La vergonzosa liberación de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, echó por tierra uno de los muy pocos golpes importantes que había dado el gobierno del presidente López Obrador en el combate al narcotráfico, al haber logrado detener al hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que es el criminal más buscado por el gobierno de Estados Unidos en todo el mundo.

Porque es de pena ajena que, cuando el gobierno pretendía responder a las presiones de la Casa Blanca –por la “insuficiente cooperación en el combate al fentanilo” que acusan desde Washington– el informe policial de la detención que presentó la Fiscalía General de la República, que dirige el Fiscal Alejandro Gertz Manero, para pedir la prisión preventiva oficiosa, haya dado pie a que un juez federal ordenara su liberación por “falta de elementos”, al mostrar la defensa un video que contradecía la narrativa de Ministerio Público que decía que la detención de “Don Rodo” se había realizado “en flagrancia” cuando integrantes de la Guardia Nacional que patrullaban por las calles de Autlán de Navarro, Jalisco, se encontraron con tres hombres armados que los amagaron y luego corrieron y se metieron a una casa, a la que los guardias entraron a perseguirlos y ahí detuvieron al hermano del “Mencho”.

En el video en cuestión, que fue presentado como prueba por la defensa del presunto narcotraficante, se aprecia cuando llega la camioneta de la Guardia Nacional a una calle de una glorieta con acceso controlado y no se ve a ningunos hombres armados que los amaguen, pero lo que sí se aprecia es el momento en el que el comando de guardias armados fuerza la entrada de la casa de “Don Rodo” e ingresa sin orden de cateo a detenerlo y esposarlo. Esa fue la prueba que el Juez Federal del Penal del Altiplano, Rogelio León Díaz Villarreal, valoró para cambiar su declaración inicial de una detención ilegal y argumentar que “por irregularidades en su detención” el señor Oseguera Cervantes debía ser liberado de inmediato.

De nada valió que el presidente López Obrador calificara desde el martes pasado el asunto de la captura de “Don Rodo” como “un asunto de Estado” y le pidiera al juez Díaz Villarreal que concediera más tiempo para que el Ministerio Público Federal presentara más pruebas y evidencia que mostraban inconsistencias y ediciones en el video de la defensa que el juzgador había valorado y validado como algo real, cuando según el gobierno federal se trataba de un video truqueado, con cortes y que no tenía un código de autenticidad, según peritos que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La reacción de la FGR y del gabinete de seguridad de López Obrador al enterarse, sorpresivamente de la liberación de “Don Rodo”, ocurrida la madrugada del martes, fue más que furibunda en contra del juez Rogelio León, a quien acusaron de haber dado por real la prueba de los abogados defensores, sin haber escuchado los argumentos y peritajes de la Fiscalía y de las dependencias federales para demostrar que se trataba de un video falso y editado. Fue de tal tamaño la reacción desde Palacio Nacional, que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber “validado la liberación” de Antonio Oseguera Cervantes, aun cuando a los ministros se les había pedido retrasar la salida del presunto narcotraficante, para que se demostrara la invalidez de las pruebas de la defensa.

Incluso Rosa Icela y el presidente hablaron de “un daño grave a la imagen de las instituciones mexicanas” por la decisión del juez de liberar a “Don Rodo”, quien es catalogado por la Defensa como “un operador importante de la logística y la generación de violencia” en la organización criminal que dirige su hermano. Se pone a las instituciones mexicanas en rídiculo internacional, acusaron desde Palacio Nacional, tal y como ocurrió en el caso de la liberación de Rafael Caro Quintero, cuya salida del penal de Puente Grande, ocurrida en agosto de 2013, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Es decir, que al comparar los dos casos de capos liberados por fallos judiciales, en la administración de López Obrador se refirieron a las fuertes fricciones y reclamos que le hizo Estados Unidos a México cuando se dejó libre a Caro Quintero, algo que se entiende, podía ocurrir con el caso del hermano del “Mencho”.

La propia Fiscalía de Gertz Manero anunció que impugnará el fallo del juez Díaz de León al acusar que no le dio tiempo suficiente al MP para poder analizar y mostrar las ediciones y cortes que presentaba el video que cuestionaba el informe policiaco de la detención presentado por las autoridades. Y aunque la Fiscalía está en su derecho de impugnar el fallo judicial y tendría la oportunidad de demostrar que el juez Rogelio León Díaz se equivocó al dictar esa liberación, este caso sin duda se contaminó también de la feroz guerra política que sostienen el gobierno de López Obrador y el Poder Judicial de la Federación.

Y de paso, en el cierre de su sexenio y cuando está más ocupado de meterse a las campañas presidenciales y empujar el triunfo de su candidata Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador se le abre un nuevo frente con los Estados Unidos, desde donde han estado presionando, con comunicados y declaraciones de funcionarios de alto nivel ante su Congreso, porque acusan que “México sí coopera en el tema de la emergencia por el  fentanilo en el territorio estadunidense, pero no hace lo suficiente y su participación en esta lucha podría incrementarse”.

Veremos al final, en la guerra de acusaciones y golpeteos entre el Poder Judicial, el presidente López Obrador y su brazo jurídico que es la FGR, de quién fue el error o la mentira que permitió liberar a Antonio Oseguera Cervantes, si fue otro fallo del equipo del fiscal Alejandro Gertz Manero, que lamentablemente ha cometido muchos en los casos de más alto perfil de este gobierno, o si se equivocó el juez Díaz Villarreal al haber dado por buena una prueba falsa de los abogados del hermano del capo del narcotráfico más buscando del mundo.

NOTAS INDISCRETAS… Otra cosa en donde hay dos partes que se echan la culpa es en la extraña y sorprendente terminación anticipada de la 65 Legislatura federal. Ayer que el presidente recibió a sus bancadas oficialistas en Palacio Nacional, los coordinadores morenistas prácticamente dieron por concluida su gestión legislativa a la que le quedan todavía 4 meses, pues constitucionalmente concluye hasta el próximo 31 de agosto. De hecho el encuentro exclusivo del presidente con sus diputados y senadores, fue manejado como la “despedida” entre el mandatario y los legisladores de Morena, el PT y el Partido Verde. Y es que, al parecer la “línea” desde Palacio Nacional, esa que siempre siguieron ciega y servilmente los congresistas del oficialismo, es que ya no se discuta ni se vote ninguna iniciativa más, porque incluso el presidente ayer culpó a la oposición, a la que se refirió como “los conservadores”, de que no se hayan aprobado varias de las 20 iniciativas y reformas que presentó al inicio de este año como “prioritarias” para el cierre de su administración. Y ayer el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, nos decía en el noticiero “A la Una con Salvador García Soto” que ellos ya daban por concluida la legislatura “porque no vemos ni creemos que la oposición vaya a aceptar un periodo extraordinario” para discutir las reformas pendientes. Sin embargo, también ayer en ese noticiero radiofónico, el senador del PAN, Damián Zepeda, decía que es falso que las bancadas de oposición se opongan a la convocatorio de un periodo extraordinario, y decía que si Morena lo proponía, aceptarían debatir y votar varias de las iniciativas del presidente, aunque se refirió a varias que los panistas consideran “positivas” como la reducción de la Jornada Laboral, la universalidad de la salud, entre otras. “Yo reto a los coordinadores de Morena y al presidente López Obrador a que nos convoquen a un extraordinario y yo me comprometo a convencer a los panistas para que acepten y entremos a votar varias propuestas del presidente, no con las que quiere someter o controlar al Poder Judicial o a los órganos autónomos, pero sí otras que nosotros en el PAN siempre estuvimos dispuestos a aprobar, que las votamos a favor en comisiones, y que Morena por indicaciones del presidente prefirió frenar su discusión para dar prioridad a los caprichos del presidente”, dijo al aire el senador Zepeda. ¿Y entonces, quién es el que le saca al parche y no quiere ya periodos extraordinarios o, más bien, quién es el que tiene prisa por que los senadores y diputados ya se vayan a hacer campaña a sus estados y ayuden a las candidatas y candidatos de Morena?… Los dados mandan Escalera Doble. Mejora el tiro.

Justo ayer que concluyó, entre gritos y sombrerazos la penosa 65 Legislatura del Congreso de la Unión, el presidente López Obrador citó en Palacio Nacional a los diputados y senadores de Morena y a los de sus esbirros del PT y el PVEM, para hacerles una “despedida” y agradecerles los favores recibidos con la aprobación de leyes fast track, con fallas de técnica legislativa y sin consultar en muchos casos a los ciudadanos.

Aunque varias de esas reformas secundarias y constitucionales que le aprobaba ciegamente la mayoría de su partido en las dos cámaras federales terminaron derogadas y declaradas inconstitucionales por parte de la Suprema Corte, el presidente sabe muy bien que tuvo en las bancadas de la 4T a legisladores serviles, agachados e incondicionales que, con el pretexto de su lealtad política, antepusieron los intereses políticos y los caprichos presidenciales a las normas parlamentarias y, en varios casos, a los intereses y derechos de los ciudadanos.

Por eso el agradecimiento de López Obrador a sus diputados y senadores está más que justificado, porque igual que lo hicieron en su momento las mayorías del PRI y las del PAN después, los legisladores de Morena terminaron actuando no como representantes de uno de los tres Poderes del Estado Mexicano, sino como empleados y subordinados del presidente que lo mismo aprobaban los presupuestos sin moverles ni una cifra, que pasaban leyes y reformas delicadas al vapor y sin modificar una sola coma de lo que les pedía su Jefe Político.

Al final la legislatura que termina no será necesariamente una de las más memorables para el país. Su desempeño estuvo marcado por la polarización política, la falta de acuerdos por incapacidad y falta de oficio de los coordinadores parlamentarios y, sobre todo, por una marcada injerencia ilegal e inconstitucional del presidente que no sólo daba “línea” a sus diputados y senadores, al viejo estilo del PRI, sino que abiertamente interfería en las labores del Congreso obligando a sus bancadas a no hacer su trabajo y frenar nombramientos para varios órganos autónomos como el INAI o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al mismo tiempo que amenazaba y presionaba a sus legisladores, el presidente López Obrador atacaba y denostaba un día sí y otro también a los diputados y senadores de la oposición a los que no recibió ni una sola vez, como partidos y bancadas, en el Palacio Nacional, algo que sí solían hacer los presidentes priistas y panistas que igual les daban “línea” a sus bancadas legislativas, pero tenían la educación y la cortesía política de invitar a reunirse y a dialogar en varias ocasiones a las bancadas opositoras.

En ese sentido el presidente López Obrador terminará siendo el más antidemocrático de los mandatarios mexicanos de la era contemporánea. Porque siendo el presidente de todos los mexicanos y el Jefe del Estado, siempre actúo y se condujo como si fuera solo presidente para los de Morena y para sus fieles seguidores y simpatizantes. Nunca se dignó dialogar ni invitar a su fastuoso Palacio a los dirigentes de los partidos de oposición, mucho menos a sus bancadas, y por el contrario siempre se refería a ellos con desprecio, con adjetivos y con descalificaciones.

El único intento fallido de diálogo con los opositores en este gobierno lo encabezó en 2023 el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ofreció una mesa de diálogo al PAN para analizar juntos temas y problemáticas de la agenda nacional. El representante panista para ese fallido diálogo era Santiago Creel que estuvo en un par de ocasiones en el Palacio de Bucareli para esbozar una agenda mínima de conversaciones con el gobierno de López Obrador, pero al final todo quedó en una intención fallida, porque las aspiraciones de Adán Augusto para ser candidato de Morena terminaron reventando el diálogo antes de que siquiera tomara forma.

Fuera de esa ocasión y de alguna vez que invitó a senadores de la oposición a algún evento en Palacio Nacional, el tabasqueño siempre tuvo una política de “puertas cerradas” para la oposición y para sus bancadas legislativas. Eso sí, a los de Morena los recibía siempre al inicio y al final de los periodos legislativos para apapacharlos y al mismo tiempo para darles la “línea” de lo que tendrían que aprobar sin chistar, sin pensar y en muchos casos sin siquiera leer las iniciativas y reformas que le votaban siempre a favor al presidente.

Al final lo que refleja la actitud de Andrés Manuel López Obrador, además de su autoritarismo antidemocrático y su fanatismo del Jefe Político de su partido, que prometió hasta el cansancio que no sería, es también el desprecio que siempre ha sentido hacia los cargos legislativos. Ese desprecio y menosprecio por el trabajo legislativo ni siquiera es de este sexenio.

En 2009, para las elecciones de intermedias de aquel año, después de que había pasado su plantón en Reforma, su denuncia de fraude y su “presidencia legítima”, la dirigencia nacional del PRD, dominada por Los Chuchos, le ofrecieron que se presentara  como candidato a diputado federal y fuera líder de la bancada perredista en aquellos comicios. Pero Andrés Manuel se negó y dijo que a él no le interesaba ser diputado, ni siquiera coordinador. ¿Por qué?, le preguntaron. “Es un cargo que la gente desprecia, los ven como levantadedos, es un cargo indigno”, respondió el ahora presidente.

Por eso se entiende por qué trató como trató a los diputados y senadores de las dos legislaturas que le tocaron en su sexenio, tanto a los morenistas, a los que les dio trato de criados y subordinados, como a los opositores, a los que de plano ni los vio ni los oyó durante todo el sexenio. Nomás que a los suyos sí los invito a Palacio para despedirlos y de paso agradecerles al puro estilo del general Agallón Mafafas. “Muy bien muchahitos, muy bien muchachitos”.

