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Columnistas de SP

Criticar a López Beltrán, pasa, pero es demasiado pasar hacerlo desde la izquierda en este momento

Ayer, en La Jornada, una caricatura del muy perspicaz monero José Hernández en la que critica fuertemente a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

Hoy, en Milenio, otro monero bastante ingenioso, Rafal Rapé Pineda, se lanzó también muy duro contra López Beltrán.

Los dos dibujantes, hombres honestos, verdaderos artistas, dotados de gran inteligencia, decidieron cuestionar al segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador, y con este a toda la gente de Morena, en especial a la dirigente Luisa María Alcalde.

La crítica periodística es siempre positiva. Lo que me pregunto es si era necesario que dos líderes de opinión tan identificados con la 4T, en esta etapa de ataques feroces contra AMLO —generados dentro y fuera de México—, aportaran municiones que podrían usarse, ¡y se usarán!, para dañar no solo a Andrés Manuel López Obrador, sino también a Claudia Sheinbaum y a los ideales que representan el expresidente y la presidenta.

Estoy convencido de que los moneros José Hernández y Rafael Rapé Pineda reprobaron de buena fe, y por supuesto con ganas de ayudar a higienizar Morena, lo que ha hecho Andrés Manuel López Beltrán: aceptar en el partido de izquierda a gente de oposición poco o nada prestigiada.

No estoy afirmando que sean injustas las críticas de los moneros mencionados dirigidas a López Beltrán. Solo estoy argumentando que, quizá, este mayo de 2025 no era el mejor momento para lastimar al más polémico integrante de la familia de AMLO.

Ahora mismo es durísimo el bombardeo contra la 4T. En las mañaneras la presidenta Sheinbaum está soportando no preguntas periodísticas, sino agresiones infames indudablemente de parte de personas con poder político y económico que se enriquecían como contratistas del gobierno y que, desde la llegada de la izquierda al poder, se quedaron sin tan lucrativo y corrupto negocio. No hay información oficial acerca de por qué le quitaron la visa para entrar a Estados Unidos a la gobernadora de Baja California, Maria del Pilar Ávila —ella ha dicho que se trata de faltas administrativas que se corregirán—, pero una mayoría de columnistas de los medios han construidos historias canallas que no se sostienen en datos objetivos. Ernesto Zedillo se ha convertido en un verdadero ariete de los grupos empresariales y mediáticos que han perdido privilegios con la 4T. Un día sí y otro también el gobierno estadounidense presiona a nuestro país con medidas como la de suspender 15 días las importaciones de ganado mexicano.

Espero que reflexionen los moneros José Hernández, de La Jornada, y Rafael Rapé Pineda, de Milenio. No vale la pena que demuestren que AMLO tenía razón cuando hablaba de los progres buena ondita.

Reforma Judicial espanta inversiones energéticas

EN LOS ESCRITORIOS de los principales bancos de inversión de México se comienzan a acumular los mandatos de venta de plantas de energía, ya sean de ciclos combinados o de energías renovables.

Prácticamente todas las firmas que invirtieron en México a partir de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto de 2013, están vendiendo lo que les queda de sus operaciones eléctricas en el país.

Apunte a Acciona, de José Manuel Entrecanales; Iberdrola, de Ignacio Galán; Sempra, de Jeffrey W. Martin; Enel, de Flavio Cattaneo; EDP, de Miguel Stilwell; Engie, de Catherine MacGregor, entre otras.

Estas ofertas se encuentran acompañadas por otro tanto de proyectos de desarrolladores de mediano y menor tamaño que también quieren vender sus operaciones locales. Hay una razón para la estampida.

Las recientes reformas en materia de energía, la reforma constitucional y sus leyes secundarias aprobadas el pasado 31 de octubre del 2024 y 19 de marzo de 2025, respectivamente, son la causa.

Por el contrario, el marco legal diseñado por la secretaria de Energía, Luz Elena González, es robusto, no el ideal, pero es suficientemente bueno. La razón de la búsqueda de compradores es la Reforma Judicial.

En efecto, la inseguridad jurídica para las inversiones privadas en el sector energía llegó a su límite: la industria eléctrica había ya enfrentado y sobrevivido seis años de ataques encabezados por Manuel Bartlett Díaz.

No tener un sistema judicial con clara independencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es la gota que derrama el vaso. El interés de invertir en México en el sector eléctrico ha desaparecido y la paciencia de los inversionistas se ha terminado.

El Poder Judicial representó durante los últimos siete años la única institución que garantizó para los inversionistas de este sector la protección de sus inversiones dentro del marco legal en el que acordaron invertir.

Pesaron el cúmulo de violaciones al marco regulatorio y las constantes chicanadas tanto de la Comisión Reguladora de Energía de Leopoldo Melchi como de la Comisión Federal de Electricidad.

Cancelación de permisos, demora de entradas en operación, obstrucción de la conexión al sistema, entre otros, llevó a los inversionistas a concluir que la única opción lógica frente a la próxima desaparición de un Poder Judicial independiente e imparcial, es huir.

Y ya mejor ni qué decir sobre las esperadas nuevas inversiones en el sector eléctrico en cualquiera de las modalidades tan mencionadas en el Plan México.

Los aparentes proyectos que se están presentando como “privados” corresponden a viejas solicitudes de empresas que hoy ya no tienen ningún interés en continuar con estas inversiones.

Además, los proyectos de participación conjunta, 54% gobierno, 46% privados, solo se podrán lograr si las condiciones dentro de este esquema terminan siendo extraordinariamente favorables para el capital privado.

Lo anterior representa una tragedia para el país en tanto que hoy el gobierno federal en la figura de la eléctrica que dirige Emilia Calleja carece de los recursos para financiar la creciente demanda de energía.

Falta dinero para invertir en generación, transmisión y distribución, y las necesidades se cuentan en varias decenas de miles de millones de dólares.

Las consecuencias se materializarán rápidamente con apagones y racionamiento en la época de calor y con la incapacidad de acomodar la solicitud de energía por parte de la industria.

OLEGARIO VÁZQUEZ ALDIR, el empresario más destacado de su generación, es dueño y presidente de Grupo VAZOL, uno de los conglomerados más sólidos e influyentes del país. Bajo su liderazgo este grupo 100% mexicano se ha consolidado como un actor estratégico en sectores clave como salud, industria farmacéutica, banca, medios de comunicación, hotelería e infraestructura.

A través de marcas como Hospital Angeles Health System, Laboratorios Kener, Grupo Financiero Multiva, Grupo Imagen Multimedios, Hoteles Camino Real y Prodemex. VAZOL ha construido un portafolio robusto y diversificado que combina innovación, rentabilidad y compromiso con México. Grupo VAZOL no solo posee una capacidad de inversión significativa, sino también la visión y el músculo financiero para impulsar iniciativas que contribuyen al desarrollo nacional.

PUES CON LA novedad de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de México admitió hace unos días una demanda de una Organización No Gubernamental en contra de la planta de Coca-Cola Femsa de Toluca. Aquí le habíamos anticipado que las acciones legales con proa a las grandes embotelladoras y procesadoras de agua para consumo humano irían en aumento por la explotación comercial de este preciado líquido. El conglomerado regiomontano que preside José Antonio Fernández Carbajal, que vende la marca Ciel, es la segunda que es denunciada ante las autoridades. La primera fue Niagara Bottling, que envasa las marcas Kirkland para Costco, y Value para Wal-Mart. A esta compañía propiedad de Andy Peykoff le clausuraron su operación también en la entidad que gobierna Delfina Gómez.

