El golpe que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó al gobierno mexicano al declarar a tres instituciones financieras locales como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” fue más que estratégico, porque además de exhibir la incapacidad o complicidad de los funcionarios mexicanos encargados de dar seguimiento a los recursos de procedencia ilícita, involucra en una posible operación criminal a objetivos relacionados con proveedores, asesores gubernamentales, exfuncionarios y todos los relacionados en la supervisión del sector financiero, llámese Secretaría de Hacienda, Banco de México, Unidad de Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Desde febrero del 2024, cuando representantes del Departamento del Tesoro, incluidos miembros de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) y la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, se reunieron en Ciudad de México con autoridades mexicanas como la UIF y Hacienda, se sabía de la importancia que tenía para Estados Unidos el combate al lavado de dinero y el debilitamiento financiero de las organizaciones criminales.
La confirmación de esa prioridad se la hizo saber el secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, Scott K. H. Bessent, al actual secretario de Hacienda de México, Edgar Amador, el 23 de abril de 2025, durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington D.C.
Según lo que se reveló del encuentro, Bessent instó a Amador a echar a andar más iniciativas para desmantelar el financiamiento de cárteles y ofreció su apoyo para crear un mecanismo de revisión de inversiones con enfoque en seguridad nacional.
Por su parte, el secretario de Hacienda se comprometió a intensificar controles contra el financiamiento ilícito, utilizando la UIF, la CNBV y otras entidades, sin comprometer la soberanía. Estados Unidos ofreció asistencia técnica para mejorar la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera en el rastreo y análisis de flujos sospechosos, pero como quien despacha al frente de esa unidad, Pablo Gómez, ha criticado las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos, no hubo mucha colaboración al respecto.
Scott K. H. Bessent expresó puntualmente su preocupación sobre el rol de bancos y casas de cambio mexicanas en el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, a lo que México se comprometió a revisar su legislación actual y explorar nuevas reformas enfocadas en las transacciones transfronterizas, todo en el marco de la soberanía.
Dos meses tardó en llegar la respuesta de Estados Unidos y, en el marco de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Red de Control de Delitos Financieros, el gobierno de Trump emitió una prohibición para realizar transferencias de fondos a través de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, en la que se advirtió que las instituciones financieras “han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.
Tanto Hacienda como las propias instituciones, CIBanco, de Jorge Rangel; Intercam, de Eduardo García Lecuona, y Vector, propiedad de Alfonso Romo, negaron las acusaciones y pidieron al Tesoro de Estados Unidos aportar más información sobre sus dichos. Mientras tanto, las sanciones realizadas bajo el FEND Off Fentanyl Act les prohíbe operar con el sistema financiero estadounidense y son sujetas al bloqueo inmediato de activos en Estados Unidos, además de limitar su acceso a los mercados financieros. Esto sin contar el daño reputacional y financiero que desde el momento de conocerse la noticia comenzó a generarse.
La decisión de incluir a Vector puede leerse también como un mensaje político, al tratarse de uno de los hombres más cercanos en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se desempeñó como Jefe de la Oficina de la Presidencia a inicios de sexenio y quien fungiera como el principal contacto del Ejecutivo con el sector empresarial. Desde el año pasado, Vector ya había dado indicios de irregularidades, cuando el Mellon Bank se negó a ser su corresponsal en el intercambio de dólares después de detectar que enviaba recursos procedentes de actividades criminales.
CIBanco se convirtió en uno de los principales operadores de divisas de las dependencias de gobierno –por ejemplo, le brindó servicios a la Segalmex–, mientras que Intercam mantiene vínculos directos con otras instituciones financieras cercanas al oficialismo.
Por si fuera poco, la medida coincide con la aprobación, en el Senado de la República, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y también con las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ante el Comité de Gastos del Senado, en las que incluyó a México en una “lista negra” de países adversarios extranjeros, alegando que Washington protegerá a sus ciudadanos del tráfico de drogas, incluyendo aquellas originadas en México.
La relación de México con EU se pone cada vez peor.
Posdata 1
Además de la UIF, el otro eslabón más débil de la cadena contra el lavado de dinero es sin duda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Jesús de la Fuente, que no ha hecho más que deteriorarse y disminuir su capacidad operativa durante el actual mandato.
La salida de De la Fuente del organismo regulador es inminente, pero sorprende que no se haya anunciado ya, pese a que le han estallado varios escándalos; el más reciente, la quiebra de la Sofipo CAME, que dejó sin acceso a sus recursos a más de un millón de ahorradores.
Aunado a su falta de experiencia en el sector financiero, De la Fuente, quien llegó al cargo por su amistad con Andrés Manuel López Obrador, es visto dentro del sector como el artífice de varias quiebras y fraudes, principalmente por su negligencia para ejercer el mandato principal de la Comisión que encabeza: la correcta supervisión y regulación de todas las entidades financieras acreditadas del país.
Posdata 2
A través de su cuenta de X, la Embajada de Estados Unidos en México fue de las primeras en dar a conocer la notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a las tres instituciones financieras mexicanas investigadas por presuntas actividades de lavado de dinero.
Más tarde, el embajador Ronald Johnson reconoció a la subsecretaria interina del Departamento del Tesoro estadounidense, Anna Morris, por impulsar el compromiso del presidente Donald Trump para desmantelar a los cárteles narcoterroristas.
“Su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para desarticular las redes criminales que amenazan a los ciudadanos de nuestras dos naciones”, publicó en su cuenta de redes sociales.
Por cierto que este jueves, el embajador y su esposa Alina Johnson celebrarán el 249 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos en su residencia oficial, ubicada en Paseo de la Reforma. Habrá invitados, pero no será un evento muy grande. Para el 12 de julio está programada una cena de gala para darle la Bienvenida al Embajador, la cual será en el Hotel Camino Real de Polanco y es auspiciada por la Fundación Azteca.
Posdata 3
En la primera mitad del 2025, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a cargo de Rafael Marín, reportó un aumento de cerca de 157 mil millones de pesos en la recaudación fiscal con respecto al año pasado. Al parecer la estrategia de combate a la corrupción, el contrabando y una mayor supervisión se está reflejando en más ingresos para el gobierno federal y el fortalecimiento de la industria nacional.
La meta proyectada para el 2025 es llegar a 500 mil millones de pesos adicionales, sobre todo con acciones como el reordenamiento en aduanas clave como Pantaco y Manzanillo, dotándolas de mayor vigilancia, así como cambios de personal para frenar malas prácticas.
