a ganar”, en relación con Morena y a su candidato. Se diría que Santiago Taboada se defendió bien y atacó también de manera certera, y por momentos llegó a demostrar más confianza y seguridad en su discurso de victoria, que el de la propia Brugada. Y Salomón Chertorivski no se quedó atrás; excelentemente bien preparado, con propuestas concretas y señalamientos puntillosos también para sus dos contrincantes, tanto para Clara como para Santiago, el candidato de MC no logró que los otros dos candidatos dejaran su debate de dos para debatir también con él, pero lo que sí logró fue posicionar muy bien su mensaje de que mientras una representa al “conformismo, de que todo está bien y nada debe mejorar”, mientras el otro representa una “visión apocalíptica de que todo está mal”; entre esos dos extremos en los que ubicó a Brugada y a Taboada, Salomón supo resaltarse como una tercera opción con experiencia, conocimientos y trabajo real en la Ciudad de México. Al final, para ser el primer encuentro, no hubo un ganador claro que arrasara a los otros dos, si acaso Taboada logró trasmitir más seguridad y al ser atacado, antes de que él atacara, dejó la percepción de que Morena sabe que la Ciudad de México se le está complicando cada vez más y que hoy, al cumplirse ya la primera quincena de campañas, la oposición ha ganado terreno en la capital de la República…Los dados abren con Escalera Doble. Bien comienza la semana.

“No aspiro a ser jefe máximo ni a ser líder moral ni caudillo; ni mucho menos cacique. A finales de septiembre (próximo) me jubilo y cierro mi ciclo”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera del pasado jueves 14 de marzo. Nadie sabe a ciencia cierta si lo que ofrece de jubilarse e irse a “La Chingada”, su rancho en Palenque, significará realmente el fin de su influencia y del liderazgo que ejerce en su movimiento y su partido político, menos aún hay certeza de si realmente no intervendrá en los asuntos de un posible gobierno de su candidata Claudia Sheinbaum; pero lo que sí es ya un hecho es que su ciclo ha empezado a cerrarse y a 6 meses de que concluya su mandato, a López Obrador se le ve cada vez más solo, enojado e irritable, mientras su aspecto físico acusa inevitablemente el desgaste del poder.

Los nuevos amigos que hizo desde el poder de la Presidencia, empresarios, políticos y otros personajes lo han ido traicionando y conforme se acerca el ocaso del sexenio se le han ido alejando. Sus viejos amigos, que lo acompañaron muchos años en su lucha y que eran de su total confianza, se le han ido alejando, acusando que el Presidente los utilizó, los engañó o de plano los desechó cuando ya no le sirvieron o cuando disintieron de su estilo personal de gobernar y su candidata, la que aún le es del todo leal y lo visita con frecuencia para consultarle cada posición, cada decisión y cada paso en su campaña, se verá cada vez más presionada a tomar cierta distancia porque necesitará liberarse si quiere no sólo ganar la presidencia, sino poder ejercer el poder con su propio estilo, si es que gana las próximas elecciones.

Por eso los que están cerca del Presidente y los que lo visitan en su despacho, comentan que, cada vez, conforme se acerca el fin del sexenio, hay menos nombres y solicitudes de audiencia en la agenda del Presidente. Y a diferencia de los primeros años, donde no era fácil verlo o hablar con él, ahora, si bien tampoco sigue siendo fácil conseguir audiencia, a quienes llegan a verlo en su despacho, Andrés Manuel los recibe con mucha más calma y, como si desconfiara de lo que se puede escuchar en su oficina, les invita a salir a caminar por los pasillos del Palacio, donde se suelta platicando y contándoles anécdotas e historias como quien sabe que el fin está cada vez más cerca.

Y es que si bien los presidentes mexicanos llegan a acumular tanto poder en sus años de mandato y tantas adulaciones y atenciones de todo el mundo, que los llegan a tratar como si fueran dioses o “tlatoanis”, el mismo sistema político que los encumbra, los endiosa y los vuelve omnipotentes, está diseñado para que, conforme se agote su sexenio, se acabe también esa adoración y veneración que les obnubila y los desconecta de la realidad. El antirreeleccionismo que inspiró el modelo presidencialista mexicano propicia que después de sentir las glorias del poder durante poco más de cinco años, en sus últimos meses, todos los presidentes también sientan como ese poder se les diluye y se les aleja, pasando de las presencias constantes a la oscura soledad del Palacio.

Por eso hoy, en el último semestre que le queda en el cargo, Andrés Manuel López Obrador ya no es el mismo que recibió la banda hace 1 año y 4 meses. Como todos sus antecesores en esta etapa de su presidencia, no sólo refleja el cansancio y el desgaste físico, también muestra los signos del gobernante que resiente en su ánimo y en su talante el principio del fin, y que lo mismo se pelea con sus fantasmas, que empieza inevitablemente a realizar el balance interno y personal de su presidencia.

