UN BUEN PORCENTAJE de los mexicanos odia a las aseguradoras y las considera un mal necesario. Paga religiosamente cada mes la póliza, esperando nunca echar mano de ella, y cuando se ve en la penosa necesidad de hacerlo… comienzan los problemas: les regatean el pago de un siniestro.
Pues bien, quizás muchos festejen lo que el gobierno de la 4T está a punto de consumar: que las aseguradoras paguen al SAT unos 175 mil millones de pesos de un gravamen no reconocido en el último lustro.
El golpe, mortal para muchas de ellas, se centra en los seguros de gastos médicos y tiene que ver con la interpretación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que les harán retroactivo de 2018 a la fecha.
El mercado de seguros de gastos médicos se estima en más de 80 mil millones de pesos anuales, con más de cinco millones de pólizas activas. Axa, que dirige Daniel Bandle, concentra el 20%.
Las otras dos más importantes son Grupo Nacional Provincial (GNP), de Alejandro Bailleres, y New York Life, que encabeza Mario Valdés, con una participación de alrededor de 18% y 15%, cada una. Las aseguradoras esgrimen que el rasero que les aplicó Raquel Buenrostro en 2020 cuando era jefa del SAT les impedirá deducir el IVA que pagan por los gastos médicos, lo que las llevará a la quiebra.
Antonio Martínez Dagnino, Jefe del SAT, mantuvo el mismo criterio, el cual ya se litiga en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que está a punto de darle la razón al gobierno. Hace exactamente una semana, Martínez, que no ha querido recibirlos, de plano les mandó decir que este caso ya no está en sus manos porque pasó a la ventanilla de la Secretaría de Gobernación.
Enardecidos, los aseguradores liderados por Juan Patricio Riveroll, cabeza de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), amenazaron con llevar el caso a un arbitraje internacional. De nada les sirvió el estudio jurídico en el que supuestamente demostraban que el criterio del SAT violaba la ley porque el TFJA, que preside Guillermo Valls, ya determinó que paguen.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó el caso al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien fuera Procurador Fiscal de la Federación. Por ello Martínez Dagnino se hizo a un lado y la papa caliente le cayó al actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hombre de todas las confianzas del tabasqueño.
Es la propia secretaria Luisa María Alcalde la encargada de entablar una negociación con las aseguradoras para que liquiden un porcentaje importante de su deuda, antes de la resolución de los juicios.
La propuesta en principio, según fuentes cercanas a la negociación, es un pago por la mitad del supuesto adeudo, algo así como 80 mil millones de pesos. Se trata de una cifra ya muy cercana al monto de las reservas de capital que tiene el sector asegurador para enfrentar riesgos, por lo que, al parecer, la oferta del gobierno no sea negociable.
Es justamente en esta tesitura que la única solución viable para el gremio que encabeza Patricio Riveroll sean las cortes internacionales, que se espera reviertan los criterios adoptados por el SAT. Las aseguradoras están convencidas que la autoridad fiscal se aparta de los parámetros de certeza jurídica por presuntas violaciones a ordenamientos locales, como la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Del lado del gobierno de AMLO el tema tampoco es negociable, pues calcula que la aplicación del nuevo criterio dejará a las arcas ingresos adicionales por alrededor de 55 mil millones de pesos al año. Muy buenos para perdurar el legado de los programas del Bienestar.
COMO SE LO adelanté, Pemex alcanzó un acuerdo con el consorcio integrado por CME Oil&Gas, Opex Perforadora y Akal, compañías del Grupo CME, que comanda Alfredo Miguel Bejos, para desarrollar los campos maduros Bacab y Lum, ubicados a 104 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche. Éstos se localizan dentro de la reserva de Ku-Maloob-Zaap, en aguas someras del Golfo de México. La inversión será de mil 650 millones de dólares.
CME asumirá todos los riesgos y costos del proyecto. Con este modelo de contratación conocido como CSIEE se abre una ventana de oportunidad para que privados participen en el sector de la mano de Pemex y el gobierno de la 4T, quienes mantienen la propiedad de la infraestructura y operación de los pozos.
El proyecto generará, al menos, una producción total de 73 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e ingresos por más de 4 mil millones de dólares en los próximos 15 años, de los cuales casi 60% irá directo a las arcas del país. Para CME el éxito se encuentra en el uso de nuevas tecnologías para incentivar la producción temprana de crudo en campos en declinación.
LOS ACTORES POLÍTICOS de este país queman sus últimos cartuchos y están haciendo contacto con todo de tipo de intermediarios nacionales e internacionales para detener, matizar, o de plano tratar de congelar la Reforma Judicial que aprobará en septiembre el nuevo Congreso por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos dicen que un grupo de empresarios y hombres cercanos a la jerarquía católica pidió al Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, monseñor Rogelio Cabrera, su intermediación para que el Nuncio Apostólico en México, Josep Spiteri, hablara con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin y éste, a su vez, con el Papa Francisco, para que persuadiera a la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum a que no se actuara con precipitaciones.
La otra opción es el candidato republicano Donald Trump. Sabemos que ya se hizo contacto con su yerno Jared Kushner. Como se ve, hay desesperación ante lo inminente.
Andrés Manuel López Obrador está irritado y preocupado por la labor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta organización ha realizado más de mil 200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país. El Presidente anunció ayer que enviará una carta a su homólogo Joe Biden, para denunciar la “injerencia” de EU en asuntos internos de México, a través de las donaciones que hace a MCCI. La misiva se acompañará de una nota diplomática de la Cancillería al gobierno del vecino país del norte.
* El Presidente alega que MCCI es una organización que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios.
“Es una fundación que, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno, que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país”, asevera.
Buscamos a María Amparo Casar, presidenta de MCCI, para que nos diera su opinión sobre el anuncio del Presidente.
Respondió vía WhatsApp: “Pues que la mande. No sé cuál es el protocolo con notas diplomáticas y, por tanto, no sé si le contesten. Biden no contestó la de mayo de 2023 y dudo que conteste ésta. Mexicanos contra la Corrupción tiene autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros”.
MCCI, por separado, hizo notar que no es delito que reciba donativos, tanto nacionales como extranjeros. Desde 2016, cuenta con la autorización del SAT para aceptarlos, con estricto apego a la ley. Lo que sí va contra la ley es que la UIF difunda información sobre los donativos que reciben organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (artículo 69 del Código Fiscal federal).
El comunicado de MCCI es fuerte: “Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. MCCI ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas”, ilustra la ONG en su respuesta al Presidente.
* Pablo Gómez, titular de la UIF, aseguró en la mañanera que la citada ONG tiene como apoderados legales al empresario Claudio X. González y a la investigadora María Amparo Casar, pero el comunicado de MCCI aclara que el empresario dejó esa organización en 2020.
Algunos datos que el titular de la UIF hizo públicos son los siguientes: los ingresos que MCCI ha tenido son 2016, 68 millones 53 mil; 2017, 75 millones 469; 2018, 81 millones 833 mil 980; 2019, 79 millones 867 mil 628; 2020, 65 millones 263 mil pesos; 2021, 40 millones 803 mil 588; 2022, 35 millones 321 mil, y en 2023, 55 millones 974, 478 de pesos.
Los recursos recibidos desde cuentas de Estados Unidos son tres operaciones de Ford Foundation por cinco millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones, dos envíos, de John and Catherine MacArthur Foundation.
Una de International Community Foundation; otra, FPOS, marca la cuenta bancaria, desde Estados Unidos, en 2020 por 978 mil 72 pesos; una operación, un envío desde Rockefeller Brother Foundation Incorporated, por 471 mil 250 pesos; una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated, en 2017, por 50 mil 957. En el periodo 2017-2023 se registraron nueve donativos por un total de 13 millones 17 mil 951 pesos, procedentes de EU.
