Enrique Graue, exrector de la UNAM, y Fernando Macedo, exdirector de la FES Aragón, obtuvieron la suspensión temporal del pago de 15 millones de pesos por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

La jueza Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Flor de María Hernández Mijangos, suspendió la ejecución del cobro como consecuencia de la apelación interpuesta por los exfuncionarios, conforme al artículo 694 del Código de Procedimientos Civiles local. El acuerdo fue publicado el 26 de marzo en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX).

El expediente ahora será turnado a una Sala Civil del mismo tribunal, que deberá resolver la apelación y dictar la sentencia de segunda instancia, un proceso que podría tardar varios meses. En cualquier caso, la parte que resulte perdedora podrá aún recurrir al juicio de amparo ante instancias federales.

Fuentes cercanas al caso señalaron que existe debate entre los abogados de la UNAM sobre la viabilidad jurídica de la demanda civil, ya que algunos consideran que no hay fundamento legal para fincar responsabilidad a Graue y Macedo por declaraciones institucionales, mientras otros creen que no existe prohibición expresa para litigar por esa vía.

El 28 de febrero, la jueza Hernández Mijangos condenó a ambos exfuncionarios al pago millonario al considerar que dañaron el honor y la reputación de Rodríguez Ortiz mediante declaraciones públicas “con malicia” y sin “veracidad”. Además, les prohibió hacer nuevas manifestaciones públicas sobre su persona.

Rodríguez fue asesora de tesis tanto de Esquivel como de Edgar Ulises Báez. En diciembre de 2022, el escritor Guillermo Sheridan reveló que ambos trabajos eran prácticamente idénticos. Un mes después, el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón concluyó que la tesis de Esquivel era una “copia sustancial” de la presentada por Báez en 1986.

Tras la polémica, Rodríguez fue suspendida y posteriormente despedida de la UNAM, y se identificaron al menos seis tesis más con plagios comprobables bajo su asesoría.

En agosto de 2023, Rodríguez presentó su demanda de daño moral. Reclamó a Graue la publicación de lineamientos sobre Comités de Ética en la Gaceta UNAM, y a Macedo por haber suscrito un documento que señalaba otras tesis con contenido similar a los casos ya denunciados. La jueza resolvió el caso en un lapso de seis meses, y su fallo ahora está en revisión.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, ya opera abiertamente en favor de Yasmín Esquivel para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según fuentes cercanas a su equipo. El exsecretario de Gobernación habría acordado esta maniobra con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, buscando alinear a gobernadores morenistas en apoyo a la ministra, quien continúa bajo señalamientos por presunto plagio.

En los equipos de Lenia Batres y Loretta Ortiz, también aspirantes a la presidencia del máximo tribunal, se percibe una fuerte intervención de Adán Augusto, no solo mediante gestiones políticas, sino también con recursos económicos canalizados a campañas en redes sociales, movilizaciones y la posible colocación de espectaculares, que podrían aparecer en los próximos días.

Además, detrás de esta operación se perfila un acuerdo entre Adán Augusto y la actual presidenta de la Corte, Norma Piña, para influir en el control del órgano de administración del Poder Judicial, instancia clave por ser la que maneja el presupuesto. Este entendimiento habría generado malestar en Palacio Nacional y acentuado la distancia con Arturo Zaldívar, quien, tras concluir la elección judicial, buscaría ser embajador en Estados Unidos o iniciar una campaña rumbo a Querétaro.

En el entorno de Yasmín Esquivel se sostiene que el caso del plagio que la persigue está vinculado con la vocalía de Norma Piña, lo que ha agudizado la división interna entre ambas ministras. La disputa ocurre cuando la Corte aún tiene más de 20 sesiones pendientes con asuntos delicados, varios de ellos con implicaciones para despachos jurídicos relacionados con el círculo cercano del exgobernador de Tabasco.

Adán Augusto también buscaría operar con los delegados del Bienestar en las entidades, aunque estos se encuentran bajo el control de Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría del Bienestar, que tiene su propio proyecto político en Chihuahua, en competencia con la senadora Andrea Chávez.

El senador pretende impulsar a Chávez como próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado, consolidando así su influencia rumbo al último tramo del sexenio y en la conformación del nuevo equilibrio en el Poder Judicial.

Alrededor de 700 integrantes de la comunidad artística mexicana, entre ellos los cineastas Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, firmaron una carta de apoyo a los colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas, reconociendo su labor frente a la violencia que enfrenta el país.

“A los colectivos y grupos de buscadorxs, y familiares de personas desaparecidas en nuestro país, les abrazamos en su búsqueda”, expresa el documento difundido en un comunicado de prensa. “Gracias de todo corazón”, añade el texto, que subraya la solidaridad de las figuras firmantes con quienes enfrentan la desaparición de seres queridos.

