Skip to main content

Todas las Noticias recientes

Columnistas de SP

Kalimán o por qué en Nueva York los sucios ataques no derribaron al admirador de Sheinbaum

“Necesitamos más líderes como Claudia”, dijo recientemente el joven Zohran Mamdani, político de izquierda que ha desatado un “terremoto político” en la ciudad “más prominente del mundo”, Nueva York —para eludir críticas chovinistas de chilangos apasionados diré que tal expresión es de Ben Davis, socialista estadounidense que publicó un interesante artículo sobre Mamdani en el diario británico The Guardian—.

El principal logro de Mamdani, hasta hoy —apenas tiene 33 años de edad—, ha sido el de vencer a Andrew Cuomo en las primarias del Partido Demócrata para alcalde de Nueva York.

Si sigue adelante, esto es, si gana la alcaldía de la metrópoli que en más de un sentido es el centro financiero del mundo, el terremoto Mamdani sacudirá a todo Estados Unidos.

Zohran Mamdani es un político sin duda singular: socialista, evidentemente partidario de las clases trabajadoras; inmigrante musulmán —nació en Uganda, hijo de estadounidenses originarios de India, su padre académico y su madre cineasta—; neoyorquino desde los siete años de edad—; licenciado en estudios africanos.

Ben Davis recuerda en su artículo de The Guardian que cuando Zohran Mamdani empezó a crecer en las encuestas, sus rivales —financiados por los poderes fácticos de la ciudad de Nueva York, espantados ante la posibilidad de un alcalde socialista— decidieron lanzarle “ataques cada vez mayores y aterradores”, en lo que invirtieron millones de dólares.

Los ataques contra Mamdani “se centraron en un ataque que había demostrado ser capaz de derribar a líderes de izquierda en todo el mundo, como Jeremy Corbyn: el antisemitismo”.

Como dice Davis, “todas las personas con mentalidad de justicia social se horrorizan ante el antisemitismo, un odio ancestral”.

Era, teóricamente, un ataque capaz de derribar a cualquier líder de izquierda que participa en un proceso electoral. “Sin embargo, en estas elecciones, la difamación sin fundamento fracasó”.

¿Por qué los ataques no quebraron a Zohran Mamdani? Lo explica bien Ben Davis. La razón principal del fracaso de la campaña de calumnias radica en que estas fueron simple y sencillamente excesivas: “Es bastante descarado acusar continuamente a personas profundamente compasivas y humanistas de un odio perverso sin pruebas”.

Zohran Mamdani admira a Claudia Sheinbaum. Supongo que también admirará a Andrés Manuel López Obrador. Tanto la presidenta de México como el expresidente han resistido y superado campañas de odio como las que hoy sufre Mamdani.

Pase lo que pase en la disputa electoral por la alcaldía de Nueva York, sobre todo si los grupos de poder político y económico lo derrotan —el poder del dinero es inmenso, hay que reconocerlo— Mamdani deberá inspirarse en la tenacidad de Claudia y AMLO, y en una frase de 1942 de John Maynard Keynes — “a largo plazo casi todo es posible”—.

No bromea Sheinbaum —o no solo lo dice con sentido del humor— cuando cita el “serenidad y paciencia” de Kalimán, personaje de la historieta creada para radionovela en 1963 por Modesto Vázquez González.

No puedo asegurarlo, pero quizá Modesto Vázquez se inspiró en Gandhi, el histórico líder para el que tanto el sosiego como la paciencia eran el fundamento de la lucha no violenta.

Por eso a la presidenta Sheinbaum se le ve tranquila ante los frecuentes ataques de las derechas de nuestro país y del extranjero. El movimiento mexicano de izquierda ha superado antes durísimas campañas de odio, las superará ahora… si Claudia no pierde la tranquilidad ni se desespera.

Ahora los ataques a la 4T se centran en la calumnia que más daña a la gente dedicada a la política en México: la acusación de complicidad con el narco. Se insiste en las columnas políticas en que a AMLO se le probará ese delito en Estados Unidos. La ofensa no daña a Andrés Manuel —ni al resto de la izquierda mexicana— por excesiva, porque, parafraseo a Ben Davis, “es bastante descarado acusar continuamente a personas profundamente compasivas y humanistas de un ilícito tan terrible sin pruebas”.

Pruebas, pruebas, pruebas, exigió ayer Claudia Sheinbaum a las autoridades de Estados Unidos que acusaron de lavado de dinero a tres instituciones financieras mexicanas. No las hay. Parece una acusación débil, pero se decidió utilizarla porque mancha a un empresario aliado de AMLO, Alfonso Romo, al que podría el escándalo quebrarle el negocio, pero no la rectitud y el deseo de un cambio profundo en México, que es lo que le llevó a apoyar a un político de izquierda como Andrés Manuel.

No hay riesgo sistémico: ABM

LA INTERVENCIÓN GERENCIAL temporal de Intercam Banco y CI Banco por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha generado inquietud en el entorno financiero mexicano.

Sin embargo, la Asociación de Bancos de México (ABM), que es presidida por Emilio Romano, ha sido clara al afirmar que esta medida no representa un riesgo sistémico ni compromete la estabilidad del sistema financiero nacional, el cual se mantiene sólido y bien capitalizado.

El detonante de esta intervención fue el señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que tiene es comandado por Scott Bessent, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), capitaneado por Andrea Gacki.

La agencia reguladora acusó a ambas instituciones bancarias mexicanas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de opioides sintéticos, como lo es el fentanilo.

Estas operaciones estarían relacionadas con cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo, declaradas en enero por Donald Trump como organizaciones terroristas.

Ante la gravedad de estas acusaciones, la CNBV, que preside Jesús de la Fuente, actuó con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, sustituyendo temporalmente a los órganos administrativos de los bancos para garantizar la protección de los intereses que tienen los ahorradores y acreedores.

Es importante destacar que esta intervención a CI Banco, de Jorge Rangel de Alba, e Intercam de Eduardo García Lecuona, no implica la suspensión de operaciones ni la liquidación de los bancos.

Por el contrario, busca asegurar que las instituciones continúen operando con normalidad mientras se verifica el cumplimiento de los estándares regulatorios.

La ABM ha respaldado esta decisión, luego de señalar que se trata de una medida que brinda certidumbre y estabilidad al sistema, sin interrumpir la operación regular de los bancos involucrados.