Asegura también que, a partir del 29 de agosto de 2023 hasta el 23 de enero de 2024, MCCI recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos. Gómez violó el Código Penal Fiscal al ventilar los nombres y apellidos de decenas de personas y empresas mexicanas que han apoyado financieramente a esa organización. Pero ya se la saben: no les vengan con el cuento de que la ley es la ley.
* En el frente de la reforma al Poder Judicial las cosas se ponen rudas. En puerta está un paro indefinido de 55 mil trabajadores, si no se incorporan sus propuestas en el dictamen que se apruebe en el Congreso.
“Vamos a determinar el paro en caso de no ser escuchados en la discusión. Vamos a proceder a la suspensión de labores”, advirtió ayer Rosa Elena Alonso, directora del Colegio de Oficiales, Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
En conferencia de prensa, que encabezó el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, Alonso dejó claro que elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros “no es la mejor opción. “No es la mejor opción, porque tendrían que tener contacto con personas del crimen organizado y otras personas que no son convenientes.
“Esa iniciativa —añadió— destruye la independencia judicial, que es garantía para el ciudadano de que la persona que habrá de juzgarlo decidirá los litigios con arreglo a derecho”.
* Minutos después apareció en el Patio del Federalismo del Senado el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.
Interrogado sobre el paro, advirtió que, de concretarse, jueces y magistrados que hayan convocado a esta protesta incurrirán en delitos graves. “No hay forma de que se involucren intereses mafiosos en la Corte ni en la elección. Vamos a establecer medidas legislativas para evitarlo”, aseguró.
El ex Gobernador Javier Corral, ex panista y ahora arropado por Morena, evitó su detención anoche, gracias a la intervención del encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara.
El ex panista enfrenta una orden de aprehensión por peculado, girada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual intentó ser ejecutada hasta que Lara intervino.
Corral fue sorprendido por agentes ministeriales de Chihuahua en el restaurante Gin Gin, de la Colonia Roma Norte, en la CDMX, quienes buscaban detenerlo por la causa 3050/2024, por el delito de peculado.
Desde el 9 de agosto, las autoridades chihuahuenses habían pedido oficialmente a la Fiscalía de la CDMX su colaboración para llevar a cabo la detención.
“Luis Abelardo Valenzuela Holguín, Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, solicita colaboración de esta institución a efecto de dar cumplimiento a la orden de aprehensión que enseguida se menciona”, se pidió en el oficio FACH-FA-043/2024.
Abordado en el restaurante, Javier Corral hizo unas llamadas telefónicas y logró que el propio encargado de la Fiscalía capitalina acudiera a su rescate.
“Decidimos no colaborar, soy el Fiscal de Justicia de la Ciudad de México. Ustedes nos ingresaron este documento hoy, lo dimos por recibido, pero no hemos respondido”, dijo Lara, mientras Corral atestiguaba la escena.
El encargado de la Fiscalía capitalina no sólo acudió al llamado, sino que sacó a Corral del restaurante, entre empujones, y lo subió en una camioneta.
De acuerdo con una fuente del Gobierno de Chihuahua, si Lara no se apega a la colaboración para ejecutar la orden de aprehensión y poner a Corral a disposición de un Juez, incurriría en un delito.
Apenas en julio pasado, Javier Corral, quien concluyó su gestión en Chihuahua en 2021, fue notificado por la Secretaría de la Función Pública estatal sobre un procedimiento en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal por la compra de un terreno en Ciudad Juárez.
Apenas el martes, el ex Mandatario, quien renunció al PAN en noviembre de 2023, acudió sonriente a la Explanada del Zócalo a la presentación del libro “Feminismo silencioso” de Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del Presidente López Obrador.
Corral colaboró en la reciente campaña presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum y se perfila para encabezar la Agencia Anticorrupción del próximo Gobierno federal.
‘Estaban tranquilos’
Javier Corral llegó al Gin Gin de la Colonia Roma pasadas las 18:30 horas, según personal del restaurante. Empleados dijeron que era la primera vez que lo veían, aunque algunos vecinos dijeron que el ex Gobernador de Chihuahua suele correr en el Parque López Velarde, cerca del lugar.
“Venía con una mujer, una pelirroja, y un señor. Estaban tranquilos, no preocupados”, dijo un empleado. Algunos testigos asegura que la mujer se trataba de Muna Dora Buchahin, ex directora en la Auditoría Superior de la Federación.
Ocuparon una mesa de la esquina, hacia la Avenida Álvaro Obregón, y Corral pidió un Gin Gin Mule, una bebida a base de ginebra, jugo de limón y jarabe, de 276 pesos la copa. Un hombre que los cuidaba se quedó afuera hasta que llegaron otros a sentarse con él.
“Yo llegué a las 7:30 y ya estaba el show”, contó una trabajadora, sobre el intento de detención en el lugar.
“Llegaron luego-luego, digamos, él se metió y afuera estaba su guardaespaldas o algo así, y al lado de su guardaespaldas llegó un policía y se sentó con él. Ya luego llegaron más personas que llegaron así y se metieron. Pensamos que eran los clientes y llegaron y se metieron y mostraron su placa y ya lo querían detener”, dijo un hombre que vio todo de cerca.
“Llegaron, lo vieron, le dieron documentos, así como cuando se presentan algo legal”, agregó.
Afuera, se cerraba la avenida, se llenaba de patrullas y policías. Según los testigos, no hubo gritos ni forcejeos. Sólo la espera de unas tres horas hasta que fue sacado por una puerta lateral, sobre Córdoba. Ya había curiosos y camarógrafos y alguien trató de taparlo con una manta.
Al final salió a empujones del restaurante, y quien le abría paso era el encargado de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.
#Entérate🔴🔴 Así fue cómo Ulises Lara, encargado de la Fiscalía CDMX, estuvo con Javier Corral dentro de un restaurante en donde impidió su detención tras orden de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
Del 25 de julio al 11 de agosto de 2024, la FGR (Fiscalía General de la República) emitió 35 boletines informativos sobre casos específicos de sentencias logradas a partir de investigaciones presentadas por la Fiscalía, extradiciones, detenidos y delitos, y uno solo sobre la detención de Ismael Zambada García, el Mayo, y Joaquín Guzmán López.
Para la mala fortuna de la certeza jurídica en la procuración de justicia y el combate al cártel de Sinaloa por parte de la instancia autónoma obligada a ello, ninguno de esos 35 despachos informativos, ni el dedicado al tema, versaron sobre las carpetas de investigación que, por delitos contra la salud, posesión de armas, lavado de dinero, homicidios dolosos u otro del que se encuentre señalado el narcotraficante Zambada García, y el también señalado traficante de fentanilo, Guzmán López.
De hecho, la FGR -tampoco la presidencia de la República-no celebró la captura de uno de los narcotraficantes más buscados, tanto en México como en los Estados Unidos, de los últimos años, lo cual es relevante considerando que antes de que se transformara en FGR, cuando aún era Procuraduría General de la República y estaba formalmente en la facultad de la presidencia (estatus que de manera extraoficial persiste), emitió en agosto de 2018, fichas de búsqueda contra señalados criminales, entre ellos, Ismael Zambada García.