EN EL INGENIO Puga, en Nayarit, celebraron ayer el cierre del ciclo de zafra 2024-2025, que tuvo una producción estimada de 40 mil toneladas. Al evento asistió la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, así como los representantes de las secretarías de Gobernación y del Trabajo. Todos coincidieron que el esfuerzo para el rescate de Puga por parte de Altor, de Fernando Aportela, se debió a la unidad y el compromiso de todas las partes. Por ahí se dijo que los inconformes con este rescate, y que todavía mantienen acciones legales para tirar el acuerdo, sólo buscaban como solución a la virtual quiebra técnica “vender pieza por pieza” del ingenio. Un dato que colocó en su justa dimensión el rescate que implementó Altor, de Fernando Aportela, fue que en la historia reciente han quebrado en el país 13 plantas productoras de azúcar.

LA NOTICIA ES que Guillermo Babatz regresa como presidente del Consejo de Administración de Scotiabank México en sustitución de Georgina Kessel en abril de 2026. El ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dejó justo esa posición en noviembre de 2022 para dar paso a Kessel, quien cumplió satisfactoriamente su encomienda en los 12 años que duró su presidencia. Durante ese tiempo, la institución que dirigió Adrián Otero y ahora toma Pablo Elek logró crecimientos significativos.

EL 11 DE diciembre del año pasado adelantamos que el gobierno de Donald Trump evaluaba tasar las remesas con un impuesto de 10%. Este lunes se conoció que el congresista republicano Jason Smith planteó gravar las remesas con un 5%. Ayer mismo el Senado, que lideran Gerardo Fernández Noroña Adán Augusto López, protestaron por la medida.

De Hank, Cienfuegos y Ávila

La pregunta que persiste en el ambiente político de México, particularmente en la aplastante ala morenista, es si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salvará la reputación de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, al interceder por ella ante el Gobierno de los Estados Unidos para que su visa de turista B1/B2 le sea reactivada.

Como es sabido a estas alturas, dado que es un hecho histórico, el sábado 10 de mayo, la Gobernadora morenista de Baja California, Marina Ávila, dio a conocer de manera personal y en su página de la red social Facebook, que su visa de no migrante para ingresar a los Estados Unidos a realizar actividades de turismo, visitas y negocios, le había sido revocada. No lo dijo tal, pero lo dio a entender: “Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

Por él, se refería a su esposo, el expanista ahora afiliado a Morena, Carlos Torres Torres, quien minutos antes había compartido, también en su página personal de FB: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”. Y concluía su texto con el siguiente párrafo: “Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien —a pesar de no haber provocado nada— la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”.

Aunque en ambos casos justificaron la medida de la revocación de la visa de no migrante como un asunto de cuestiones o criterios “administrativos”, la realidad, de acuerdo a información recabada por el semanario ZETA, es que la medida prohibitoria de acceso a territorio norteamericano es resultado de una investigación ordenada por el Departamento de Estado en Washington.

Si la publicación de las notas en Facebook es acorde al acontecimiento de los hechos relatados e informados por esa vía, fue a Carlos Torres a quien primero le quitaron el documento de cruce fronterizo. Y, como también reveló el semanario ZETA, no fue a través de una notificación consular, sino personalmente un agente del CBP (Costum and Border Patrol por sus siglas en inglés), cuando intentó cruzar por una de las dos garitas internacionales en Tijuana, Baja California. Ella, aun cuando dijo que recibió una “notificación similar”, fue de hecho personal consular de los Estados Unidos, quien le notificó que su visa de no migrante para cruzar a la Unión Americana, estaba revocada.

La investigación ordenada desde Washington, no se sabe si es contra el esposo de la Gobernadora, Carlos Torres, y ella es un daño colateral, o si el sujeto o los sujetos de indagación son otras personas que tienen estrecha relación con la mandataria y su cónyuge, pero de que hay una investigación oficial, es una realidad.

En por lo menos dos ocasiones anteriores, dos administraciones distintas, una del PRI y la otra de Morena, han salvado a personas notorias del desprestigio de una investigación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

En 1997 la Operación Tigre Blanco tenía por objeto de investigación a la familia Hank Rhon, hijos del profesor Carlos Hank González, entre ellos, Jorge Hank Rhon, quienes eran investigados soborno, lavado de dinero y crimen organizado. Por entonces los Estados Unidos era dirigido por el demócrata Bill Clinton, y en México el Presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León. El padre, Carlos Hank González seguía siendo un poderoso político. Había sido Gobernador del Estado de México, Jefe del Departamento del Distrito Federal y dos veces Secretario de Estado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de Turismo y de Agricultura.

Con ese poder político, fue la Abogada General de los Estados Unidos en la administración de Clinton, Janet Reno, quien prácticamente cerró el expediente de la Operación Tigre Blanco y la investigación concluyó. Aun cuando años después, en 2009, a Jorge Hank Rhon, le fue retirada la visa para cruzar a los Estados Unidos, la cual no le ha sido emitida de nueva cuenta.

El otro ejemplo es reciente. En 2020, autoridades de los Estados Unidos detuvieron al internarse a aquel país por la vía aérea, al General Salvador Cienfuegos, quien el sexenio anterior, administrado por el priísta Enrique Peña Nieto, había sido el Secretario General de la Defensa. Lo señalaban en la carpeta de investigación para entonces ya en una Corte de la Unión Americana, de cuatro cargos de drogas.

Aun cuando al inicio el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo escarnio de la aprehensión, terminó cediendo a la presión de los militares a quienes ya había confiado muchas áreas de la Administración Pública, y llegó a un acuerdo con la administración norteamericana encabezada por primera vez por Donald Trump, y la jueza que llevaba el caso contra Cienfuegos lo desestimó, liberando al General en el retiro.

Es decir, si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quisiese salvar la reputación de la primera Gobernadora mujer de Baja California, además de afiliación morenista, y sacudirle un poco el estigma de ser la primera Gobernadora en funciones en toda la historia del país, a la cual le retiran la visa de no migrante para entrar a territorio de los Estados Unidos, podría llegar a un acuerdo con el Gobierno de aquel país, para que el documento de cruce migratorio, le sea emitido de nuevamente a la Gobernadora del fronterizo estado de Baja California.

Es el único camino que podría abrirse para que Marina Ávila Olmeda, la mandataria morenista de Baja California, recupere su visa de no migrante para ingresar a los Estados: que la Presidenta Sheinbaum Pardo interceda por ella, desde Palacio Nacional hasta Washington, de donde se emitió la orden de retirarle el documento de viaje. Ahora falta ver si lo hará o no. Esa es la pregunta.

Terroristas en la hora final de Los Chapitos

Finalmente, la fiscalía de Estados Unidos hizo la primera denuncia formal por terrorismo contra dos líderes del narcotráfico en México, no sin cometer varios errores, voluntarios o no, en la información.

Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, son los designados, calificados como líderes “de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa”, y han sido formalmente acusados de narcoterrorismo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En realidad, en su afán de simplificación, los Inzunza, como los otros líderes que son señalados como sus socios, Óscar Manuel Gastélum IribeEl Músico, y Fausto Isidro Meza FloresEl Chapo Isidro, son los que recogieron los restos del cártel de los Beltrán Leyva, que rompió con el Cártel de Sinaloa desde 2006-2008, iniciando, aliados con los Zetas y el Cártel de Juárez, la violenta guerra que azotó al país durante dos décadas.

El dato es importante porque, sin esa distinción, todo queda como una simple disputa entre facciones, cuando lo que se vivió y que acabó con la derrota de los tres grupos aliados contra Sinaloa, significó el despunte de la violencia y la reconfiguración del crimen organizado en México y en el propio Estados Unidos, con un cártel hegemónico como el que encabezaban El ChapoEl Mayo Zambada y El Azul Esparragoza.

Los Inzunza y El Chapo Isidro, entre otros pocos, mantuvieron el control de sus territorios, sobre todo en Sonora, y también el enfrentamiento con el cártel de Sinaloa y, desde la extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos, en el último día de gobierno de Barack Obama, particularmente contra Los Chapitos. Terminaron controlando buena parte de la frontera. Desde la captura de El Mayo Zambada son aliados de Los Mayitos en contra de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, luego de que Ovidio y Jesús (sus medios hermanos) se han convertido en testigos protegidos de la justicia estadunidense. Allá llegaron, para confirmarlo, su madre y otros 16 familiares el pasado viernes.

La designación de los Inzunza se inscribe en esa lógica. Estamos en otro punto de inflexión como aquel de 2012. Todo indica que Los Mayitos y sus aliados están ganando la guerra interna a Los Chapitos (la confirmación de la fuga de Iván Archivaldo en febrero, que reprodujo el WSJ, entregado por tres de sus hombres de confianza, confirmaría el deterioro de su organización y liderazgo), y mientras se está llegando a acuerdos con Ovidio y Joaquín, se preparan las audiencias y los juicios contra El Mayo Zambada, que no se sabe si buscará o no algún acuerdo de colaboración.

Parte de esa alianza de grupos contra Los Chapitos era, es también, el Cártel de Caborca, donde Rafael Caro Quintero tenía un papel protagónico. Caro también está a la espera de su juicio, pero no pareciera que, en su caso, la fiscalía tenga interés alguno en llegar a un acuerdo.

Pedro Inzunza NoriegaEl Sagitario o El de la Silla (está en silla de ruedas después de recibir un disparo en la columna) es señalado como el principal operador logístico y financiero del grupo y su hijo, Pedro Inzunza Coronel (El Pichón), su sucesor y mando, y operan desde Los Mochis, Sinaloa.

De los Inzunza (y de El Chapo Isidro) era la droga decomisada el 3 de diciembre de 2024 en Sinaloa, por fuerzas de seguridad mexicanas, que incautaron mil 500 kilogramos de fentanilo. Ese decomiso de fentanilo puro ha sido calificado como el más grande de la historia y pone de evidencia la magnitud de la red de producción y distribución de este grupo. Esa red, particularmente sofisticada, tiene operaciones en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, además de México y Estados Unidos.

Si para 2012, los Zetas, los Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez estaban prácticamente liquidados, su resurrección se debió a la capacidad de resistencia de algunos de sus líderes, pero sobre todo al abandono de la presión contra ellos en los años posteriores, sobre todo en el pasado sexenio, hasta permitirles reconvertirse en los últimos 10 años en fuerzas criminales muy poderosas. Ahora estamos en un momento similar, si no se mantiene la presión contra todos los grupos nos encontraremos otra vez en el mismo escenario, dos grandes cárteles, Los Mayitos y sus aliados contra el CJNG, con el país dividido y en guerra. Es la primera vez que se utiliza la figura de terrorismo contra líderes del narcotráfico mexicano, y no será ni remotamente la última.

PEPE MUJICA

Si nuestra izquierda tuviera como referencia a hombres como Pepe Mujica, el fallecido expresidente de Uruguay, sería democrática, incluyente, ajena a la división, el agravio y la polarización. No estaría detrás de dictadores y conservadores que dicen ser revolucionarios.

Mujica es mucho más que una austera forma de vivir, antes, durante y después de su presidencia: fue el hombre que encabezó una guerrilla en los años 70, cuando fue detenido fue torturado en forma feroz y pasó casi 13 años arrojado en un pozo, en unas condiciones de terrible aislamiento.

El hombre que, cuando salió de prisión, no buscó venganza, sino acuerdos, que reivindicó la democracia, el pluralismo y el diálogo con todos, sin descalificaciones ni inventando enemigos o complots, asumiendo que la prosperidad y la estabilidad eran lo mejor que le podía suceder a su país, Uruguay. Nunca pretendió ser el sucesor de ArtigasSan MartínBolívarMartí o Juárez. Se limitó a gobernar con decencia y para todos. Tenía memoria, pero no rencores. Descanse en paz.

Los ministros de la SCJN deben tener criterio político, pero no posición política

Ricardo Sodi Cuéllar es candidato a ministro de la SCJN. Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, fue relevado de ese cargo el pasado mes de febrero, con efectos a partir del 28 de junio de 2025.

Es uno de los aspirantes a ministro con mayor trayectoria académica y laboral. No cumple con la regla cuatroteista de 90% de lealtad y 10% de capacidad que estableció Andrés Manuel López Obrador para acceder a los cargos.

Sodi es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia por el Instituto Matías Romero y un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

No se le identifica con la cuatroté, pero es un convencido de que la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1º de junio es una oportunidad de mejorar y hacer que la justicia sea más accesible a las personas, menos formalista, menos tardada.

Lo entrevistamos en el restaurante La Mansión de Palmas. Allí le expusimos nuestro convencimiento de que el fondo de la elección de jueces, magistrados y ministros es regresar el control del Poder Judicial a la Presidencia de la República.

Le hicimos notar que ha sido un proceso plagado de vicios de origen, a comenzar por la mayoría calificada que el oficialismo arrebató en ambas cámaras con la complicidad del INE y el TEPJF y la traición de un senador del PAN, otro de MC y dos más del PRD.

Respondió: “Lo que tenemos que hacer es que los perfiles adecuados lleguen a la Corte para que exista un contrapeso. Los ministros de la Corte deben tener criterio político, pero no posición política, porque eso afecta su independencia.

“La Corte va a interpretar la Constitución y la Constitución es la materialización jurídica de los fenómenos políticos”.

Sodi es un creyente de la reforma judicial. Dice que ha permitido que los poderes judiciales federal y local estén en la agenda nacional.

“Creo que esta reforma judicial va a detonar una reflexión, un diagnóstico con miras a una transformación profunda del Poder Judicial. Estamos al inicio de un proceso de transformación judicial, no al final.

“Es un buen momento para alzar la voz y analizar cuáles son los defectos que tiene el sistema de administración y procuración de justicia y hacer un planteamiento de cómo mejorar y hacer que la justicia sea más accesible a las personas, menos formalista, menos tardada.

“Que los procesos judiciales sean más dúctiles, más fáciles, que haya más comunicación, más apertura entre los juzgadores y la sociedad”.