En términos financieros, el sistema bancario mexicano se encuentra en una posición robusta. Actualmente, mantiene un índice de capitalización promedio superior a 18%, muy por encima del mínimo regulatorio de 10.5 por ciento.

Además, el índice de cobertura de liquidez ha reportado a la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador, supera 150%, lo que refleja una capacidad sólida para enfrentar contingencias.

En 2024, los bancos en México reportaron utilidades netas por más de 270 mil millones de pesos, lo que confirma la rentabilidad y resiliencia del sector.

Estas intervenciones deben entenderse como una acción preventiva, orientada a preservar la confianza y la integridad del sistema financiero, más que como un signo de debilidad.

MEDIO AÑO Y Rafael Marín, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ya trae un importante incremento en la recaudación aduanera, luego de reportar 157 mil millones de pesos más, con relación al mismo periodo del año anterior. El aumento de cobros es resultado de una correcta estrategia de combate a la corrupción y mayor supervisión, lo que se está reflejando en mayores ingresos para el gobierno federal y algo también muy importante, que es el fortalecimiento de la industria nacional, tras atacar la evasión fiscal y el contrabando. A principio de cuentas, la meta proyectada para acabar el año es llegar a 500 mil millones de pesos. Una de las acciones que han permitido lograr estas cifras es el reordenamiento que se realiza en aduanas clave, como Pantaco y Manzanillo, dotándolas de mayor vigilancia, así como modificaciones de personal con el fin de frenar las malas prácticas.

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL de la Ciudad de México, que dirige Juan José Padilla, asignó hace unos días un contrato por más de 106 millones de pesos a la polémica firma Atlantis Operadora Servicios de Salud, cuyo representante legal es Mario Vilchis, para suministrar el servicio de atención médica prehospitalaria dentro de las instalaciones de la terminal aérea. Hablamos de esa compañía de servicios médicos que nació tan sólo unos días después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, y que a mitad de ese sexenio ya cargaba con adjudicaciones con el sector público por más de dos mil millones de pesos. En esta ocasión, el servicio, que comenzó el 1 de junio y llegará a su fin el 31 de mayo de 2027, deberá ser capaz de cubrir cualquier incidencia de salud en las 746 hectáreas del centro aeroportuario, sus dos terminales, pistas, hangares y oficinas.

LA AGENCIA DE viajes favorita del gobierno de Enrique Peña Nieto, El Mundo es Tuyo, de Marco Antonio Cárdenas, se mantiene vigente en las contrataciones públicas en la 4T. Es conocida por haber tenido adjudicaciones por más de mil millones de pesos desde los tiempos de Vicente Fox y durante todo el periodo neoliberal. Aunque más discreta, la firma tuvo presencia también en las dependencias de gobierno durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora se cuela al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues la Comisión Nacional Forestal de Sergio Graf la ha contratado por un monto inicial de 27 millones de pesos para el servicio de boletaje aéreo con destinos nacionales e internacionales para los servidores públicos e invitados. Como dato adicional, la empresa fue la única que se presentó al proceso que definió el contrato.

EL CENTRO FEDERAL de Conciliación y Registro Laboral, que lleva Adolfo Domínguez, reconoció ya a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) como titular del contrato y representación ante la aerolínea carguera MAS, con lo que 75 pilotos pasan a constituir una nueva delegación dentro del gremio que preside Jesús Ortiz. Es la primera vez, en 27 años, que ASPA logra la representatividad de una aerolínea. Se logró gracias a la Reforma Laboral y a los mecanismos internacionales que promueven la libre asociación de trabajadores mexicanos. Apoyaron la Organización Internacional del Trabajo, la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea y el mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC. ASPA pudo hacer valer la voluntad de los tripulantes de MAS para ser parte de esta asociación sindical, una situación que, sin embargo, no fue sencilla de lograr por las muchas marrullerías que desplegó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana.

ACUSAMOS PUNTUALMENTE LA aclaración de Jaime Galván. Rechazó que haya sido el vehículo que acercó, a través de Víctor de Aldama, a Alejandro y José Murat con el presidente español Pedro Sánchez. Desmiente que haya tenido un viñedo en ese país y que tampoco es o fue socio de los exgobernadores de Oaxaca. Sí reconoce que fue proveedor de servicios para ese gobierno, pero sólo dos años, 2017 y 2018, tiempo en el que nunca quedó mal en sus entregas y jamás quedó a deber un peso. Sobre el escándalo del caso Koldo, que involucra a la empresa Acciona, de José Manuel Entrecanales, y compromete su imagen en los proyectos que tiene en México, Galván simplemente dijo estar al margen y desconocerlo.

A PROPÓSITO DE empresas españolas, empezaron los cambios al interior de Radiópolis, la cadena propiedad de Grupo Prisa que preside Joseph Oughourlian. Recordará que le informé hace un mes la llegada de Gonzalo Cárdenas como nuevo director general. Pues bien, ayer se informó del fin de los ciclos y las salidas de Carlos Urdiales y de Adriana Pulido de las direcciones de Emisiones Habladas y Mercadotecnia, respectivamente. La próxima semana se darán a conocer los nuevos nombramientos.

Sin pretextos: ya hay todo para combatir el crimen

El actual periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que arrancó el lunes 23, ha marcado un hito en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal.

Una vez que concluya el proceso de aprobación de las reformas legales que otorgarán nuevas y amplias atribuciones a la Guardia Nacional y a otras áreas gubernamentales, el Ejecutivo federal tendrá, sin lugar a dudas, todas las herramientas que ha venido solicitando para combatir el delito. Así que ya no habrá pretextos para no dar resultados contundentes en materia de seguridad.

Es crucial recordar el camino que nos ha traído hasta aquí. Antes de 2018, Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, entonces en la oposición, eran férreos críticos del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Su discurso se centraba en la necesidad de desmilitarizar la lucha contra el crimen y modificar la realidad social mediante políticas públicas asistencialistas. Con eso sería suficiente para acabar con la inseguridad, aseguraban. Sin embargo, una vez en el poder, esa posición se transformó radicalmente.

Ya siendo Presidente, López Obrador envió al Congreso una iniciativa para crear la Guardia Nacional, un cuerpo que, en un principio, fue presentado y apoyado por la oposición bajo la promesa de que sería de carácter civil. No obstante, el tiempo demostró una insistencia por parte del Ejecutivo para encuadrarla bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, una intención que finalmente se materializará en la ley.