En aquel año, cuando la República Mexicana aun la gobernaba el priísta Enrique Peña Nieto, la PGR emitió la ficha de búsqueda contra Ismael Zambada García y ofrecía 30 millones de pesos a quien proporcionara información que llevara a la captura del narcotraficante, a quien oficialmente buscaban por ser el líder del cártel de Sinaloa y estar acusado -así se reveló- de los delitos de “delincuencia organizada, contra la salud, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Hoy día, sin embargo, se desconoce, porque el fiscal ausente Alejandro Gertz Manero ni se ha presentado para elaborar sobre el caso ni ha publicado una ficha informativa relativa a las acusaciones que la autoridad mexicana tiene (o tenía) contra Zambada García, si la recompensa de 30 millones de pesos estaba vigente al 25 de julio de 2024 cuando el sinaloense fue capturado en territorio estadounidense por autoridades de aquel país, sin la participación de funcionarios o agentes mexicanos, sino a través de la delación y entrega por parte de un civil, que se supone, también debería ser investigado por la FGR.
En agosto de 2018 ya operaba en México el sistema de justicia penal como lo conocemos hoy día, y esquema en el que justifican las autoridades del País para no proporcionar información sobre las acusaciones contra notorios criminales, como Zambada, Guzmán López, o el resto de los vástagos de Joaquín Guzmán Loera, que han sido harto señalados por las agencias de los Estados Unidos como los principales productores, distribuidores y vendedores de la droga fentanilo, y por lo cual pesan fichas de búsqueda sobre ellos, y decenas de empresas y personas en China, México y Estados Unidos, han sido añadidas a una lista negra de individuos y empresas que operan en rango de fachada o como cómplices en la empresa criminal.
Es decir, si en 2018 sabíamos los mexicanos, porque así lo hizo del conocimiento público, que al Mayo lo acusaban por delitos contra la salud, delincuencia organizada, acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, hoy día se desconoce si esas investigaciones continúan activas, y si otras se han sumado a partir de 2019 cuando se creó la FGR.
Lo conducente hubiese sido que, a la captura de Zambada García, el fiscal general de la República dirigiese un mensaje a los mexicanos para informar sobre las acusaciones que pesan contra el narcotraficante, y aclarar que, como es su responsabilidad, solicitaría la extradición del capo para ser juzgado en México por los delitos aquí cometidos, y dar certeza de justicia no solo a las víctimas del depuesto líder del cártel de Sinaloa, sino también a los mexicanos todos cuya seguridad y tranquilidad se vulnera todos los días ante el ilícito actuar de las organizaciones criminales y los cárteles de la droga.
Pero no, del 25 de julio al 11 de agosto de 2024, no hubo un solo posicionamiento ni de la FGR ni de su titular el fiscal invisible Gertz Manero sobre las acusaciones contra los dos detenidos en Nuevo México. Ese último día, el 11 de agosto, la Fiscalía publicó en su página electrónica un texto informativo, para justificar el inicio de investigaciones sobre la captura de Zambada García y Guzmán López en territorio norteamericano. Prácticamente a la FGR le importa más la forma de la aprehensión que el fondo de haber, finalmente, sacado de circulación a unos de los narcotraficantes más buscados.
Además, el posicionamiento tardío de la FGR llegó tres días después que el propio capo, Zambada García, o “el Señor Zambada” como lo refieren el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de su abogado, liberara una carta contando su versión sobre su detención.
Es decir, que el boletín de la FGR no fue para complementar información y revelación de acusaciones inmediatamente posterior a la captura el 25 de julio, sino una argumentación sobre la investigación de las formas de la captura, justo después que el Mayo contara “su verdad”, de la cual destacan varios puntos:
Primero, que él y otros señalados criminales son protegidos por fuerzas armadas y del estado, que su liderazgo criminal es utilizado también para mediar en discordias de corte político-gubernamental, que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y sus secuaces para ser entregado en los Estados Unidos, que lo unía una amistad hacia el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que él estaba en la reunión a la cual lo habían convocado junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Que, en el avión, solo iban tres personas, él, contra su voluntad, Joaquín Guzmán López quien se entregó y lo entregó a él, y el piloto que llevaba el avión en el que fue trasladado.
De acuerdo al boletín de la FGR, son esos hechos los que se están investigando, y no los delitos contra la salud y otros del código penal federal que cometió Zambada García y, probablemente (no sabemos si lo investigan) Guzmán López. De hecho, derivado de la publicación de la carta del Mayo, la FGR solicitó la atracción de la investigación sobre el asesinato del ex Rector Héctor Melesio Cuen que, de acuerdo a la fiscalía sinaloense y a lo informado por el gobernador, había sucedido por “un robo” en una gasolinera, pero el Mayo refiere que no, que fue asesinado el mismo día y en el mismo lugar dónde él fue secuestrado.
El boletín de la FGR, el único posicionamiento desde el 25 de julio, tampoco refiere investigación alguna sobre los agentes, policías, comandantes o elementos que prestaban custodia personal tanto a Zambada García como a Guzmán López, y del gobernador Rocha, solo atina a evidenciar con el tacto de la narrativa, del trato preferencial que se le concede a pesar del señalamiento del narcotraficante: “Por lo que toca al Gobernador de Sinaloa, la representación de la FGR en ese Estado ya se ha comunicado con él, para obtener toda la información respectiva que sea procedente”.
De todo esto, de las revelaciones realizadas por el capo del cártel de Sinaloa en la carta compartida a través de su abogado, la FGR, informa en su boletín del 11 de agosto de 2024, la apertura de una carpeta de investigación por los “posibles delitos de vuelo ilícito; uso ilícito de instalaciones aéreas; violación a la legislación migratoria y aduanera; secuestro; traición a la patria (artículo 123 del Código Penal Federal); y lo que resulte. A todo lo cual se están agregando otros delitos como lo son homicidio, privación ilegal de la libertad, y las coparticipaciones que se deriven”.
Prácticamente que la materia de investigación no son todos los delitos que durante casi 50 años de impunidad cometió Zambada García y el cártel de Sinaloa y por los que la PGR ofrecía 30 millones de pesos en recompensa, sino lo importante para la FGR, es la forma en que fue “secuestrado” por el hijo del Chapo, y entregado a las autoridades de los Estados Unidos. Porque de todas las formas inscritas en el Código Penal para considerar traición a la patria, solo la inscrita en la fracción II, tercer párrafo,podría considerarse en el presente caso: “Se considerará (traición a la patria) en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción, al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito;”.
Es decir, que, del delito de traición a la patria, entendiendo que se trata de la captura de Zambada y Guzmán, a raíz de “la verdad” del primero, sería acusado el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien, de acuerdo a la carta del cofundador del cártel de Sinaloa, lo secuestro y lo llevó a otro país para entregarlo a las autoridades de los Estados Unidos.
Ahora sí que, a México, en la FGR y por las declaraciones y explicaciones otorgadas y solicitadas por el presidente de la República, lo relevante no es que finalmente haya terminado la impunidad del narco más notorio y buscado del Siglo pasado y del presente, sino que su captura, fue producto de una traición que deben investigar y sancionar.
Ahora sí que la traición es a la procuración de justicia, a las víctimas en más de 50 años de ejercicio criminal del cártel de Sinaloa, y a la seguridad de los mexicanos, cuando el gobierno promueve investigaciones para sancionar la forma de una captura, en lugar de celebrar la aprehensión y solicitar la orden de extradición para juzgarlos por los delitos cometidos en territorio nacional, y acabar, de manera ejemplar, con la impunidad.
La paz que se vive a tres semanas desde la detención de Ismael El Mayo Zambada podría llegar a su fin con una intensa guerra que involucre a miles de ‘soldados’ desplegados por las facciones de Los Chapitos y de Ismael Zambada Sicairos.
Así lo advirtió un presunto integrante del Cártel de Sinaloa al periodista José de Córdova, quien escribió en el diario estadounidense The Wall Street Journal su texto titulado: Traición y captura de líderes del Cártel de Sinaloa general temores de una guerra territorial.