NOTAS INDISCRETAS… La Cuauhtémoc es sin duda una las alcaldías más disputadas en la Ciudad de México, por todo lo que representa y por ser el asiento de los Poderes Federales. La pelea por gobernar la céntrica demarcación, como el resto de la contienda capitalina, se está poniendo cada vez más intensa entre Morena y la alianza opositora del PRI-PAN-PRD. Los morenistas buscan reconquistar la alcaldía que gobernaron de 2015 a 2021, con Ricardo Monreal y Néstor Núñez, y que perdieron a manos de la coalición opositora en la triste derrota de las elecciones intermedias del 21. Para nadie es un secreto que la Cuauhtémoc terminó siendo una especie de “premio de consolación” para Monreal después de su fallida aspiración presidencial y la postulación de su hija, Caty Monreal, si bien atendió al criterio de género y a la trayectoria propia de la candidata, fue desde el inicio una apuesta fuerte de Morena para tratar de recuperar la alcaldía con la operación de los Monreal. Del lado opositor enviaron a una candidata también mujer y también joven, Alessandra Rojo de la Vega y la pelea entre las dos abanderadas ha sido palmo a palmo por el territorio cuauhtemense. A un mes de la elección, la encuestadora Mitofsky, de Roy Campos, acaba de dar a conocer un sondeo que levantó en la alcaldía Cuauhtémoc entre el 20 y el 24 de abril pasados. Y los resultados hablan de la feroz disputa que se libra en esa alcaldía: Caty Monreal aparece a la cabeza de esta encuesta con 46.6 de las intenciones del voto, seguida por Alesandra Rojo con 37.2 y muy atrás con 7% el candidato de MC, Herman Domínguez. Los poco más de 8 puntos de la candidata morenista parecen ser una ventaja, mínima, pero ventaja. Sin embargo, como dicen los cronistas deportivos, esto no se acaba hasta que se acaba y estamos a 4 semanas de saber el desenlace de esta y del resto de las elecciones capitalinas el 2 de junio… Ruedan los dados. Capicúa. Se repite el tiro.

El desvío de recursos públicos a las campañas políticas es algo que, por iniciativa del presidente López Obrador, aprobada por la mayoría de Morena, fue elevado al tipo de delito grave en el Código Penal Federal y en las leyes electorales. Pero hay morenistas que no sólo violentan esa ley sino que también hacen quedar en rídiculo los principios lopezobradoristas. Es el caso de las denuncias en contra de Daniel Serrano Palacios, consejero Nacional de Morena, a quien señalan al menos dos exalcaldesas morenistas, de haberles pasado la charola por recursos públicos, para un supuesto apoyo a las actuales campañas morenistas en el Estado de México y de haberles pedido entre 2 y 16 millones de pesos a cambio de la reelección de esas dos presidentas municipales.

Las denuncias, que han desatado un escándalo y una pugna interna en Morena mexiquense, han llegado incluso hasta el cuartel de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, donde prendieron los focos rojos ante la posibilidad de que las revelaciones de dichos desvíos lleguen a manos de la oposición y sean utilizadas para afectar al partido Morena, tanto a nivel nacional como en los comicios mexiquenses este 2 de junio, cuando se renuevan el Congreso local y los municipios de esa entidad, en la que la gobernadora Delfina Gómez busca consolidar el dominio del morenismo que comenzó con su llegada al poder hace 7 meses.

Hay al menos dos acusaciones directas en contra de Daniel Serrano, actual alcalde con licencia y candidato a la reelección en Cuautitlán Izcalli. Las exalcaldesas morenistas de Los Reyes la Paz, Olga Medina Serrano, y Gabriela Contreras Villeras de Teoloyucan, afirman que Serrano les pidió entre dos y hasta 16 millones de pesos para que pudieran ser candidatas a su relección.

Serrano Palacios es además señalado de haber obtenido su candidatura a la reelección a través de engaños a la dirigencia de Mario Delgado y con la presunción de su “cercana amistad” con Claudia Sheinbaum. Su designación generó malestar en la militancia de Morena, sobre todo porque se ha encargado de dividir el partido e incluso de confrontar y romper relaciones para desconocer, con ello a sus compañeros morenistas y candidatos a diputado federal y local, Xóchitl Zagal y Karim Carvallo.

Olga Medina fue una de las denunciantes que acusa que cuando fue alcaldesa de Los Reyes la Paz, soltó que en 2021, Daniel Serrano le pidió dos millones de pesos para conservar la reelección. Mientras que su par de Teoluyucan, Gabriela Contreras, asegura que el consejero nacional de Morena le exigió 16 millones de pesos para financiar campañas en la entidad mexiquense.

En aquel momento, dicen las dos exalcaldesas de Morena, la petición de Serrano era que en al menos seis municipios, tenían que “sacar dinero del erario público, porque, en el plano nacional todavía no había abierto el dinero”.

Los focos rojos que encendieron en la campaña presidencial de Morena es porque la ruptura en el partido en el Estado de México puede generar una derrota en municipios que se tenían ganados para Sheinbaum, entre ellos Cuautitlán Izcalli.

Y es que la holgada ventaja que parecía tener Morena en toda la zona norte de Cuautitlán Izcalli, hoy, por las denuncias contra el Consejero Nacional de Morena están disminuyendo y mermando esa ventaja. Si ya el escenario para Morena en la Ciudad de México se ve muy complicado, si a eso se añaden derrotas en el Estado de México, Claudia Sheinbaum tendrá problemas para su votación nacional. Veremos si Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández, hacen algo respecto a las divisiones morenistas y las graves denuncias de corrupción. ¿Morenistas amafiándose para sacar dinero del erario público y financiar campañas o cobrar por reelecciones? Oxígeno puro para la oposición.

NOTAS INDISCRETAS… Y hablando de la guerra electoral y política que se libra en el Estado de México, luego de las especulaciones de que en el debate presidencial Claudia Sheinbaum pretendía revelar nuevos nombres de panistas de otras entidades de la República vinculados al llamado “Cártel Inmobiliario”, algo que no ocurrió porque el tema fue vetado por el INE en el debate a petición del IECDMX, desde el cuartel panista de Enrique Vargas, acusan la existencia de una “guerra sucia” en contra del candidato al Senado de la República, la cual atribuyen a su posicionamiento en las encuestas electorales. Aseguran que Vargas empezó con 15 puntos abajo en la campaña al Senado de la República, hoy, a dos meses de recorrer nuevamente los municipios del Estado de México, pero ahora se coloca en empate técnico sobre su principal contrincante, por lo que de continuar con esas tendencias el panista de Huixquilucan podría arrebatarle esa senaduría a Morena…

Para que no quedara ninguna duda de quién manda en la campaña presidencial, el presidente López Obrador salió ayer a festejar el resultado del segundo debate presidencial, el cual dijo: “Me gustó mucho, mucho, mucho” y de tan contento que estaba hasta se aventó la violación legal de decir que “Sheinbaum va a ganar”, celebrando no sólo que en su partido “vamos muy bien”, sino que en el país “todo marcha muy bien, todo en Santa Paz”. La euforia de López Obrador contrastó claramente con el enojo y el berrinche que hizo, en público y en privado, por el primer debate de los candidatos presidenciales, el cual salió públicamente a descalificar por las críticas y ataques a su gobierno y porque —eso no lo dijo en público pero sí se quejó en privado— su candidata, Claudia Sheinbaum, no había defendido a su administración ni a los logros de la 4T ante los ataques de la opositora Xóchitl Gálvez y hasta de los moderadores que al presidente también le parecieron muy críticos a su gobierno. Y el cambio notorio y que se vio a nivel nacional de Sheinbaum, que se dedicó todo el debate a exaltar las obras, logros y avances de la 4T y del presidente, al que mencionó por su nombre en varias ocasiones, no deja lugar a ninguna duda sobre quién manda todavía en la campaña presidencial de Morena. La gran incógnita nacional y que se formulan muchos mexicanos es si Andrés Manuel también seguirá mandando en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum…

Tan contentos como el presidente andaban ayer también en el cuartel de la campaña de Xóchitl Gálvez. Para los estrategas y colaboradores de la candidata de Fuerza y Corazón por México, su candidata “ganó claramente el debate” y logró colocar varios golpes secos y contundentes a su contrincante de Morena, además de resaltar que Gálvez supo presentarse a los mexicanos “como realmente es” y también posicionó sus mensajes de cambio hacia los mexicanos. Ahora habrá que ver si todo ese festejo y autohalagos se traducen en un avance de Xóchitl en las encuestas, porque si no será una alegría efímera para los aliancistas opositores…Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

Controvertida, altanera y prepotente, la exsecretaria de Energía del gobierno federal y actual candidata de Morena al gobierno de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle, se está convirtiendo en un problema para la 4T por las escandalosas revelaciones sobre sus múltiples propiedades en México y en el extranjero. Departamentos de lujo en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, y en la zona de Central Park en Nueva York, son solo algunos de los inmuebles que, según documentos que presenta el empresario veracruzano Arturo Castagné, poseen la señora Nahle y su esposo, José Luis Peña, además de la lujosa residencia que habita en Alvarado y que ella afirma que es rentada.

Lo que empezó como un tema de redes sociales, en donde Castagné comenzó a publicar datos y documentos sobre un crecimiento inusitado en el patrimonio y las cuentas personales de la familia Nahle-Peña, ha crecido a tal nivel que ya se presentaron denuncias penales en la Fiscalía General de la República, por parte del empresario de Veracruz que acusa a la candidata morenista de un enriquecimiento inexplicable a partir de que fue titular de Energía del gobierno de López Obrador y dirigió personalmente la costosísima y opaca obra de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Junto con Nahle, el denunciante también acusó a José Luis Peña, el esposo de la morenista, a quien le pide a la FGR investigarlo por realizar operaciones financieras hasta por 100 millones de pesos. Tanto la exsecretaria de Estado como su esposo fueron señalados en reportajes, investigaciones periodísticas y denuncias de empresas contratistas de Dos Bocas por incurrir en un ilegal tráfico de influencias al favorecer con contratos a consorcios y empresas de reciente creación como el conglomerado Huerta Madre, en el que asociado con las compañías holandesas Van Ord, obtuvieron un contrato por casi 5 mil millones de pesos en una de las primeras etapas de Dos Bocas. Lo extraño es que el grupo Huerta Madre, propiedad de Manuel Santandreu, quien es compadre del esposo de Nahle, José Luis Peña, se constituyó el 17 de mayo de 2019, tan solo una semana antes de que el gobierno federal le otorgara ese contrato millonario que sería el primero de otros más que recibió.

La campaña de denuncias emprendida por el empresario Arturo Castagné, que también ha exhibido una residencia en el Pedregal de la Ciudad de México a nombre de un familiar cercano de la exsecretaria, de un departamento en Cancún y de otras propiedades de las que publica escrituras y registros oficiales, ha sido respondida por la candidata de Morena con un discurso en el que se victimiza y dice ser objeto de “una campaña difamatoria por parte de nuestros adversarios”. Nahle, quien dice no conocer a Castagné pero lo ubica como alfil de su contrincante aliancista a la gubernatura, José Yunes Zorrilla, publicó un comunicado el pasado 13 de abril en el que, sin presentar prueba o documento alguno, sostiene que “todo son calumnias y mentiras” en su contra, e incluso esta semana anunció que demandaría penalmente al empresario de Veracruz por “difamación y daño moral”.

Veremos si la FGR hace su trabajo o si, como ha sido la constante, el fiscal Gertz Manero congela e ignora las denuncias en contra de Nahle, como lo ha hecho con varias denuncias que se presentan contra funcionarios e integrantes de la 4T. Por ahora, lo que va quedando claro es que la abundancia le llegó a la señora Nahle, que sin invocarla como lo hacía Karime Macías, la esposa del exgobernador veracruzano, Javier Duarte, simplemente la encontró y, al parecer la aprovechó, cuando el presidente le otorgó una confianza ciega y la puso al frente de una de sus obras faraónicas. Una obra por cierto cuyo costo casi se triplicó del presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares, que ha sido totalmente opaca en cuanto a sus procesos y licitaciones, y que para colmo ha sido objeto de varias mentiras en cuanto a las fechas en las que supuestamente iba a comenzar a refinar petróleo.

Ayer, ante la revelación del departamento que supuestamente ocupa en Manhattan, a unos 100 metros de Central Park, la candidata morenista en Veracruz negó tener propiedades en el extranjero y dijo que todas sus declaraciones patrimoniales han sido presentadas y son públicas. Y, en su defensa, de cara a la elección veracruzana donde las encuestas difieren porque algunas le dan ventaja de entre 13 y 20 puntos, aunque otras la ponen prácticamente empatada con el candidato de la alianza opositora, José Yunes, la señora Nahle recurrió de nuevo a la victimización, ahora por su género: “Ha sido un patrón de conducta de mis opositores que hoy participan en la contienda electoral de atacar denigrar y violentar a mujeres y hombres que están involucrados en el contexto público en el estado, porque su vida y actuar es tan turbio y corrupto que pretenden enlodar a todos quienes se cruzan en su camino”, dijo ayer en un comunicado.

La realidad es que la corrupción no tiene género y la señora Nahle, más que victimizarse y acusar una campaña denigratoria en su contra, debería ser clara sobre su patrimonio, ya sea a nombre suyo, de su esposo o de sus familiares cercanos. Porque bien dice el dicho que también repite en sus rollos mañaneros el presidente: “Hay dos cosas que no se pueden ocultar”, y una de esas dos cosas es el dinero. La otra se las dejamos de tarea.