Las facultades otorgadas a la Guardia Nacional son amplias y diversas. Ahora, este cuerpo de seguridad podrá realizar investigaciones e intervenir comunicaciones privadas. Además, se le permitirá acceder a datos sensibles y realizar geolocalización en tiempo real para la prevención de delitos, así como para desarrollar y supervisar fuentes de información en la sociedad y utilizar perfiles simulados en investigaciones, incluso en redes sociales. Las operaciones encubiertas también formarán parte de su arsenal.

Adicionalmente, otras áreas del gobierno federal, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia, tendrán amplias facultades para acceder a bases de datos personales, y se contempla la creación de una plataforma nacional para coordinar toda la información de seguridad pública. Asimismo, se podrán suspender fondos a estados y municipios que incumplan los acuerdos.

Estas atribuciones, impensables para la antigua izquierda mexicana, reflejan una apuesta total por la inteligencia y la capacidad de reacción del Estado. Qué lejos quedaron los tiempos en los que se decía que bastaba con “atender las causas”. Al oficialismo de hoy le parecen atractivos los usos y costumbres de regímenes autoritarios.

Es cierto que, de acuerdo con cifras oficiales, se observa un ligero descenso en el número de homicidios y otros delitos. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo un pendiente muy urgente y una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El temor en las calles, los asaltos, las extorsiones y la violencia persistente son una realidad innegable en gran parte del país. En poco menos de nueve meses de este gobierno, ya se han rebasado los 20 mil homicidios dolosos y las 10 mil desapariciones.

Con este nuevo andamiaje legal y la legitimación de la participación militar en tareas de seguridad pública –aprobados incluso en detrimento de muchas libertades–, el gobierno federal ha conseguido todas las herramientas que ha solicitado, una por una, incluyendo peticiones que venían del periodo anterior.

Ya no hay pretextos. Si después de contar con estas facultades sin precedentes, la inseguridad en México persiste en un grado importante, no quedará más remedio que cuestionar si el problema es de incapacidad para ejecutar las estrategias o, aún peor, de complicidad.

Seguir culpando al pasado para explicar la realidad siempre será una opción discursiva, desde luego, pero cada vez menos personas lo creerán. La sociedad mexicana espera y exige resultados. Es tiempo de que el gobierno cumpla.

¿Sabía López Obrador lo de Vector?

El escándalo de las acusaciones de lavado de dinero de los cárteles de la droga que el Tesoro de Estados Unidos le hizo a CIBanco, Intercam y Vector ha dominado los espacios en medios y redes sociales durante los últimos días.

El caso más comentado es el de Vector Casa de Bolsa, que habría lavado dinero para el Cártel de Sinaloa. Su dueño es nada menos que el empresario Alfonso Romo, exjefe de la oficina de la Presidencia durante el mandato de López Obrador y hombre de confianza del tabasqueño.

Vector negó las acusaciones, la presidenta Sheinbaum sostiene que no hay pruebas, pero la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de esa casa de bolsa “con el propósito de proteger los intereses del público inversionista y acreedores”, dice en un comunicado.

En redes sociales y en medios de comunicación se desataron las especulaciones sobre el caso que, otra vez, detonó EU.

¿Sabía el expresidente lo de Vector? Es pregunta frecuente que se responde según la posición política de los emisores del mensaje. Muchos no esperaron respuesta. Apresuradamente hicieron a López Obrador beneficiario del lavado de dinero de la empresa de Romo.

Otra pregunta pertinente es la que se hace el excanciller Jorge Castañeda, en la revista Nexos: ¿Washington sabía con claridad con quién se metía y cuáles son las implicaciones correspondientes? Lo haya sabido o no, “el golpe a Romo es demoledor y, por asociación, también para López Obrador”, subraya.

En la tribuna de San Lázaro, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, retó a los legisladores del oficialismo a demandar inmediatamente una investigación exhaustiva a Vector y a su dueño Romo, quien, dijo, “era el jefe de la oficina del ‘narco presidente’ López Obrador”.

Abundó el panista: “Hoy se confirma, con la información que da el Departamento del Tesoro, que desde esa empresa se hacía narcolavado del dinero del crimen organizado. Hoy sabemos cómo se financian las campañas de Morena, hoy sabemos que está ahí el dinero de sus socios: los narcos de México”, aseguró.

* Manlio Fabio Beltrones pidió licencia temporal como senador de la República. No va a avalar, nos dice, la “grosería” del oficialismo, que convocó a un periodo extraordinario de sesiones sin dictámenes, lo que nunca había sucedido.

El senador por Sonora no entiende por qué los grupos parlamentarios de la oposición no se salen en bloque del salón de sesiones y dejan solos a los legisladores de Morena y anexas (PT y PVEM). Su experiencia política le dice que eso le haría más daño al oficialismo que pelearse en tribuna con la mayoría, en el curso de las sesiones en ambas cámaras.

En el periodo extraordinario que se lleva a cabo en el Congreso –del 23 de junio al 2 de julio— se agendaron 16 reformas. Además de Manlio, pidieron licencia Carolina Viggiano, del PRI; Mauricio Vila, del PAN, y Luis Armando Melgar, del PVEM. Entre las reformas que se ven en el extraordinario están la que militariza la GN, la Ley Telecom o Ley Censura, la Ley de Desaparición Forzada, la Ley de Inteligencia o Ley Espía, la reforma que extingue el Coneval y la Ley de Lavado de Dinero.

Sobre esta última, la senadora del PRI, Claudia Anaya asegura que es el inicio de una persecución contra la informalidad, no contra el lavado de dinero. Argumenta: “Es una persecución contra los depósitos a tarjetas de crédito, a tarjetas de prepago y a recibos por honorarios. Eso ya estaba en la ley, pero están bajando a un tercio el monto por el que se te considera sospechoso.

“Si tú depositas 90 mil pesos en efectivo a tu tarjeta de crédito y eres una sociedad mercantil que no tiene actualizados los padrones de proveedores, eres sospechoso de lavado de dinero”.

* Hay otra reforma de la Presidenta que inquieta a la oposición. No figura en la agenda del periodo extraordinario, pero ya fue anunciada por Sheinbaum en la mañanera: la electoral.