Los juzgadores, según Sodi, estaban como los estilistas griegos, trepados en su columna y dictando sus sentencias. Les importaba poco si lo entendían o no los ciudadanos.

“Esta etapa tiene que cambiar. Ahora los jueces tienen que hablarle a la ciudadanía de manera clara y objetiva. Explicar sus resoluciones desde el más alto nivel, que es la Suprema Corte de Justicia”.

Reconoce: “El sólo hecho de cambiar no resuelve los problemas del Poder Judicial. Apenas estamos visualizando cuáles son esos problemas, y una vez que se integre el nuevo Poder Judicial, la nueva Corte, es cuando vamos a empezar a plantear y estructurar la verdadera reforma al poder judicial”, remató.

* De poco ha servido la estrategia de “cabeza fría” que ha aplicado Claudia Sheinbaum frente a las embestidas de Trump y los republicanos. Ejemplos sobran: oficialmente no le avisaron sobre el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila y a su marido.

Prohibieron unilateralmente la exportación de ganado mexicano por la plaga del gusano barrenador. Le pusieron aranceles al jitomate mexicano, metieron por la puerta de atrás el spot antiinmigrante de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Ahora tenemos una iniciativa en el Congreso de EU para gravar con 5% el envío de remesas a personas en el extranjero. Y aun así hay quien sostiene que México tiene un “trato excepcional” por parte de Estados Unidos. ¿En serio?

* Las madres buscadoras, encabezadas por Ceci Flores, bloquearon ayer la entrada de la CNDH en protesta porque la titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, nomás no las recibe.

En una de las pancartas que llevaban las activistas se leía “para continuar nuestro camino basta con mover una sola Piedra”.

Amenazaron con cerrar Periférico si Piedra Ibarra no las recibe en audiencia transmitida en vivo. Al cierre de esta columna, no se había producido el diálogo.

Por un mensaje en X nos enteramos que Ceci Flores, su hija y su yerno fueron agredidos mientras presionaban para que la titular de la CNDH las recibiera. “Nos dijeron que ella no estaba”, escribió.

EU negocia con ‘Los Chapitos’ y acusa por terrorismo a rivales del Cártel de Sinaloa

Estados Unidos consolidó un acuerdo con Ovidio Guzmán y abrió las puertas a 17 familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras endureció su postura contra grupos rivales del Cártel de Sinaloa al presentar por primera vez cargos por terrorismo contra integrantes de cárteles mexicanos.

El Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó este lunes que la madre de Ovidio Guzmán, Griselda López Pérez, y otros 16 familiares cruzaron la garita de San Ysidro, California, para entregarse al FBI, como parte de una negociación encabezada por el propio Ovidio con el Departamento de Estado estadounidense.

Paralelamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales por terrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias “El de la Silla”, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, “Pichón”, identificados como aliados de Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, y miembros de una facción vinculada a “Los Mayitos”, grupo opositor a “Los Chapitos”.

Con base en la decisión del entonces presidente Donald Trump de clasificar al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO), las autoridades estadounidenses les imputaron siete cargos, entre ellos narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, delitos que pueden derivar en condenas de hasta cadena perpetua y multas millonarias.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa (…) Buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”, declaró Pam Bondi, Fiscal General de EU, al anunciar los cargos.

De acuerdo con documentos judiciales, los Inzunza estarían al frente de una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo, con operaciones dirigidas directamente hacia el mercado estadounidense.

Especialistas como Samuel González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), señalaron que la entrega de los familiares de “El Chapo” podría estar vinculada con un acuerdo judicial de Ovidio Guzmán, quien recientemente habría negociado su declaración de culpabilidad ante una corte en Chicago.

Según González, “en el documento se lee que están preparando los términos finales de la negociación. Lo más probable es que él pidió trasladar a su familia a Estados Unidos para que le otorguen protección”.

Por su parte, Carlos Mendoza, consultor en temas de seguridad, indicó que el traslado responde al enfrentamiento entre “Los Chapitos” y los descendientes de Ismael “El Mayo” Zambada, una lucha interna que habría dejado en desventaja al grupo de Ovidio.

Los 17 familiares de Guzmán cruzaron a Estados Unidos tres días después de que se conocieran los términos preliminares del acuerdo de Ovidio con la Fiscalía de Chicago.

Niegan que EU haya revocado visa al gobernador de Tamaulipas

Ciudad Victoria.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Vocería de Seguridad estatal, desmintió este lunes los rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta revocación de la visa estadounidense del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, la dependencia aseguró que la información no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial. “Ante la información que circula en redes sociales, sobre la supuesta revocación de la visa americana al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se precisa que es información falsa”, señala el documento.

Además, el Gobierno estatal pidió a la población evitar difundir versiones no verificadas, al añadir: “Se recomienda a la ciudadanía no difundir información incorrecta”.

La versión comenzó a circular en plataformas digitales durante las últimas horas, sin que se presentaran fuentes oficiales que respaldaran la acusación.

“No son objetivos nuestros”: García Harfuch confirma que familia de Ovidio se fue a EU por negociación

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los 17 familiares de Ovidio Guzmán que cruzaron la frontera a Estados Unidos lo hicieron como parte de una negociación con el Departamento de Justicia de ese país, y aseguró que no eran objetivos de las autoridades mexicanas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el funcionario federal detalló que la salida del país de Griselda López Pérez, madre de Ovidio, junto con otros familiares, se relaciona directamente con el proceso legal que enfrenta el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en EU y con una posible declaración de culpabilidad programada para el 6 de junio.

“Es evidente que al estar su familia yéndose a EU es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da”, afirmó García Harfuch. Subrayó que Ovidio fue detenido en su totalidad por autoridades mexicanas y posteriormente extraditado.

El viernes pasado, Griselda López Pérez, también conocida como Karla Pérez Rojo, cruzó a pie el puente de San Ysidro en Tijuana acompañada de 16 personas, incluyendo hijos, nietos y otros parientes, según confirmó el diario El Universal. Agentes del FBI y del US Marshals los esperaban del lado estadounidense.

García Harfuch aclaró que ninguno de los integrantes de esta familia era objetivo de captura o investigación en México, aunque advirtió que Estados Unidos tiene la obligación de compartir información con la Fiscalía General de la República (FGR), especialmente porque la captura de Ovidio fue realizada por el Ejército Mexicano.

El funcionario también recordó que los conflictos recientes en Sinaloa tienen origen en divisiones internas entre “Los Chapitos” y otros grupos criminales, como “Los Mayos”, lo que ha generado nuevos brotes de violencia en la entidad.

Por otro lado, destacó que durante los primeros seis meses de la actual administración federal, el homicidio ha sido uno de los delitos con mayor reducción, con una baja del 25 por ciento, y que el fin de semana pasado fue el de menor número de homicidios en lo que va del sexenio.

Respecto a Sinaloa, García Harfuch informó que desde el 5 de septiembre, tras una agresión entre grupos criminales, se han detenido mil 221 personas y asegurado mil 954 armas de fuego, logrando, según datos oficiales, una reducción del 30 por ciento en la incidencia delictiva en esa entidad.