Y más allá de la propaganda de sus “otros datos”, de su “todo está muy bien y la gente está feliz, feliz”, y de su permanente e ilegal campaña para favorecer a su partido y denostar y atacar a sus opositores, está la realidad de un país que junto con las enormes oportunidades que hoy se le presentan con la relocalización de los mercados, también enfrenta serios retos de ingobernabilidad, seguridad y corrupción. Porque detrás de los pleitos y batallas diarias con empresarios, con el Poder Judicial, con periodistas, directivos de medios, activistas, gobiernos extranjeros o cualquier otro sector de los que agrupa y ataca en sus teorías de conspiración conservadora y hasta golpismo, López Obrador sabe muy bien que el gobierno que termina y el país que está dejando, no se parece en nada al México que soñó y ofreció cuando ganó la Presidencia.

La corrupción generalizada en su gobierno y su familia, la inseguridad, violencia e impunidad del narcotráfico, un sistema de salud destrozado y cada vez más lejos de Dinamarca, y un agujero histórico en las finanzas públicas que le heredará a quien lo suceda, sumado a su desordenado y discrecional manejo de los recursos públicos y a sus obras faraónicas que aún inauguradas no se sabe si funcionarán y tendrán viabilidad, son ya parte innegable de la herencia que nos dejará el solitario inquilino del Palacio.

El país no se transformó en nada estos 6 años, ni resolvió o al menos comenzó a resolver ninguno de sus problemas estructurales. El que sí se transformó fue López Obrador, que pasó de ser un líder social que infundía esperanza, a trastocarse en un hombre autoritario, un gobernante que añoraba el pasado y renunciaba al futuro, un líder que tuvo en sus manos la confianza de 30 millones de mexicanos y la dilapidó a fuerza de yerros, caprichos y decisiones antidemocráticas y regresivas, junto con una retahíla diaria, constante y permanente de mensajes de odio, ataques y diatribas desde la tribuna presidencial. Por eso empezó con tanto apoyo de los mexicanos y por eso mismo terminará, igual que la mayoría de sus antecesores, en la más absoluta soledad, aunque antes tendrá que pasar por el juicio de los mexicanos que emitirán su voto el próximo 2 de junio.

NOTAS INDISCRETAS…

Mientras ayer en la Cámara de Diputados la oposición insistía en que en Guerrero hay condiciones de ingobernabilidad y crisis que ameritarían una declaración de “desaparición de poderes”, el presidente López Obrador salió en respaldo abierto de la gobernadora de su partido, Evelyn Salgado, a quien le dijo que “no está sola” y que tiene todo el derecho, según la Constitución de Guerrero, de remover a la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos. La pregunta es si después del fuerte mensaje del Presidente, la teniente coronel del Ejército que fue designada fiscal guerrerense por el Congreso de su estado seguirá aferrándose al cargo como lo anunció el jueves pasado mediante un comunicado. Porque si lo hace ya no estaría desafiando solo a la Gobernadora, estaría también rebelándose contra el Presidente, quien claramente la señala y la acusa de tener “relaciones de complicidad”. ¿Con quiénes tendrá relaciones de complicidad la Fiscal de Guerrero? Su permanencia en el cargo está tensando cada vez más la situación en Guerrero, porque las manifestaciones de los normalistas de Ayotzinapa esta semana en Chilpancingo y Acapulco fueron para exigir su renuncia, y ella sigue sin dar la cara pero provocando problemas que claramente afectan la gobernabilidad de la entidad y le dan materia a los opositores del gobierno para plantear una crisis que amerite desaparecer los poderes…Y hablando de crisis, dice la sabiduría popular que los pleitos más feos son los que se libran entre familiares y amigos. Y la guerra entre el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego lo confirma. Tras el exceso de fuerza exhibido el jueves por el gobierno federal, que mandó 120 elementos de la Guardia Nacional a desalojar el campo de Golf de Tangolunda, en Huatulco (muchos más guardias nacionales de los que se ve combatiendo a los narcos o a cualquier otro delito grave en el país), el empresario no sólo se defendió con todo y su lenguaje florido en las redes sociales y en los medios de su propiedad, sino que ayer anunció que acudirá a las instancias legales, ante lo que asegura que es una “violación flagrante al Estado de Derecho” porque alega la vigencia de la concesión federal de dicho campo que se venció en 2022 pero que le fue extendida por la firma de un alto funcionario federal. El Presidente dice que ese funcionario que amplió la concesión actuó indebidamente y ya fue sancionado, mientras que Salinas Pliego argumenta que siendo un funcionario de este mismo gobierno, no habla nada bien de su administración que el propio Presidente lo acuse de corrupción. En todo caso la guerra entre los dos ex amigos está muy lejos de terminar y más bien apenas comienza…Los dados cierran semana con Escalera Doble. Buen y tranquilo fin de semana y puente para los amables lectores.

