El magistrado de circuito Juan Pablo Gómez Fierro, reconocido por poner freno a las reformas de AMLO, se ha negado a participar en las elecciones de 2025, luego de ser sorteado en la tómbola judicial. Mediante una carta dirigida al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Fierro ha solicitado concluir su encargo debido a su oposición a la reforma al Poder Judicial, que establece el voto popular como método para selección de jueces, magistrados y ministros.

En su carta, el juez expresó su decisión de declinar ante el Senado su candidatura para ocupar cualquier cargo de magistrado de Circuito, ya que considera que dicha reforma va en contra de los valores de la república y la división de poderes. Además, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal que concluya su gestión el 31 de octubre de 2024.

Fierro afirmó estar seguro de que la historia reivindicará el importante rol del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos y la defensa del orden constitucional. También destacó su labor como magistrado, asegurando que siempre se condujo con lealtad, honradez, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, valores que seguirá defendiendo desde la sociedad civil.

Esta decisión ha sido respaldada por figuras públicas como el empresario y opositor a la autodenominada Cuarta Transformación, Claudio X. González, quien expresó su reconocimiento y mejores deseos para el juez.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo de Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), como Gobernador electo de Jalisco, luego de analizar las impugnaciones presentadas por Morena y su ex candidata Claudia Delgadillo. Los magistrados desestimaron las denuncias de irregularidades que, según Morena, debían anular la elección.

Sin debate, los integrantes del TEPJF respaldaron la propuesta del magistrado Felipe Fuentes, quien concluyó que las pruebas presentadas por Morena eran insuficientes para demostrar que las presuntas anomalías hubieran influido de manera decisiva en los resultados de la elección.

Los morenistas acusaron al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral estatales de actuar de manera parcial, señalaron la intervención de funcionarios y de la iglesia en el proceso, además de denunciar un mal manejo en la cadena de custodia de los paquetes electorales. No obstante, el magistrado Fuentes señaló que, tras analizar 57 tomos de pruebas, estas no demostraron las irregularidades con la fuerza necesaria para invalidar la elección.

“La nulidad exige una demostración clara y contundente de que las irregularidades ocurrieron y que influyeron decisivamente en el resultado, y en este caso no aconteció”, argumentó el magistrado. Aseguró que la diferencia de más de 180 mil votos entre el primer y segundo lugar refuerza la legitimidad del resultado.

Asimismo, Fuentes indicó que los quejosos no demostraron de manera clara las supuestas irregularidades. Un ejemplo fue la acusación de que funcionarios participaron como representantes de Movimiento Ciudadano en 11 de los 20 consejos distritales, lo cual, según el magistrado, no fue probado adecuadamente, ya que sólo se presentó un listado de nombres.

El Tribunal también desestimó las acusaciones de mal manejo de los paquetes electorales y la presunta violación a la cadena de custodia. Además, no se confirmó un agravio relacionado con violencia política de género en contra de Claudia Delgadillo, ya que no se encontraron pruebas que indicaran una campaña con estereotipos de género en su contra.

Finalmente, aunque se señaló un error en el cálculo del resultado entre el primer y segundo lugar por no haber tomado en cuenta los votos nulos, el magistrado Fuentes subrayó que este fallo no afecta la validez de la elección, calificándolo como un error técnico menor.

Con la resolución del Tribunal, se confirma que Pablo Lemus ganó la elección con 1 millón 626 mil 789 votos, superando a Claudia Delgadillo, quien obtuvo 1 millón 440 mil 24 votos.

Los puestos de 13 jueces y juezas que denunciaron haber recibido presiones durante la administración del exministro Arturo Zaldívar fueron seleccionados en el sorteo del Senado realizado este sábado, lo que significa que sus cargos serán sometidos a voto popular en 2025. Estos juzgadores habían sido mencionados en una denuncia anónima presentada en abril de este año contra Zaldívar, en la que se señalaba que varios jueces y magistrados fueron presionados por al menos cuatro altos funcionarios del Gobierno Federal para resolver casos de interés para la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Entre los nombres de los jueces y juezas cuyos puestos serán sometidos a elección en 2025 se encuentran Adrián Fernando Novelo Pérez, juez que ha emitido resoluciones sobre el Tren Maya; la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, involucrada en la resolución de amparos en el caso Emilio Lozoya; y los juzgadores Abigail Ocampo Álvarez y Julio Veredín Sena, quienes habrían sido presionados en casos relacionados con extradiciones.

Además de estos 13 jueces, en 2025 también estarán en riesgo los puestos de 26 magistrados y magistradas más, de un total de 39 que supuestamente fueron presionados por altos mandos del Poder Judicial. Durante el sorteo del sábado, se definió que 36 plazas correspondientes a 28 tribunales colegiados de circuito serán sometidas a elección, en tribunales donde trabajan magistrados que han denunciado presiones, como la magistrada Emilia Molina de la Puente, quien habría sido presionada en casos relacionados con empresas como C&A Mazatlán y Forever 21. Otro nombre destacado es el del magistrado Luis Vega Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), quien también habría sido presionado para influir en otros jueces y magistrados.