Marina del Pilar y la danza de los millones

Un millón de dólares del Chapo Guzmán, enviados desde Los Ángeles a través de la aduana de Tijuana, y cuyo destino era la ciudad de Culiacán, fueron asegurados por agentes de la Policía Estatal Preventiva el 29 de septiembre de 2015. El dinero estaba dentro de una vieja pick up, metido en dos cajas de plástico.

Los agentes hallaron 40 mil billetes de 20 dólares, 11 mil de 10 y seis mil de cinco. El encargado de hacer la entrega era un hombre de 31 años de edad, Elías López López, El Pantera.

El Pantera reveló que a lo largo de un año había llevado a Culiacán unos 24 millones de dólares. Desde 2011 pasaba al menos 500 mil dólares a la semana. Solo en 2015 había realizado unos 50 cruces. Todos estos a través de la aduana de Tijuana, cuyo administrador era Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la hoy gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo.

Las declaraciones de El Pantera hicieron que los medios voltearan a la aduana de Tijuana, cuyo titular se había preciado de decomisar mes tras mes entre 3.5 y 4 millones de pesos en mercancía de contrabando: aparatos electrónicos, ropa, calzado, licor, comida y cigarros, “productos que no representan riesgo de seguridad nacional pero sí impactan al comercio organizado”.

Los mismos medios, Vanguardia entre estos, se extrañaron de que entre los 22 vehículos que en promedio decomisaba al mes Torres Torres no apareció nunca la camioneta de El Pantera, con sus cientos de miles de dólares en cada cruce.

“Sospechan vínculos entre administrador aduanal y El Chapo”, cabeceó Vanguardia.

Algunos escándalos acompañaron a Torres Torres durante su gestión. Fue acusado de apoyar con dinero procedente de sobornos obtenidos en la aduana la campaña a la alcaldía de Tijuana de su hermano Carlos Torres Torres, el esposo de la gobernadora, cosa que el administrador negó.

La prensa local lo vio salir de la aduana con dinero suficiente para mudarse al exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, y adquirir valiosos terrenos en Real del Mar, en Valle de Guadalupe, y en el municipio de Tecate. Durante la campaña de su cuñada hacia la gubernatura se dedicó a la recaudación de fondos.

Por una de esas cosas extrañas que suelen ocurrir en “la mañanera”, y que pueden ser todo, menos casualidades, apenas en marzo pasado el nombre de Luis Torres Torres fue mencionado ante la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de un esquema de extorsión a importadores, a través de un agente aduanal, Roberto Ruiz Armas, investigado por la UIF desde principios del sexenio de López Obrador luego de que se le acusara de la introducción ilegal de mercancías y de autos “chocolate”, y de la que forma parte Baltazar Terrazas Ciapara, “vinculado con el tráfico de hidrocarburos en las aduanas de Mexicali y Tecate”.

Roberto Ruiz Armas ha sido involucrado también en la investigación sobre el decomiso de ocho mil litros de huachicol, llevado a cabo en un predio de Ensenada, propiedad del exsenador de Morena Gerardo Novelo Osuna.

Baltazar Terrazas Ciapara, otro de los mencionados en la “mañanera”, es cuñado y socio de Luis Alfonso Torres Torres, y se le ha relacionado con una red de extorsión que opera desde el aeropuerto de Tijuana.

El gobierno de Estados Unidos se ha mantenido totalmente hermético en lo relacionado con el retiro de la visa de turista a la gobernadora Marina del Pilar, así como a su esposo, Carlos Torres Torres. Ella ha dicho que este enfrenta una situación que a ella la ha alcanzado. Entre importadores y empresarios de Baja California no se descarta que esa situación tenga que ver con la danza de los millones en las aduanas del estado, así como con los vínculos de altos funcionarios estatales con organizaciones criminales.

El 12 de noviembre de 2023, Andrés Manuel López Obrador asistió al segundo informe de gobierno de Marina del Pilar Ávila y felicitó al pueblo de Baja California por haber elegido “a una  mujer inteligente, trabajadora, honesta, que es lo mejor que le ha pasado a este bello y extraordinario estado”.

Meses atrás, cuando el exgobernador y exmorenista Jaime Bonilla la acusó de haber tenido “arreglos previos” con el Cártel Jalisco Nueva Generación, AMLO volvió a darle el espaldarazo: “Tienen muy buena gobernadora… venimos a refrendar el apoyo del gobierno federal al gobierno de Baja California. Volver a decir a los cuatro vientos que Marina del Pilar no está sola, cuenta con el apoyo del gobierno federal… y más, con nuestra simpatía. Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre…”.

Ese apoyo parece que se terminó. En la “mañanera” de ayer, Claudia Sheinbaum no la defendió, ni le dijo que no está sola. Tampoco hubo gobernadores firmando desplegados en tropel. Muchos de ellos saben por qué.

Las pugnas en la 4T por las listas de la elección judicial

A tres semanas de la elección judicial de 1 junio las cosas dentro de Morena y el movimiento de la 4T están que arden, precisamente a partir de lo que revelamos este lunes sobre la reunión que sostuvieron, la semana pasada, dirigentes de Morena con gobernadores y líderes parlamentarios en la Secretaría de Gobernación.

La convocatoria se hizo para informarles los nombres de los candidatos y las candidatas que, según se dijo en la reunión, son quienes tienen más posibilidades de ganar y quienes supuestamente tienen el visto bueno de Palacio Nacional. Pero hay varios problemas con los perfiles, sus impulsores y la renuencia de por lo menos 10 gobernadores.

La lista de ungidos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación son, en ese orden: Lenia BatresYasmín Esquivel, Sara Irene HerreríasLoretta Ortiz y María Estela Ríos González, por parte de las mujeres; y Hugo Aguilar OrtizIrving Espinosa BetanzoGiovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García, por parte de los hombres.

Aquí viene el primer problema. Tanto entre los gobernadores como los líderes del Senado y la Cámara de Diputados consideran un exceso que Lenia Batres se perfile no solo como presidenta de la Corte, sino que se le estaría otorgando la mayoría del pleno. También dentro del Poder Judicial hay preocupación por lo que viene.

En cuanto a las propuestas para el Tribunal de Disciplina Judicial están: Eva Verónica De GyvesIndira Isabel GarcíaCelia MayaBernardo Bátiz y Rufino H León Tovar. Y para la Sala Superior del Tribunal Electoral: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.

La lista de candidatos y candidatas favoritas fue entregada en una papeleta simulada con los números que aparecerán en las boletas del 1 de junio.

En principio, los gobernadores quieren validar la lista con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, según ellos, pidió que no hubiera dados cargados en la elección. Al menos 10 de los mandatarios de la 4T han planteado que sea un ejercicio democrático real, por lo que los nombres de los perfiles que supuestamente deben impulsar con sus bases no los representan.

Por su parte, los coordinadores parlamentarios de Morena, el Verde y el PT están molestos porque prácticamente no se incluyó a nadie del Poder Legislativo en las listas que circulan. Y tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados no están de acuerdo, por lo que ya emitieron su postura de “no participar en una simulación”.

Los aliados del Verde y el PT tampoco están en la lógica de sumarse a la lista, debido a que tres de los 10 gobernadores disidentes son emanados de una de esas fuerzas políticas: Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; Mara Lezama, de Quintana Roo, y Eduardo Ramírez, de Chiapas.

Otro de los damnificados es el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, puesto que prácticamente no hay nadie de sus cercanos en las listas.