Entre los firmantes destacan también Gael García Bernal, Diego Luna, Cecilia Suárez, Sasha Sokol, Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia, Kate del Castillo y el escritor Juan Villoro, entre otros artistas, escritores y productores.

La carta hace referencia a cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPNDNO), que reporta más de 116 mil personas desaparecidas en México. Además, señala que el 75% de los aproximadamente 2 mil 500 municipios del país registran casos de desaparición.

El comunicado expresa pesar, respeto y admiración por las cientos de personas que dedican su vida a la búsqueda de familiares desaparecidos, una labor que, recalcan, es realizada sin distinción de credo, filiación política u origen.

Asimismo, se advierte que no existe un registro nacional de colectivos de búsqueda, aunque se estima la existencia de entre 80 y 100 grandes grupos activos en todo el territorio mexicano, trabajando con la esperanza de brindar consuelo a las miles de familias afectadas.

Autoridades federales aseguraron 10 millones de litros de diésel presuntamente ilegal en operativos realizados en Altamira y Tampico, Tamaulipas, así como un buque de origen estadounidense, 192 contenedores, 29 tractocamiones y armamento, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel”, publicó el funcionario en la red X, destacando también la incautación de vehículos, armamento y equipo logístico.

De acuerdo con un comunicado oficial, el operativo tuvo como objetivo desarticular redes dedicadas al tráfico ilícito de hidrocarburos, y fue resultado de labores de inteligencia. En los cateos participaron también la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Las autoridades identificaron un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, con una carga reportada como aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, tras la inspección, fue asegurado junto con dos armas cortas, 84 cartuchos y diversa documentación. La embarcación provino de Estados Unidos, según fuentes federales.

En un predio ubicado sobre la carretera Camino Antiguo a Medrano, en Altamira, se localizaron los 10 millones de litros de diésel, además de 23 tractocamiones con remolque, seis sin remolque, tres camionetas pick-up, computadoras y otros materiales. En otro inmueble del Ejido Ricardo Flores Magón, también en Altamira, fueron decomisados 18 cartuchos y documentos.

Este operativo se suma al decomiso reportado la semana pasada en Ensenada, Baja California, donde se aseguraron 8 millones de litros de hidrocarburo. En ese caso, el predio estaba relacionado con el exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, quien reconoció la propiedad del lugar pero se deslindó de cualquier actividad ilícita.

Ante las amenazas de paro por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Cuarta Transformación dio marcha atrás al incremento gradual en la edad de jubilación del magisterio, previsto en la Ley del ISSSTE de 2010.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este domingo que firmará un decreto para congelar la edad mínima de retiro, dejándola en los 56 años para mujeres y 58 para hombres, tal como se encuentra en 2024. Esto detiene los aumentos programados para los próximos años, que habrían elevado la edad a 59 y 57 en 2026, y a 60 y 58 en 2028.

“Nuestro objetivo es poderla disminuir, pero estamos revisando los montos para poder cumplir. Por lo pronto se va a congelar la edad de jubilación”, declaró la mandataria durante su visita a Bavispe, Sonora, donde cerró su gira de fin de semana.

La presidenta también anunció que el decreto incluirá condonaciones y quitas a deudas impagables en el Fovissste, además de explicar que el Fondo de Pensiones para el Bienestar garantizará que los docentes se jubilen con el 100% de su último salario, si aceptan adherirse a este mecanismo.

“Un maestro con salario de 15 mil pesos que estaría recibiendo solo 3 mil al jubilarse, ahora podrá alcanzar su ingreso completo gracias al Fondo”, argumentó Sheinbaum, en referencia al sistema creado por el expresidente López Obrador en 2024.

Pese al anuncio, la CNTE exigió conocer el contenido del decreto antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En un comunicado, advirtieron que los decretos no deben repetir las inconsistencias de la reforma retirada y rechazaron que se impongan condiciones sin transparencia.

“Los decretos ejecutivos no pueden pedir un cheque en blanco a los trabajadores, con cargo a su patrimonio de vivienda”, señaló la organización sindical.

Además del retroceso en la edad de retiro, el gobierno federal dejará de recibir 11 mil 100 millones de pesos anuales por haber retirado la propuesta de reforma al ISSSTE, que contemplaba modificar las cuotas de salud para empleados con ingresos superiores a 10 UMAs (equivalentes a 34 mil 394.56 pesos mensuales en 2025).

La iniciativa cancelada buscaba que estas cuotas se calcularan sobre el salario integrado y no sobre el sueldo básico, lo que representaría una aportación conjunta adicional de 3 mil 400 millones de pesos por parte de los trabajadores afectados.