En el documento se afirma que Los Chapitos ya concentran entre sus filan un ejército de “sicarios y soldados” de aproximadamente 5 mil integrantes; una fuerza mayor a la de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien estaría buscando aliados para ir a la guerra contra los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.
Según la información obtenida por el reportero, ambas facciones están recopilando armas y ‘soldados’ para la guerra que se avecina, paro lo cual “El Mayito Flaco” busca que los acuerdos firmados por su padre durante 50 años de vida criminal lo ayuden a igualar el fuerza a Los Chapitos.
Por este motivo ‘El Mayo’ no le declara la guerra a ‘Los Chapitos’
Previo a la detención del Mayo Zambada, Infobae México platicó con Anabel Hernández, periodista y experta en narcotráfico; ella señaló que el exlíder y fundador del Cártel de Sinaloa le tenía “miedo” a Los Chapitos porque no contaba con los “ejércitos armados y de locos” que sí tienen Los Menores y que llegaron a concentrar entre sus filas a ‘sodados y sicarios’ despiadados como Néstor Isidro Pérez Salas (EL Nini), Óscar Noé Medina González (El Panu) y José Ángel Canobbio Inzunza.
Conviene recordar que el poderío de Los Chapitos quedó de manifiesto en la tarde del 17 de octubre de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejaron en libertad a Ovidio Guzmán luego de que su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar desatara su ejército para que incendiaran autos, realizaran bloqueos y desataran balaceras en Culiacán: se le llamó “El Culiacanazo”.
Anabel Hernández recalcó que mucho del dinero del Mayo Zambada estaba invertido en negocios legales y que no contaba con los recursos para enviar a las células que tiene desplegadas en todo el país y luchando en frentes como Baja California, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Tabasco. “El Mayo tiene mucho más poder político”, señaló a este medio; una postura que concuerda con los intentos del “Mayito Flaco” para echar mano de ese “poder” y que lo ayude a sumar dinero y ‘soldados’ en la guerra contra Los Chapitos.
Otro de los periodistas que han investigado por años al narcotráfico y con los que este medio platicó es Jesús Lemus; él afirmó que la facción del Cártel de Sinaloa comandada por El Mayo Zambada ya no traficaba las toneladas de cocaína que enviaba a Estados Unidos en el pasado, incluso, fue más lejos y recalcó:
“No tiene herederos, no tiene socios realmente. El Cártel de Sinaloa que encabeza El Mayo Zambada está tratando de sobrevivir, ya no le alcanza y por eso vemos que sus células regadas por el país recurren a la extorsión, al cobro de piso y a buscar alternativas de conseguir dinero para pagarse la nómina; en algunas zonas no tienen ni para comer.
La falta de dinero, el acopio de armas y el reclutamiento de ‘soldados’ serían algunas de las razones por las que la guerra al interior del Cártel de Sinaloa no se ha desatado; sin embargo, el académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, advirtió que era violencia entre Los Chapitos y La Mayiza pudo ya haber iniciado sin que nos hayamos enterado, con la ‘eliminación’ de algunos personajes incómodos en la disputa, como podría ser la vinculación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda con el supuesto secuestro del Mayo Zambada.
La Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE) de Sonora informó que detuvo a José Guadalupe “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Guaymas, acusado de asesinar a un ciudadano estadounidense que primero mató a tiros a uno de los familiares del agente municipal.
De acuerdo con las autoridades ministeriales, quien no precisó cuándo ocurrió este doble homicidio, los hechos iniciaron en las instalaciones de un conocido club nocturno en San Carlos, municipio de Guaymas, Sonora.
La autoridad destacó que el ciudadano estadounidense, identificado como Kevin Ray “N”, disparó primero en contra una tercera persona a quien mató y después huyó del lugar. La víctima era familiar del policía municipal.
José Guadalupe “N” es acusado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
“Se presume que José Guadalupe “N” (policía municipal) persiguió al estadounidense contra quien abrió fuego, privándolo de la vida”, destacó la Fiscalía de Sonora en un comunicado.
Tras acreditar la probable responsabilidad del policía, el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada y ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes pusieron al detenido a disposición de la autoridad correspondiente.
Ahora, José Guadalupe “N”, acusado por su probable responsabilidad por el delito de homicidio calificado, se encuentra en un centro de reinserción social a la espera de que den inicio las investigaciones que la ley demanda y su situación jurídica sea determinada por los tribunales.
Elementos de la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de seis individuos que portaban armas largas, cartuchos y chalecos tácticos en el municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora, esto tras el despliegue de un operativo.
Los agentes de la GN realizaron patrullajes de seguridad y prevención de delito en coordinación con elementos del Ejército Mexicano sobre un camino de terracería ubicado en el municipio antes mencionado.
Personal de ambas instituciones observó a la distancia a dos sujetos armados que se encondían entre la maleza, por lo que al aproximarse a los individuos, los agentes castrenses se percataron que habían otras cuatro personas entre los matorrales, mismas que también portaban armas de fuego. Ante esta situación y para evitar un enfrentamiento, las autoridades les solicitaron que arrojaran sus armas y se entregaran.
“Al verse superados, accedieron voluntariamente y fueron detenidos”, detalló la GN. Sin embargo, no se dieron a conocer las identidades de dichos sujetos, por lo que no se tienen datos sobre sus edades y lugares de origen. Tampoco se determinó si formaban parte de un grupo criminal en particular.
La tensión en Sinaloa continúa latente. A casi tres semanas de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, las distintas facciones del Cártel del Pacífico se preparan para una intensa “guerra” en la que otras organizaciones criminales de México podrían intervenir, advirtió The Wall Street Journal (WSJ).
De acuerdo con el diario estadounidense, luego de que el cofundador del Cártel de Sinaloa confirmó a través de una carta haber sido secuestrado por el hijo de su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, su gente y la de Los Chapitos han comenzando a reclutar hombres y adquirir armas de fuego.
Según reveló un miembro del grupo criminal que ha trabajado con Zambada García a WSJ, es seguro que “habrá guerra”.
“Afirma que Los Chapitos pueden contar con un ejército de hasta 5 mil sicarios. (Mientras tanto) El hijo y heredero aparente de Zambada, Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada, no tiene tantos pistoleros, pero podría recurrir a las alianzas que su padre hizo con otros grupos criminales a lo largo de sus 50 años de carrera”, apuntó el periodista José de Córdoba.
¿Qué trama El Mayito Flaco como respuesta a la traición de Los Chapitos?
En esa línea, WSJ advierte que un conflicto de estas características podría ocasionar que otras organizaciones criminales intervengan, toda vez que buscarían hacerse con parte del negocio del fentanilo.
“Corre el riesgo de desatar un baño de sangre que probablemente repercutirá en las calles de Estados Unidos”, agregó Córdoba.
Cabe recordar que, pocos días después de la captura de ambos narcotraficantes en El Paso, Texas, el periodista Ioan Grillo aseguró que los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán se encuentran a espera de un ataque de la denominada ‘Mayiza’.
“Algo que ha dicho la gente es: ¿por qué no ha habido más reacción si fue cierto que Los Chapitos agarraron a ‘El Mayo’ y lo entregan a los Estados Unidos? ¿por qué no hay un baño de sangre en Sinaloa? Una fuente que era alguien de Los Chapitos, que está operando en Baja California y que antes estuvo en Sonora, dice que sí están tensos: sí están listos, tienen mucha gente en Culiacán”, declaró en entrevista con Claudio Ochoa para Latinus.
El pasado 10 de agosto, Frank A. Pérez, abogado de Zambada García, dio a conocer una carta presuntamente escrita por el notorio narcotraficante. En ella, el hombre, de 76 años de edad, asegura que no tiene ningún acuerdo con el gobierno de EEUU.