A pesar de que su nombramiento termina hasta el año 2028 y de que sólo por mayoría de votos del Senado podría ser removido del cargo y no terminar el periodo para el que fue electo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ya sintió el frío del fin de sexenio.

Los rumores que empezaron a circular hace un par de semanas, sobre que la candidata presidencial de Morena no pensaba mantenerlo al frente de la Fiscalía y que buscaría un cambio de titular, pusieron demasiado nervioso al señor fiscal que, sin verificar si la información era real o si venía de fuentes fidedignas, comenzó a mover sus relaciones con la oposición pensando en que, en caso de que intentaran removerlo en el próximo sexenio, se requerirían forzosamente votos opositores para reunir las dos terceras partes del Senado y autorizar su remoción.

Pero no conforme con los compromisos que hizo y obtuvo con líderes de partidos opositores a la 4T, don Alejandro prefirió salir de dudas y buscó un encuentro con la candidata del oficialismo que, según nos confirman fuentes del equipo claudista, accedió a reunirse con él para despejar sus dudas y temores que lo traían muy preocupado. El encuentro entre los dos personajes fue breve y ocurrió hace poco más de una semana y en él la abanderada presidencial habría negado, ante Gertz, que estuviera pensando en removerlo.

La plática, nos dicen las fuentes, tranquilizó al fiscal que tal vez no permanezca hasta el 2028 pero sí se quedaría al menos un par de años del próximo sexenio, eso si la candidata con la que se reunió gana efectivamente la Presidencia.

Pero aun cuando ya tiene certeza de que no buscarán cambiarlo en el arranque de un nuevo gobierno, al fiscal Gertz Manero las cosas en la Fiscalía, que va sufriendo revés tras revés de los jueces por no integrar bien sus averiguaciones, se le complicaron bastante a partir de la sorpresiva muerte de Juan Ramos López, el fiscal especial que fue desde 2019 que llegaron al cargo, su mano derecha y su principal operador en la mayoría de los temas e investigaciones importantes para la FGR.

En septiembre pasado, luego de que le detectaran en una revisión médica cáncer en el riñón, Juan Ramos murió tras un procedimiento quirúrgico a los 63 años de edad. La noticia que fue confirmada por la propia Fiscalía en comunicado, sacudió a la dependencia y personalmente a Gertz Manero quien tenía una relación de muchos años y de confianza total con su Fiscal Especial de Control Competencial, quien lo acompañaba desde la Secretaría de Seguridad Federal en el sexenio de Vicente Fox, luego en su paso polémico por la Universidad de las Américas y en la Fiscalía era visto como “el hombre fuerte” y el operador de todos los casos y denuncias que le interesaban particularmente al fiscal.

Fue tal el impacto que tuvo la muerte de su amigo y operador, que incluso el Fiscal llegó a plantear la posibilidad de una “negligencia médica” en la muerte de Juan Ramos, ocurrida en un hospital del Grupo Ángeles, e incluso Gertz llegó a comentar a sus más cercanos que pensaba ordenar una averiguación sobre la sorpresiva muerte de su Fiscal Especial en contra de los médicos que lo operaron y del Grupo hospitalario propiedad de Olegario Vázquez Aldir.

Al final, al fiscal le explicaron detalladamente lo que había ocurrido, la presencia de cáncer avanzado en el riñón y las complicaciones de una operación como la que le practicaron, las cuales le fueron explicadas y comentadas antes al paciente y a su familia, dando ambos su consentimiento para el procedimiento quirúrgico. Eso hizo que, en medio de lo dolido que estaba por la pérdida personal y para el funcionamiento de la FGR, Gertz Manero abandonara la idea de demandar o investigar al hospital donde falleció Ramos López y a los médicos que lo intervinieron.

Así que, sin su mano derecha y afectado por la pérdida de su operador principal, el fiscal Gertz se sintió aún más nervioso y decidió preguntar directamente si lo intentarían remover en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum. La respuesta que le dieron lo tranqulizó un poco, aunque dentro de la misma FGR comentan que, tras la ausencia de Juan Ramos López, el fiscal ha aumentado sus acostumbradas ausencias y su trabajo a distancia en la Fiscalía que no tiene precisamente el mejor récord de casos armados y ganados.