Propone la elección de los consejeros del INE, la eliminación de diputados y senadores plurinominales, la reducción del financiamiento a la autoridad electoral y a los partidos políticos.

Del tema hablamos con el diputado Germán Martínez, exjefe nacional del PAN. Nos dice: “Yo quiero ver la reforma electoral que le quita dinero al INE, que le quita dinero a los partidos. El PAN sabe sortear coches, como antes, y Morena sabe cómo meterle mano a la caja de la hacienda pública, como antes. Quiero ver que el PT y Verde voten por quitar a los legisladores plurinominales. Quiero ver si es cierto que las habladurías de la mañanera se concretan como ley, porque tiene una rebelión en su granja parlamentaria la Presidenta”.

Amén.

Intervención a Vector desata crisis interna; señalan acuerdo de Ovidio Guzmán como detonante

La intervención del Gobierno federal a la casa de bolsa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo, se dio tras una jornada de máxima tensión en Palacio Nacional, en medio de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero en instituciones financieras mexicanas.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Secretaría de Hacienda, el detonante de las acciones de Washington estaría vinculado a un acuerdo de cooperación judicial suscrito por Ovidio Guzmán con el Departamento de Justicia, luego de su extradición en 2023.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, sostuvo reuniones privadas durante el jueves en las que afirmó que EU lanzó un señalamiento que pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano, sin que hasta ahora haya claridad sobre su alcance inmediato.

Durante la jornada, Palacio Nacional y la embajada de Estados Unidos sostuvieron múltiples comunicaciones, tras las cuales se decidió ampliar la intervención que originalmente solo alcanzaba a CIBanco e Intercam, para incluir también a Vector Casa de Bolsa.

La decisión fue influenciada por la subsecretaria del Tesoro, Anna Morris, encargada de temas de terrorismo financiero, quien mantiene contacto directo con Hacienda en medio de la crisis. El embajador Ronald Johnson, por su parte, intentó mantener una postura conciliadora, destacando la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo.

A la par, el Gobierno mexicano promovió una iniciativa contra el lavado de activos en el Senado, propuso la figura de “jueces sin rostro” y notificó sobre actividades militares conjuntas en territorio estadounidense, en un intento por sostener el diálogo con Washington.

Sin embargo, en círculos cercanos a Hacienda se admite que el gobierno mexicano no posee los elementos probatorios que Washington dice tener, y que “estos datos forman parte del acuerdo de Ovidio”, como señalaron fuentes del entorno de Amador.

Pam Bondi, fiscal general estadounidense, agravó el panorama al declarar en el Capitolio que México debe ser clasificado como país enemigo, postura respaldada por Scott Rembrandt, subsecretario del Tesoro, quien estuvo presente en la Convención Bancaria de Nayarit y sostuvo reuniones con el sector financiero nacional.

La tensión se profundizó dentro del ala dura del obradorismo, donde hay creciente inconformidad contra Edgar Amador, señalado por haber asegurado repetidamente que mantenía una línea directa con el Tesoro y que no habría sorpresas.

En paralelo, fuentes militares reportan desde Sinaloa un repliegue del grupo de Los Chapitos frente a la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que también se atribuye a compromisos asumidos en los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos.

CNBV interviene Vector Casa de Bolsa tras señalamientos de lavado de dinero en EU

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó este jueves la intervención temporal de Vector Casa de Bolsa, tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que la vinculan con presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Vector está relacionada con Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. La medida implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de la firma, con el fin de proteger los intereses de ahorradores y acreedores, informó la CNBV.

“Dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, justificaron las autoridades en un comunicado conjunto.

La CNBV sostuvo que la intervención se realiza conforme a la Ley del Mercado de Valores y tiene como fin salvaguardar los derechos de los clientes mientras se garantiza el cumplimiento de los estándares regulatorios.

La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que la situación de Vector, así como la de CIBanco e Intercam, no representa un riesgo sistémico ni compromete la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual —dijo— se mantiene sólido y bien capitalizado.

“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”, destacó la ABM, que también confirmó que mantiene diálogo constante con las autoridades regulatorias.

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió esta mañana al Gobierno de Estados Unidos que presente pruebas sobre las acusaciones, al señalar que hasta ahora sólo se han emitido declaraciones sin sustento. “No hay ninguna prueba; son dichos”, declaró en su conferencia matutina.

La Secretaría de Hacienda informó que, aunque el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no ha entregado evidencia alguna que respalde los presuntos vínculos entre las instituciones mexicanas y actividades financieras ilícitas.

Las tres entidades investigadas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— han rechazado públicamente los señalamientos. Hasta ahora, las operaciones señaladas por EU corresponden a transferencias entre empresas mexicanas y firmas chinas legalmente constituidas, en el marco de un comercio bilateral superior a los 139 mil millones de dólares anuales.

Durazo sí viaja a EU y se reúne con gobernadora de Arizona; desmienten orden de captura

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se encuentra en Estados Unidos como parte de los trabajos de la Comisión Sonora-Arizona, pese a los rumores que circularon sobre una supuesta orden de captura en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

A través de sus redes sociales, Durazo confirmó su presencia en territorio estadounidense y su participación en la reunión con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs. Indicó que el encuentro cuenta con una amplia representación de empresarios tanto de Sonora como de Arizona.

Los señalamientos sobre una posible detención fueron desmentidos por Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, quien calificó la versión como parte de una campaña de desinformación.

“Afirman infundadamente que ha sido señalado por autoridades de EU, cuando lo único que existe es un burdo montaje: un pantallazo evidentemente alterado de un medio pagado para difundir mentiras”, expresó Terán en redes sociales.

La funcionaria estatal subrayó que ninguna autoridad estadounidense ha emitido declaración alguna respecto al gobernador, atribuyendo la difusión del rumor a la oposición política.

La Comisión Sonora-Arizona es un mecanismo de cooperación bilateral que busca fortalecer los vínculos comerciales, sociales y políticos entre ambas regiones fronterizas.

