En una de las muchas acepciones que se tienen sobre la definición de un narcoestado, la premisa es que existe una interacción entre autoridades y criminales en la cual imperan, o se basa en, actos de corrupción e impunidad; además que una parte de la sociedad también es cómplice sea de uno u otro bando, en el insano binomio Gobierno-narcotráfico, a partir de ser tolerante ante acciones criminales, aprovechando el dinero ilícito a partir de la oferta de productos y servicios a notorios delincuentes, o promoviendo actos que enaltecen la inseguridad, la violencia y la criminalidad.
México está en esa situación, independientemente que el tema en días recientes se politizó dado las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando refirió que en México los cárteles gobernaban, la realidad y salta a la vista, es que no es inexacta esa aseveración.
En indistintas zonas del país los cárteles de las drogas se alían con sectores de cualquiera de los tres órdenes de Gobierno mexicanos, empezando por las corporaciones policíacas, para delinquir en áreas que los gobiernos o los poderes del Estado están facultados para hacerlo. Es decir, siguen de manera impune y criminal el ejemplo de las autoridades para crear su contexto de inseguridad y violencia. Por ejemplo, mientras el Gobierno cobra impuestos por desarrollarse económicamente, poseer una propiedad o un comercio, los cárteles cobran piso por dejarles trabajar, y no quitarles sus negocios u hogares. Mientras el Poder Judicial administra la justicia, procesa y sentencia a quienes han cometido delitos, los cárteles asesinan a quienes les han traicionado, les han robado, les son incómodos, aplican su ley de sangre y plomo.
Esta condición de impunidad, corrupción, inseguridad y violencia, ciertamente no es una novedad, pero ahora corresponde al Gobierno en turno, en cualquiera de los tres órdenes, pero en el federal, a la Presidenta Claudia Sheinbaum, establecer las políticas públicas para combatirlo, contrarrestarlo y eliminarlo.
Sin embargo, al modo del sexenio pasado, se utiliza la política para desestimar los actos de alto impacto criminal y violencia. El terror del rancho Izaguirre se pretende minimizar alegando ataques pagados por los adversarios, ignorando la indignación y el horror que genera en la sociedad, marginando a los grupos ciudadanos de buscadores de desaparecidos, y minimizando con investigaciones amañadas lo que ahí sucedió. Les importa la retórica: no era un campo de exterminio suelen decir para polarizar la versión de que se trataba de una zona de adiestramiento criminal, como si el pretexto oficial fuese menos grave que la realidad videograbada por los buscadores que localizaron, por segunda vez, el rancho del crimen y la muerte.
Este contexto de impunidad, de corrupción, de negación oficial e institucional hacia lo que en México realmente sucede, que es un país víctima de la ley de plomo de los cárteles de la droga, lo cual acumula sumas de arriba de los 200 mil ejecutados en un periodo de casi seis años durante la Administración pasada, es peligrosamente proclive a la normalización de la violencia y la idolatría sobre los criminales.
Por estos días la agenda pública se ha visto contaminada por un concierto sucedido en Jalisco, y posteriormente en Michoacán, donde un grupo supuestamente del género regional mexicano enarboló la figura de uno de los narcotraficantes más corruptores, impunes y violentos de las últimas décadas, Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En una presentación masiva del grupo Los Alegres del Barranco, proyectaron imágenes en sus enormes pantallas de entretenimiento, de la persona del “Mencho”, al tiempo que le dedicaron lo que se conoce como un “narcocorrido”, titulado “El del Palenque”, un canto de alabanza al sanguinario capo que fue vitoreado por el público según se puede observar y escuchar en los múltiples videos sobre el momento compartidos en redes sociales.
A propósito de la oda al narco por parte de esa agrupación, se dividió la opinión pública, si dejarles honrar a un narcotraficante prófugo es libertad de expresión, o constituye apología del delito. La autoridad, impávida, no sabe cómo catalogar el hecho, y sólo pide, en la voz cada vez más apagada de la Presidenta, que se investigue, que no se repita, que no se tolere.
El punto es que lo hicieron, que les fue permitido exhibir en son de celebración a una de las personas más violentas, buscado por autoridades en el extranjero, y se supone también por las mexicanas, señalado de ordenar asesinatos, de trasegar droga, de producir enervantes químicos, de encabezar células criminales en la mayoría de los estados de la República, que matan, secuestran, desaparecen, cobran piso, extorsionan, corrompen policías.
En otra ocasión, otro cantante, Natanael Cano, hizo lo propio cuando dedicó alguna pieza de su repertorio a su padrino Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, ante los aplausos de su audiencia. El Grupo Firme, sinaloenses radicados en Tijuana, han debido suspender conciertos porque les amenazan públicamente que, de llevarlos a cabo, los matarán a ellos y a todos quienes en su equipo trabajan. Lo mismo hizo Peso Pluma cuando no se presentó en Tijuana debido a amenazas de un cártel.
En los narcocorridos, tan de moda en el regional mexicano manipulado por ese sector criminal, lo que impera es la narcocultura, el enviar una y otra vez el mensaje de ensalzar a los criminales, de presumir sus actividades ilícitas, de reconocerles la criminalidad y los actos delictivos que comenten produciendo, distribuyendo drogas en México y otros países.
Pero en esos otros países sí actúan, funcionarios de la Administración de Trump en la Unión Americana confirmaron a medios de comunicación que a los integrantes del grupo Los Alegres del Barranco les fue retirada la visa para internarse en aquel país, al relacionarse de manera pública con un narcotraficante por el cual aquel Gobierno ofrece 15 millones de dólares de recompensa por información que lleve a su captura, y cuya organización mafiosa ha sido catalogada como terrorista en los Estados Unidos.
Hace no muchos días, otro mexicano fue encarcelado en los Estados Unidos, Ángel del Villar, promotor de grupos de regional mexicano y cabeza de la discográfica Del Enterneintment, quien fue hallado culpable de conspiración para realizar transacciones con narcotraficantes, así como otros 10 cargos, de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Del Villar, fue relacionado con Jesús Pérez Alvear, un productor también mexicano asociado, de acuerdo a autoridades de la Unión Americana, al lavado de dinero con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del “Mencho”, y para los temibles Cuinis.
En México, sin embargo, no hay autoridad que investigue a estas organizaciones, promotoras, representantes, cantantes o disqueras, por la relación que pudieran tener con los criminales a los que a través de su música enaltecen, contribuyendo con ello, a ese clima de impunidad, corrupción y complicidad, tan característico de un narcoestado que ya promueve abiertamente en conciertos masivos la narcocultura en un país que parece haber tomado un rumbo muy equivocado.