NOTAS INDISCRETAS…La aparición con vida del periodista jalisciense Jaime Barrera, quien fue liberado por sus captores la madrugada de ayer, representó sin duda una gran noticia y un respiro para el atacado y acosado gremio del periodismo en México. Al parecer la presión mediática y de redes que se ejerció en este caso, sumado a las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco y la intervención de la Guardia Nacional hizo que el grupo criminal que secuestró a Barrera, cuando salía de una transmisión radiofónica el pasado lunes, decidiera liberarlo en Magdalena, Jalisco, a 76 kilómetros de Guadalajara, donde levantaron al comunicador. El mismo Jaime salió ayer a dar varias entrevistas y reveló algunos detalles de su breve cautiverio. Dijo que “más que un secuestro se trató de una advertencia” que le hicieron sus captores, quienes lo tuvieron tirado en el suelo, mientras lo golpeaban con tablas y le recriminaban la publicación de informaciones en sus artículos de El Informador. “Los grupos criminales creen que todo lo que escribimos los periodistas son mensajes de alguien más o de sus rivales. Yo nunca he hecho eso y siempre escribo de lo que sé, lo que sucede y lo que puedo sostener, pero nunca como mensajero de nadie y menos de los criminales”, nos dijo ayer Barrera en una entrevista para el noticiero “A la Una con Salvador García Soto”, del Heraldo Radio. Ayer mismo el gobernador Enrique Alfaro y el fiscal estatal, Luis Felipe López, decían que se iba a investigar a fondo quien o quienes ordenaron “levantar” al conductor del noticiero estelar de Televisa Guadalajara, aunque también insistían en que “no se trató de un secuestro”. Al final, haiga sido como haiga sido, el hecho de que los criminales que privaron de su libertad a un periodista tan visible y conocido en Guadalajara, hayan actuado con tal nivel de impunidad y hayan golpeado y amenazado a Jaime Barrera, no hace sino confirmar dos cosas: la primera la impunidad total y segura en que se sienten los narcotraficantes ante la incapacidad y protección que reciben de autoridades estatales y federales; y la segunda: que la violencia y los ataques contra los periodistas mexicanos, en medio del clima de hostilidad y descalificaciones diarias del presidente López Obrador, confirman que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, algo que no empezó en este gobierno, pero sí creció y se agravó ante la indolencia y la estigmatización de los periodistas desde el púlpito presidencial…Lanzamos los dados y tocó Capicúa. Se repite el tiro.

Tres años después del desafuero federal al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, aprobado por la Cámara de Diputados federal en abril de 2021, y de que el entonces gobernador panista y la mayoría del Congreso de su estado se negaron a validar el juicio de procedencia federal, argumentando que ellos mantenían el fuero estatal al mandatario, ayer la Suprema Corte de Justicia determinó que sí son los estados de la República y sus diputados locales quienes deben de tener la última palabra en caso de que los diputados federales soliciten un juicio político contra un gobernador, magistrados o diputados locales por un delito federal.

En una sesión jaloneada y en la que hubo posturas encontradas, la mayoría de 8 ministros aprobó la constitucionalidad de las reformas a la Constitución de Tamaulipas y a su Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con lo que terminó dando la razón al fallo que en su momento (agosto de 2021) emitieron también otra mayoría de ministros que votaron a favor del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que fue el primero en reconocer que el Congreso local tamaulipeco sí tenía facultad para mantenerle el fuero al entonces gobernador Cabeza de Vaca, aun cuando la mayoría de la Cámara de Diputados ya lo había desaforado para que pudiera ser detenido por la Fiscalía General de la República.

La resolución mayoritaria del pleno de la Corte, que reivindica principios del federalismo y la autonomía de los Estados para decidir si procede el desafuero de sus autoridades locales –incluso por encima de los juicios políticos de la Cámara de Diputados federal– representa otra victoria legal para Cabeza de Vaca, y ocurre justo en momentos en que la Fiscalía General de la República, que nunca pudo detenerlo por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputaron en 2021, acusaciones en la que los jueces le terminaron tirando sus órdenes de aprehensión, ha vuelto a acusar al exgobernador panista que radica actualmente en los Estados Unidos y que aparece como candidato a diputado federal en las listas plurinominales del PAN.

La ministra Margarita Ríos Farjat fue la ponente en este caso y entre sus argumentos señaló que es “una cuestión de respeto al federalismo, pues los Congresos estatales tienen derecho a evaluar la afectación a la gobernabilidad de su entidad, si separa del cargo al funcionario tan pronto como lo desafueren los diputados federales”. En su posicionamiento, la juzgadora recalcó que esto no significa que se extienda un manto de impunidad, pues los delitos no prescriben mientras se tenga el fuero y una vez que se terminen los cargos, las autoridades pueden actuar en consecuencia.