NOTAS INDISCRETAS… Arrancaron ayer las campañas locales en el Estado de México, en una elección en la que los mexiquenses definirán si le dan más poder al gobierno de Morena, con la mayoría en el Congreso y las principales alcaldías, o si buscan contrapesos y equilibrios políticos con su voto. En todo caso, a partir de la realidad de violencia política que está afectando a estas elecciones a nivel nacional y en otras entidades, el gobierno estatal y el Instituto Electoral del Estao de México diseñaron de manera conjunta un Protocolo de Seguridad y Análisis de Riesgo para Candidatos y Candidatas en los comicios mexiquenses. Para garantizar condiciones de seguridad a quienes contienden por un cargo de elección, el secretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade, ha establecido diálogo fluido con los partidos y sus dirigencias y para agilizar la coordinación, además de que se usará inteligencia para la realización del análisis de riesgos correspondiente para atender las solicitudes de protección y seguridad de la manera más ágil. Veremos si esos protocolos funcionan o si los candidatos mexiquenses terminan tan expuestos y vulnerables como los de otros estados… Y para muestra otro botón de los que tristemente abundan en estas violentas elecciones. Ayer en Guadalupe, Nuevo León, un comando armado disparó varias ráfagas de bala a la camioneta de la candidata a alcaldesa de ese municipio, Linda Villa, del Partido local “Vida”. Por fortuna, la abanderada no se encontraba en ese momento en su camioneta porque ella y su equipo hacían campaña a unas cuadras de donde balearon el vehículo. Pero es claro que el crimen organizado, vinculado a políticos locales, está decidiendo en este país quién puede o no ser candidato a un cargo de elección, eso es ya tan claro que por lo pronto la candidata Linda Villa ya declaró que piensa bajarse de la contienda. ¿Quién manda ahora en la democracia mexicana, los narcos o los votantes?… Y hablando de democracia, el debate que se produjo en el Senado ante la aprobación de las reformas a la Ley de Pensiones fue tan fuerte, como el tema de que el gobierno tome bajo su administración ahorros de los trabajadores que tengan sus cuentas de Afore inactivas. Y en medio de las discusiones en tribuna, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien preside la Comisión del Trabajo, se subió a tribuna para decir que esta es una reforma que beneficia a los trabajadores y que les quita a los banqueros las utilidades que estaban obteniendo de esas cuentas inactivas. Gómez Urrutia acusó a los senadores de la oposición panista de que “representan los intereses de los banqueros” y sostuvo que el dinero de los trabajadores seguirá a disposición de éstos y no será confiscado ni tomado por el gobierno. Mientras hablaba Gómez Urrutia en la tribuna senatorial, la senadora Lilly Téllez comenzó a pasar enfrente de él con una foto de la senadora Citlalli Hernández, en cuyo rostro puso la leyenda de “Se Busca”, acusando que la también secretaria general de Morena no se presenta a las sesiones del Senado por andar haciendo campaña, aunque no pidió licencia a su cargo. La intromisión de la senadora Téllez, que se veía en las cámaras del Senado tapando por momentos al orador, molestó a Napoleón que tuvo que ser movido a otra tribuna para evitar que la imagen de Lilly se viera en su intervención. Al final, en medio de gritos y sombrerazos la mayoría de Morena se impuso también en el Senado y en medio del fuerte debate, contrastó la intervención del senador panista Víctor Fuentes, que pidió hacerle una pregunta a Gómez Urrutia y comenzó diciendo que respetaba al senador y líder del sindicato Minero. “El senador Napoleón Gómez sabe lo que lo admiro y lo respeto. Lo considero un hombre sumamente sensible. Hay algunos senadores de la izquierda que en verdad los considero hombres con muchas cualidades y el senador lo es, y lo digo en público y en privado”, dijo el senador panista, quien luego le preguntó al senador morenista que dijera de cuánto era la utilidad que obtenían, en intereses, los banqueros por las cuentas inactivas de Afores que se apropió el gobierno. Según el senador morenista, tan solo en el año 2023 las Afores cerraron con ganancias de 464 mil millones de pesos, cantidad que acumulada a lo largo de 15 años resulta en más de 3 billones de pesos en rendimientos, según las cifras que citó el senador. Y según Gómez Urrutia con el Fondo del Bienestar se evitará que los banqueros sigan lucrando con los intereses y las comisiones que cobran a los trabajadores. En fin que, en medio de tantos jaloneos y diferencias, cuando quieren los senadores también saben debatir con altura… Los dados cierran la Semana con Escalera Doble. Buen fin de semana y descanso para los amables lectores.

En una de esas reglas no escritas del sistema político mexicano, el último periodo de sesiones de una Legislatura del Congreso de la Unión, en un año de elecciones presidenciales, era prácticamente un tiempo muerto. En los meses finales de cada sexenio, por un acuerdo tácito y práctico entre partidos y fracciones parlamentarias, ya no se discutían reformas legales importantes ni se llevaban al pleno iniciativas trascendentes porque esos meses de cierre legislativo en las Cámaras de Diputados y Senadores las campañas presidenciales y la lucha por el poder lo contaminaban todo y dificultaban cualquier tipo de acuerdo, entendimiento o negociación en el Congreso.

Pero como muchas otras cosas de la era priista y panista, en cuanto a usos y costumbres del sistema político, esa regla no sólo cambió en el sexenio que termina, sino que ahora las bancadas de Morena y el presidente López Obrador están aprovechando justo el tiempo de las campañas presidenciales, con toda su carga de polarización y cofnrontación política, para impulsar e imponer, con sus mayorías simples, reformas a leyes secundarias que, por su trascendencia e impacto en temas sensibles para los ciudadanos, ameritarían una discusión y un debate a fondo no sólo entre los parlamentarios, sino también consultar y escuchar a los sectores de la población que se verán afectados y a los expertos en los temas.

Las reformas a la Ley de Amparo, Ley de Amnistía y a la Ley de Pensiones representan cambios legales que impactan temas tan delicados como los derechos humanos, el sistema de justicia y equilibrio entre poderes y el ahorro de los trabajadores para su retiro. Cualquiera de esos tres cambios, por tocar temas tan sensibles y delicados, hubieran ameritado ejercicios de parlamento abierto donde el Congreso, con sus dos Cámaras, escuchara todo tipo de opiniones de expertos en las distintas materias, de organizaciones civiles y de los ciudadanos directamente afectados por cambios legislativos de esta magnitud.

Pero muy lejos de eso, el presidente López Obrador ordenó y los diputados y senadores de Morena obedecieron ciegamente, como siempre lo hicieron en este sexenio, que había prisa por sacar esas reformas legales y que las bancadas oficialistas tenían que hacer valer su mayoría tanto en el pleno como en las comisiones legislativas, para aprobar a como diera lugar y en procesos rápidos o vía fast track, como se dice en el argot legislativo, los ya referidos cambios legales que son de interés prioritario para el presidente y su ambición de continuidad de su movimiento en el poder.

¿Cuál es la razón de tanta prisa y premura para aprobar, sin mayor debate, consultas o discusión cambios tan delicados a las leyes mencionadas? Todo indica que, sabedor de que será muy difícil que los electores le otorguen de nuevo una mayoría legislativa a Morena, aun cuando pudieran ganar la elección presidencial, el presidente López Obrador decidió, en su valemadrismo y pragmatismo de fin de sexenio, que había que usar la aplanadora legislativa para sacar esas tres reformas que están siendo aprobadas en medio de mucha controversia y que, es un hecho, terminarán todas impugnadas por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es decir, que como sabe que, aun manteniendo la presidencia para Morena, no tendrá mayorías ni simples ni absolutas en ninguna de las dos cámaras, el presidente se adelanta y, pensando ya transexenalmente, utiliza a sus bancadas legislativas para blindar y proteger a su candidata, cuando aún ni siquiera se producen las votaciones presidenciales.

De paso, además de blindar a su movimiento para el futuro, el presidente se aprovecha para cobrar venganzas y facturas con reformas como la de la Ley de Amparo, con las que claramente López Obrador se venga del Poder Judicial por haberle frenado, vía las suspensiones provisionales, sus principales obras y reformas constitucionales como la energética, además de pararle en varias ocasiones el Tren Maya por violaciones legales y daños ambientales.

Con la reforma a la Ley de Amnistía el tema es aún más perverso. Porque aunque no se sabe para qué quiere tener ese enorme poder de liberar delincuentes sentenciados o presuntos delincuentes bajo proceso, va quedando claro que AMLO quiere sacar de la cárcel a algunos personajes que le puedan servir como “testigos” para armar casos y expedientes judiciales contra quien él quiera. El mismo mandatario ayer reveló que uno de los primeros que podría amnistiar y pedir su liberación es el peligroso secuestrador de la banda de Los Zodiacos, Israel Vallarta, quien no ha sido sentenciado por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, pero tiene en su haber al menos otras 7 denuncias por secuestros comprobados y juzgados.

¿Para que quiere el presidente al secuestrador Vallarta, al que su gobierno ha tratado de ayudar desde el inicio del sexenio y buscar su liberación? Ayer mismo en la mañanera, reveló que el delincuente tiene información que involucra a Genaro García Luna, en cuya gestión al frente de la Seguridad federal fue detenido Israel Vallarta. Lo que ya no dijo el presidente, pero también parece ser su intención con este cambio a la Ley de Amnistía, es que Vallarta también podría acusar e involucrar a un periodista crítico de este gobierno como es Carlos Loret de Mola. ¿Para eso quiere tener el superpoder de amnistiar delincuentes López Obrador? ¿Para vengarse de sus adversarios, opositores y críticos?

La tercer reforma controversial que se procesó con prisas y sin consultas amplias, es la de la Ley de Pensiones. Mientras la oposición y algunos especialistas hablan de una “confiscación” de las cuentas de retiro de los trabajadores (especialmente los que tiene cuentas abandonadas, inactivas o que no han cobrado), el presidente y las bancadas de Morena sostienen que la decisión de tomar ese dinero que pertenece a los trabajadores es con la “buena intención” de crear un Fondo, el de las Pensiones del Bienestar, que ayude a complementar y aumentar los montos de jubilación para trabajadores de más bajos ingresos. La duda que causa todo tipo de suspicacia es ¿por qué eso era urgente y prioritario en estos momentos en que ya se acaba el sexenio y por qué no podía esperar a que empezara la nueva legislatura y el próximo gobierno federal en septiembre próximo?

Está claro, pues, que las cuentas alegres que venden la mayoría de las encuestadoras, que siguen anticipando un triunfo contundente y holgado para Morena en la Presidencia, no son para nada las mismas en la elección de diputados y senadores al Congreso de la Unión. Vaya, como ya se les cayó también su llamado “Plan C”, ahora el presidente recurrió, en la agonía de su gobierno, al “Plan G”, de garrote con el que impuso su mayoría legislativa para sacar leyes que, aunque puedan ser controvertidas y declaradas inconstitucionales, son un acto de venganza y prepotencia del mandatario saliente.

NOTAS INDISCRETAS… Cada vez más fuerte es el tono con el que se acusan y se contestan el presidente López obrador y su “amigo”, el empresario Ricardo Salinas Pliego. Ayer ante la acusación que hizo en su mañanera de que el dueño de TV Azteca censura y “les da línea” a los conductores de sus programas y noticieros, Salinas Pliego respondió acusando de “mentiroso” al mandatario: “Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el #bañagatos de @jesusrcuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Y la ‘lealtad a ciegas’ que AMLO le exige a sus colaboradores, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente no existe. Nosotros en Grupo Salinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de ‘arriba’. Vámonos a trabajar pues, que estos #Gobiernícolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien… del dinero de la gente!”, escribió el empresario en sus redes sociales. Como diría El Buki, ¿A dónde vamos a parar en este pleito al que no se le ve salida o negociación alguna? Al menos no por el momento… Se lanzan los dados. Tocó Escalera Doble.

Todos los presidentes mexicanos de la historia —quizás al igual que la gran mayoría de los mexicanos— han tenido en sus sexenios una relación de amor-odio con Estados Unidos. Habrá unos más proyanquis y otros menos, pero cada presidente de México de las últimas décadas ha sido cuidadoso siempre al referirse públicamente a la relación con el vecino del norte, sabedor de la relación de dependencia y sociedad que mantenemos con ellos. Y esos mismos mandatarios que en público elogiaban y reconocían al tío Sam, en privado solían despotricar y quizás hasta mentarles la madre a los gringos, aunque ni eso ni muchas de sus opiniones reales y personales, jamás se atrevieron a expresarlo en público.

Por eso el caso de Andrés Manuel López Obrador es, como en muchas otras cosas, la de un presidente “atípico”, dirían sus críticos, y “único e irrepetible”, en la visión de sus seguidores y fanáticos. Y en su manejo de la siempre compleja y desigual relación con Estados Unidos, el mandatario tabasqueño también se ha diferenciado de muchos de sus antecesores, por su forma tosca, directa y demasiado honesta de decir lo que en realidad piensa del principal socio y vecino de México.

Durante la mayor parte de su gobierno, el presidente delegó la relación con Washington a la operación personal y política de Marcelo Ebrard y de la entonces embajadora mexicana Martha Bárcena. En un principio fueron los dos operadores, pero al estallar el pleito irreconciliable entre el canciller y la embajadora, el presidente optó por darle toda su confianza a Marcelo y eso llevó a la renuncia de Bárcena que, en un gesto de dignidad, le pidió su relevo al presidente. Así que Ebrard prácticamente llevaba con su equipo todo el diálogo y los entendimientos con la administración de Donald Trump.

Y mientras López Obrador se entretenía jugando a convertirse en el “nuevo líder de Latinoamérica” y consentía a sus amigos dictadores de Cuba y Venezuela, Marcelo funcionó como el “apagafuegos” con Washington, cada vez que el presidente soltaba un golpe contra la Casa Blanca, algo que se recrudeció con la llegada de la administración Biden, porque mientras con Trump siempre tenía elogios y rara vez lo cuestionaba, con el actual presidente demócrata López Obrador ha sido no sólo duro, sino por momentos crítico y contrario a las posiciones y prioridades de Estados Unidos.

El sexenio que termina ha estado plagado de ataques verbales y declarativos del presidente mexicano hacia el gobierno de los Estados Unidos. Nada menos ayer se produjo el más reciente con la descalificación que hizo el inquilino del Palacio Nacional en contra del Departamento de Estado estadunidense y su Informe 2023 sobre Derechos Humanos en el mundo. Ante la calificación y los comentarios negativos que se hacen en dicho informe, cuestionando la falta de justicia, la impunidad y las violaciones de derechos humanos en México, el presidente estalló ayer contra la segunda dependencia en importancia en el organigrama de la Casa Blanca: “Se creen los jueces del mundo”.

El enojo de López Obrador no fue tanto que el Departamento de Estado hablara de un México en el que impera la impunidad y se violentan derechos de los ciudadanos; lo que en realidad le molestó fue que el informe de la Casa Blanca cuestionara “los constantes ataques que ha recibido la justicia” en México y señalara que tanto el presidente como otros de sus colaboradores “atacaron verbalmente al Poder Judicial, particularmente a la Corte Suprema, criticando a los jueces que fallaron en contra de la Administración en numerosas ocasiones”. Eso fue lo que en realidad le caló al presidente mexicano:

“El Departamento de Estado sacó una resolución hablando de que en México se violan los derechos humanos y ellos situándose como los jueces del mundo, nosotros somos respetuosos con ellos, ellos deberían ser respetuosos con nosotros”, dijo López Obrador ayer en su conferencia matutina. Y ya encarrerado siguió su perorata contra la administración Biden. Dijo que él no cuestiona que las autoridades de Estados Unidos tengan a “un candidato hostigándolo en los juzgados”, en referencia a las acusaciones y juicio contra Donald Trump; luego cuestionó el papel de Washington en la guerra de Gaza y mencionó otros yerros del presidente Joe Biden. “¿Por qué destinas miles de millones de dólares para la guerra, y por qué no liberas a Assange, que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atienden a los jóvenes que fallecen por la adicción a las drogas, al fentanilo? ¿Por qué reprimes, maltratas a los migrantes?”, preguntó Andrés Manuel.