García Luna, Romo y López Obrador

Las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos y una casa de bolsa mexicanas, a quienes señaló de haber lavado millones de dólares de los cárteles de las drogas en México y servir como facilitadores de compras de precursores químicos de China para producir fentanilo, cayeron muy mal al gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum descalificó al Tesoro porque “no hay pruebas” que sustenten sus penalizaciones, y se apoyaban en “dichos”. Las penas fueron contra los bancos Intercam y CIBanco, así como contra la casa de Bolsa Vector, cuya inclusión parece ser la causa de la enérgica respuesta del gobierno descalificando la investigación. No es para menos.

 

Vector Casa de Bolsa pertenece a Vector Empresas, un conglomerado cuyo presidente honorario es el empresario regiomontano Alfonso Romo, que fundó Pulsar, la firma matriz detrás de ese grupo, y que durante casi dos décadas fue muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su vínculo con la iniciativa privada. Tejió relaciones y recaudó fondos para su campaña presidencial, y al llegar a Palacio Nacional, López Obrador lo nombró jefe de la Oficina de la Presidencia, que ocupó hasta finales de 2020. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, durante al menos dos años del gobierno obradorista, Vector lavó dinero para los cárteles, lo que deja en el imaginario colectivo que el presidente tenía a los cárteles de Sinaloa y del Golfo operando en la oficina contigua a su despacho.

 

Los efectos visuales son negativos para López Obrador, que siempre, apuntando al expresidente Felipe Calderón y a su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, decía que el presidente de México está enterado de todo lo que pasa en el país. Sus puñetazos políticos se le regresan hoy, con agravantes adicionales por su empeño de meter a Calderón en la cárcel, sin una visión jurídica estratégica para ver cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones.

 

 

 

Las acusaciones del Departamento del Tesoro, en efecto, son muy generales y sin detalles, como lo son todos los comunicados que emite a partir de las investigaciones y recomendaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por su acrónimo en inglés). La queja de Sheinbaum sigue el mismo patrón de López Obrador cuando había imputaciones que afectaban a su gobierno y las descalificaban. Cuando había acusaciones sin sustento y sin pruebas, como en el caso de García Luna, era todo lo contrario: era corrupto y narcotraficante, y por proximidad, Calderón también debía serlo.

 

Precisamente, esa obsesión contra Calderón, que surge y se alimenta de rencor porque lo derrotó en la contienda presidencial en 2006, llevó a López Obrador a cometer errores que hoy le están costando, arrastrando con ello al gobierno de Sheinbaum. La investigación del FinCen tiene todos los elementos para afirmar que fue amarrada, de manera muy forzada se puede argumentar, a un caso que detonó, irónicamente, el gobierno de López Obrador, cuando en septiembre de 2019 el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acusó en una corte de Miami a García Luna de haber robado 250 millones de dólares durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y haber lavado dinero para comprar automóviles de lujo y transferir el dinero a Barbados y Estados Unidos.

 

No sabe el gobierno obradorista de López Obrador y Sheinbaum, para quién trabajaron. De acuerdo con el documento sobre Vector dado a conocer por el Tesoro, entre 2013 y 2019, “una empresa controlada” por García Luna condujo transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares que, evaluó el FinCen, incluían “ganancias de los sobornos” que había recibido el exsecretario de Cártel de Sinaloa. Durante su juicio en Brooklyn, el juez Brian Cogan desechó todas las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York sobre presuntos ingresos de García Luna procedente de fuentes ilegales, aduciendo que no habían sido durante su gestión como funcionario.

 

 

 

La Fiscalía de Nueva York había sustentado esas imputaciones a partir de la demanda del gobierno mexicano en Miami, que afirmaba que el dinero que había recibido García Luna lo había escondido a través de la familia Weinberg, que eran sus prestanombres. El FinCen, se puede argumentar, involucró a Vector en el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa a partir de ese caso. El “negocio controlado” por García Luna señalado en los documentos sobre Vector, es el negocio de los Weinberg que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, era en realidad del exsecretario.

 

El eslabón perdido se encuentra en la declaración ministerial de Alexei Weinberg, quien junto con su padre Samuel, negociaron el criterio de oportunidad con la Fiscalía General y el actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para que, a cambio de imputar a García Luna y a su esposa, no pisaran la cárcel y mantuvieran algunas de sus propiedades en México y el extranjero.

 

Weinberg señaló que, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, transfirieron 47 millones de dólares desde una cuenta en Barbados a la “organización criminal” formada por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque en total los Weinberg declararon haberles transferido poco más de 90 millones de dólares, la cifra de 47 coincide en monto y fecha con el señalamiento del FinCen sobre la transferencia de más de 40 millones de dólares de la empresa que dicen era propiedad de García Luna a través de Casa de Bolsa Vector.

 

El documento sobre Vector del Departamento del Tesoro conecta casos que no se ve que tengan relación entre ellos, para armar un nuevo expediente, a partir de los tontos útiles, que están resultando los Weinberg en toda esta trama, y la falta de análisis de riesgo, estrategia y buena asesoría jurídica de Nieto y Gómez sobre todos los escenarios que podrían existir en el desarrollo del caso contra García Luna.

 

De esta manera, el mapa presentado establece una red de vínculos que podría trazarse de esta manera:

 

 

 

1.- El Cártel de Sinaloa entrega sobornos a García Luna por protección, y el exsecretario los coloca en una empresa a nombre de los Weinberg.

 

2.- Casa de Bolsa Vector es el vehículo mediante el cual se realiza una transferencia de dinero de los Weinberg a Peña Nieto y Osorio Chong desde un paraíso fiscal en el Caribe.

 

3.- Como, en el argumento de los fiscales en Nueva York, las empresas de los Weinberg son de García Luna, y el dinero tiene su origen en el Cártel de Sinaloa, Casa de Bolsa Vector fue el instrumento mediante el cual esa organización criminal lavó su dinero.

 

No es la única relación de Vector que hace el FinCEN con el crimen organizado. Incluye también operaciones a favor del Cártel del Golfo, que opera en el noreste del país, la región donde está la casa matriz de la casa de bolsa, en San Pedro Garza García, suburbio de Monterrey. Pero lo altamente relevante es la red que forzadamente teje con García Luna y el Cártel de Sinaloa, por las implicaciones que tiene.