En contra del proyecto de sentencia votaron y argumentaron las tres ministras pro 4T, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes advirtieron que al validar estas reformas estatales se generaría impunidad para los gobernadores y funcionarios estatales, ante lo cual la ministra Ríos Farjat les respondió que “hay que tener cuidado al hablar de impunidad cuando los estados prevén un fuero temporal y condicionado en el ejercicio del encargo. Inmunidad procesal temporal no es equivalente ni debe serlo jamás a la impunidad”, aclaró la ministra ponente, quien para no dejar dudas de los razonamientos y el sustento constitucional de su sentencia, aclaró que no se trata de subordinar a ninguna autoridad federada, en este caso la Cámara de Diputados, sino de acatar el régimen federal en el que está constituida la República Mexicana.

En apoyo a la sentencia de Ríos Farjat, habló también el ministro Juan Luis González Alcántara, quien emitiera la primera posición de la Corte en el conflicto de Tamaulipas en 2021, y para responder también a los cuestionamientos y el voto negativo de las ministras Esquivel, Ortiz y Batres, recordó el proceso de desafuero federal que le iniciaron al entonces jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005. Dijo que entonces la Asamblea Legislativa del DF, de mayoría perredista, solicitó en una controversia que al gobernante capitalino se le diera el mismo trato constitucional que se daba al resto de los gobernadores, lo que significaba que los asambleístas capitalinos pedían justo lo que ahora aprobó y validó la mayoría de ministros: “que era la legislatura local la que debía tener la última palabra sobre el proceso de desafuero”.

Al final el fallo por mayoría de la Suprema Corte establece un precedente altamente federalista y que le reconoce a los Estados y a sus Congresos el ser los que deben decidir finalmente si un funcionario estatal, desde gobernador hasta magistrado judicial o diputado local, puede o no ser desaforado por las instancias federales, eso en el terreno constitucional. En el efecto político que tendrá este fallo, sin duda representa oxígeno puro para Francisco García Cabeza de Vaca en su intento por llegar a la Cámara de Diputados federal en la próxima legislatura, aun cuando compite desde su autoexlilio en Estados Unidos.

Porque a reserva de que la FGR logre obtener nuevas órdenes de aprehensión contra el exgobernador panista y aun cuando ya pidió un orden de localización a la Interpol, hasta ahora los intentos federales por acusar, detener y procesar a Cabeza de Vaca han fallado uno tras otro, lo mismo por la incapacidad de los fiscales federales, que por los fallos de la Corte que en su momento le mantuvieron el fuero estatal al panista y desecharon la orden de aprehensión en su contra, y que ayer termina por avalar la constitucionalidad de las reformas locales del Congreso de Tamaulipas, que en su momento blindaron al exgobernador perseguido de la administración lopezobradorista.

Vaya lío en el que está metida la fiscal estatal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Y es que tras conocerse ayer, nada menos que por boca del presidente López Obrador, que el policía sospechoso de haber disparado contra el estudiante normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta se había fugado porque no fue retenido por la Fiscalía General por los Ministerios Públicos de la Fiscalía General guerrerense, a la Fiscal se le vino el mundo encima, luego de que ella misma reconociera en un comunicado que la Fiscalía a su cargo no había retenido, de manera oficiosa como le correspondía, a los agentes involucrados en el choque con los normalistas y en particular al policía que ha sido señalado de haber disparado y causado la muerte al estudiante, en un caso que el propio Presidente reconoció como un “abuso de autoridad”. ¿Por qué la fiscal Sandra Luz no cumplimento las acciones necesarias para retener al policía? Claramente se trata de un descuido de la teniente coronel del Ejército no sólo complica las investigaciones, sino que abona a la molestia que existe entre los normalistas que al enterarse de la fuga del policía, fueron a protestar vandalizando las instalaciones ubicadas en Chilpancingo y exigiendo la destitución de la Fiscal ante la incompetencia y descuido de la Fiscalía en un asunto que ha llamado la atención nacional. No es la primera vez, lamentablemente, que a la fiscal Valdovinos la acusan de ser omisa en sus funciones, como lo hizo las semanas anteriores con los ataques que hubo contra el transporte público, en los que la Fiscalía se mantuvo omisa y sin ejecutar ninguna acción ante los hechos delictivos que paralizaron Acapulco, Chilpancingo y Taxco…Para colmo, anoche la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero emitió un comunicado en el que claramente se deslindan de la fuga de su elemento sospechoso, al señalar que ellos desde el primer momento pusieron a disposición a los agentes señalados y los llevaron ante los MP´s de la Fiscalía General de Guerrero para que rindieran su declaración sobre los hechos, pero a pesar de eso, acusan, “la FGE no retuvo a los elementos por al menos 48 horas ni solicitó la ampliación del término, así como solicitar la orden de aprehensión, acciones que corresponden a sus facultades” y terminan hundiendo aún más a la Fiscal y a su equipo, al señalar que en su actuación en este caso “hubo dilaciones que obedecieron a la negativa de la Fiscalía en recepcionar la puesta a disposición”. Con todo eso ¿seguirá siendo confiable la titular de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero?…Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