“Quiero decir desde el principio que no me entregué ni vine voluntariamente a los Estados Unidos, ni tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y llevado a los EEUU a la fuerza y contra mi voluntad”, se lee en el documento.
En su relato, ‘El Mayo’ señala a Joaquín Guzmán López como el responsable de la privación de su libertad, luego de haber sido citado por él a una falsa reunión en Huertos del Pedregal, Culiacán.
“Un grupo de hombres me asaltó, me derribaron y me pusieron un pasamontañas de color oscuro sobre la cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me forzaron a subir a la parte trasera de una camioneta. (…) Me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó el pasamontañas de la cabeza y me ató con bridas al asiento”, narró.
EEUU confirmó que hubo negociaciones con Joaquín Guzmán López
No obstante, el periodista Jesús Esquivel y Jack Riley, ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), señalan que no hay manera en que Zambada García haya sido secuestrado. Por el contrario, presumen que se trata de una estrategia para convertirse en testigo protegido del gobierno de EEUU, con quien ya tendría o estaría pactando un acuerdo.
“Si Zambada acepta cooperar con los fiscales estadounidenses en Brooklyn, donde se espera que sea juzgado, podría proporcionar una gran cantidad de información sobre sus vínculos con políticos y generales mexicanos corruptos (sic)”, apunta WSJ.
Con ello, la puerta a un lugar en el listado de testigos protegidos del Departamento de Justicia de EEUU es más viable que nunca.
Este 14 de agosto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declararon oficialmente a Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México tras haber validad el cómputo final de los comicios del pasado 2 de junio, en los que la coalición que abanderaba la morenista obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa 59.75% de los sufragios.
Durante la sesión pública de este miércoles, los magistrados se reunieron para discutir y votar el dictamen relativo al cómputo final de la elección a la determinación de validez y de la presidencia electa de México.
El dictamen que se discutió en el TEPJF se daba validez a cinco puntos. Primero que Claudia Sheinbaum recibió la mayoría de votos; segundo que el proceso democrático cumplió con los principios constitucionales; tercero que la presidenta electa cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución; cuarto se le declara como la primera presidenta electa para que se desempeñe en el periodo 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030, y quinto se ordena expedir la constancia de mayoría y validez.
Fue por unanimidad que los magistrados, Felipe de la Mata, Janine Otalara, Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón, Claudia Valle Aguilasocho y Mónica Soto, declararon a Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutió en sesión este miércoles (Captura de Pantalla)
En sus intervenciones, los magistrados hicieron un reconocimiento a la labor de todas las instituciones involucradas en el proceso democrático y la voluntad de la ciudadanía respecto a la decisión tomada en las urnas. Aunque, en el caso de Janine Otálora hizo tres criticas que estuvieron presentes en el proceso y que era necesario visibilizar como un precedente.
“La elección de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, no es solo un avance en la representación política, sino que refleja una transformación profunda en nuestra sociedad. La llegada de una mujer a la presidencia del país representa un avance significativo de décadas de lucha por la igualdad de género y la inclusión política”, dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora Malassis compartió sus criticas sobre el proceso democrático en que la “política puso sus tiempo a los plazos de la ley”, la intervención que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las conferencia matutinas y sus ataques contra Xóchitl Gálvez Ruiz, y la violencia electoral derivado a los casos de candidatos y aspirantes que fueron reportados a lo largo de la contienda.
“El inicio de este proceso electoral para renovar la presidencia de la República estaba legalmente previsto para el 7 de septiembre de 2023, sin embargo, las dos coaliciones que obtuvieron la mayoría de los votos decidieron adelantar el proceso para seleccionar sus candidaturas, aquí la política puso sus tiempos a los plazos de la ley y ni el Instituto Nacional Electoral ni este Tribunal Electoral se pudieron frenar esta decisión”, la magistrada.
En este mismo sentido, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió en que la actual ley electoral necesita reformarse y ajustarse conforme avanzan los proyectos políticos, pues como se vivió los partidos y actores políticos adelantaron los tiempos y trasgredieron artículos de la Constitución y la la Ley General del Instituciones y Procedimiento Electorales.
Mónica Soto, magistrada presidenta del máximo tribunal.
“La ciudadanía mexicana que salió a votar está activa, quiere formar parte de la toma de decisiones y encaminar al país hacia una propuestas que desde su libertad decidió que era la que más les favorecía (…) Hoy todas y todos podemos tener la confianza de que las autoridades electorales hemos cumplido con nuestra encomienda, brindar certeza a los resultados finales y garantizar el respeto a las urnas el pasado 2 de junio de 2024. Nos congratulamos en dar cuenta de que el proceso electoral federal se llevó a cabo en apego a los estándares democráticos, de integridad electoral”, comentó Mónica Soto.
Cuando los hermanos Carlos Alberto y Rutilio declararon en 2023 en el juzgado de Tekax, en Yucatán, no negaron sus acusaciones inquisidoras contra una mujer; de hecho, su única indignación fue que, según ellos, las autoridades mexicanas habían entrado en su cuenta de Facebook sin permiso, de donde extrajeron una publicación donde acusaban a su vecina de ser adoradora del diablo.
“Conozcan a esta bruja, ella mató a mi sobrino, se lo entregó a su Dios por $3,000.00. No el covid, lo mató ella, ella lo mató, pero en esta vida todo se paga (…) Ahora vas a comer bien, conseguiste lo que quieres, y si llegara a pasar algo a los demás integrantes de mi familia o a mí, ella es la única responsable”.
Esta publicación era la culminación de una serie de sucesos que en el juzgado los conocieron como la historia de la Bruja de Mama, un pequeño municipio del sureste mexicano de poco más de 2 mil habitantes, a sólo 55 kilómetros de Mérida. Ahí, el 13 de junio del 2021, en pleno siglo XXI, se armó una cacería de brujas.
Todo empezó cuando los hermanos Carlos Alberto y Rutilio, enceguecidos por la preocupación que les ocasionó el delicado estado de salud de un sobrino infectado de covid-19, llegaron hasta la puerta de la casa de su vecina para reclamarle que por culpa suya el hombre estaba grave.
“¡Deshaz el hechizo! ¡retira la brujería!”, le gritaron mientras la jaloneban de la ropa.
La señalada vivía en una casita en un rancho con su hija y su madre, una mujer mayor. Las tres recuerdan que ese día, cerca de las seis de la tarde, estaban en los preparativos de lo que sería una novena, un acto de devoción católico con rezos que se practica durante nueve días para obtener alguna gracia divina o conmemorar un acto religioso.
Entre gritos los hermanos Carlos y Rutilio les exigían: “¡Bruja, habla con tu Dios!”. La madre de la mujer empezó a hiperventilar cuando los gritos se convirtieron en amenazas: “¡Todo el pueblo se va a enterar de tus hechizos, y te vas a arrepentir de haber embrujado a mi sobrino y te van a sacar a pedradas!”.
La hija de la mujer acusada de bruja, también declararía más tarde en el tribunal, que ese día los hermanos le advirtieron que si su madre no hablaba con “su Dios” para quitarle el hechizo al dichoso sobrino, no se iban a tocar el corazón para matarlas. Le dijeron que contratarían a un cazador que las perseguiría con una escopeta.
Un día después el sobrino enfermo falleció. Según un reporte del médico forense de Yucatán, el hombre murió de insuficiencia renal, choque séptico y neumonía por covid-19. No había brujería, solo una larga lista de padecimientos que se complicaron con la enfermedad.
Rituales de brujería.
Pero esa versión, la científica, no fue suficiente para Carlos y Rutilio, quienes publicaron en Facebook el anuncio que daría inicio al juicio de brujas en el municipio de Mama, el que iniciaba con el ominoso: “Conozcan a esta bruja, ella mató a mi sobrino, se lo entregó a su Dios por $3,000.00”.
