A favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación, gobernadores y gobernadoras afines a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) expresaron su preocupación por los numerosos amparos en su contra, los cuales apoyaron no acatar. En un comunicado conjunto, manifestaron su inquietud por los amparos “ilegales e improcedentes” y acusaron a los jueces de tener una intención antidemocrática al querer sustituir a los legisladores y detener las reformas consumadas.

Los mandatarios estatales argumentaron que los jueces están violando la Ley de Amparo, específicamente el artículo 61 que establece la improcedencia de un juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señalaron que los juzgadores incurren en un abuso de autoridad al ir en contra de dicha ley. A su vez, advirtieron que aquellos que contravengan lo que estipula la ley, siendo encargados de administrar justicia, cometen un abuso de autoridad punible.

Por esta razón, los gobernadores y gobernadoras se pronunciaron a favor de desacatar los amparos, ya que consideran que son violatorios debido a que los actos del poder reformador no están sujetos a ningún mecanismo de control jurisdiccional previsto en la Constitución general, ni en su ley orgánica. Además, mencionaron que los jueces se exceden al emitir suspensiones definitivas contra la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Una jueza federal ha otorgado una suspensión definitiva contra la reforma al Poder Judicial, ordenando al Diario Oficial de la Federación (DOF) y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que eliminen la publicación de la reforma en un plazo máximo de 24 horas.

La jueza Nancy Juárez Salas, del Décimo Noveno juzgado de Distrito en el estado de Veracruz, fue quien emitió la orden para eliminar la reforma del DOF y dar un plazo de 24 horas para que sea retirada del Diario Oficial, de acuerdo con un documento que se ha difundido en redes sociales.

El documento señala que las autoridades responsables deben informar y acreditar el cumplimiento de la suspensión en un plazo de 24 horas a partir de su notificación. De no cumplir con esto, se iniciará un proceso legal contra la presidenta y el funcionario del DOF en virtud del delito que se establece en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.

La ley establece que aquellos servidores públicos que, en un juicio de amparo o en un incidente de suspensión, no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado, serán sancionados con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo público.

Hasta el momento, ni la presidenta Sheinbaum ni el DOF han hecho declaraciones al respecto de esta resolución. Sin embargo, la jueza ha dejado en claro que si no se cumple con la orden en el plazo establecido, se informará al Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, y el comediante Carlos Ballarta se enfrascaron en una acalorada discusión en redes sociales, luego de que López Beltrán criticara una de las rutinas de Ballarta en la que se refirió al caso de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública sentenciado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico.

El conflicto comenzó cuando, tras la difusión de la rutina de Ballarta, en la cual el comediante calificó a García Luna como “colaborador de narcotraficantes”, López Beltrán comentó en X (anteriormente Twitter) sobre el estilo del comediante: “Es muy chistoso @ballartaexiste, desde estos monólogos bien elaborados, hasta su lamentable comedia involuntaria”, expresó. Acto seguido, López Beltrán profundizó sobre su crítica, señalando un tuit anterior de Ballarta en el que el comediante sugería que las generaciones futuras verán al expresidente López Obrador de la misma forma en que se percibe hoy a Carlos Salinas de Gortari.

Es muy chistoso @ballartaexiste, desde estos monólogos bien elaborados, hasta su lamentable comedia involuntaria. https://t.co/XHbxu1CRUC

— José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) October 16, 2024

“Esta es la comedia involuntaria de la que hablo”, escribió López Beltrán, calificando los comentarios de Ballarta como “desinformados” y afirmando que el comediante es cercano a personas que “aún creen que la Tierra es plana”. Su crítica cerró con una frase burlona: “Mejor que siga tomando su Boing de guayaba mientras nos cuenta más anécdotas chistosas”.

Ballarta no se quedó callado y respondió compartiendo otra de sus rutinas, esta vez sobre el controvertido tema de la “Casa gris”, una propiedad en Houston ligada a José Ramón López Beltrán, que fue motivo de señalamientos por parte de la oposición al gobierno de AMLO. El comediante escribió en su cuenta: “PARA TODOS TENGO HDTPM, PINCHES CHUPASANGRES”, y en su rutina satirizó cómo reaccionaría un padre ante acusaciones sobre su hijo. “Como ciudadano, le recrimino al señor presidente, como padre, le aplaudo”, expresó en tono sarcástico.