Cuando los gobernantes carecen totalmente de autocrítica y no son capaces de ver lo que está mal o no funciona en su gobierno –porque están plenamente convencidos que “todo está muy bien” y que “las cosas funcionan de maravilla”–, los ciudadanos y los países tenemos un problema. Porque tal vez un ciudadano, militante o no, decida creer en las falacias y mentiras de un “mundo perfecto” que siempre intentan vender los gobernantes; pero cuando es el propio gobernante el que se cree su propia propaganda y decide no ver lo que está mal y los fracasos en su administración, entramos entonces al mundo de la simulación y la autocomplacencia.

Algo así es lo que les pasa en este momento al presidente López Obrador y a la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum. Ni uno ni otro quiere aceptar que hay cosas que fallaron en el primer gobierno de la llamada 4T y que deben corregirse si se quiere mejorar la situación del país y construir segundos pisos o cualquier cosa que eso signifique. Ayer, en una de esas actitudes que los iguala hasta casi dar miedo, el mandatario nacional se quejó del discurso que fue invitada a dar en Puebla la diputada catalana y española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien cuestionó la eficacia de su estrategia federal de seguridad.

“Voy a hablarles con claridad porque creo que las circunstancias lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia cultural impresionante, está siendo tomado, no por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, con la democracia y sobre todo para los jóvenes mexicanos que están matando y muriendo, y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es, principalmente, de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad”, dijo la diputada por Barcelona durante su participación en la Feria de las Ideas de la capital poblana.

Y la respuesta del presidente, lejos de rebatir con argumentos –si es que los tiene– para defender su fallida estrategia de seguridad que ha dejado hasta ahora casi 170 mil muertos en su administración, apeló a la susceptibilidad extrema del gobernante y a sus teorías conspiracionistas, sin entrar al fondo de la crítica que le hizo la congresista española: “Le dieron una gran difusión los conservadores, vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha, nomás a la ultraderecha de Iberdrola”, dijo López Obrador, quien afirmó que este tipo de declaraciones están asociadas a las elecciones y a que “hay mucho dinero” de por medio.

¿Y la respuesta sobre su fracasada estrategia de seguridad? ¿Y el reconocimiento de las masacres, ejecuciones, desapariciones, extorsiones y la impunidad con la que actúan los cárteles de la droga que dominan, someten y aterrorizan municipios, territorios y entidades enteras del país? De eso nada dijo el presidente mexicano que prefirió hacerse el ofendido y atacado por el discurso de Cayetana, pero omitió reconocer la realidad sobre la inseguridad y violencia que padece el país.

Algo muy parecido fue lo que respondió Claudia Sheinbaum al firmar ayer el Compromiso por la Paz, invitada por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Aunque estampó su firma en el documento elaborado por los obispos y arzobispos del país, tomando en cuenta las demandas y exigencias de su feligresía en materia de seguridad y violencia del narcotráfico, la abanderada de Morena firmó “en desacuerdo” con los conceptos que expresa la propuesta pacificadora de la jerarquía católica, pues dijo no compartir “la evaluación pesimista del momento actual” que vive el país.

¿Y entonces? La doctora ¿fue realmente a sumarse a una iniciativa de la jerarquía católica que busca recuperar la paz y la tranquilidad para los mexicanos o fue a restregarles en la cara a los obispos que están equivocados, que no hay ninguna emergencia de seguridad, que no hay crisis de ejecuciones, desapariciones, extorsión y masacres, amén de decir que no ve una “militarización” con el Ejército atendiendo más de 10 responsabilidades civiles, y que hubo más violencia con Calderón?

Resolver la grave crisis de violencia narca y criminal que padece hoy México no es un tema de “optimismo o pesimismo”; tampoco es un tema de culpar al pasado o decirse victimizado porque una legisladora extranjera hace una crítica a los resultados de la inseguridad en México. Si realmente se quiere atender y resolver la problemática que están viviendo los mexicanos de la mayor parte de la República lo primero es que nuestros gobernantes o quienes aspiran a serlo, reconozcan el problema, lo dimensionen en toda su gravedad y no se preocupen por si eso los hace ver mal o les resta votos.

Al final de López Obrador ya no extraña nada su ceguera intencional y su delicado desfasamiento de la realidad en la que ve que “todo va muy bien”, que “los mexicanos están felices y muy contentos” y tendremos un “final de sexenio muy tranquilo”. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, si pretende gobernar un país en el que se niega a ver los problemas y pretende minimizarlos por “optimismo”, por fanatismo o porque de plano no puede reconocerlos y hablar de su gravedad porque eso le costaría su candidatura, más le valdría empezar a ver y a aceptar la realidad –aunque no puede hablar por ahora de ella– antes de que la sorprenda la herencia emproblemada que le puede dejar su antecesor y tutor político.