Por cierto que la reunión organizada por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, para este lunes cambió de sede muy temprano y se realizó en las oficinas de la Secretaría, no en una sede alterna, como decía la convocatoria original. También se cuidó de no pedir expresamente a los líderes sindicales impulsar a los perfiles que se “propusieron” en la reunión de Bucareli. Solamente se pidió que se fomente la participación de sus agremiados.

Un escándalo.

Posdata 1

En este espacio adelantamos detalles de la investigación que se sigue en Estados Unidos sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres Torres, misma que les valió la suspensión de sus visas de turista B1/B2 con las que frecuentemente transitaban entre territorio mexicano y su residencia en San Diego.

Ahora se sabe que las averiguaciones provienen del Departamento de Estado en Washington, donde se analiza si ambos están relacionados con actividades ilícitas o con algún grupo delictivo. Las pesquisas alcanzan también a su grupo más cercano y a una lista de empresarios que fungirían como prestanombres.

El anuncio desde las cuentas de redes sociales de la mandataria morenista y su esposo se dio varios días después de la notificación que sí le corrieron a ella las autoridades consulares para evitarle un evento bochornoso; en tanto, a Torres Torres le fue retirada la visa en la garita de Tijuana mientras intentaba cruzar por ese paso fronterizo, según reveló este lunes la periodista Adela Navarro en el Semanario Zeta.

Posdata 2

La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, entró de lleno en funciones y entre sus acciones prioritarias se propuso ir tras los casos de huachicoleo fiscal, los cuales incluyen a los funcionarios de Pemex que presuntamente habrían incurrido en ese ilícito, según la auditoría AU-47/2025.

Diversos funcionarios de la empresa, adscritos a la Aduana de Tuxpan, en Veracruz, habrían omitido información de importaciones y exportaciones de hidrocarburos en el Aviso Electrónico del Mecanismo de Selección Automatizada de Aduanas.

Según las estimaciones del gobierno, México ha perdido más de 550 mil millones de pesos por el llamado huachicol fiscal –correspondiente a más de 120 mil millones de litros–, mismo que consiste en importar gasolina presentándola como hidrocarburo de baja calidad, aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Posdata 3

Frente a los retos presupuestales que enfrenta el país, la recaudación municipal es uno de los temas relevantes a incentivar.

Una de las respuestas es la inversión en infraestructura. El municipio de Naucalpan, en el Estado de México, obtuvo una recaudación récord de 723 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año.

El municipio que gobierna Isaac Montoya tiene la meta de rehabilitar un millón de metros cuadrados de calles durante su trienio, por lo que, de acuerdo a los cálculos que el alcalde dio en un Informe de sus primeros cuatro meses de gobierno, deberá ejercer un presupuesto anual de 6 mil millones de pesos.

El mensajero del pasado

Sin mucha visibilidad en los debates parlamentarios, en los que nunca se le ve participar, o en la presentación de iniciativas de ley propias, Alejandro Esquer Verdugo es lo que podría llamarse un senador retraído, que se maneja siempre con un bajo perfil en los asuntos legislativos, pero que curiosamente es uno de los integrantes con más poder e influencia en la bancada de Morena en el Senado, y al que casi todos sus compañeros buscan para hacerle consultas y comentar con él temas y posicionamientos políticos.

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, e ingeniero civil de profesión, Esquer llegó al Senado por la vía plurinominal y fue una de las posiciones que definió su exjefe, el expresidente López Obrador, quien lo metió a las listas de Morena en las elecciones federales de 2024 en una de las mejores posiciones, como una forma de proteger y blindar con el fuero legislativo a quien se convirtió en el hombre de más confianza y el operador político personalísimo del exmandatario desde la poderosa Secretaría Particular de la Presidencia.

En el sexenio pasado era de todos sabido en la 4T que si se quería llegar directo al oído del presidente el único conducto realmente efectivo era Alejandro Esquer, quien tras la caída de César Yáñez se volvió el “perro fiel y guardián” de López Obrador, quien lo mismo atendía y veía los asuntos de sus hijos y su familia, que operaba los temas delicados del presidente al que conoció muy bien desde que se convirtió en su particular en la Jefatura de Gobierno del DF en 2002, justo para sustituir a René Bejarano cuando éste se fue como líder de la Asamblea Legislativa capitalina por el PRD.

Es esa cercanía y comunicación directa que aún mantiene con López Obrador, lo que ha convertido a Alejandro Esquer en un senador con mucho poder e influencia dentro de la bancada oficialista y en general de la 4T. En el Senado es común ver cómo desfilan por su oficina senadores de Morena y de las bancadas aliadas del PT y el PVEM que lo buscan con insistencia para hacerle consultas o pedirle su opinión. Y cuando está en el salón de plenos donde rara vez habla o participa en los debates, su curul se convierte también en un desfile constante de senadores que se acercan a hablar con él como quién busca línea o consejo.

Y es que dentro de la 4T y de Morena es un secreto a voces que Esquer Verdugo es hoy por hoy el mensajero que más utiliza López Obrador para mandar mensajes desde su exilio tropical en Palenque. Es él quien transmite y circula las “opiniones” o “puntos de vista” del exmandatario sobre los temas políticos y legislativos que pasan por el Senado y se encarga de que esa información que le mandan desde Palenque llegue a sus destinatarios específicos ya sea en el Congreso, el gabinete, el partido o incluso hasta Palacio Nacional.

Sentado con sus gafas de aumento y su cabello totalmente cano, Esquer parece más un abuelito bonachón que el poderoso mensajero del pasado reciente, aunque quienes lo conocen bien hablan no sólo de sus dotes de operador y de la confianza ciega que le tiene su exjefe, sino también de maquiavelismo y el pragmatismo que suelen caracterizar al ahora senador a quien se refieren como un político que se sabe con poder y puede llegar a ser también un oscuro y manipulador personaje.

En fin que es muy probable que si se revisan los temas de productividad entre los senadores, que suelen medirse por sus intervenciones en tribuna, sus propuestas o iniciativas de ley o su trabajo en comisiones, tal vez Alejandro Esquer no figure entre los integrantes más activos de la bancada oficialista. Pero si de lo que se trata es de influencia y poder, al grado de que opera como una suerte de “padrino” al que muchos de sus compañeros se acercan casi con reverencia y en busca de consejo o guía, entonces el senador sonorense estaría en los primeros lugares.

Solía decirse en la era priista que los “emisarios del pasado” eran esos personajes oscuros y turbios que, sin dar la cara y desde las sombras, operaban para afectar o dañar a los gobiernos del presente; pero en el régimen autoritario de la 4T ahora esos emisarios del ayer no tienen que esconderse y si bien no se muestran del todo abiertamente en su función, hoy su labor de ser la “correa de transmisión” de las órdenes, sugerencias o comentarios del pasado reciente tampoco es del todo oculta y lo saben quienes lo tienen que saber: la voz de Esquer es la de Palenque y esa voz sigue resonando y mandando en el actual sexenio y en el partido gobernante.