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El conflicto escaló aún más cuando López Beltrán arremetió de nuevo en X, señalando que Ballarta había dejado de ser una “voz irreverente y auténtica” para convertirse en una herramienta de los “moralmente derrotados” que buscan regresar al poder. En su comentario, López Beltrán acusó al comediante de trivializar y calumniar, en lugar de utilizar su talento para “elevar la conversación” y crear conciencia sobre la realidad que viven los mexicanos.

La respuesta de Ballarta fue contundente, llamando a la familia de López Obrador un “lastre para el país” y asegurando que figuras como ellos ya habían sido removidas del poder en el pasado: “No se hagan los iluminados, lacras como ustedes ha habido un chingo y más ojetes, y a todos los hemos sacado del poder”, sentenció en su mensaje.

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Este intercambio público ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes han seguido de cerca el pleito entre un hijo del expresidente López Obrador y uno de los comediantes más conocidos de México.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Ejército mexicano estuvo involucrado en la muerte de mil 182 civiles, clasificados como presuntos agresores, según cifras reveladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta información, revisada por el periódico El Financiero, muestra que, en promedio, cada 42.6 horas falleció un civil en circunstancias que involucraron a elementos del Ejército entre el 1 de enero de 2019 y el 3 de octubre de 2024.

En este periodo de 5 años y 276 días, el Ejército reportó un total de mil 543 agresiones contra sus elementos, lo que representa un ataque cada 32 horas. Como resultado de estos enfrentamientos, 359 militares perdieron la vida.

“Enfrentamientos” que no lo son

Las cifras oficiales sobre muertes de civiles en presuntos enfrentamientos han sido cuestionadas debido a la forma en que el Ejército clasifica estos incidentes. Uno de los casos más destacados ocurrió en septiembre de 2019, en el sector de Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, donde ocho personas fueron asesinadas por policías y soldados. El informe oficial catalogó el hecho como un enfrentamiento, alegando que los militares habían repelido una agresión.

Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos aseguraron que las personas habían sido secuestradas, vestidas con ropa táctica y presentadas falsamente como miembros del Cártel del Noreste. El defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que las víctimas fueron torturadas y asesinadas a sangre fría por las fuerzas de seguridad.

“Los vistieron con uniforme militar y uno a uno los fueron privando de la vida. Los mataron a sangre fría sin dar oportunidad de defenderse”, declaró Ramos en ese entonces. Tres años después, el gobierno de Tamaulipas ofreció una disculpa pública por la violación grave a los derechos humanos en este caso.

Nuevo Laredo, una zona marcada por la violencia contra las Fuerzas Armadas y la violencia militar contra civiles, ha sido escenario recurrente de denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Tan solo en la última semana, se reportó la muerte de tres civiles a manos de soldados en la región. Este patrón de uso excesivo de la fuerza y de encubrimientos no es exclusivo de este sexenio, como lo demuestran los asesinatos de Jorge Mercado y Javier Arredondo frente al Tec de Monterrey en 2010 y las ejecuciones de Tlatlaya en 2014.

La revisión de estos casos ha llevado a activistas y organizaciones a advertir que las cifras oficiales deben tomarse con cautela, ya que muchas muertes catalogadas como enfrentamientos podrían en realidad ser ejecuciones extrajudiciales.

El magistrado de circuito Juan Pablo Gómez Fierro, reconocido por poner freno a las reformas de AMLO, se ha negado a participar en las elecciones de 2025, luego de ser sorteado en la tómbola judicial. Mediante una carta dirigida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Fierro ha solicitado concluir su encargo debido a su oposición a la reforma al Poder Judicial, que establece el voto popular como método para selección de jueces, magistrados y ministros.

En su carta, el juez expresó su decisión de declinar ante el Senado su candidatura para ocupar cualquier cargo de magistrado de Circuito, ya que considera que dicha reforma va en contra de los valores de la república y la división de poderes. Además, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que concluya su gestión el 31 de octubre de 2024.

Fierro afirmó estar seguro de que la historia reivindicará el importante rol del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y la defensa del orden constitucional. También destacó su labor como magistrado, asegurando que siempre se condujo con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, valores que seguirá defendiendo desde la sociedad civil.

Esta decisión ha sido respaldada por figuras públicas como el empresario y opositor a la autodenominada Cuarta Transformación, Claudio X. González, quien expresó su reconocimiento y mejores deseos para el juez.