NOTAS INDISCRETAS… A pesar de que funcionarios de su gobierno y de la Fiscalía General de Guerrero en un principio intentaron revictimizar al normalista Yanki Kothan Gómez Peralta, hablando de que el joven había dado positivo a alcohol y drogas, ayer la gobernadora Evelyn Salgado salió a dar la cara y a respaldar lo dicho por el presidente López Obrador, en el sentido de que la muerte del estudiante fue resultado de un “abuso de autoridad” y de que el joven no había disparado arma alguna ni había dado positivo a ninguna prueba. “Acompaño lo expresado por el presidente y reitero el compromiso del gobierno de Guerrero, para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yanki Kothan Gómez Peralta. Desde el primer momento que sucedieron estos lamentables hechos, instruí que los elementos de la Policía involucrados fueran puestos a disposición de las autoridades correspondientes, al igual que todos los elementos de prueba recabados por las instancias estatales, con el claro objetivo de abonar a la investigación y esclarecimiento del caso, que fue atraído por la Fiscalía General de la República. Reafirmo que en todo momento, este gobierno seguirá contribuyendo a que la investigación sobre este hecho, concluya con estricto apego a la justicia y a la ilegalidad. Nada ni nadie por encima de la ley”, dijo ayer la gobernadora primero en su cuenta de X y después en un video difundido por su administración. Es decir que, en cuanto se dio cuenta de que los agentes de la Fiscalía guerrerense intentaban sesgar la investigación para salvar a los policías involucrados, la gobernadora dio un manotazo y se tuvo que alinear a lo dicho por el presidente y respaldado por la atracción de la FGR. Al menos hay que reconocer que a AMLO no le pasó lo que a Peña con el caso Ayotzinapa, que por hacerle caso a sus asesores, que le decían que “no se preocupe, ese es un problema local y ya hablamos con Angel Heladio para que lo atienda”, la muerte de los 43 normalistas se le terminó volviendo un problema que afectó a su gobierno y a su imagen y que terminó persiguiéndolo por todo el mundo. López Obrador vio “estudiante muerto en refriega con la policía” y no permitió que el caso lo tomaran en sus manos las instancias estatales y lo intentaran manipular para crearle después un problema mayor… Los dados mandan la segunda Escalera de la semana. Buen tiro.

No hubo grupo o protesta capaz de lograrlo, a pesar de que algunos a lo largo de la historia lo intentaron. No se atrevió Cuauhtémoc Cárdenas cuando en agosto de 1988 encabezó aquella protesta multitudinaria en el Zócalo capitalino, en donde miles de almas le reclamaron tomar medidas extremas y entrar por la fuerza al Palacio Nacional. El ingeniero —responsable de su liderazgo, según sus memorias; tibio para la lucha, según sus críticos— ordenó a la multitud y a sus colaboradores que retrocedieran en su intención de embestir contra la Puerta Mariana y prenderle fuego para avanzar sobre el edificio símbolo del poder político en México.

Pero lo que no se atrevieron a hacer los estudiantes de 1968; los Ferrocarrileros del 48; los barrenderos de Tabasco y el éxodo por la Democracia desde el estado del sureste o algunas otras movilizaciones y protestas históricas para la democracia mexicana, lo hicieron el pasado jueves los normalistas de Ayotzinapa, que en una imagen casi chusca pero también algo patética, utilizaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad para entrar violentamente y por la fuerza a las instalaciones del Palacio Nacional derribando una de las puertas laterales de la calle de Moneda.

El hecho inédito en la historia de las luchas civiles del país y que sólo se había visto en episodios militares como la invasión estadunidense de 1947 o antes durante los asaltos y asonadas golpistas que sufrió en los años convulsos de la Revolución mexicana, ocurrió justo en la primera semana de las campañas presidenciales y a tan sólo 7 meses de que concluya el gobierno del presidente López Obrador. Y no fueron los adversarios, opositores, conservadores o mafiosos del poder los que le fueron a dar portazo al presidente en su propio Palacio y justo cuando llevaba a cabo su actividad más importante y reiterada como gobernante: su sagrada conferencia mañanera, desde donde dicta, ataca, cuestiona y destroza a todo aquel crítico, disidente, opositor o cuestionador de su administración.