NOTAS INDISCRETAS… Mientras la gobernadora Marina del Pilar se defiende diciendo, sin elementos, que la cancelación de su visa es sólo un tema “administrativo” y que no hay ningún “delito” por el que el Departamento de Estado la investigue y le haya retirado su visado, en Estados Unidos lo que se comenta es que a la mandataria morenista sí la tienen en una investigación de las áreas de inteligencia y seguridad del secretario Marco Rubio y que en dichas investigaciones se incluye un seguimiento puntual a la gobernadora de Baja California y a su esposo que “dormían la mayor parte del tiempo en su casa de San Diego” junto con sus dos hijos. Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum también mostró su respaldo a Marina a la que se refirió como “una buena gobernadora que está haciendo un gran trabajo” y se dijo extrañada de la medida tomada por el gobierno de Donald Trump para cancelarle el visado a ella y a su esposa, por lo que su administración pedirá información sobre las causas que tuvo el Departamento de Estado para tomar tal decisión. Y ayer, corresponsales en Estados Unidos aseguraban que al menos dos bancos, Wells Fargo y Bank of América, habrían cancelado cuentas bancarias en ese país a la gobernadora y su esposo por “desconfianza sobre el origen del dinero”, un procedimiento que puede iniciar motu proprio el banco y sin avisar a los cuentahabientes, a los que sólo se les notifica y se les hace llegar un cheque con los fondos que tenían depositados en la institución financiera. Veremos si desde la oficina de Marco Rubio le responden a la cancillería mexicana sobre las razones que tuvieron para cancelarle la visa a una gobernadora mexicana, en un hecho inédito en la relación bilateral… A propósito del gobierno estadounidense, todavía no llega oficialmente a México el embajador de Washington, Ronald Johnson, y la oposición mexicana ya empezó a encomendarse al llamado “halcón” del gobierno trumpista que despachará en la embajada estadounidense. Y es que ayer la dirigencia del PAN en Tamaulipas anunció que presentó ante la FGR una denuncia penal en contra de Tania Contreras, exconsejera jurídica del Gobierno de Tamaulipas y contra su cuñado, Juan Carlos Madero Larios, exdirector del centro de Operaciones de Aduanas en 2022, acusándolos a ambos del presunto delito de “narco-huachicol”. Lo interesante, además de la acusación ya de por sí grave contra Tania Contreras, que hoy es candidata a Magistrada supernumeraria del Poder Judicial Federal, es que además de presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la República, los panistas tamaulipecos también le mandaron una copia al nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a quien le informan de los delitos que acusan y le dicen que le hacen “del conocimiento para que se tomen las medidas y acciones correspondientes por la embajada a su cargo y se investigue este asunto que es relevante para los Estados Unidos de América”, dice el oficio que entregó el dirigente panista, Luis René Cantú, a la oficina del embajador Johnson. ¿Será que ahora los opositores se encomendarán también a los oficios del llamado “Rambo” Johnson para que sus denuncias sean escuchadas?… Los dados mandaron Doble Serpiente. Primera caída de la semana.

El costo de la impunidad

Una vez más, el gobierno de Estados Unidos dejó con un palmo de narices a la presidenta Claudia Sheinbaum. Poco después de que anunciara en su conferencia matutina que solicitaría información al Departamento de Estado para saber las causas por las que revocaron las visas de la gobernadora de Baja California y de su esposo, un ambicioso político que tiene fuerte incidencia en la administración estatal, la embajada de Estados Unidos en México decidió no hacerla esperar. En una declaración que circuló entre periodistas le respondió: es información confidencial, por lo que no le dirán nada.

Sheinbaum no puede hacer nada ante Washington, como lo ha experimentado con sus peticiones para que le informen sobre cómo fue la operación de la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, en julio del año pasado en Culiacán, que ignoró el presidente Joe Biden y que ha tenido el mismo tratamiento del presidente Donald Trump. Quizás la presidenta está volteando al lugar equivocado, cuando menos en el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, y de su esposo Carlos Torres, porque en este caso es un daño autoinfligido.

La revocación de las visas es algo que podía haberse evitado, pero la red de complicidad con Morena, como designio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cubrió a la pareja con un velo de impunidad que el fiscal general Alejandro Gertz Manero cuidó como si fuera el oro en Fort Knox. Las omisiones políticas del pasado, que se volvieron complacencias en el presente, tienen a Sheinbaum metida en esta delicada situación, un escalón más en las presiones de Estados Unidos para que atienda el problema de los narcopolíticos.

Se desconocen las razones de ello, aunque sugiere que la gobernadora también es persona de interés para Estados Unidos. Ávila y Torres minimizaron la decisión de la administración Trump tratándolo como un procedimiento de rutina. “La realidad es que, en este caso”, reveló Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana en su edición digital, “la acción correspondió a una investigación desde Washington, la cual fue ejecutada por personal del CBP (Aduanas y Patrulla Fronteriza) en una de las dos garitas internacionales Tijuana-San Diego”.

Navarro agregó, de acuerdo con sus fuentes de información, que la revocación de las visas fue consecuencia de “una investigación (que) tiene varios meses en marcha, y se intensificó en las últimas semanas al suceder varios hechos relacionados con la inseguridad y la violencia en Baja California”. La violencia en el estado se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura y se reacomodaron las organizaciones criminales, surgiendo como las fuerzas de mayor presencia y control los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que hoy luchan por el territorio.

La violencia fue denunciada en agosto de 2022 desde la tribuna de la Comisión Permanente del Senado por Jaime Bonilla, antecesor de Ávila en la gubernatura, que en su primer discurso al regresar a su escaño en esa cámara, denunció: “Lo que pasó en Baja California no fue una casualidad; fue un acto que se coordinó por los cárteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Se le hizo un reclamo a la gobernadora, en una manta inmensa, con señalamientos con nombre y apellido (que dicen) que violó el acuerdo”, retomando un mensaje en las calles de Tijuana colocado el 15 de marzo de ese año, dirigido a Ávila y a su entonces fiscal Ricardo Iván Carpio. Bonilla pidió la intervención de López Obrador para que Gertz Manero lo recibiera y le aportara la información que tenía, pero se desconoce si se dio la reunión, aunque si ésta se llevó a cabo, el fiscal general no hizo nada.

Gertz Manero tendría que haber actuado de oficio cuando Bonilla hizo la denuncia contra la gobernadora desde el pleno del Senado. No lo hizo porque no estaba en el ánimo del expresidente actuar en contra la gobernadora. De hecho, un día después de su discurso en el Senado, 21 gobernadores de la alianza en el poder, incluida Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el líder de Morena a la sazón, Mario Delgado, publicaron un comunicado de total apoyo para Ávila. El velo de impunidad, sin embargo, llevaba meses.

López Obrador había recibido un informe de la Secretaría de Seguridad días después de que aparecieran mantas contra la gobernadora, donde abundaron los vínculos de agentes ministeriales y personal del secretario particular del fiscal Carpio con Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, presunto líder de una célula del histórico Cártel de Tijuana, que dirigían los hermanos Arellano Félix, y a quien le atribuían una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentado con el Cártel de Sinaloa.

El reporte que le mostraron en el gabinete de Seguridad mencionaba que dos agentes de Carpio, trabajando con Huerta Nuño, habían robado 145 kilos de cocaína de Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, que mantenía una vieja relación con Ismael El Mayo Zambada. En la implosión del Cártel de Sinaloa, El Chapo Isidro unió fuerzas con el hijo de El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, mientras que Huerta Nuño, que aparentemente fue detenido en Tijuana en diciembre, pagó 300 mil dólares a las autoridades para fugarse, según Zeta.

