El gobierno de Estados Unidos ha intensificado la vigilancia sobre los llamados “narcoinfluencers” en México, a quienes acusa de operar como propagandistas y lavadores de dinero para diversos cárteles del narcotráfico. Estos personajes, con gran presencia en redes sociales, estarían utilizando su alcance digital para blanquear recursos y moldear narrativas a favor de grupos criminales.
Una señal contundente se dio el 6 de agosto, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al rapero e influencer Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, por utilizar conciertos y regalías de sus plataformas de streaming para lavar dinero a favor del Cártel del Noreste, catalogado por la administración de Donald Trump como Organización Terrorista Extranjera.
El fenómeno tomó relevancia tras la aparición de volantes en Culiacán con una lista de 25 influencers supuestamente ligados al crimen organizado, de los cuales seis han sido asesinados. Según una fuente del Departamento de Justicia, ya se han identificado perfiles para aplicar sanciones financieras y congelamiento de cuentas.
La DEA ha advertido que las redes sociales y aplicaciones encriptadas son utilizadas por los cárteles para anunciar, vender, reclutar, capacitar y coordinar operaciones sin contacto directo. En este esquema, los influencers se vuelven piezas clave para infiltrar contenidos, normalizar conductas y atraer nuevos integrantes.
Uno de los métodos descritos consiste en inyectar dinero ilícito para inflar cuentas con bots y granjas de clics, monetizar a través de plataformas como YouTube, Instagram y Facebook, y luego retornar las ganancias aparentando legalidad.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene investigaciones abiertas sobre un grupo de 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado de dinero, entre ellos el creador de contenido Markitos Toys, quien ha negado las acusaciones y bajado su presencia en redes.
Aunque expertos consideran que el volumen de dinero lavado por esta vía es menor comparado con otros mecanismos, la función propagandística de estos influencers es considerada altamente estratégica. Moldean la percepción pública, legitiman figuras delictivas y ofrecen una narrativa que minimiza la violencia o la justifica.
En contextos como Sinaloa, los cárteles usan la estética digital, los corridos y los contenidos aspiracionales para ganar influencia directa entre los jóvenes, al tiempo que obtienen beneficios operativos como desinformar, desacreditar rivales o generar distracción para las autoridades.
Para Washington, los narcoinfluencers representan una amenaza en dos frentes: las finanzas ilícitas y la legitimidad simbólica. La OFAC y otras agencias como la DEA y HSI trabajan coordinadamente para cortar las fuentes de ingreso y neutralizar estos “altavoces digitales” del crimen.
En 2025, la violencia contra estos creadores de contenido ha reflejado la importancia que tienen dentro del aparato de propaganda criminal. Volantes marcados con el sello “eliminado”, supuestamente firmados por la facción de “El Mayo”, buscan silenciar a influencers afines a “Los Chapitos” mediante amenazas, autocensura o incluso asesinatos.