Ese no es el primero ni será el último golpe de López Obrador a nuestro principal socio comercial y vecino. Pero en Washington tienen memoria y no olvidan, por eso, en su relación de “amor-odio” con la Casa Blanca el mandatario, sobre todo en la agonía de su sexenio, no debería perder eso de vista.

Los dados mandan Escalera Doble. Subimos.

En menos de una semana la candidata presidencial de Morena tuvo dos episodios en su campaña que contradicen completamente su discurso de que “todo está bien” y de que la 4T está dando “buenos resultados y avances” en áreas tan sensibles para los mexicanos como la seguridad y la salud. Primero fue en Chiapas, el viernes paado, donde Claudia Sheinbaum recibió un primer golpe de realidad sobre la crítica situación del sistema de salud pública a nivel nacional. Cuando la abanderada morenista le preguntó al público que acudió a un evento suyo en el municipio de Chilón: “¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo bien?”, y la respuesta que le dieron a coro sus simpatizantes fue más que clara: “¡Nooo… maaaal!”, le respondieron a coro los chiapanecos.

Pero ella todavía quiso insistir: “¿Qué les falta?” y fue preguntando si les faltaban médicos, enfermeras, medicamentos, y otra vez la contestación fue unánime y al unísono de los habitantes de Chilón a cada uno de los cuestionamientos de la candidata: “¡Todoooo!”, le repitieron tres veces, ante la sonrisa incómoda de la candidata, que lejos de responder directamente a las quejas de sus seguidores sobre las carencias y faltantes en los centros de salud, se salió por la tangente ignorando los gritos de respuesta y se limitó a decir que el gobernador Rutilio Escandón había firmado un convenio con el presidente López Obrador “para que entre en Chiapas un nuevo sistema de salud”.

Ese fue el primer golpe de realidad que recibió la abanderada morenista que mantiene en su proselitismo un discurso constante de “logros y avances” en la administración de López Obrador, pero que por su fuerte vínculo político y afectivo con el presidente –y también por que no quiere incomodar o hacer enojar al inquilino de Palacio–, se niega siempre a hablar de problemas, faltantes o situaciones críticas en el actual gobierno.

El segundo golpe de realidad para Sheinbaum ocurrió el domingo pasado, también durante su gira del fin de semana por el territorio de Chiapas. Antes de llegar a Motozintla, viajando por tierra en una camioneta junto a su comitiva, la abanderada presidencial fue detenida por un retén instalado por hombres encapuchados. Cuando se detuvo la unidad en la que viajaba, los sujetos aprovecharon para decirle que eran pobladores de ese municipio chiapaneco y que estaban vigilando los accesos carreteros a su pueblo para evitar que los criminales, que tienen tomado Comalapa y otros municipios de esa región llegaran hasta su pueblo.

“Que se acuerde cuando esté en el poder, acuérdese de la sierra, acuérdese de la gente pobre. Nomás eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes, somos como pueblo, por eso estamos aquí tres veces por semana cuidando nuestro pueblo. No queremos que Motozintla sea un desastre más como Comalapa. Queremos que usted, cuando esté en la Presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo a Comalapa, porque no podemos viajar por allá porque si pasamos nos hacen pedacitos doctora. Es el sentir de nosotros como pueblo”, dijo uno de los encapuchados que le hablaban a la candidata que los escuchaba con la ventana abierta en su auto.

Un segundo hombre intervino para decirle: “La verdad se siente en el corazón la impotencia, que siente uno como ciudadano, la impotencia porque el gobierno nunca ha hecho nada por estas tierras. Los datos que le damos son reales, ni somos fifís ni nada”, le expresó ese segundo hombre, ante lo cual la candidata, sin responderles, se limitó a decirles: “Ah, sí, está bien. Gracias” y puso en marcha su vehículo para retirarse. Incluso la candidata trató de minimizar el hecho y primero aclaró que los encapuchados que la detuvieron para comentarle sobre la violencia del narcotráfico que viven “no son narcos”, y más tarde incluso puso en duda la veracidad de sus denuncias:

“Y luego, ahí a la salida de Motozintla, nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinus”, dijo entre risitas de sospechas la candidata. Los reporteros que la cubren le aclararon: “Nosotros también estábamos ahí, pero no nos dejaron bajar”. Y ella insistió en sus sospechas de que lo del retén y las denuncias de los pobladores fueran reales: “No sé, me llamó mucho la atención la verdad, que decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron ´es que no somos fifís´, no sé la verdad. Muy extraño, la verdad”.

El sospechosismo de Sheinbaum, que no creyó en los reclamos de seguridad que le hicieron los hombres encapuchados, lo confirmó un día después el presidente, que ayer en su conferencia mañanera se refirió al retén en el que pararon a su candidata en Motozintla. “Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que retuvieron la camioneta en que se trasladaba Claudia. Grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento, ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinus, es un medio, el de Loret de Mola, y era el único… Es muy extraño lo que sucedió allá por Motozintla… Es muy probable que sea un montaje”, dijo el presidente.

El lugar donde retuvieron a la candidata presidencial es parte del territorio en disputa de la sierra de Chiapas. La misma información de la Secretaría de la Defensa reconoce que justo en ese punto se están peleando el Cártel de Sinaloa, que controla el municipio de Comalapa, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación controla Motozintla, pero aún así ni la candidata ni el presidente les creyeron a los encapuchados que retuvieron a la abanderada morenista, minimizando e ignorando sus peticiones de seguridad para la zona serrana del estado de Chiapas.

Así que de poco sirve que la realidad golpee en la cara a Claudia Sheinbaum en sus giras de proselitismo. Tal parece que la candidata oficialista está totalmente casada e imbuida con la visión del presidente de que en este México actual no hay ni problemas de seguridad ni mucho menos en la salud pública y aunque la gente se lo grite en un mitin o la paren en un reten -de los muchos que abundan por las carreteras federales y que padecen muchos mexicanos-, Sheinbaum no mostrará la más mínima autocrítica sobre la herencia que le dejará el gobierno de su jefe político y mucho menos parece capaz de sentir empatía por lo que le expresa la gente en sus recorridos. El fanatismo, dicen los estudiosos, se caracteriza por la fe ciega en una persona, causa, deidad o sistema político; por la persecución de los disidentes y la ausencia de realidad.

NOTAS INDISCRETAS… A propósito de Sheinbaum nos adelantan desde su cuartel de campaña que una de las estrategias que prepara la candidata de Morena para responder a los ataques de Xóchitl Gálvez en el segundo debate presidencial tiene que ver con un expediente que le están terminando de preparar sobre el llamado “Cártel Inmobiliario”. Según lo que anticipan sus colaboradores, Sheinbaum mencionará nuevos nombres de políticos panistas involucrados en los negocios inmobiliarios a través del otorgamiento de permisos para la construcción de torres y edificios de oficinas o departamentos en varios estados de la República. Además del nombre ya conocido y machacado por Morena de Santiago Taboada, en los señalamientos de la candidata morenista en el debate podrían salir a relucir nombres como el de Enrique Vargas en Huixquilucan, Estado de México, y el de Luis Alberto Villarreal, a quien señalan como el responsable de haber otorgado permisos de construcción para edificios y desarrollos inmobiliarios en San Miguel de Allende, Guanajuato. Veremos cómo se pone el segundo debate entre los presidenciables… Con la amenaza de la oposición de que la van a controvertir constitucionalmente en la Suprema Corte, anoche avanzaba en el pleno la Reforma a la Ley de Pensiones para permitir la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar que se conformará con las cuentas de ahorro para el retiro que no hayan sido reclamadas hasta ahora por personas mayores de 70 años, además de cuentas que estén totalmente inactivas sin importar la edad del ahorrador. Morena impuso su mayoría con 252 votos a favor de sus bancadas aliadas, mientras que la oposición votó en bloque en contra con 212 votos y hubo cuatro abstenciones. Se consuma así lo que según los opositores y especialistas es “una confiscación” de los ahorros de los trabajadores, mientras que desde Morena y la 4T niegan que se trate de expropiar esos recursos que pasarán a ser administrados por el Banco de México y servirán para complementar pensiones de trabajadores que, por sus últimos sueldos bajos, no alcancen una pensión mínima de 16 mil pesos mensuales. Así que por lo pronto anoche la controvertida reforma era aprobada en lo general y se discutían más de 30 reservas de la oposición hasta entrada la noche… Lanzamos los dados. Tocó Serpiente Doble.

El segundo debate de los candidatos y la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sólo sirvió para confirmar que en la capital de la República se libra una de las batallas más fuertes, rudas y trascendentes para los resultados de las próximas elecciones del 2 de junio. Porque los candidatos que se disputan el gobierno capitalino no sólo representan muy claramente a las dos facciones políticas que se enfrentan lo mismo a nivel nacional que en la ciudad capital que siempre ha sido referente y termómetro de las alternancias políticas en este país.

Fue en la CDMX donde comenzó la caída del PRI en 1997, cuando el entonces partido gobernante a nivel nacional, perdió el gobierno de la capital que nunca más volvió a recuperarlo hasta la fecha, y tres años después de esa derrota, a manos de Cuauhtémoc Cárdenas el priismo perdería también la Presidencia de la República. Fue también la Ciudad de México en donde empezó el germen del movimiento obradorista, primero con el PRD y que después dio pie a lo que hoy es Morena, que desde la capital de la República construyó una plataforma que hoy le permite gobernar al mayor número de los mexicanos en los estados y la Presidencia.

Por eso lo que suceda en estas elecciones capitalinas será decisivo para la continuidad o el debilitamiento de Morena. Porque perder la Ciudad de México sería un golpe fuerte y duro para el obradorismo y para su candidata, Claudia Sheinbaum, que aún ganando la Presidencia, tendría un revés importante si se pierde la ciudad que ella gobernó y que tendría bajo el dominio de la oposición en su eventual mandato. Pero si Morena logra ganar y mantener su dominio en la ciudad que lleva ya 27 años (primero como PRD y ahora como Morena) el mensaje entonces es que la autonombrada 4T consolida su fuerza nacional al mantener su bastión original.

En Morena hay preocupación real y mucho nerviosismo por ganar la ciudad. Aunque las encuestas aún favorecen a Clara Brugada, el crecimiento de Santiago Taboada y la tendencia de voto de rechazo hacia el morenismo que emergió en la ciudad en los comicios intermedios del 2021, hacen prever un escenario en el que una alta participación de los capitalinos termine haciendo aflorar un voto de castigo para el partido gobernante, algo que ninguna encuesta puede prever o registrar de manera puntual. Es tan real la posibilidad de que pierdan la CDMX que la misma Claudia Sheinbaum les pidió a sus operadores nacionales como Ricardo Monreal, Adán Augusto López y otros, que se dividieran la ciudad para que entraran ellos a operar personalmente en las alcaldías y distritos complicados.

Pero el reflejo más claro de la guerra chilanga que se libra en estas elecciones, ocurrió de nuevo ayer en el Segundo Debate entre los candidatos a la Jefatura de Gobierno. El nivel de ataques y menciones negativas entre Santiago Taboada y Clara Brugada dominó casi por completo el encuentro. Si Clara decía que Taboada era corrupto y parte del Cártel Inmobiliario, Santiago reviraba recordándole a la morenista su vinculación con René Bejarano y hablaba de contratos que involucran al llamado “Señor de Las Ligas” en la alcaldía Iztapalapa. Y si el panista mencionaba presuntos negocios en torno a las “Utopías” construidas por Brugada y de las que tanto se afana, ella sacaba una cartulina que mostraba a la cámara con el hashtag #TaboadaMiente.

Fue una guerra tupida y constante este segundo debate entre la candidata morenista y el candidato de la alianza opositora. Y en medio de tantos ataques y tanto llamarse “corrupta”, “mentiroso”, “tú no eres clara, eres opaca y turbia”, “tienes 38 años y ya eres un millonario”, el que salió ganón de tanta mierda que se tiraban los otros dos candidatos, fue sin duda Salomón Chertorivski, que a diferencia de la ocasión anterior del primer debate, donde llevó palomitas para presenciar el agarrón entre sus contrincantes, esta vez aprovechó el tiempo y los golpes de los otros para poner más énfasis en sus propuestas y machacar que él sí representa una opción diferente para la ciudad.

El primer debate chilango no incidió tanto en las preferencias de los votantes o al menos no lo registraron las encuestas que hoy siguen dando ventaja de hasta dos dígitos a Brugada. Pero Morena, Sheinbaum y López Obrador saben que el electorado de la Ciudad de México no es nada predecible; que siendo de los votantes más politizados y de los más participativos, los pronósticos y escenarios se vuelven inciertos, tal como ya les pasó en 2021 cuando nadie, ni la entonces jefa Claudia Sheinbaum ni el propio presidente vieron venir el fuerte golpe que la oposición les propinó al arrebatarles 9 alcaldías y la mayoría en el Congreso local.

La oposición también lo sabe y ayer en el debate, fueron varias las ocasiones en que Santiago Taboada llamó a que la gente saliera a votar, a la participación ciudadana como condición para que haya un cambio y una alternancia democrática en la CDMX, que lleva ya 27 años continuos gobernada por la fracción de la izquierda que representa Morena. “En 2021 les demostramos que no son los dueños de la Ciudad, luego salimos a marchar por el INE y defendimos la democracia. Hoy nos toca salir a votar el 2 de junio para hacer realidad el cambio que viene en la ciudad”, repetía el abanderado panista.

Así que, si nada escrito y con posibilidades cada vez más claras de un viraje político, la ciudad está en disputa. La guerra chilanga se intensifica y su resultado no sólo tendrá impacto local, sobre si siguen gobernando los mismos de siempre o los capitalinos le dan una oportunidad a la oposición panista de dirigir la complicada urbe, lo que pase en la capital de la República también impactará los resultados nacionales y podría definir si aquí empieza de nuevo la caída de un partido gobernante a nivel nacional, como le sucedió al PRI y ahora le puede pasar a Morena.