En total, el sorteo ha puesto en juego los puestos de 39 de los 58 jueces y magistrados que aún están en activo y que, según denuncias, habrían sido presionados por parte del Gobierno Federal. Por otro lado, 24 jueces y magistrados que habrían recibido presiones ya no figuran en las bases de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lo que ha generado interrogantes sobre su situación actual.

El caso Zaldívar

Este proceso de elección mediante voto popular se da en el contexto de las denuncias contra Arturo Zaldívar, exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En abril de 2023, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, recibió una denuncia anónima en contra de Zaldívar por presuntos actos de corrupción cometidos entre 2019 y 2022, que podrían ser causa de responsabilidad administrativa. Según la denuncia, Zaldívar habría actuado a través de Carlos Antonio Alpízar, quien en ese momento era secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Zaldívar, en respuesta a las denuncias, aseguró que la investigación tenía motivaciones políticas, buscando desprestigiar a exfuncionarios del Poder Judicial que en su momento emitieron resoluciones favorables al Gobierno de López Obrador. A raíz de la denuncia, más jueces y magistrados presentaron denuncias adicionales ante la SCJN y el CJF, exponiendo tanto a quienes aceptaron las presiones como a los que luego participaron en las propias investigaciones del caso.

Uno de los señalados en la denuncia, según información obtenida por Animal Político, fue nombrado posteriormente como magistrado, lo que aumentó las sospechas de irregularidades dentro del máximo órgano de vigilancia de los tribunales y juzgados del país.

La reforma al Poder Judicial y el sorteo de plazas

El proceso de elección popular de jueces y magistrados fue posible gracias a la reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 5 de febrero de 2024 envió al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales que incluyó la propuesta para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueran elegidos mediante voto popular.

Tras varios meses de debate y la organización de foros para discutir la reforma, en los que algunos jueces y magistrados denunciaron no haber sido tomados en cuenta, el 19 de agosto de 2024 los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) iniciaron un paro nacional de labores en protesta contra la reforma judicial. Dos días después, el 21 de agosto, jueces y magistrados federales de todo el país se sumaron a la protesta.

Sin embargo, a pesar de las manifestaciones, el Congreso de la Unión y diversos congresos estatales aprobaron la reforma judicial, y el 15 de septiembre de 2024, el presidente López Obrador publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma establece que el Senado tiene 30 días naturales desde su entrada en vigor para emitir la convocatoria que integrará los listados de candidatos que participarán en las elecciones extraordinarias.

En cumplimiento de esta disposición, el Senado llevó a cabo el sorteo que determinó los puestos de jueces y magistrados que serán sometidos a elección en 2025. En total, serán elegidos 464 magistrados y 386 jueces, en un proceso que duró aproximadamente seis horas y fue realizado con la ayuda de tómbolas y esferas blancas, según lo describieron los senadores presentes.

Durante el sorteo, poco más de 200 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera de la sede del Senado, portando pancartas, golpeando tambores y lanzando consignas, como lo han hecho durante 53 días consecutivos. Este grupo de trabajadores ha expresado su rechazo a la reforma, argumentando que afectará la independencia del Poder Judicial.

El sorteo fue dirigido por senadores de Morena y el Partido del Trabajo, mientras que legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano se ausentaron en señal de protesta. Los senadores del PRI, por su parte, sí asistieron al sorteo, asegurando que estaban presentes para vigilar el proceso y evitar posibles manipulaciones. No obstante, los legisladores priistas reiteraron ante los medios que planean impugnar las reformas una vez que sean aprobadas en su totalidad por el Congreso.

Finalmente, a las plazas sorteadas para la elección de 2025 se sumaron aquellas que quedaron vacantes por renuncias o retiros programados, completando así el listado de jueces y magistrados que estarán en juego en las elecciones del próximo año.

El pasado jueves 10 de octubre, el Senado de la República aprobó un mecanismo de selección de jueces y magistrados como parte de la reforma al Poder Judicial propuesta por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, este lunes, un cambio debió ser avalado por el pleno debido a que la Constitución de México establece un proceso de selección más específico. Así, a las 9:45 am dio inicio el sorteo judicial en el salón de sesiones del Senado.

El presidente de la sesión, Gerardo Fernández Noroña, comunicó que el objetivo de la realización del sorteo era “aplicar al azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a la elección el primer domingo de junio de 2025 y qué mitad irá a la elección en junio de 2027”. Un total de 927 personas magistradas de circuito formaron parte de este ejercicio insaculatorio, de las cuales 464 serían seleccionadas. Sin embargo, debido a las 114 vacantes disponibles, solo se podrían elegir a 350.