Pero la publicación en la red social no les bastó: en el juicio se reveló que los hermanos llevaban tortillas a domicilio y que fueron casa por casa diciendo a sus clientes que la mujer era una bruja. Ella tenía un pequeño negocio de ropa, pero cuando sus vecinos le retiraron el habla por los chismes en su contra, se quedó sin recursos.
Desde ese día, la mujer acusada de bruja empezó a tener problemas para dormir y comenzó a creer que todos en el pueblo querían matarla. Y de hecho no estaba equivocada: según un testigo que se presentó ante el Ministerio Público, por esos días los vecinos empezaron a organizarse para buscar gente del poblado que quisiera lapidar su casa.
Otra testigo, una prima de la mujer acusada, también dijo a los investigadores que cuando iban caminando por las calles de Mama le gritaban cosas como: “Pobrecita, ahí se va la bruja con todo su hechizo, pero con un par de balas no creo que le funcione” o “Ahí se va la bruja hechicera, no sabe lo que le espera, que siga disfrutando su paseo, pobrecita”.
En un dictamen realizado por una psicóloga del Instituto de Ciencias Forenses de Yucatán, se concluyó que la mujer víctima de las acusaciones presentaba afectaciones psicológicas relacionadas con los hechos. Porque en una comunidad pequeña, el rumor de que alguien practica brujería suele tener gran impacto en la persona señalada, concluyó.
Venta de artículos esotéricos.
Deudores y padres ausentes
Una investigación de MILENIO revela que del año 2019 a la fecha hay 21 sentencias públicas, radicadas en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que revelan que las mujeres continúan enfrentando en tribunales acusaciones por distintos delitos, en donde, como parte de los argumentos, las señalan de ser brujas o adoradoras del demonio.
En su mayoría las acusaciones provienen de ex maridos a los que se les ordenó pagar la pensión alimenticia o se les negó la custodia total de los hijos, pero también hay jefes que las despidieron de sus trabajos y se les hizo fácil acusarlas de brujería.
Estos casos dejan en evidencia que la magia, la brujería y la superstición no son temas de la Inquisición y aún forman parte de la realidad social mexicana.
Una revisión en la base de datos de sentencias del Poder Judicial de la Federación, arroja que de los 21 casos, ocho de ellos fueron asuntos civiles, es decir, juicios de amparo o quejas donde se trataron temas relacionados con la custodia de los hijos o divorcios que se complicaron, hasta llegar a los tribunales federales.
Un juicio de amparo del 8 de octubre del 2020, revela que en la sala familiar de Bravos, en Chihuahua, uno de los argumentos que presentó un hombre en contra de su esposa para quedarse con sus hijos fue que ella era una mujer agresiva que practicaba la brujería.
Óscar Pelcaste, obispo de la Santa Muerte, realiza protección durante un ritual dedicado al “Ángel Negro”.
Relata cómo su ex, durante una visita a sus hijos, gritaba que había “unas brujas” que le confirmaron que él la engañaba y que su madre –la ex suegra – también era una bruja que los había hechizado durante su matrimonio. El hombre dejó entrever que tales creencias afectaban a sus hijos.
En otro caso del 28 de octubre del 2022, un hombre se inconformó cuando su ex esposa logró que un juez fallara a su favor para que fuera él quien saliera del hogar que habían compartido y le dejara la casa a ella y a sus hijos.
Según la sentencia, el hombre –que se negaba a dejar la casa– aseguraba que la culpable de la situación familiar era ella, que le había generado daño emocional al reprocharle durante el matrimonio que trabajaba mucho, pero, eso sí, pidiéndole todo el tiempo cosas materiales para la casa.
Dijo que cada vez que se enojaba por problemas “imaginarios” dejaba de hablale y por esta razón él había caído en un estado de depresión tal, que lo llevó dos veces a cometer intentos de suicidio.
Pero el drama familiar no paró ahí: uno de los argumentos del señor fue que su ex pareja le hacía brujería: “Ya no puedo ni tomarme una copa en mi casa ni hablar con nadie por teléfono, pues de todo me checa, me vigila y me reclama. Incluso tiene un altar”.
Día de brujos en Catemaco, Veracruz.
Como parte de la evidencia de ser víctima de maltrato psicológico, él adjuntó una fotografía del altar con el que su ex esposa supuestamente le hacía brujería.
En otro juicio de amparo del 24 de febrero del 2021, puede leerse que una joven madre solicitaba pensión del 50 por ciento del sueldo de su ex marido, un maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para su niño que requería cuidados especiales porque padecía de trastornos del espectro autista.
La mujer, quien le rogaba apoyo pues “es un derecho que tiene mi hijo de un hogar digno”, aseguró que recibía amenazas constantes de él de echarlos a la calle, porque, según alegaba, la casa no era suya, sino de su madre. Y en esa circunstancia, el hombre contraatacó: aseguraba que el maltratado era él y que su integridad peligraba, ya que ella gustaba de practicar la brujería. Según él, por esa razón abandonó la casa, a su hijo y a su esposa.
Este tipo de acusaciones no sólo las plantean maridos de mujeres que quieren librar la manutención y las pensiones alimentarias, sino que incluso son los hijos que sostienen ese argumento acompañados de sus padres.
En un documento del 8 de julio del 2022, en Tlaxcala, unos hijos expusieron acerca de su progenitora: “Que no es su deseo convivir con su mamá, ya que ella hacía brujerías y tenía siete novios”.
Hay casos extremos
Uno de los casos con más detalles en las acusaciones contra mujeres puede leerse en un escrito presentado el 30 de mayo del año 2022 en Cholula, Puebla.
Esta historia fue contada por el ex marido de una de las mujeres que peleaba la custodia de sus hijos. Él aseguraba que su ex pareja era una mala influencia y los chicos debían vivir con él. La mujer, decía, era tomadora y trabajaba como imitadora de la Diosa de la Banda Jenni Rivera: “tequilera y malandrina” se hacía llamar. Y además, sostenía el hombre, era bruja.
Celebración de la fiesta de Santa María Magdalena, con diferentes rituales.
Su relato era casi desde que se casaron empezaron los problemas. Él era músico, y cuando llegaba tarde del trabajo ella se molestaba, lo celaba. Para colmo, aseguraba, ella “siempre se la pasaba en el celular, en el gimnasio, pero también en las artes de santería y ocultismo. Los fines de semana cantaba como imitadora de Jenni Rivera, razones por las cuales en ocasiones mis hijos tenían accidentes por falta de atención”.
En su versión, al nacer su segundo hijo la mujer empezó a tener conductas muy extrañas, “debido a las amistades que empezó a frecuentar, quienes la empezaron a inducir al ocultismo y la santería”.
A continuación se reproduce su narración completa:
“Me eran molestas las actitudes por el cambio radical en su apariencia, ya que al inmiscuirse en la santería y el satanismo, cambió radicalmente su forma de vestir, de actuar, inclusive, contenido que compartía en redes sociales como Facebook e Instagram, versaban totalmente en cuestiones satánicas, y no era tanto por el hecho que a mí me afectara dicha situación, sino por mis menores hijos que les espantaba su aspecto.
“Esta situación se empezó a agudizar, cuando un buen día en la recámara en donde dormíamos empezó a colocar poco a poco objetos como veladoras de colores, imágenes de la santa muerte, de demonios y muñecos que de primera vista pude percatarme y por el conocimiento popular, son utilizados para realizar brujería y cráneos de fibras de vidrio.
“En un principio sí le comenté que quitara tales cosas ya que no eran aptas para el sano desarrollo de nuestros hijos a lo que en una ocasión me comentó que no era nada que afectara a nadie y que la dejara hacer sus cosas.