López Obrador se tragó toda la información en 2022 y no actuó contra el equipo de Ávila. Varios asesinatos se podrían haber evitado de haber actuado Gertz Manero, y no hacerlo llevó a una crisis de violencia y desapariciones en Baja California que hizo imposible a la gobernadora sostener a Carpio. La batalla de la mayiza y el CJNG se ha intensificado en el estado.

Gertz Manero no es el único responsable de la tragedia y de las acciones estadounidenses contra Ávila y su esposo. López Obrador es el culpable de lo que sucede en Baja California por sus omisiones criminales, y si no toma acciones que la deslinden de ese pasado, Sheinbaum se convertirá en cómplice. Las revocaciones de visas a funcionarios y políticos, no debe olvidar, continuarán como primer señal de que algo más grande vendrá.

¿Convendrá a la 4T que EU revele los motivos del retiro de la visa a gobernadora?

Después de la polémica por el retiro de las visas estadounidenses a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, el gobierno de México ha dicho que pedirá al de Estados Unidos una explicación sobre la aplicación de esta medida. Nos hacen ver que el gobierno estadounidense ya ha señalado que los detalles de cada caso de cancelaciones de visas “son confidenciales” y solo le pueden ser compartidos al interesado. Sin embargo, algunos se preguntan si en verdad le convendría al gobierno y al partido oficial que Washington, ante la insistencia de México, decidiera hacer una excepción y revelara los motivos de la cancelación. Hay que tener cuidado con lo que se desea, pues se puede hacer cumplir.

Nos dicen que en Palacio Nacional ya se tenía prevista la posibilidad de revisar el T-MEC antes de tiempo, tal como lo anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ahora, nos dicen que esta revisión será en el segundo semestre del actual año. Nos comentan que en la última llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo estadounidense, Donald Trump, acordaron que los secretarios en Economía y Hacienda, Marcelo Ebrard y Édgar Amador, respectivamente, comiencen a reunirse periódicamente con sus homólogos estadounidenses para realizar los preparativos. El gobierno mexicano, nos explican, ya tiene lista la estrategia de negociación para buscar que este tratado de libre comercio se mantenga y mejore las condiciones para los tres socios.

Nos dicen que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de José Luis Rodríguez Díaz de León, echó la casa por la ventana para festejar el Día de las Madres. Nos comentan que, el tribunal, tuvo un fiestón en el Centro Cultural de México Contemporáneo. Y, como para agasajar a las madrecitas no hay austeridad que valga, la celebración incluyó comida de tres tiempos, bebidas alcohólicas y regalos del magistrado presidente. Pura felicidad con cargo a los contribuyentes.

La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, aceptó que no conoce si la denuncia de la Federación Mexicana de Futbol contra funcionarios del extinto Instituto Nacional de Transparencia (Inai) por presunta extorsión, fue atraído por el Órgano Interno de Control, sin embargo, la funcionaria federal aclaró que en caso de que no haya sido así, se abrirá una investigación de oficio para retomar el tema e iniciar una investigación para deslindar responsabilidades. Nos comentan que la desaparición del instituto no significa impunidad en el caso de que se comprueben estas conductas de presunta corrupción de exfuncionarios del Inai.

¿Y su marido?

DEL BREVE MENSAJE que ayer dio Marina del Pilar Ávila sobre la cancelación de su visa, hubo un detalle interesante: en ningún momento se refirió a su marido, el polémico ex panista Carlos Alberto Torres.

INCLUSIVE desde la campaña por la gubernatura, el ex diputado local se había convertido en una presencia incómoda para la entonces candidata, dado que en los hechos actuaba (o se creía) el estratega electoral.

Y YA COMO gobernadora, Ávila lo incluyó en la estructura en un puesto aparentemente menor, pero desde el cual podía operar tanto asuntos de gobierno como “particulares”.

AHORA la mandataria está en el ojo del huracán, al parecer, por los enjuagues de su marido. Tan es así, que a él le quitaron la visa dos semanas atrás, directamente en la garita de San Ysidro. A ella las autoridades norteamericanas tuvieron la “cortesía” de avisarle.

AHORA FALTA VER si la acción en contra de la pareja es sólo para evitar que vayan de turistas… o si es cierto que les congelaron cuentas y les decomisaron bienes.

OTRO detalle que no escapa tiene que ver con la cautela de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió esperar la versión de las autoridades estadounidenses sobre los motivos de la medida. Sin embargo, no hubo una encendida defensa de la gobernadora, como suele acostumbrarse en casos en que algún morenista se encuentra en aprietos.

EN EL CASO DEL gusano barrenador, México había logrado erradicar al bicho ¡desde 1991!, en pleno apogeo del odiado neoliberalismo. Pero fue hacia finales de 2024 cuando reaparecieron los brotes en el ganado nacional.

QUIENES SABEN cómo mugen las vacas afirman que hubo dos factores, propiciados por la 4T, que favorecieron el resurgimiento del gusano barrenador. El primero tiene que ver con la porosidad de la frontera sur por donde todavía pasan -sin mucho problema- migrantes, armas, drogas y, por lo que se ve, ganado infectado.

EL SEGUNDO es de no creerse: por los planes de austeridad obradoristas, las autoridades fitosanitarias relajaron las medidas de prevención. De ahí que ahora en EU están diciendo “aquí no pasan” y los ganaderos mexicanos están perdiendo un mercado de más de mil millones de dólares anuales.

A TAN SÓLO tres semanas de las elecciones municipales, Veracruz está que arde… y Rocío Nahle no tiene extinguidor para hacer frente a la crisis. Luego de la ejecución de la candidata morenista en Texistepec, ayer fue emboscado un grupo de policías federales y dos terminaron muertos.

ESTOS CRÍMENES se suman a la larga lista de delitos que ha acompañado a Nahle desde que asumió el gobierno. El colmo es que la mandataria guinda, en lugar de reconocer la crisis, decidió echarle la culpa de la violencia… ¡a la oposición! Ni la burla perdona.

Por eso los matan así

Treinta y nueve candidatos, precandidatos y aspirantes cayeron asesinados en el proceso electoral de 2024 y unos 7 mil renunciaron, ahuyentados por las amenazas de los criminales. En la inmensa mayoría de los casos, como es costumbre, ha prevalecido la impunidad.

La presidenta Sheinbaum dijo ayer que desconocía el móvil de la ejecución de Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz. La mataron en un acto de campaña como, por citar, ajusticiaron el último día de la campaña de 2024 a Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero.

La historia de siempre. Integralia Consultores ha difundido un estudio que actualiza las cifras bárbaras de homicidios, amenazas y secuestros a funcionarios públicos y candidatos en 2025 (82% se dan en el entorno municipal) y arriesga una explicación de por qué los matan. El gobierno no podrá aceptarla, a estas alturas tampoco podrá descalificarla:

“Son esfuerzos del crimen organizado por capturar instituciones públicas locales. Las amenazas y atentados contra aspirantes buscan condicionar los resultados electorales, mientras que los secuestros y amenazas contra funcionarios operan como mecanismos de control territorial y financiero”. Así de simple el móvil.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

Edición: 

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