El proceso era incierto ya que, durante el sorteo, cayeron al suelo varias pelotitas, lo que generó dudas acerca de la precisión de la selección. Algunos senadores del partido gobernante, Morena, solicitaron explicaciones al presidente de la sesión. “Todos estamos aprendiendo aquí: de aquí directo a la Lotería Nacional”, ironizó Fernández Noroña en respuesta.

🗳️📌 "Estamos un poco… nunca hemos hecho un proceso así. Es inédito. Es único. Entonces… todos estamos aprendiendo. Y de aquí directo a la Lotería Nacional", Fernández Noroña. pic.twitter.com/GdYfGZxFGe

— Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 12, 2024

Finalmente, gracias a la presencia de 11 senadores del PRI en la sesión, se logró alcanzar el quórum necesario para validar el proceso, aunque la sesión inició con 45 minutos de retraso debido al ajetreo y las dudas surgidas durante el sorteo.

En preparación para la elección judicial del primer domingo de junio del próximo año, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, supervisó un simulacro de la tómbola que se llevará a cabo para designar los juzgados que entrarán en contienda. Acompañado por otros funcionarios y su equipo de asesores, Fernández Noroña fue testigo del ejercicio de insaculación en el salón de plenos a mediodía.

El jefe de la bancada morenista, Adán Augusto López Hernández, el jefe de Servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y la senadora Verónica Camino, secretaria de la Mesa Directiva, también estuvieron presentes en el simulacro. Funcionarios de la Mesa Directiva introdujeron una tómbola transparente y una oscura al salón, donde se realizará el ejercicio mañana a partir de las 9:00 AM.

El presidente Fernández Noroña agradeció la realización del simulacro y, a través de un mensaje en redes, invitó a la gente a seguir la sesión por el Canal del Congreso. “¿Qué sorteo vamos a celebrar? De los juzgados que van a ir a elección el primer domingo de junio 25. Pares y nones: si sale que los pares van a sorteo, pues esos van a elección. Si sale que los nones, todos esos van. La mitad de las personas juzgadoras”, explicó.

Además, Fernández Noroña destacó la importancia del sorteo para emitir la convocatoria de la elección de jueces, ministros y magistrados, que debe ser publicada a más tardar el 16 de octubre. “Es un proceso único en el mundo: en ningún otro lugar se elige a todas las personas juzgadoras. Es una sesión muy importante a los ojos del mundo. La va a estar transmitiendo el Canal del Congreso. Los invitamos a observarla a partir de las nueve de la mañana”, expuso.

El recién nombrado Alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, ha informado que la ciudad cuenta con el respaldo de 250 elementos de seguridad federal, entre Ejército y Guardia Nacional, tras el asesinato de su antecesor, Alejandro Arcos Catalán. Alarcón realizó su primera conferencia de prensa revelando esta información en la que destacó la importancia de esta presencia en la ciudad para brindar mayor certeza y confianza a la población.

Al entrar en su segundo día de mandato, el nuevo edil ha sido custodiado por dos patrullas de la Guardia Nacional y policías estatales vestidos de civil, mientras que él mismo llegó a la alcaldía en un vehículo blindado rodeado por 20 agentes de seguridad. El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad del Alcalde en todo momento y evitar cualquier otro acto violento.

Alarcón también ha mencionado su preocupación por esclarecer el asesinato de su antecesor, afirmando que su obligación moral y social es apoyar para que se haga justicia. Además, ha destacado que el reforzamiento de la seguridad en Chilpancingo ya existía previamente a su nombramiento, por lo que han trabajado en colaboración con los 250 elementos federales actualmente desplegados en la ciudad.

El Alcalde también tuvo una reunión con el comandante de la 35 Zona Militar y ha confirmado que será la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, quien designe al nuevo Secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo. Alarcón no descarta la posibilidad de asignar escoltas a otros funcionarios del ayuntamiento si es necesario y hace un llamado a la ciudadanía para que confíen en su gestión, asegurando que estará pendiente las 24 horas, los 7 días de la semana.

Asimismo, el Alcalde expresa su preocupación por las comunidades rurales afectadas por el huracán “John” y acompaña a la Gobernadora Salgado en un recorrido por las zonas afectadas. Este es el primer encuentro público entre la mandataria estatal y una autoridad de Chilpancingo desde marzo de 2023.

Alarcón también habló sobre el asesinato del exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE) de la policía estatal, Ulises Hernández, y su pareja, ocurrido el pasado 28 de septiembre. Hernández iba a ser nombrado por Arcos Catalán como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio.

El Alcalde cerró la conferencia reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de Chilpancingo, asegurando que continuará trabajando con el respaldo de los 250 elementos federales y las medidas de seguridad correspondientes.