Fueron los propios aliados de López Obrador, los mismos que lo apoyaron y se acercaron a su lucha por la Presidencia de la República, los que surgieron apoyados primero en la red izquierdista de derechos humanos y cercanos al PRD y que luego se acercaron a Morena y a su dirigente y luego candidato presidencial para impulsar su campaña ante la promesa de que Andrés Manuel sí les iba a decir la verdad sobre el paradero de sus hijos, sobre los motivos de su desaparición y asesinato; y sobre todo sobre el papel que jugaron las instituciones del Gobierno federal, estatal y municipal, incluido el Ejército Mexicano en aquella trágica y paradigmática noche del 26 de septiembre de 2014.

Tuvieron que pasar casi 4 años, de reuniones a puerta cerrada en Palacio, de reapertura de las investigaciones sobre la batuta del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y de creación de Comisiones para la Verdad para que los nuevos datos y revelaciones, prometidos por el presidente y encontrados por los encargados de las investigaciones, apuntaran directo a los integrantes del Ejército, de su 27 Batallón de Infantería y de las cúpulas militares como participantes, ya sea por obra u omisión, en la desaparición de los 43. Y ahí fue cuando el asunto se topó con pared para el militarista gobierno de la 4T: mientras los generales se lanzaban con todo contra Encinas y sus investigadores y descalificaban sus averiguaciones, los padres de los normalistas exigían que se llegara hasta el Ejército, mientras la FGR se desistía de las órdenes de aprehensión contra militares y lograban reducir el número y el rango de los militares acusados de casi 20 a 7 solamente que hoy acaban de obtener de un juez la cancelación de la prisión preventiva oficiosa.

Con todo eso era cuestión de tiempo para que el movimiento de Ayotzinapa, que ya había desairado y cuestionado las nuevas investigaciones, acusando protección del presidente a los altos mandos militares y ocultamiento de pruebas, para que sucediera algo como lo del portazo y la intrusión a Palacio Nacional. Ahora que si bien los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos se atrevieron a lo que nunca se atrevieron otros grupos de protesta, también hay que decir que las guardias militares que custodian al presidente les permitieron maniobrar e irrumpir violentamente con una camioneta oficial, y nunca intentaron impedir que se consumara la intromisión ilegal.

Al final el presidente, aquella misma mañana desde su pedestal de pastor religioso, condenó el ataque y la intromisión de los normalistas, a los que acusó de radicales, pero aprovechó muy bien el hecho para hacer lo que mejor y más sabe hacer López Obrador: victimizarse y decir que sus enemigos conservadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el senador Emilio Alvarez Icaza, estaban detrás de tan grave intromisión. El legislador independiente no sólo se deslindó de la acusación presidencial, sino que advirtió que “se reserva el derecho de denunciar” al mandatario por calumnias y ataques a su persona, pero dijo que lo haría hasta que dejara el poder.

Al final el portazo de Palacio, con sus  normalistas encapuchados manejando y lanzando la camioneta de la CFE contra la puerta del edificio histórico, no es más que otro de los reflejos que nos recuerdan que ya se acerca el fin de sexenio; que por más que López Obrador hable, hable y no pare de hablar en una campaña eterna y permanente para mantener el poder y que gane su candidata-títere, el presidente se va debilitando cada vez más y a los reportajes desde la prensa extranjera; las evidencias de corrupción de sus hijos difundidos por la prensa nacional; las tendencias en redes sociales que se mantienen en su contra y las tensiones con Washington por su hipersensibilidad a la crítica, ahora los antiguos aliados del presidente, como los Ayotzinapos y en su momento la CNTE, se están convirtiendo en enemigos y adversarios del gobierno, y le van a dar dolores de cabeza.

NOTAS INDISCRETAS… Y hablando de las campañas, mientras el presidente sueña con refinerías de Pemex que produzcan la prometida y también incumplida “soberanía energética”, los candidatos y candidatas presidenciales han empezado a cuestionar las refinerías contaminantes y viejas en varias ciudades de la República, ofreciendo que cerrarían o reubicarían instalaciones petroleras como las de Cadereyta, en Nuevo León; Ciudad Madero, en Tamaulipas, y Tula en Hidalgo y que contamina el aire que se respira en el Valle de México. Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez fueron los dos abanderados que cuestionaron el funcionamiento de esas refinerías que causan polución y emisión de metales contaminantes al ambiente de las zonas metropolitanas de Monterrey, Ciudad de México y la zona de Tampico-Madero-Altamira. Hasta ahora Claudia Sheinbaum no ha criticado ni apoyado la propuesta, pero el que sí brincó de inmediato fue justo el presidente que, en su faceta de cardenista empedernido, sueña con devolverle a Pemex y a la CFE su carácter de empresas monopólicas y fuertes del Estado; aunque la realidad es que ya se le acabó el sexenio y no logró fortalecer ni sanear, al menos financieramente a ninguna de las dos, y ahora ambas serán el blanco de los candidatos a la Presidencia… Se baten los dados. Escalera Doble y la semana comienza muy bien.