NOTAS INDISCRETAS… Familias y vecinos de al menos 60 familias de Huixquilican están a punto de iniciar una demanda colectiva por el fraude inmobiliario cometido por el proyecto “Oldenbourg Offices”, construido por Silverland, sociedad de Infraestructura en Bienes Raíces. La construcción de dicho edificio, valuado en 250 millones de pesos se hizo, según los vecinos, sin las autorizaciones necesarias para la venta de unidades privativas y aún así, a sabiendas de que no tienen autorización legal para vender, Silverland ha suscrito más de 100 contratos de compraventa de unidades en el supuesto condominio. Una parte de los vecinos afectados, 51 en total, han denunciado el caso y pedido apoyo de las autoridades, pero éstas no han podido intervenir porque la mencionada empresa les miente al decir que lleva a cabo una obra privada, cuando ya tienen vendidos y cobrados al menos 100 departamentos. Lo que más preocupa a los vecinos que nos hicieron llegar su denuncia a esta columna, es que como representante legal de Silverland aparece un sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, llamado Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas, quien según los quejosos tiene un largo historial en temas de denuncias por defraudaciones. Según la información que manejan los quejosos este no es el primer escándalo en el que Hurtado Horcasitas está implicado. Anteriormente, estuvo asociado con Banco Anáhuac, una empresa que enfrentó acusaciones de lavado de dinero. Además, fue acusado de defraudar a miles de familias a través de la casa de empeño Monte de la República. Incluso, durante el tiempo en que Silverland celebraba contratos de promesas en Oldenbourg Offices, Jorge Gerardo Hurtado estaba prófugo de la justicia, y ahora, según la denuncia colectiva que preparan, la situación actual arroja luces sobre un posible fraude que afecta a más de 60 familias en Huixquilucan. “Lo más preocupante es que Silverland no ha construido el edificio prometido y tampoco ha devuelto los depósitos que se le entregaron. En una estrategia sin escrúpulos, la empresa ha demandado a todos los compradores, quienes ahora se encuentran en la difícil situación de tener que contratar abogados y gastar en algo que supuestamente era una Inversión en la que depositaron su confianza y ahorros. Solicitamos encarecidamente su intervención para que Silverland y quienes resulten responsables rindan cuentas por sus acciones y se resuelva esta situación lamentable que ha afectado profundamente a numerosas familias. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para proteger el patrimonio, los derechos y los intereses legítimos de las familias afectadas”, piden los vecinos defraudados por Silverland en Huixquilican… En el caso del asesinato del candidato Noe Ramos, ocurrido en El Mante, Tamaulipas el pasado viernes, mientras la Fiscalía dice haber detenido ya al presunto asesino, el caso desató una guerra política entre el gobierno morenista de Américo Villarreal y el PAN que aún controla el exgobernador Cabeza de Vaca en la entidad. Primero fue César Verástegui “El Truco”, exsecretario de Gobierno de Cabeza, quien en un mitin de su campaña para diputado federal soltó acusaciones y señalamientos sobre lo que llamó “El Cártel del Ducto”, formado por varios políticos morenistas que tienen vínculos con el empresario huachicolero asesinado, Sergio Carmona. Acusando la existencia de ese “Cártel” huachicolero metido a la política, “El Truco” sugirió que se les debía investigar por el asesinato del candidato de su partido. Pero luego, desde el gobierno morenista reviraron con información sobre la escolta militar que sí traía el alcalde Ramos al momento de ser apuñalado. Dijeron que desde febrero pasado, el alcalde había contratado los servicios de seis oficiales del Ejército y la Marina que lo custodiaban. Incluso, la misma Fiscalía de Justicia estatal informó que al momento del ataque mortal, Noé era custodiado por tres militares, uno de los cuales persiguió al asesino y le disparó en 6 ocasiones sin atinarle. Y ahí vino el revire que circuló ayer en videos subidos a redes sociales donde se afirma que el alcalde y candidato Ramos traía sólo 3 escoltas, porque un día antes César Verastegui le pidió que le prestara 3 de sus escoltas para que lo acompañaran a un evento de campaña. El evento nunca se realizó, dicen en el video anónimo que circula en las redes, y extrañamente el candidato a diputado le quitó parte de la protección al candidato asesinado. En fin, que en Tamaulipas se libran dos guerras, las de los narcos por controlar territorios, y las de los políticos por el mismo motivo… Los dados mandan Escalera Doble. Bien comienza la semana.

De las elecciones estatales que se definirán el 2 de junio, la de Yucatán es una de las que aparecen más apretadas en las encuestas. Aunque la mayoría de los sondeos hasta ahora dan una ventaja a Renan Barrera, el candidato de la alianza PAN-PRI-Nueva Alianza, y en un segundo lugar no tan lejano aparece el candidato de Morena-PVEM-PT, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, las diferencias entre uno y otro varían entre los 7 y los 5 puntos, lo que hace prever un desenlace cerrado de estas elecciones en las que se pone en juego el dominio panista en la entidad peninsular, ante el embate de Morena, que busca arrebatar el control del estado.

Los números a un mes y 10 días de la elección, y el hecho que se trate de un bastión histórico para el PAN, hacen que la disputa por la gubernatura se esté recrudeciendo y que si bien el partido gobernante afirma que mantiene su ventaja, desde la 4T y particularmente desde la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, se ha declarado a Yucatán como una “entidad prioritaria” entre los objetivos y metas de Morena en esta elección. Y es que con un candidato como “Huacho” Díaz que es panista de origen y de militancia reciente en el morenismo, el partido oficialista busca en la entidad yucateca dar un “golpe de efecto” y terminar de dominar todo la región sureste del país, en donde Yucatán es el único estado que aún no gobiernan.

Mientras Renan Barrera saltó a la candidatura a gobernador desde una gestión exitosa de 6 años en la alcaldía de Mérida, Joaquín “Huacho” Díaz Mena enfrenta en estos comicios de 2024 su tercer intento por ganar la gubernatura de Yucatán. Con dos derrotas previas en su haber, en 2012 como candidato del PAN y en 2018 ya como abanderado de Morena, el candidato de la 4T se juega en estos comicios la que podría ser “la vencida” o también su última oportunidad de intentar ser gobernador de su estado.

Y en medio de la guerra electoral, un expediente que se encuentra en poder de esta columna revela y documenta el crecimiento patrimonial que ha tenido en los últimos años el candidato Díaz Mena, cuyos bienes inmobiliarios han crecido con cada una de sus postulaciones a la gubernatura. Y aunque él perdió en dos ocasiones, el aumento en sus propiedades lo muestra más bien como un “ganador” de la política.

De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad de Yucatán, difundida una parte ya por EL UNIVERSAL, “Huacho” se hizo en 2008 de su primera casa de 250 metros cuadrados, cuando se desempeñaba como diputado federal por el distrito 1 de Yucatán; adquirió esa propiedad en la Calle 50, Número 195 del Fraccionamiento 15 de Mayo en Mérida y la registró con un valor de transacción de 120 mil pesos; aunque en el mercado actual la casa tiene un precio de 970 mil pesos. Por cierto esa propiedad nunca la declaró ante la Función Pública.

Para el año 2015, cuando seguía en funciones de diputado y había pasado su primera campaña fallida como candidato a gobernador, Díaz Mena compró por 2 millones de pesos un predio urbano de 448.66 metros cuadrados, ubicado en Calle 27 Diagonal, Número 340-A, Manzana 0330, Sección Catastral 25 en la Colonia San Luis de Mérida, Yucatán, según consta en el acta del Registro Público de la Propiedad. El terreno tampoco apareció declarado en su momento y tiene un costo real en el mercado actual de 6 millones de pesos.

Cuando llegó el 2018 y “Huacho” renunció al PAN para sumarse a Morena como su candidato a gobernador, su derrota ante el panista Mauricio Vila fue recompensada con el nombramiento como delegado de Programas del Bienestar del gobierno federal. Y justo en esa etapa, según consta en las actas y documentos del expediente, pudo hacerse de tres terrenos rurales en el municipio de Panabá, en ubicaciones cercanas a la Asociación Ganadera de San Felipe, Yucatán, organismo del cual forma parte el actual candidato. Estos tres terrenos se nombran como “Rancho San Joaquín” NP 2060000 NA; localidad “San Ramón” 855208 910000 NA y “Finca Rústica Cocoyol”, los tres con un precio comercial acumulado mayor a los 10 millones 300 mil pesos.

La bonanza inmobiliaria continuó en el 2020 para el funcionario federal, quien adquirió un departamento por un millón 119 mil 680 pesos, ubicado en la Calle 31, Número 626, Departamento 01, Condominio “La Ciudadela”, Manzana 0035, Sección Catastral 32 en Mérida. Y tres años después, en 2023, ya en sus últimos meses como coordinador estatal de los programas del bienestar, Joaquín Díaz Mena compró otra casa ubicada en Calle 92, Número 564, Manzana 663, Sección Catastral 24, Fraccionamiento Residencial Pensiones VII Etapa, también en Mérida, con un costo en el mercado de 2 millones 485 mil pesos. El último inmueble sí fue incluido en su más reciente declaración patrimonial, aunque con un valor virtual de tan sólo 450 mil pesos.

Pero el crecimiento patrimonial del hoy candidato morenista también alcanzó a su familia. Según información que manejan columnistas yucatecos, el padre y la madre de “Huacho” son propietarios de varios terrenos rurales inscritos a precios muy por debajo del valor catastral y comercial, principalmente en los municipios de San Felipe y Panabá; incluso hay casos de “donaciones de bienes” y otro de adjudicaciones a título gratuito. El padre del candidato, de nombre Álvaro Jesús Díaz López, tiene bajo su nombre seis predios rurales, cuatro de ellos en el municipio de San Felipe, Yucatán. La madre, Fanny María Mena Marrufo, aparece con una adjudicación a título gratuito en el municipio de San Felipe, y en 2009 adquirió un predio de 37 hectáreas en el municipio de Panabá, por la supuesta cantidad de 50 mil pesos.

Juan Pablo Díaz Mena, hermano del candidato, quien radica en los Estados Unidos, es el propietario de seis terrenos en varios municipios de Yucatán; llaman la atención tres de ellos adquiridos en el año 2007, cuando compró un predio de 140 metros cuadrados, por el cual pagó 26 mil pesos; otro más de 900 metros cuadrados en 2 mil 500 pesos, y el tercero, de más de 570 metros cuadrados, por el que también pagó 2 mil 500 pesos, todos en el municipio de San Felipe.

Así que el candidato morenista a la gubernatura tal vez no ha ganado hasta ahora muchas elecciones, pero sin duda ha ganado en patrimonio inmobiliario en estos últimos años. Veremos si las tendencias se mantienen y si, en un final que podría ser de los más cerrados de las 9 entidades que renuevan gubernaturas, Yucatán se mantiene blanquiazul o se pinta de guinda.

NOTAS INDISCRETAS…

El aplausómetro de ayer, en la Convención Nacional Bancaria que se lleva a cabo en Acapulco, no dejó lugar a dudas: la más ovacionada fue Xóchitl Gálvez, seguida de Claudia Sheinbaum y al final Jorge Álvarez Máynez. Los videos y las crónicas de los reporteros que cubren la reunión de los banqueros que ayer por la tarde fue clausurada por el presidente López Obrador, señalan que a la candidata de la alianza opositora los asistentes en el Mundo Expo Imperial le dedicaron a Gálvez un largo aplauso de unos 30 segundos, mientras que a Sheinbaum apenas le aplaudieron unos 15 segundos. En los discursos, a la candidata del PRI-PAN-PRD la interrumpieron en varias ocasiones para aplaudir sus propuestas, mientras que a la abanderada morenista le hicieron menos interrupciones en su mensaje. A Máynez de plano muchos banqueros y asistentes aprovecharon cuando estaba dando su mensaje para ir al baño o a tomar algo, según nos dicen periodistas que estuvieron presentes en el evento. Y sí, ayer en las cuentas de redes sociales de Xóchitl y entre sus seguidores se ufanaban de que su candidata arrasó en el aplausómetro de los banqueros. Lástima que las elecciones no se ganen con aplausos, sino con votos…Se cumplen ya tres semanas del misterio del “agua contaminada” en la alcaldía Benito Juárez, de la CDMX, y en este tiempo ninguna autoridad, ni del gobierno capitalino ni de Pemex, han informado con toda claridad cuál fue la fuente o el origen de a contaminación del vital líquido con aceites y derivados del petróleo que fueron detectados primero por los vecinos con sus análisis y particulares, y luego confirmados también por las autoridades. En medio del pésimo manejo que ha hecho de este conflicto, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, a quién le ganan el hígado y sus fobias políticas, primero la autoridad capitalina y el SACMEX pasaron de negar la contaminación y hablar de un “movimiento político” de los ciudadanos que protestaron y bloquearon varios días la toral avenida de los Insurgentes, a terminar de reconocer que sí hubo contaminación por aceites en la red de agua potable que abastece a las colonias Nápoles y Del Valle. Tuvo que salir el presidente López Obrador a reconocer que sí existía la contaminación y que estaban investigando si había sido una fuga de un ducto de Pemex o una contaminación desde algún lugar que maneja derivados del petróleo, para que desde el Palacio del Ayuntamiento y del Sistema de Aguas terminaran por aceptar el hecho y comenzaran a aplicar medidas paliativas para llevar agua limpia a las colonias afectadas. Y cuando se supone que las investigaciones continúan, ahora el SACMEX y su titular Rafael Carmona informan que sí encontraron aceites y lubricantes en el agua de esa zona y que interpusieron una denuncia por “sabotaje” ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. ¿Y entonces, saben ya que fue un acto intencional la contaminación del agua o por qué la denuncia penal? En todo caso, sigue siendo un reto para Pemex determinar el origen de la contaminación del agua, aunque junto con la idea de un sabotaje se rumora en el Palacio del Ayuntamiento que parece que el foco de la contaminación podría ser un taller de RTP, la empresa de transportes del propio gobierno capitalino, desde donde se habría filtrado el aceite que desechan de los camiones a la red de agua potable. En todo caso, tres semanas y tantas torpezas y negligencias, son demasiado tiempo para detectar el origen de una fuga…Lo que no pudo o no quiso hacer el gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinhué, lo está anunciando y anticipando en campaña la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz. La remoción del polémico fiscal de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, es algo que ha prometido en su campaña la candidata aliancista, quien asegura que si ella gana la gubernatura, no sólo cambiará al fiscal, sino también al secretario de Seguridad del estado. Y es que el problema de la inseguridad y violencia que vive Guanajuato, es sin duda la principal emergencia que enfrentará quien llegue a gobernar ese estado. Así que de lo que tanto se ha quejado el presidente López Obrador, que afirma que la violencia en Guanajuato se debe en parte a la presencia del fiscal que lleva 12 años en el cargo y que, según el Presidente, Zamarripa Aguirre mantiene vínculos sospechosos con la delincuencia, al final se le va hacer que lo despidan, aunque lo tenga que hacer otro gobierno panista…Los dados cierran semana con Escalera Doble. Descanso y relajación para los amables lectores.