 

La declaración de los Weinberg, por lo que se pudo apreciar en el cruce de datos entre los testimonios ante la Fiscalía General y la documentación que presentó de manera general del Departamento del Tesoro, sugieren que en Estados Unidos criminalizaron el caso de Miami, que originalmente era administrativo, y lo elevaron a un nivel penal. Los Weinberg podrían ser los inmediatamente afectados, pero en una segunda instancia a quienes imputaron, Peña Nieto y Osorio Chong, que como a Vector y Romo, como su cabeza, podrían abrirles un proceso por crimen organizado. López Obrador, jefe superior inmediato de Romo en el periodo que abarcó el FinCEN, entra en el mismo supuesto de responsabilidad.

 

La imputación a Vector afecta pública y políticamente a Romo y a la 4T, por lo que empieza a ver un trabajo para protegerlo. Este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino Intercam y CIBanco para proteger los intereses de los ahorradores y los acreedores, pese a que el miércoles había descalificado la investigación del Tesoro, asegurando que no había pruebas. Hacienda informó que era bajo el artículo 129 de la Ley de Instituciones de crédito, que no es aplicable a casas de bolsa. Sin embargo, en esa misma línea, deberían haberlo hecho con Casa de Bolsa Vector, bajo la Ley del Mercado de Valores. El apellido Romo hizo la diferencia: Intercam y CIBanco no tienen sus nexos y relación con el padre de la 4T, López Obrador.

Intervienen CIBanco e Intercam tras señalamientos de lavado; CNBV asume control

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los señalara por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y al financiamiento de exportaciones químicas para la elaboración de fentanilo.

La medida implica la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones, con el fin de salvaguardar los intereses de ahorradores y acreedores, informaron la CNBV, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México en un comunicado conjunto.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales (…) dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, señalaron.

A pesar de la intervención, las autoridades mexicanas reiteraron su confianza en la solidez del sistema financiero nacional, destacando que el procedimiento busca garantizar su integridad y correcto funcionamiento.

Ayer, la Secretaría de Hacienda declaró que no ha recibido evidencia alguna de parte de Estados Unidos que sustente los señalamientos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no puede reconocer un delito sin pruebas.

“No hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina de este jueves. “Si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, añadió.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres instituciones habrían canalizado más de 186 millones de dólares mediante pagos a empresas chinas vinculadas a la producción de precursores químicos, transporte marítimo y operaciones de ingreso de efectivo al sistema financiero para presunto lavado de dinero.

Las entidades involucradas rechazaron los señalamientos, mientras que la Asociación de Bancos de México (ABM) respaldó la intervención, calificándola como una medida que “brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión”.

La ABM sostuvo que estas acciones no representan un riesgo sistémico para el sistema bancario mexicano, el cual —aseguró— se mantiene sólido y bien capitalizado.

Temen en Palacio Nacional que EU apunte ahora al Banco del Bienestar

La ofensiva del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Intercam, CI Banco y la casa de bolsa Vector encendió alertas en Palacio Nacional, donde ahora temen que el siguiente objetivo sea el Banco del Bienestar, institución fuertemente vinculada al entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La preocupación aumentó luego de que la fiscal general Pam Bondi incluyera a México en una lista de países adversarios, en medio de una serie de acciones unilaterales de Washington contra entidades financieras mexicanas por presunto lavado de dinero.

En marzo de 2023, el Gobierno mexicano ya había detectado posibles riesgos en el sistema de remesas operado por el Banco del Bienestar, razón por la cual el entonces presidente López Obrador decidió retirar a la institución de ese negocio. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también había sancionado al banco en 2021 por incumplimientos en medidas contra el lavado.

La inquietud en Palacio Nacional no gira en torno a una corrida financiera, ya que el Banco del Bienestar tiene funciones específicas en la dispersión de programas sociales. El verdadero riesgo, apuntan fuentes federales, es el posible impacto político y personal, pues los hijos mayores de López Obrador han estado involucrados en la operación del banco desde su fundación.

En el mismo sentido, la Sedena habría reportado en años anteriores sospechas de triangulaciones financieras con Venezuela a través del banco, de acuerdo con información difundida en su momento por el periodista Raymundo Riva Palacio.

A esto se suma el reciente clima de tensión interna en el oficialismo, luego de que Beatriz Gutiérrez Müller lanzara un mensaje crítico hacia Claudia Sheinbaum, ante la falta de respaldo público hacia su hijo, blanco de ataques en redes sociales. Al interior de Palacio Nacional hay voces que se preguntan si la presidenta actuará del mismo modo si las acusaciones de Estados Unidos alcanzan a Andrés López Beltrán, actual secretario de Morena.

La Secretaría del Bienestar y la Fiscalía General de la República han recibido información sobre presuntas irregularidades en torno al banco, pero el fiscal Alejandro Gertz Manero desestimó en su momento los indicios.

Durazo no cruzó a EU y aparece con Sheinbaum

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no viajó este jueves a Estados Unidos para reunirse con la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, como se tenía previsto. En cambio, apareció en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la presentación del programa Polos de Bienestar.

La presencia del mandatario estatal en la Ciudad de México es en el marco de acusaciones que lo señalaban como presunto sospechoso de terrorismo y advertían de una posible detención al cruzar la frontera. La reunión con Hobbs, al aprecer, no se celebró, y hasta el momento no se ha emitido una versión oficial sobre la cancelación del encuentro.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum presentó los Polos de Bienestar como parte del Plan México, con el objetivo de fortalecer la inversión nacional y extranjera, y promover un desarrollo ordenado en zonas industriales del país.

“Y que en estos mismos Polos haya vivienda y desarrollo integral, de tal manera que no sigamos con un proceso de desarrollo desordenado”, dijo Sheinbaum.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que se iniciará con 15 Polos de Bienestar, con los que se proyecta una inversión equivalente al 1.5 por ciento del PIB y la creación de 300 mil empleos. Explicó que en agosto se realizarán adjudicaciones y comenzará la instalación de empresas.

Al evento asistieron gobernadores de Morena y también las mandatarias panistas Libia García, de Guanajuato, y Maru Campos, de Chihuahua.

Sheinbaum lanza advertencia: “Sin pruebas, no hay lavado de dinero”

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno no reconocerá delitos de lavado de dinero si el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no entrega pruebas concretas que sustenten las acusaciones contra instituciones financieras mexicanas.

En conferencia de prensa matutina, Sheinbaum respondió a los señalamientos recientes del Gobierno estadounidense, señalando que hasta el momento solo se han presentado declaraciones sin sustento probatorio.