“Ya con el paso del tiempo, me pude percatar que en ocasiones se encerraba en una de las recámaras que estaban desocupadas o inclusive en el mismo lugar donde dormíamos, a hacer ritos, encontrando sal quemada en el piso, cenizas de papeles que había quemado, veladoras, cera regada en el piso. Por lo que sí tuvimos una discusión un día porque le pedí que dejara de hacer eso, porque inclusive dejaba las veladoras prendidas, y nosotros nos íbamos de casa y en una ocasión le dije que eso podía causar un accidente y hasta dejarnos sin casa.
“Nunca entendió, y siempre decía que no la comprendía (…) hasta que empecé a ver una sombra negra en uno de los pasillos de nuestro domicilio, cosa que se pudieron percatar mis hijos, quienes ya en las últimas fechas en que vivimos juntos todos como familia, a mis hijos les causaba terror, pasar por ese pasillo. Al grado que tuve que llevar a un sacerdote a bendecir la casa”.
Una bruja en el trabajo
Si bien los juicios civiles son los más comunes, en los documentos consultados puede leerse el caso de otra mujer en San Andrés Cholula, el 11 de febrero del 2022. Ella, según la narración, trabajaba en una universidad, y el 1 de agosto de 2018 fue llamada por su jefe inmediato a su oficina para comunicarle algo sorprendente:
“Mira, me da mucha pena pero voy a tener que prescindir de tus servicios laborales, porque no me gusta nada la conducta que has desarrollado a mis espaldas”.
Rituales de Año Nuevo.
Desconcertada, ella preguntó qué había hecho y él contestó que se había enterado que ahí en la universidad prendía velas negras y tenía varios frascos con sustancias desconocidas. Ella le pidió que llamara a la persona que había llevado ese chisme y que la llevara al lugar donde según ellos tenía tales objetos de brujería. El jefe le contestó que no tenía ningún caso y que, por favor, pasara con la contadora a firmar su renuncia y la entrega de su finiquito.
“Dijeron que me dedicaba a la brujería, lo cual resulta injusto, porque a partir del momento que prescindieron de mí, dejé de percibir un sueldo mensual de 7,100”, cuenta la mujer.
Apatzingán.— La crisis generada por la paralización de la cadena productiva del limón en los municipios de Apatzingán y Buenavista, Michoacán, empieza a dejar estragos de manera más marcada en los jornaleros y productores.
Este miércoles se cumplen tres días de que productores, empacadores, comercializadores e industriales decidieron parar las actividades del limón en esos dos municipios de la Tierra Caliente.
Los limoneros se declararon insolventes para sostener el pago del impuesto criminal que les fijó el cártel de Los Viagras, el cual pasó de dos pesos por kilo de limón cortado, empacado y procesado, a cuatro.
Antes, el cobro de piso era de un peso por kilo de limón cortado a cada productor, más otro peso por kilo comercializado a los empacadores. Ahora es el doble.
Anoche, productores y empacadores de la región revelaron a EL UNIVERSAL que fueron amenazados por un sujeto, a quien identifican como operador de Los Viagras y encargado del cobro de la extorsión.
Este hombre les llamó para exigirles reanudar el corte, empaque y comercialización del cítrico o de lo contrario tendrían que pagar una multa de un millón de pesos.
Los afectados piden la intervención militar para solucionar el problema de raíz: las extorsiones criminales.
“Mire, nosotros sólo hacemos nuestro trabajo y no es justo que por un reducido grupo de delincuentes tengamos que pasar hambre”, dice Jesús Chávez, cortador de limón.
“¿En dónde está el gobierno entonces?, que dice que todo está bien. Ojalá se pongan en nuestros zapatos y vengan a vivir con los míseros 150 pesos que nos deja ‘la maña’”, reclama.
Jesús, padre de dos niños, dice que siente la responsabilidad de llevar el sustento diario a su casa para “medio comer”.
Entrevistado por EL UNIVERSAL, cuenta que en estos días se levanta a las 04:00 de la mañana, como de costumbre, para ir a buscar trabajo y esperar a que algún productor realice un corte; sin embargo, eso no ocurre.
“Me vine de Apatzingán y me van diciendo que no hay corte, y pues ya vamos para atrás otra vez y a buscar a ver qué hacemos para comer porque no [hay] dinero ni ingresos, y ya de tanto ni en la tienda ya nos quieren fiar. Por eso tenemos la esperanza en el gobierno, para que nos ayude a calmar esto de las extorsiones”, reitera Jesús.
Bajo un sol a plomo, con su costal, la cubeta y su red, el padre de familia camina sobre los caminos que hacen las largas filas de árboles de limón, mientras narra la realidad de su familia: “Pues qué hacemos, más que ver llorar a los niños que tienen hambre y qué más decirles, porque la situación está para llorar… mi esposa y yo también con ellos, juntos, porque pues no hay corte de limón”.
Jesús explica que en temporada baja llega a cortar de seis a siete cajas de limón, las cuales le pagan a 50 pesos cada una, lo que significa un ingreso estimado de mil 50 pesos promedio por semana, pero hoy ya no cuenta con ese recurso.
Como Jesús, decenas de productores también exigen la intervención del Ejército.
“¿Para qué?… Pues para que ponga orden, recupere la paz y garantice que podamos vivir tranquilos”, sostiene Agustín, un empresario agrícola de la Tierra Caliente.
El productor, quien está postrado en una silla de ruedas resultado de una ofensiva criminal de Los Viagras, confirmó que el cobro de la extorsión aumentó al doble.
Por lo pronto, la advertencia de paro de la producción se cumplió y se prevé que en las siguientes dos semanas el corte, empaque y comercialización de limón siga detenido, hasta que el Estado le garantice la seguridad y la de sus familias, señalan productores.
Consultadas, fuentes del sector advierten que en el mercado interno se disparará hasta en 300% el kilo de limón, resultado de la paralización de la cadena productiva.
El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo que debido al desplome del precio del limón michoacano algunas empacadoras han decidido suspender el corte del cítrico.
En un comunicado, señaló que luego de un análisis en torno a la medida tomada por los empacadores se confirma que la caída en los precios de la fruta ha motivado el cierre parcial de actividades.
Indicó que en los últimos meses el costo del cítrico ha bajado hasta los siete u ocho pesos por kilo de compra a los productores. Dijo que en las mediciones semanales de la Secretaría de Desarrollo Económico, el precio del limón en los mercados municipales, como el de Morelia, ronda en los 15 pesos por kilo.
En la Central de Abasto de Iztapalapa tiene un costo de 30 pesos y en la Central de Abasto de Ecatepec, de 26.50 pesos, mientras que en los centros comerciales va de los 36.90 pesos a los 49.90 pesos por kilo.
Con relación al paro en el corte del limón, Torres Piña dijo que éste se tiene en un 80% de los empaques en Apatzingán y en un 70% en Buenavista; en tanto que en Múgica, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla y La Huacana trabajan al 100%.
“Seguimos teniendo reuniones y comunicación con los productores. Hay un diálogo permanente. Continuamos con operativos de vigilancia y atención permanente”, dijo.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde agosto de 2018 a 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México.
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 14 de agosto en Palacio Nacional, Gómez Álvarez presentó un reporte de los donativos que la organización, creada por el empresario Claudio X. González, ha recibido desde 2015 de personas morales, personas físicas y organizaciones extranjeras.
Ante López Obrador, el titular de la UIF informó que desde el año de su creación, en 2015, MCCI no había recibido recursos del gobierno estadounidense, sino que fue después de la elección presidencial de 2018, cuando ganó el presidente López Obrador, Morena y aliados.