Se viven tiempos de discordia en la República. La confrontación pública entre los Poderes de la Unión pasó de ser una disputa verbal y mediática, a un enfrentamiento frontal, utilizando las instituciones y las leyes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La investigación en contra de Arturo Zaldívar ordenada por Norma Piña en el Consejo de la Judicatura, donde se acusa al exministro de encabezar una suerte de mafia judicial para apoyar al gobierno de López Obrador, provocó una respuesta igual de fuerte desde el Ejecutivo que respaldó y encubrió a Zaldívar con la amenaza de juicio político en contra de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y para documentar los malos aires que soplan en la República, el Poder Legislativo con mayoría simple de Morena se metió en esta guerra entre poderes y se apresta a procesar y a aprobar rápida y solícitamente la denuncia de juicio político contra la ministra Norma Piña. Así que los tres poderes, que según nuestra Constitución, nos deben dar ley, justicia, seguridad y paz, hoy están enfrascados en una absurda y peligrosa confrontación en la que se entremezclan sus funciones y facultades constitucionales, con un choque ideológico y político que para colmo, se contamina con las elecciones presidenciales y enrarece el clima electoral, pero también tensa la convivencia republicana.

¿En que momento este país pasó del equilibrio entre poderes, al choque entre dos de esos poderes y luego a una guerra que involucra a los tres poderes republicanos? Lo que empezó como un desaire al presidente de la República, por parte de la presidenta del Poder Judicial, terminó convirtiéndose, en el clima público polarizado y dividido que vivimos los mexicanos, para unos, en un gesto histórico y valiente de Norma Piña que reivindicó su condición de par entre poderes y se enfrentó al autoritarismo presidencial; pero para otros, fue un error de Norma Piña retar al presidente, que sintió como desafío de la ministra presidenta el haberse quedado sentada mientras todos lo aplaudían de pie en el Teatro de la República. Porque ahí fue cuando López Obrador decidió declararle una guerra verbal, de denostación y estigmatización al trabajo de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.

La respuesta de Norma Piña, alentada por el coro de la opinión pública y los opositores del gobierno, fue hacer valer la autonomía constitucional y la libertad de los jueces para emitir sus fallos, y desató a las hordas de jueces que llevaban mesas, años, escuchando al presidente denostarlos un día sí y otro llamarlos corruptos, privilegiados, hasta etiquetarlos de plano como opositores a su gobierno y aliados de lo que el llama la antigua mafia del poder. Los fallos adversos contra el gobierno comenzaron a ser casi todos y desde sus conferencias mañaneras el mandatario respondió no sólo atizando más el discurso sino invocando también a sus mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado a discutir reformas legales que buscan disminuir y debilitar las facultades de los jueces y magistrados del Poder Judicial.

Y cuando la tensión creció a su punto máximo entre los dos Poderes, desde la Suprema Corte saltó del barco del Poder Judicial el ministro expresidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que cambió la toga y el birrete por la matraca y el altavoz político en la campaña de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum. El destape político del exministro, que se disimulaba en los primeros cuatro años del sexenio, pero al final afloró la abierta militancia y adhesión política de Zaldívar, vino a atizar aún más el choque entre Norma Piña y Andrés Manuel López Obrador. La mala relación que cultivó el presidente Zaldivar con la mayoría de sus pares de la Corte, en el caso de la ministra Piña, se volvió un maltrato grosero y constante, que presenciaron y observaron el resto de los actuales ministros. Por eso, en cuanto se morenizó Zaldivar, la ministra presidenta comenzó a cobrarle las facturas y en el camino se topó con el abrazo autoritario de López Obrador que acogió bajo su protección al que le sirvió como tapete desde el Poder Judicial.

Así llegamos al punto actual en el que, a la disputa política y electoral que ya enrarece el ambiente, a la violencia desatada del narcotráfico en contra de candidatos y de la población en general en amplias regiones de la República, y a los nubarrones fiscales que amenazan en el fin de sexenio, a una innecesaria y peligrosa guerra entre los Poderes de la Unión. Lo dicho, la discordia llegó y no augura buenas cosas para los mexicanos, que observan entre asqueados, encabronados o fanatizados, tanto pleito, venganza y ataques entre los políticos y entre los representantes de los tres pilares que deben sostener a esta República sobre la que no, no soplan buenos vientos.

NOTAS INDISCRETAS… Y para muestra las discusiones y debates que se están librando en las Cámaras de Diputados y Senadores, ante la muy extraña premura del presidente López Obrador porque sus bancadas oficialistas le aprueben reformas a leyes secundarias que, sin embargo tienen efectos tan fuertes, que lo mismo intentan ponerle un freno legal a las leyes de amparo y a las facultades de los jueces y magistrados del Poder Judicial, que expropian recursos de los trabajadores con el argumento de que los van a utilizar “para complementar pensiones de otros trabajadores”. Y la primera batalla se libró ayer en el Senado donde la oposición, PRI, PAN y PRD se ausentaron de la sesión de ayer para que no alcanzara el quorum oficial y Morena y sus aliados no pudieran aprobar las reformas a las leyes de amparo y amnistía. Por cierto que en lo que pasó ayer en el Senado sólo un senador de la oposición se presentó a la sesión junto con los morenistas, verdes y petistas. Dante Delgado Ranauro, el coordinador de Movimiento Ciudadano, apareció sólo él y su alma, sin ninguno de los otros 6 senadores emecistas, asistiendo al pleno y esperando que comenzara la sesión. ¿Hay problemas en MC o será solo que el resto de senadores y senadoras naranjas andan metidos en las campañas políticas?… Hoy, en San Lázaro, viene también otra batalla entre las bancadas de la 4T y las de la oposición por la creación del fondo llamado “Pensiones del Bienestar”, que pretende apropiarse o al menos tomar control y utilizar el dinero de aquellos trabajadores que, habiendo cumplido 70 años de edad, no han retirado ni solicitado los dineros del ahorro de su vida laboral. El padre de esta reforma ya bautizada como la “Ley Mier”, que es el coordinador morenista y frustrado aspirante al gobierno de Puebla, Ignacio Mier Velasco, declaró ayer a los medios que sí, el gobierno de López Obrador busca disponer de esas pensiones y afores no cobradas en la Consar, pero que no es el primer presidente que lo haría y que Vicente Fox, acusa Mier, dispuso en su sexenio de los ahorros para el retiro de trabajadores mexicanos. Pero según el morenista legislador en eso de “disponer” de los fondos de retiro de los trabajadores hay sus diferencias, pues mientras Andrés Manuel busca utilizarlos para aumentar las pensiones de trabajadores con bajos ingresos, Vicente, el expresidente, los utilizó para capitalizar a la Financiera Rural creada durante su gobierno para sustituir al Banrural y que en esta administración está siendo desaparecida y liquidada. ¿Entonces señor diputado Mier, el fin justifica los medios?… Ruedan los dados. Acecha la Serpiente

El que se anunció como el gran encuentro de la candidata presidencial de Morena con los empresarias y empresarios mexicanos, terminó siendo un evento en el que no asistieron grandes empresarios, de los más fuertes e importantes en el país, pero en su lugar, en un salón enorme que lució muchas sillas vacías, a  Claudia Sheinbaum la acompañaron más los dirigentes de las cámaras y organizaciones del empresariado que la escucharon en un discurso de más de una hora, en el que no se escuchó ninguna interrupción por aplausos, y en el que la doctora respondió algunas preguntas de los dirigentes de las cúpulas empresariales.

De acuerdo con información de asistentes al encuentro y a lo que informó ayer el comité de campaña de la abanderada de la alianza “Juntos Seguiremos Haciendo Historia”, entre los nombres de quienes llegaron a la reunión, convocada para dialogar con el empresariado y limar cualquier aspereza que hubieran causado las inasistencias de Sheinbaum a varios foros de empresarios a los que fue invitada pero no acudió, predominaron los líderes de organismos cúpula del sector empresarial, como Francisco Cervantes, del CCE; Carlos García, de la AMCHAM; Gina Diez Barroso, de Centro y Dalia Power; Juan Cortina, del CNA; María Ariza, de la Bolsa Institucional de Valores; Juan Patricio Riverol, de la AMIS; Diego Cosío, de la ANTAD; Miguel Angel Martínez, de Canacar; Alejandro Malagón, de Concamin; Antonio Basagoiti, de Camescon y Eurocam; Antonio del Valle, presidente de BX+; Octavio de la Torre, de Concanaco; José Medina Mora, de Coparmex, entre otras organizaciones.

En las redes sociales de la candidata oficialista se habló de “una excelente reunión con más de 500 empresarios”, pero el gran salón del Hotel Hilton Alameda se había preparado para cerca de 1,000 asistentes, por lo que en las mismas imágenes que difundieron desde la campaña, se pueden apreciar muchos lugares vacíos, mientras que otros se ocuparon con personal de la campaña a los que les pidió sentarse en las mesas. También estaban presentes colaboradores de la candidata morenista como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Olga Sánchez Cordero, Ernestina Godoy, Omar García Harfuch. Al expresidente de la Corte Arturo Zaldívar se le veía caminando solo, en medio del escándalo de las denuncias en su contra desde el Poder Judicial.

“Esta es una reunión de empresarios sin empresarios”, dijo un exsecretario de Estado que llegó en calidad de invitado por su actual puesto en el mercado bursátil. Y es que, sin negar que todos los dirigentes de organismos empresariales también la mayoría de ellos son empresarios, el exfuncionario federal se refería a que no se veían en el enorme salón apellidos como los Slim, Larrea, Azcárraga, Salinas Pliego, Bailleres, Torrado, Zambrano, Garza, Aramburuzabala, Peñaloza, Hank o muchos otros de los capitanes de empresa más grandes de México.

Al parecer la expectativa que tenía el equipo de la candidata morenista era que habría una mayor respuesta del empresariado, porque el salón tenía mucha más capacidad y mesas de las que se lograron ocupar. Las cámaras empresariales  le habían pedido al equipo de Sheinbaum, cuando les propusieron la reunión, que ésta se realizara en el Hotel Camino Real, por un tema de logística y de mayor cercanía a los despachos y oficinas de los empresarios, pero la campaña decidió que sería en Hilton Alameda, en pleno Centro Histórico, que justo ayer estuvo totalmente bloqueado y desquiciado por las marchas de la CNTE que comenzó un paro nacional de labores en rechazo a la reforma educativa de López Obrador.

Tal vez por eso, el encuentro que estaba programado para iniciar a las 11 horas, con un inicio de registro a las 10 de la mañana, terminó por iniciar casi a las 12 del día, porque no llegaban muchos de los invitados que se vieron atrapados en el caos vial por las marchas magisteriales. Tras el retraso, cuando se anunció el arranque del encuentro, las muchas mesas y sillas que se encontraban vacías comenzaron a ser ocupadas por empleados de la campaña que se distribuyeron a lo largo del salón para ocupar los espacios, pero aún así muchos lugares quedaron sin ocupar.

Cuando habló la candidata, su mensaje de más de una hora fue seguido con atención por los dirigentes empresariales que escuchaban atentos, pero nunca interrumpieron a la candidata con aplausos, sino que hasta el final, cuando concluyó su mensaje vino un aplauso final. Las preguntas que le hicieron los participantes fueron recogidas y seleccionadas por el equipo de campaña y cuando habló del tema de seguridad, la candidata trazó los 5 ejes de su propuesta en la materia, pero en su diagnóstico nunca aparecieron los asaltos y la inseguridad al transporte de carga en las carreteras, que ha sido una queja recurrente de los empresarios de todos los ramos, que acusan que se cometen hasta 46 robos diarios al transporte de mercancías en las carreteras del país. Sheinbaum sólo dijo que “ya cambió la tendencia” de los delitos en México y que ella basará su estrategia en “continuar los logros en materia de seguridad”.

“La seguridad, nosotros hablamos de 5 ejes: honestidad y atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de inteligencia e investigación; coordinación de la GN con policías estatales. En realidad son dos elementos centrales para avanzar en la seguridad de nuestro país, que ya cambió la tendencia (de los delitos graves) y eso es muy importante, vamos a tomar ya con una tendencia distinta y nos va a permitir acelerar los avances en seguridad. Son los dos ejes: por un lado la atención a las causas, seguirle dando a los jóvenes no sólo oportunidades, sino acceso a los derechos… Y por otro lado el avance hacia una ‘cero impunidad’ y para lograr disminuir la impunidad del país no sólo es una tarea de las policías estatales y de la Guardia Nacional, no sólo es una tarea de los Ejecutivos, de los titulares del Ejecutivo, también es una tarea de las Fiscalías y del Poder Judicial”, dijo la candidata morenista, que se quejó de la mala integración de las carpetas judiciales de las fiscalías, que dan pie a que los jueces liberen a los delincuentes.

Así que, con más cámaras empresariales y sus dirigentes que empresarios de los fuertes e importantes en el país, ayer Claudia Sheinbaum intentó acercarse a un sector con el que el presidente López Obrador tuvo una relación complicada y dispareja, y que ahora la candidata de la 4T pretende no heredar necesariamente las filias y las fobias del presente y construir una relación más abierta con los hombres del dinero y los negocios en el país. Pero a juzgar por la convocatoria que logró ayer, en medio de un día de marchas y bloqueos, a Sheinbaum todavía le falta para decir que tiene una buena relación con el empresariado nacional.