“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, declaró. Agregó que no habrá impunidad si se presentan pruebas, sin importar de quién se trate, pero enfatizó que no se puede actuar sin elementos jurídicos sólidos.

La mandataria federal reiteró que su administración está dispuesta a colaborar con Estados Unidos, pero subrayó que no reconocerán ningún ilícito sin respaldo documental. “Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas, si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso”, expresó.

El posicionamiento de Sheinbaum surge luego de que el Departamento del Tesoro difundiera información donde se mencionan posibles actos de lavado de dinero vinculados a instituciones en México, sin detallar nombres o presentar evidencias públicas.

Fiscal de EU no está muy informada, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, no está muy informada, como para incluir a México en la lista de adversarios que quieren matar a ciudadanos del vecino país del norte.

Cuestionada en su conferencia mañanera sobre las declaraciones de la funcionaria estadounidense, quien agrupó al País junto a Irán, Rusia y China, la Mandataria dijo que hay colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad.

-La Fiscal de EU enlista a México en la lista de adversarios de EU que incluye a Irán, Rusia y China, se le planteó.

“Sí, pues no está no muy informada, la verdad”, minimizó Sheinbaum los comentarios de Bondi.

Ayer, en una comparecencia en el Capitolio, la Fiscal estadounidense incluyó a México en dicha lista de países adversarios al responder una pregunta del senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, sobre si la Administración del Presidente Donald Trump se dejaría intimidar por Irán.

“Creo que (el Presidente) Donald Trump lo ha dicho alto y claro: No nos dejaremos intimidar y mantendremos a EU seguro gracias a su liderazgo.

“No sólo de Irán sino también de Rusia, China y México, sino de cualquier adversario extranjero”, dijo Bondi durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado.

Esta mañana, para ilustrar la coordinación bilateral, Sheinbaum dijo que los titulares de Defensa y de Marina acudieron a las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos y que próximamente se firmará un acuerdo de seguridad, en seguimiento a lo acordado en una reunión en Washington DC.

“Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el Secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, a Chihuahua, entonces hay mucha coordinación.

“Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el Gobierno de los Estados Unidos, derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero y va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos”, dijo.

Durante la audiencia, Bondi evitó responder públicamente al senador republicano por Carolina del Sur sobre si el Gobierno de Claudia Sheinbaum realmente combatía las drogas en México.

“Sería mejor tener esa conversación en un espacio de tipo clasificado”, pidió Pam Bondi.

La Fiscal enfatizó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen “causando estragos” con el tráfico de fentanilo, opioide sintético que ha dejado cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Mientras que el senador Graham insistió en que aun sin apoyo de México, el Gobierno de Trump irá por los grupos del narcotráfico.

Con el enemigo en casa

Que nadie se diga sorprendido. El gobierno de Estados Unidos nunca ha sido un aliado confiable de México. Tampoco un vecino amable. Solo un socio arrogante que ahora, con la venia de la fiscal Pam Bondi, decide declararnos “adversarios enemigos”. Así, sin rubor ni diplomacia. Con la crudeza imperial que le caracteriza a la política gringa cuando se trata de sus intereses.

La funcionaria no se anduvo con rodeos: nos puso en la misma fila que China, Rusia e Irán. No por comunistas ni por hackers, sino por ser incapaces —dice ella— de frenar la entrada de fentanilo. Y ahí, otra vez, sale el viejo guion de los cárteles mexicanos y la media nación gobernada por narcos, según Lindsey Graham, el siempre patriota senador republicano.

Claro que todo eso se dijo en una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado, donde hablar de enemigos sirve para sacar más presupuesto. Pero en el fondo hay algo más: Estados Unidos está construyendo la narrativa de una intervención moralmente justificable. Ya no es solo el muro o las redadas. Ahora es el “enemigo” que los envenena.

Y mientras allá preparan su cruzada antidrogas (otra más), aquí la nobleza política está preocupada por asuntos realmente importantes: cómo silenciar a las amas de casa. Porque a eso se reduce el episodio con la diputada del PT, Diana Karina Barreras, que demandó a una ciudadana por atreverse a cuestionar cómo su esposo, Sergio Gutiérrez Luna, le consiguió la curul.

Una demanda que obliga a la disculpa pública diaria durante un mes. Porque así se defiende la “dignidad” parlamentaria. Y como si no bastara, doña Alba Luz Borbón, activista de Cajeme, ya está convocando a la protesta: si la diputada demanda a una por opinar, que lo haga con todas. Una revolución de conciencias, dice ella. Yo lo llamo hartazgo con perfume de tortilla y reclamo legítimo.

A estas alturas, a nadie debería escandalizarle que Estados Unidos nos considere adversarios. Lo que debería escandalizarnos es que nuestra élite política siga ocupada en vendettas domésticas mientras allá preparan el terreno para actuar “con o sin nuestra ayuda”.

Como siempre, los gringos vienen armados. Y nosotros seguimos discutiendo en voz baja, sin darnos cuenta de que ya nos pusieron en la lista. Y de esa lista no se sale con disculpas públicas ni con ruedas de prensa.

La sangre sigue corriendo en las banquetas

Ocurrió ahora durante una fiesta patronal. La noche del martes 24 de junio hombres armados arribaron a una colonia de Irapuato mientras una banda amenizaba: “Tubo, tubo, abajo, abajo, más abajo…”.

Los agresores abrieron fuego de manera indiscriminada contra los asistentes. Se creyó primero que se trataba de fuegos artificiales. Luego hubo una estampida. En medio de los gritos, de la histeria, del llanto, la gente intentó resguardarse en negocios domicilios cercanos.

Las imágenes del ataque quedaron registradas en vivo a través de una cuenta de Facebook. Cuando la confusión terminó, 12 personas habían perdido la vida. Veinte más se encontraban heridas. Por lo menos uno de los músicos de la Banda San Cristóbal murió. Entre los heridos se encuentran la hija y la nieta de la líder de la banda.

De ese modo se consumó la masacre número 17 ocurrida en Guanajuato en lo que va del año.

Entre la gente congregada en la fiesta patronal, según reportes de inteligencia, había sido detectado un operador activo del Cártel Jalisco Nueva Generación conocido como El Maracas.

La masacre parece una continuación de la pugna sangrienta que sostienen en la región el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación y está conectada con un ataque realizado el pasado 17 de junio en la comunidad de Aldama, donde integrantes del Cártel de Santa Rosa fueron atacados por gente de Jalisco.