NOTAS INDISCRETAS… El video que subió el domingo por la noche a sus redes sociales la candidata presidencia Xóchitl Gálvez, en el que comienza hablando de la pobreza y de por qué quiere ser presidenta, terminó abordando una de las debilidades que más le han pesado a la abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México, el de su imagen personal que a muchos mexicanos no termina de convencerles ni les transmite, dice la gente, la imagen de una presidenta de México. “En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad eso es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta o importa tu corazón? Para mí lo que importa es el corazón y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirlos, es por cambiar esta historia, es porque construyamos un México donde quepamos todos, donde no haya odio ni haya división. Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de mí, júzgame por lo que soy y por lo que valgo”. ¿Así o más claro cuál es en este momento la principal debilidad que tiene la candidata aliancista? El tema de la imagen sí le ha afectado a Xóchitl Gálvez porque en comparación con Claudia Sheinbaum, a la que claramente le pagaron costosos asesores de imagen que la cambiaron con retoques de cirugía, con diseño de imagen y de vestuario, de tal manera que la gente sí la percibe como una mujer con imagen de presidenta, a la candidata del PRI-PAN-PRD la seguimos viendo con su indumentaria de huipiles, su estilo más desparpajado y su forma de ser mucho menos entrenada para la campaña. Veremos si la encarecida petición que Xóchitl le manda a los mexicanos, para no ser juzgada por su imagen física, ni su vestimenta, le alcanza para cambiar esa desventaja que enfrenta con la claramente producida y diseñada imagen de su contendiente que encabeza las encuestas… Dicen que el miedo no anda en burro, y en época de campañas políticas el miedo tampoco anda en las marchas, porque bastó apenas el amago de un paro nacional de 24 horas y unas marchas en la Ciudad de México que ayer desquiciaron desde muy temprano el Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, para que el presidente López Obrador diera su brazo a torcer y ayer mismo, por la mañana, recibiera a los líderes de la CNTE que se convirtieron en un dolor de cabeza para el obradorismo, luego de haber sido sus más fieles aliados. Y es que los maestros amagaron con plantarse en el Zócalo y tomar varias calles del Centro Histórico, si no había respuesta pronta a sus demandas, entre las que se encuentra nada menos que la derogación de la Reforma Educativa de 2019, es decir de la reforma que tanto ha cacareado el presidente y con la cuál este gobierno echó abajo la anterior reforma educativa de Peña Nieto. López Obrador no recibirá en Palacio ni a las madres buscadoras, ni a las feministas ni mucho menos a los enfermos de cáncer sin medicinas, pero eso sí a los de la Coordinadora magisterial los recibió en apenas unas horas de haber iniciado sus manifestaciones. Es decir, que para este gobierno hay mexicanos de primera y de segunda: si los que marchan son críticos del gobierno, para ellos hay puertas cerradas; pero si los que marchan son aliados inconformes, llámense normalista de Ayotzinapa o maestros de la CNTE, esos tienen abiertas las puertas del Palacio… Los dados repiten Escalera. Segundo buen tiro de la semana.

Desde las cúpulas del Poder Judicial de la Federación, un pleito que comenzó en 2019, con la llegada de Arturo Zaldívar a la Presidencia de la Suprema Corte, que fue creciendo durante los cuatro años de su gestión y que escaló con el relevo de Norma Piña como titular del Poder Judicial en enero de 2023, acaba de saltar a los medios y la opinión pública con las denuncias que se hicieron públicas en contra del ex ministro presidente, hoy vocero de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, acusado e investigado, a partir de una “denuncia anónima”, por violaciones graves a la independencia y autonomía de los jueces.

Aunque Zaldívar ya salió a los medios a defenderse y negar las acusaciones que atribuye a una “venganza política” de su sucesora y a que se intenta frenar la Reforma al Poder Judicial o el llamado “Plan C”, cuya redacción y elaboración él coordina dentro de la campaña de Sheinbaum, en la Presidencia de la Corte parecen decididos a hacer avanzar las investigaciones que ya están en manos de la Unidad General de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas, a cargo de Herbert Torres Coello, que le reporta directamente a la ministra Piña y que abrió una carpeta de investigación con el número J/108/2024 a partir de un “escrito presentado de manera anónima” y del cual, según el funcionario judicial, se derivan “conductas que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa”.

Los señalamientos en contra del expresidente de la Corte, dice el documento, se refieren a “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, y acusan que Zaldívar “ejerció presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.

La lista de jueces y magistrados que según la denuncia anónima fueron presionados, chantajeados o extorsionados, abarca 65 nombres de juzgadores y se afirma en dicho documento que para eso fueron utilizadas áreas sustantivas del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, como la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, a cargo del magistrado Jaime Santana Turral; la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, cuya titular era Arely Gómez González, desde donde, afirma el denunciante anónimo, se amenazaba e intimidaba a los jueces para que accedieran a manipular sus fallos en los asuntos que se les pedían.

Si bien el que se trate de una “denuncia anónima” ha sido descalificado no sólo por el señalado Zaldívar Lelo de Larrea, sino también por otros juristas y especialistas que cuestionan lo inédito de un procedimiento como el que instruyó personalmente la ministra presidenta Piña, las acusaciones contendidas en el documento que circuló profusamente desde la tarde del pasado jueves y que reprodujeron varios diarios y portales de internet, alcanzan también al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien se acusa de “confabularse con el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.

Se afirma en la citada investigación que el exoperador jurídico y político del presidente López Obrador “exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente “Rivera-Gaxiola y Asociados” o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo” y que Scherer acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares -señala- con anuencia del entonces Ministro Presidente, y mencionan casos del Sexto Tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México, donde “presionó al magistrado Ismael Hernández con cambio de adscripción para que recibiera a los abogados de alguna de las partes (no menciona tocar ni juicio ni las partes), al juez Alejandro Dzib y la jueza Concepción Argumosa para gestionar actuaciones en concursos mercantiles, y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, 2021, donde presionó a magistrados respecto de uno de sus asuntos de despachos favoritos, solicitando que se avisara por conducto de (Carlos) Alpízar de la resolución, advirtiéndoles que “lo revisaran con mucho cuidado y evitaran problemas”.

En cuanto a Carlos Alpízar, que fungía como secretario General del Consejo de la Judicatura y operador personal del presidente Zaldívar, se le señalan conductas de un presunto enriquecimiento ilícito y se dice textual en el documento oficial de la Judicatura: “Se puso a las órdenes del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Sherer Ibarra, lo que le valió obtener grandes sumas de dinero y beneficios políticos, y es propietario de ranchos, terrenos, casas y autos, todas propiedades millonarias”.

Se agregan señalamientos en su contra de corrupción y/o extorsión, mencionando que “existía un ‘sistema corrupto’utilizado para influir en las decisiones de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mayormente en asuntos de interés del Poder Ejecutivo; consistente en citar a magistrados, jueces e incluso secretarios en funciones al piso 14 (catorce) del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal para presionarlos o exigirles que resolvieran en determinado sentido, prometiendo beneficios políticos y económicos, o bien los extorsionaba o amenazaba con cambios de adscripción o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa; especialmente en asuntos de naturaleza mercantil. Menciona casos específicos mercantiles donde se habrían ejercido presiones como el de Grupo Empresarial Anacar, Cooperativa Cruz Azul, además de casos vinculados a obras e iniciativas del gobierno federal como el Tren Maya, La Ley de Hidrocarburos y la Industria Eléctrica, el Aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco, caso Lozoya, Infonavit y Telecomunicaciones, entre otros.

La revelación de esta investigación ordenada por la ministra Norma Piña se dio justo en el momento en que el Senado de la República avanza en la aprobación de modificaciones a la Ley de Amparo para quitarles a los jueces y magistrados del Poder Judicial la facultad de ordenar la “suspensión temporal” de obras federales y de leyes o iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión y que sean controvertidas constitucionalmente. Y se inscribe también en el marco de la guerra declarada por el presidente López Obrador en contra de los integrantes del Poder Judicial, a quienes descalifica y acusa de “corruptos” y de estar “al servicio de mafias” políticas y empresariales.

Pero el origen de esta confrontación que escaló esta semana e impactó incluso las campañas políticas, con la petición de Xóchitl Gálvez para que “renuncie Arturo Zaldívar a la campaña de Morena por esta investigación”, mientras que Claudia Sheinbaum aseguró que se trata de “una venganza y una persecución política”, se remonta a los años de la presidencia de Zaldívar. Es sabido entre ministros de la Corte que el exministro, convertido en propagandista de la 4T, maltrató y menospreció a varios de sus compañeros durante su gestión, pero especialmente a Norma Piña, a la que, por diferencias de criterios, Zaldívar le cargó la mano y la trató siempre con desdén.

Nunca esperó el ministro entonces presidente, que Piña llegaría a sucederlo en la Presidencia, como nadie tampoco lo esperaba, pero en el fuerte choque entre el ministro Alfredo Ortiz Mena, a quien impulsaba Zaldívar, y la ministra Yasmín Esquivel, a la que terminaron noqueando con la revelación de un presunto plagio de su tesis, que según ella misma afirma “salió de la oficina de Arturo Zaldívar”, las cosas sorpresivamente se le acomodaron a la ministra Piña e, irónicamente, fue justo el voto de Esquivel Mossa el que terminó dándole la mayoría que llevó a la ministra Norma a convertirse en presidenta de la Corte.

Ahí comenzó lo que ahora es un pleito en el que se entremezclan los temas jurídicos, las facturas personales y la disputa ideológica y política en la que de un lado está la ministra presidenta Norma Piña y, paradójicamente ahora también apoyada por el ministro Ortiz Mena, que abandonó a su gran amigo Zaldívar para convertirse en consejero cercanísimo de la nueva presidenta de la Corte, y del otro lado el exministro presidente, convertido en propagandista de la 4T y de su candidata y por supuesto el presidente López Obrador y su agresiva ofensiva contra el Poder Judicial. En fin de sexenio, en plenas campañas políticas y en tiempos de una creciente polarización política, el pronóstico de cómo terminará este pleito se vuelve no sólo incierto sino preocupante. Tenemos una República dividida y confrontada, logro y herencia del sexenio que, aun en su ocaso, sigue confrontando a los mexicanos.

NOTAS INDISCRETAS…

Y hablando de jueces y magistrados, anoche EL UNIVERSAL reveló el contenido del proyecto de resolución que presentará en breve la magistrada electoral Janine Otálora en la impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la candidatura a diputado federal de Francisco García Cabeza de Vaca por el PAN. La propuesta de Otálora es que se le debe revocar al exgobernador de Tamaulipas dicha candidatura por existir en su contra dos órdenes de aprehensión, sin que haya prescrito la acción penal, además de que el candidato panista se ha sustraído de la justicia para evitar la acción penal. Las órdenes de aprehensión vigentes, dice la magistrada en su proyecto, son por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a pesar de que ella misma menciona la existencia de un amparo concedido por el Juzgado Octavo de Distrito, afirma que la orden de detención sigue vigente, ya que “al haberse iniciado con la imputación de delitos graves, los efectos de la suspensión e incluso de la sentencia de amparo del 30 de noviembre de 2023, conforme a la legislación aplicable, no tiene como efecto que esta pierda vigencia”. El otro criterio que expone Janine Otálora para revocarle la candidatura, es que Cabeza de Vaca se encuentra prófugo de la Justicia, ya que cuenta con dos alertas migratorias emitidas por la Interpol y la FGR. “Basta que un ciudadano se coloque o ubique en ese supuesto normativo (sustraerse de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal por el libramiento de una orden de aprehensión), para que sus derechos político-electorales se entiendan suspendidos”, expone la magistrada. Veremos cómo votan los otros cuatro compañeros de Otálora en la Sala Superior del Tribunal y si se reúnen los 3 votos necesarios para revocarle la candidatura a Cabeza de Vaca o si, una vez más, como ya lo ha logrado en varias ocasiones, el exgobernador panista le gana esta batalla jurídica a Morena y a la 4T, con una mayoría de ministros en contra del proyecto…La candidata al gobierno de Veracruz se parece cada vez más a los antiguos políticos del PRI a los que el pópulo solía llamar los “Nopales”, porque constantemente se les descubrían nuevas propiedades. Esta semana el empresario veracruzano Arturo Castagne Couturier, quien se ha convertido en un auténtico verdugo para la candidata morenista, reveló la existencia de un lujoso departamento en el municipio más rico de México, San Pedro Garza García, en Nuevo León, propiedad del esposo de Rocío Nahle, José Luis Peña. Ayer en redes sociales, el periodista Edgar Hernández contabilizaba que entre las mansiones que le han descubierto a Nahle en las últimas tres semanas, suman ya 90 millones de pesos en valor, algo que excede con mucho sus ingresos como funcionaria pública, y según dicho periodista, “la mansión de Cancún que está por revelarse ha de estar de película”, además de mencionar la escritura de una casa en El Pedregal de la CDMX que en su declaración patrimonial dice que data de 8 años y le renta a su sobrina. En fin que a ese ritmo la señora Nahle terminará con más propiedades que esa conocida planta mexicana que aparece en el escudo nacional…Los dados cierran semana con Serpiente Doble. Vivimos días turbulentos.

Los que están cerca de la campaña de la morenista Claudia Sheinbaum afirman que la candidata le ha perdido la confianza al dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, a partir de los señalamientos, quejas y denuncias que proliferan entre las bases del partido oficialista, en las que se acusa al líder nacional de lucrar política y económicamente con la designación de las candidaturas en el actual proceso electoral. Las acusaciones, que han llegado hasta el cuartel de la campaña presidencial, señalan que Delgado impone y apoya candidatos en los municipios y estados, que ni tienen arraigo, ni son apoyados por las bases y en muchos casos nadie se explica por qué el dirigente de Morena los impulsa y los impone por la fuerza.

El tema se vuelve delicado ante señalamientos que no sólo surgen de las bases que en varias entidades y municipios se rebelaron ante las imposiciones del CEN de Morena, sino que incluso entre los 23 gobernadores de ese partido y sus aliados, ha permeado la inconformidad y la extrañeza de que Mario Delgado imponga candidaturas, lo mismo a diputados federales, locales, senadurías, alcaldes y regidurías que no son respaldadas ni por los militantes y que en muchos casos tampoco aceptan los propios gobernadores de la 4T.

Fuentes directas que estuvieron en esa reunión, nos aseguran que el pasado 18 de febrero, día en que Claudia Sheinbaum acudió a registrarse ante el INE como candidata presidencial de la alianza “Juntos Seguiremos Haciendo Historia”, los 23 gobernadores morenistas fueron convocados a un encuentro privado con la doctora que se realizó en el salón de un céntrico hotel. El motivo de la reunión era comenzar a definir las estrategias con las que los mandatarios respaldarían y apoyarían la campaña presidencial, pero en algún punto de la plática, los gobernadores comenzaron a quejarse de la actuación de Mario Delgado y a exponerle a Sheinbaum su inconformidad por la forma “extraña” en que se estaban definiendo a los candidatos en sus entidades.