El martes, en Irapuato, algunas de las víctimas fueron alcanzadas en la calle. Otras, en el interior de domicilios. Algunas más perdieron la vida cuando se encontraban sentadas durante el convivio.

“En este caso fue un enfrentamiento”, aseguró la presidente Claudia Sheinbaum en la “mañanera”. Las imágenes muestran, sin embargo, niños, adolescentes, mujeres, personas de todas las edades, bailando al ritmo de la música.

La fiscalía encontró en el lugar más de 60 cartuchos percutidos. Vecinos protestaron porque las ambulancias “tardaron horas” en llegar.

La espiral de violencia no se detiene. Ha ido escalando en medio de la presencia de seis mil elementos de la Guardia Nacional. Esta corporación llega siempre luego de lo que hechos se han consumado.

La masacre de Irapuato parece estar conectada con una serie de acontecimientos sangrientos. El 13 de marzo, tres cuerpos decapitados fueron encontrados bajo un puente en la localidad de Aldama. Todos presentaban huellas de tortura. Uno de ellos estaba envuelto en plástico. Sus verdugos habían dejado clavado en uno de los cadáveres un mensaje escrito en una cartulina y dirigido a uno de los dos grupos en pugna.

Antes, el 19 de febrero, en el fraccionamiento Hacienda la Virgen de Irapuato, cuatro motociclistas irrumpieron en el velorio de un joven asesinado el día anterior a consecuencia de un ataque directo y abrieron fuego contra los asistentes.

Esa noche el 911 quedó saturado por alto número de llamadas de auxilio. Cuando las autoridades aparecieron, había trece personas heridas, cinco de ellas de gravedad, y dos más habían perdido la vida.

De nueva cuenta, fueron recogidos más de 60 casquillos procedentes de cuatro armas. La versión oficial: ajuste de cuentas del crimen organizado, una manera de referirse a la guerra a muerte que sostienen desde hace años Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El 16 de marzo la confrontación entre estas organizaciones delictivas dejó ocho muertos y seis heridos en San José de Mendoza. Esa noche, un grupo de jóvenes que formaban parte de la Pastoral Juvenil de Irapuato, una asociación religiosa, y entre los que se encontraban tres menores de edad, convivían en una cancha deportiva, muy cerca de un depósito de cerveza. La historia se repitió: solo en la fachada de un templo cercano había más de 40 impactos de bala. “No sabemos qué querían ni por qué se desquitaron con ellos”, dijo una vecina del poblado.

“Ya vamos a informar”, dice una y otra vez la presidenta Sheinbaum. Mientras tanto, en el cobro de cuentas de ida y vuelta, en Guanajuato la sangre sigue corriendo en las banquetas.

Otro expediente salpica de narcopolítica a AMLO

Cuando Genaro García Luna, secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos por vínculos con el narco, quienes lo defendieron esgrimieron un argumento central: no hay pruebas, está siendo sentenciado con base en los dichos de unos narcos. La 4T esgrimió que con esos dichos bastaba.

Ayer, la casa de bolsa Vector, propiedad del jefe de la Oficina de la Presidencia en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, fue acusada por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero para el narco. La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asegura haber documentado transacciones por 40 millones de dólares entre García Luna y Vector de Alfonso Romo.

¿Qué dice la 4T? Que no hay pruebas, que son sólo los dichos del Departamento del Tesoro.

Versiones sobre el involucramiento de García Luna con el narco los hubo desde que estaba en el gabinete de Calderón. Tardaron 15 años en llegar a la corte de Brooklyn. Versiones sobre el involucramiento del gobierno de AMLO con los narcos los ha habido desde que estaba en el poder. No sé si estamos viendo los primeros pasos que lleven al mismo destino.

Desde luego, lo de Alfonso Romo/Vector no tiene en este momento ni cercanamente las proporciones que ha alcanzado lo de García Luna (detención, escandaloso juicio, brutal sentencia y duro encarcelamiento), pero tiene el potencial de convertirse en un asunto tremendamente explosivo para la 4T, sobre todo si se mira en conjunto con los muchos otros incendios que está enfrentando y que apuntan en la misma dirección: la narcopolítica en tiempos de AMLO.

Esto no sería un problema para el actual gobierno mexicano si la presidenta no estuviera resuelta a encubrir a su antecesor.

Esto no sería un problema para el actual gobierno mexicano si la declaración del Departamento del Tesoro no viniera acompañada de algo mucho más profundo, que refleja el mal ambiente que tiene el gobierno de Sheinbaum en Washington: la fiscal de Trump, Pam Bondi, ubicó a México en la lista de “enemigos” de Estados Unidos, al lado de Irán, Rusia y China.

El antecedente inmediato anterior fue el 10 de junio, cuando la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, acusó a la presidenta Sheinbaum de alentar las protestas violentas de migrantes en Los Ángeles.

¿Qué pasó entre una y otra declaración? La guerra Israel-Irán.

Claudia Sheinbaum ha de estar lamentando que se terminó esa guerra.

SACIAMORBOS: Al defender a Vector y a otras dos instituciones financieras (CIBanco e Intercam) acusadas de lo mismo por el Departamento del Tesoro, la Secretaría de Hacienda de la presidenta Sheinbaum argumentó que el gobierno americano notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de México sobre las presuntas ilegalidades detectadas. Y que cuando pidieron pruebas, no se las dieron.

¿Se las iban a dar al gobierno mexicano, cuando reiteradamente desde el gabinete de Trump se ha expresado la sospecha de que el gobierno mexicano está coludido con los narcos? ¿Se las iban a dar a la UIF, cuando el que está al frente fue puesto por López Obrador (el creador del “abrazos no balazos” a los narcos), que no hizo nunca nada por combatir el lavado de los cárteles y pasó de ser un líder estudiantil del 68 a un burócrata de medio pelo dedicado a explotar los instrumentos del Estado para perseguir opositores y críticos del régimen?

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

Edición: 

Online desde el 2010

Apoya el periodismo independiente contratando nuestros servicios de agencia creativa

Ir a la sp agencia

Precios expresados en pesos mexicanos, I.V.A. NO incluido y sujetos a cambio sin previo aviso.
© Todos los derechos reservados.

Menú Principal