Frente al líder nacional de Morena que estaba presente en el encuentro, gobernadoras y gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Baja California, Nayarit, Colima y otras entidades desde que gobierna el partido oficial, aprovecharon la primera queja de uno de ellos para descoserse y empezar un rosario de quejas y acusaciones contra Mario Delgado. “A mí me impusiste a tal candidato sin que tuviera apoyo real de las bases”, decía un gobernador. “No entiendo por qué pusiste a ese candidato en la alcaldía, si no lo quiere la militancia”, secundaba otro mandatario; “yo no entiendo con qué criterios se decidieron varias candidaturas en mi estado, sin tomar en cuenta nuestras opiniones”, dijo una gobernadora.

Fue tal el rosario de quejas contra Mario que escuchaba azorado los señalamientos, que Claudia Sheinbaum tomó la palabra para responderles a todos los mandatarios y mandatarias morenistas: “Yo no avalo ninguna designación que no haya sido acordada con ustedes. Efectivamente son los gobernadores los que deben ser tomados en cuenta a la hora de definir a los candidatos, siempre con base en criterios de encuestas y aceptación de la militancia”, dijo la candidata en tono enérgico, ante lo cual el dirigente nacional quedaba evidenciado y sin el apoyo de la abanderada presidencial de su partido.

Y es que los señalamientos que se escuchan entre morenistas inconformes, tanto de base como entre cuadros dirigentes en los estados, son más que delicados: “Por una candidatura a regidor te piden (desde el CEN de Morena) 1 millón de pesos, y si quieres una a diputado local son 3 millones de pesos”, comentó un dirigente de Morena en una entidad de la República que pidió el anonimato. La operación para cobrar por las nominaciones a cargos locales, afirma, la realizan por instrucciones de la dirigencia nacional los “delegados especiales” o “delegados políticos” del partido Morena en los estados de la República.

En Tamaulipas, por ejemplo, el delegado de Morena, que envió Mario Delgado a operar las designaciones y candidaturas locales, tuvo que salir huyendo del estado, luego de que en municipios como Reynosa y Matamoros se le rebelaran las bases y lo repudiaran por “no respetar los acuerdos y la palabra de la dirigencia nacional” al momento de elegir a los candidatos. Información que manejan periodistas locales, citando a fuentes de inteligencia estatal, aseguran que antes de que saliera repudiado del estado, al delegado lo vieron reunirse con varios aspirantes, que luego resultarían nominados, y que según testigos presenciales el funcionario del CEN morenista “recibía siempre en esos encuentros portafolios llenos de dinero en efectivo”.

Y aunque información como esa se repite en varios estados gobernados por Morena y se escucha en voz de dirigentes y militantes de ese partido, el tema no ha ameritado ni investigaciones ni aclaraciones del CEN morenista. Pero eso sí, las consecuencias para Mario Delgado, ante tan graves señalamientos sí han sido más que evidentes porque, según confirman allegados a Sheinbaum, se le ve cada vez más lejos de la candidata y de la campaña, en donde solo lo convocan como mera formalidad, aunque la operación real de los asuntos de Claudia se los han encargado a Citlalli Hernández, en quién sí confía plenamente la doctora, tal y como se vio en el primer debate del pasado domingo, donde a la secretaria general de Morena la vieron operando todo lo relativo a la candidata morenista, mientras a Mario se le veía sólo en las fotos.

¿Será que el frío del hielo político ya le llegó al controvertido dirigente morenista que apenas pase la elección presidencial sería relevado del cargo?

NOTAS INDISCRETAS… En una decisión fast track, por mayoría de votos y con una extraña ausencia de discusión, los magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron anoche por restablecer la candidatura al Senado, por el estado de Querétaro, para el morenista Santiago Nieto Castillo. Los argumentos esgrimidos por el magistrado Felipe Fuentes, que invocó resoluciones de la ONU sobre que el acta de nacimiento basta para darle derechos jurídicos y reconocimiento pleno a cualquier ciudadano, fueron la base sobre la cual los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y el ponente Fuentes votaron a favor de revocar el fallo de la Sala Regional de Toluca que le había quitado la candidatura a Nieto Castillo por no cumplir con el requisito de ser originario del estado de Querétaro, al que pretende representar en el Senado. Con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora y la ausencia del magistrado Reyes Mondragón —a quién por cierto Santiago Nieto le había pedido excusarse de votar por tener con él una “enemistad manifiesta”— el Tribunal le devolvió al morenista la posibilidad de contender por el Senado a pesar de que él nació en la Ciudad de México, pero fue registrado con un acta en el estado de Querétaro, además de que en el tema de su falta de residencia en el estado, que era otra de las impugnaciones del PAN, los magistrados avalaron que basta con que se tenga credencial de elector con domicilio de una entidad, para acreditar la residencia efectiva. El fallo del Tribunal Electoral federal contrasta con otros fallos emitidos en casos similares, como el de Miguel Angel Yunes Márquez, el aspirante panista al que en 2021 le fue revocada su candidatura a alcalde de Veracruz, por la Sala Regional de ese estado, bajo el criterio de que no acreditó su residencia efectiva, por vivir en el municipio de Boca del Río y no en el puerto de Veracruz. Incluso el miércoles pasado, el mismo Tribunal resolvió en sentido contrario un caso en el que también se discutía la residencia efectiva de un aspirante a consejero del OPLE del INE en el estado de Morelos. El expediente SUP-JDC-372/2024 se resolvió en contra del aspirante a consejero electoral, quien se había inconformado ante el TEPJF porque la Comisión de Vinculación del INE le negó el nombramiento a partir de que dijo que no cumplía con el requisito de cinco años de residencia efectiva en Morelos. El aspirante se quejó ante el Tribunal y los magistrados le ratificaron la negativa, a pesar de que presentó una credencial del INE y una constancia de situación fiscal con domicilio en Morelos, a partir de que dijeron que tenía una casa en Toluca y su residencia hasta el 2021 estaba en el Estado de México. ¿Entonces lo que vale en unos casos en otros no, o cómo?… Para todos los que dudaban ya de la existencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, quien lleva meses, sino es que años escondido de los medios y los reflectores públicos, ayer el señor fiscal recibió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en un encuentro privado que, según la funcionaria federal, fue “para avanzar en todos los casos e investigaciones” como parte de lo que llamó una “estrecha coordinación”. ¿No se supone que el señor fiscal es totalmente autónomo según la Constitución? No es que esté mal que haya “estrecha coordinación” como dice la señora Alcalde, pero a juzgar por los hechos, parece que más bien la polémica y fanatizada secretaria fue a revisar por qué el señor fiscal carnal de la 4T nomás no da una en ninguno de los casos que le interesan al presidente. Así que, a reserva de que se preparen nuevas venganzas y expedientes políticos como los que se han estilado desde la FGR por órdenes del señor de Palacio, por lo pronto la foto que compartió Alcalde funciona como una prueba de vida de que el señor Gertz Manero, con sus ya casi 85 años, nomás no gana un caso y todos se le caen, pero sigue vivo y cobrando su sueldo de fiscal… Dados rodando. Capicúa y se repite el tiro.

Uno de los pleitos personales más sonados de la política actual, el del extitular de la UIF, Santiago Nieto, y el exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del litigio por la revocación de la candidatura a Senador de Nieto por el partido Morena, que fue revocada el pasado 31 de marzo por la Sala Regional de Toluca de dicho Tribunal, atendiendo una queja del PAN sobre el incumplimiento del requisito de residencia por parte del aspirante morenista.

Y es que, en vísperas de que este mismo miércoles los magistrados de la Sala Superior del Tribunal discutan y voten un recurso de apelación interpuesto por el propio Santiago Nieto, este mismo interpuso una “Solicitud de Recusación” para que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se excuse y quede impedido de votar en el caso de su candidatura “por tener una enemistad manifiesta hacia mi persona”, dice el extitular de la UIF.

En un escrito que presentó ante la Sala Superior del Tribunal federal, Nieto argumenta que el magistrado Reyes es su “enemigo” a partir de la relación política y personal que el juzgador electoral tiene con el panista Roberto Gil Zuarth, quien lo ha promovido durante su carrera. Incluso, el exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y exencargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, expone como una razón para el excusamiento del magistrado la enemistad, también manifiesta, que dice tener con Roberto Gil Zuarth, a partir de que se casó con Carla A. Humphrey Jordan, actual consejera del INE y quien antes fuera esposa de Gil.

“Es públicamente conocido, e incluso aceptado por el magistrado Rodríguez Mondragón, que en su carrera ha sido promovido por Roberto Gil Zuarth, quien a su vez tiene una enemistad manifiesta hacia mi persona y hacia la consejera Carla A. Humphrey Jordan, mi esposa, como consecuencia de la alianza mencionada. Estos vínculos ponen en tela de juicio la posibilidad de que en el presente asunto, por parte de dicho magistrado, no se encuentre obnubilado en los asuntos que perjudiquen al suscrito o se encuentren relacionados con mi persona”, expone Nieto Castillo.

Luego, en el escrito jurídico, el aspirante a senador por Morena abunda en los detalles personales de su “enemistad manifiesta” con Roberto Gil: “El enfrentamiento con Roberto Gil Zuarth, así como su animadversión hacia mí, ha provocado una larga batalla llena de acusaciones, denuncias en medios y redes sociales, y una serie de eventos legales que han marcado profundamente nuestra relación. He vivido en primera persona la intensidad de este conflicto, que ha escalado a niveles públicos y privados. La base de este conflicto se sitúa en las acusaciones lanzadas por parte de Gil Zuarth acusándome de operar una red de empresas fachada para evasión fiscal y lavado de dinero lo cual es falso”.

Más adelante en su solicitud de recusación, Nieto expone que este tipo de pleitos, como el que sostiene con Gil y en el que se mezclan asuntos políticos con temas personales, son parte de la cultura política mexicana: “Este conflicto entre Roberto Gil Zuarth y el suscrito, es un reflejo de la complejidad de la política mexicana, donde las acusaciones de corrupción y los enfrentamientos personales a menudo se entrelazan con los intereses políticos y las agendas de poder”, afirma.

Anoche en la página de internet del Tribunal se publicó el Proyecto de Sentencia sobre la revocación de candidatura de Santiago Nieto, elaborado por el magistrado ponente, Felipe Fuentes, quien con un día de anticipación hizo público el sentido de su resolución a favor de que se le restablezca la candidatura a senador a Santiago Nieto Castillo, porque sí cumple con el requisito de haber sido registrado con un acta de nacimiento en el estado de Querétaro, lo cual le otorga todos los derechos jurídicos que tiene cualquier queretáno incluida la oriundez de esa entidad.

A pesar de que la Sala Regional de Toluca le dio la razón a los argumentos del PAN, en el sentido de que Nieto Castillo no nació en territorio de Querétaro y solo fue registrado en la entidad, además de no tener residencia efectiva ni haber ocupado cargos públicos previos en ese estado, el magistrado Fuentes establece, en el proyecto que comenzó a circular desde ayer, que de acuerdo con una resolución de la Organización de Naciones Unidas, es el acta de nacimiento lo que otorga a cualquier ciudadano todos los derechos y genera las consecuencias jurídicas para considerarlo oriundo de un país, estado o territorio.

En ese sentido, el proyecto que votarán este mediodía los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece que Santiago Nieto Castillo sí puede ser candidato al Senado por el partido Morena, porque no sólo cumple el requisito de ser originario de Querétaro, al haber presentado un acta de nacimiento del Registro Civil de ese estado, independientemente de donde haya nacido, además de que también cumple el requisito de residencia efectiva, al haber presentado una credencial del INE vigente y con domicilio en la ciudad de Querétaro.

Anoche dirigentes del PAN se quejaban de que el magistrado Fuentes incumplió la ley y faltó a la confianza al haber anticipado la publicación de su proyecto de sentencia, sin embargo, fuentes del Tribunal Electoral aseguran que la publicación anticipada de algunos proyectos de resolución está autorizada, a partir de un acuerdo de 2020, que señala que en casos muy controvertidos o polémicos y que generan presiones mediáticas o políticas para los magistrados ponentes, como una forma de transparentar sus resoluciones ante las partes y atendiendo el principio de “Máxima Publicidad” que establecen las leyes de Transparencia y Acceso a la Información en el país.

Así que hoy veremos cómo se termina de resolver este asunto de la candidatura de Santiago Nieto en el que los argumentos jurídicos se entremezclan con los pleitos personales, maritales y políticos, en algo que, según el mismo extitular de la UIF, forma parte de la “complejidad de la política mexicana”.

NOTAS INDISCRETAS… La presencia ayer de los 23 gobernadores de Morena y aliados en la conferencia matutina del presidente llamó mucho la atención, sobre todo porque mientras varios de los mandatarios estatales estaban ahí, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional escuchando las largas alocuciones presidenciales, en sus estados las crisis y problemas no paraban. Fue el caso de la gobenadora Evelyn Salgado, a quien se le veía muy atenta y concentrada escuchando al presidente, mientras en su estado ardía el Palacio de Gobierno y la Guardia Nacional tenía que blindar otros edificios públicos, como la sede de la Fiscalía de Justicia guerrerense, ante las protestas violentas y disturbios de los normalistas de Ayotzinapa. Por cierto que los 23 gobernadores, nos dicen, fueron traídos desde sus estados a petición expresa del presidente, que como parte del entripado y el coraje que traía por los golpes y señalamientos de corrupción e ineptitud que se hicieron contra su gobierno en el primer debate presidencial, pidió a lo gobernadores morenistas que “salgan a defender lo que hemos hecho en materia de salud, educación, seguridad y combate a la corrupción”. El presidente les tuvo que pedir a los mandatarios estatales de su partido que lo defendieran ante los medios y la opinión pública, luego de que tras el debate le quedara la parcepción y el enojo de que su candidata, su hija política, a la que él hizo abanderada presidencial, no lo defendió de los duros ataques opositores en dicho debate… Y hablando de gobernadores, ¿alguién se acuerda de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte? A Karime la acusó el gobierno de Miguel Ángel Yunes de fraude al estado y, ante su huida a Londres, la justicia mexicana pidió su extradición para ser juzgada en la entidad veracruzana. El caso lleva ya varios años y, nos adelantan fuentes bien informadas, que muy pronto volverá a ser noticia, porque al parecer a Karime la abundancia le llegó ahora en forma de justicia y al parecer se quedará definitivamente en Londres y no será juzgada en México. Ya les informaremos… Los dados repiten Serpiente. Descendemos.