Señaló que la entidad encargada de dar los recursos es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Recursos de la Embajada de EU para MCCI
Gómez Álvarez informó además que la organización ha recibido recursos desde cuentas de Estados Unidos por más de 13 millones de pesos a través de la Fundación Ford, la Fundación John y Catherine Macarthur, la Fundación Comunidad,la Fundación Rockefeller e Intelligent Mexican, Marketing, entre otras.
Además de que de 2016 a 2023, MCCI recibió millones pesos en donaciones de personas morales como la Fundación Maelva A.C, donde participa el empresario Valentín Diez Morodo, así como la fundación Kaluz; Fundación Alsea; American Express; Grupo México, de German Larrea; Tiendas Chedraui, Fundación Soriana y Grupo Gigante, entre otros.
Además, en 2021, la Tesorería de la Federación le devolvió a MCCI por impuestos 5 millones 523 mil pesos.
Este martes, el presidente López Obrador dijo que alista una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento a la oposición en México y la intervención en la elección del 2 de junio.
Reporte de la UIF sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en la mañanera de AMLO.
López Obrador también anunció que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre este tema, además que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará una nota diplomática.
“El no está informado de esta situación, porque pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto.
“Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, pero además es un fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legales y legítimamente se constituyó en nuestro país”, dijo.
Dijo además que analiza hacer cambios a la reforma fiscal de 2014 que posibilita que asociaciones civiles sin fines de lucro perciban ingresos por medio de donaciones deducibles en el pago en el Impuesto sobre la Renta (ISR).
Apuntó que pedirá a la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, a ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se presente un informe.
“Como lo plantea Pablo (Gómez), estamos en tiempo de hacer modificaciones, hacer iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos”, mencionó.
“Porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y no pueden usarse en beneficio de los mexicanos. Cuando se devuelven esos recursos se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar, son las medidas que se van a tomar y pronto vamos a informar”, dijo.
A menos de 50 días de terminar su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma legal para regular el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales.
El Mandatario federal realizó el planteamiento durante su mañanera, tras cuestionar los pagos que personas físicas y morales realizan a agrupaciones civiles y que son deducibles de impuestos.
De manera particular, se refirió al caso de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González y sobre la cual solicitó un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Pablo Gómez, titular del organismo, dio a conocer que, durante este sexenio, MCCI recibió 96 millones de pesos del Gobierno de Estados Unidos y 299 millones de pesos de empresas y particulares en México.
“Otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe”, planteó AMLO.
“Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del País en beneficio de todos los mexicanos, sino que les regresen estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos”.
“Se está dando un uso indebido al presupuesto, eso lo tenemos que revisar”.
López Obrador reveló que enviará una carta al Presidente Biden sobre el financiamiento de su Gobierno a MCCI.
“Voy a enviarle una carta al Presidente de Estados Unidos, el Presidente Biden sobre este tema y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro País”, adelantó López Obrador.
Exhibe UIF depósitos a MCCI
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió financiamiento que recibió la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por 395 millones 769 mil 675 de pesos de empresas en México y de la Embajada de Estados Unidos.
Durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez mostró láminas en las que se muestra que “en y desde México” llegaron a la asociación 299 millones 029 mil 062.5 pesos en el periodo 2016-2023.
Desde la Embajada de Estados Unidos en México llegaron a MCCI 96 millones 740 mil 613 pesos durante el periodo del 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024.
Nunca he creído en las coincidencias y menos cuando se trata de asuntos de política, financieros o de la delincuencia organizada, y mucho menos cuando ésta quiere coincidir con asuntos de gobierno y ni hablar de cuando está inmiscuido el de Estados Unidos y el de México.
No me quiero ir a antecedentes, no me da el espacio, pero sí a la actualidad cuando hoy veo el caso Mayo Zambada, el narcotraficante más buscado del mundo, responsable de miles de muertes violentas y de decenas de miles por su abasto de drogas que se extendió por todo el mundo, siempre intocable e intocado por los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de Morena, al que nunca nadie vio y jamás pisó una cárcel hasta que el pasado día 25 le cayó del cielo a unos agentes del FBI en un aeródromo de Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.
Y de nuevo la coincidencia, que rechazo: allí ya lo esperaban agentes federales que lo detuvieron por primera vez en su vida y lo pusieron tras las rejas a la espera de ser presentado ante el juez Brian Cogan de la Corte Federal del distrito este de Nueva York, el mismo que llevó el caso García Luna.
En este escenario, El Mayo mandó una primera advertencia de lo que está dispuesto de revelar, y al que le darán fe pública.
Pero no es solo el delincuente.
En realidad será lo que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quieran decir a través de él contra los gobiernos de México, locales y federales, y sus funcionarios, de los presidentes de la República para abajo.
Y en esto no hay freno.
La única a salvo de esta estrategia de gobierno y del mismo narcotraficante es Claudia Sheinbaum, todos los demás son objetivo de uno y otro, Washington y delincuente.
Y sea verdad o sea mentira se le dará como siempre, el nivel, le decía, de fe pública y lo que diga será verdad y letal.
Al tiempo, al breve tiempo.
RETALES
1. CONSUMATUM. El Tribunal Electoral validó la victoria de Claudia Sheinbaum, lo que formalizará hoy. Y mañana, en sesión solemne, le entregará el certificado de mayoría y hará la declaración formal como presidenta electa. De allí se irá al teatro Metropolitan para celebrarlo;
2. ANUNCIO. Ayer dio a conocer que Alejandro Svarch Pérez, actual titular de Cofepris, será su director del programa IMSS-Bienestar, en relevo de Alejandro Calderón Alipi, que tras la desaparición del Insabi, donde era el jefe de compras de medicinas y equipo médico, AMLO lo designó en ese cargo donde le quedan 47 días; y
3. FRANCISCANOS. Lo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no dijo el sábado en la visita del Presidente a Culiacán, en medio de la primera dosis de revelaciones de Zambada, es cómo viajó ese mismo día 25 a Los Ángeles: en un Learjet privado de un empresario y en día laboral. Le digo, mi rechazo a las coincidencias. Las que sean.
“El Gobierno estaba de vacaciones, tomé la decisión de salir tres o cuatro días”. Así explicó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su salida del Estado el pasado 25 de julio. Ese día, las autoridades estadounidenses confirmaron la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, miembros de la cúpula del Cartel de Sinaloa, tras aterrizar de forma inesperada en un pequeño aeropuerto a las afueras de la ciudad fronteriza de El Paso pasadas las cuatro de la tarde. Alrededor de ocho horas más tarde, la prensa local dio a conocer la muerte de Héctor Cuén, un influyente político local y conocido adversario del gobernador. Tras dos semanas de tensiones y versiones irreconciliables sobre lo sucedido, la polémica alcanzó un punto álgido el pasado sábado, cuando el abogado de El Mayo hizo pública una carta en la que asegura que fue emboscado, secuestrado y entregado contra su voluntad en Estados Unidos tras ser citado a una reunión con Rocha, Cuén y los hijos de El Chapo Guzmán ese mismo 25 de julio. En pleno ojo del huracán, el titular del Ejecutivo estatal aseguró que no estuvo presente en ningún encuentro privado con el narco, sino en un viaje familiar a Los Ángeles. En un nuevo intento por disipar las sospechas, el gobernador ofreció más detalles de su versión esta semana. “¿A qué voy a Estados Unidos? Voy a ver a mis familiares”, afirmó en una conferencia de prensa.
¿Qué pasó el 25 de julio? Esa es la pregunta que intriga y divide opiniones en Sinaloa y el resto de México. El Mayo asegura en su carta que fue citado por el propio Guzmán López, su ahijado, en un salón de eventos de Huertos del Pedregal, un rancho a las afueras de Culiacán, la capital del Estado, a las once de la mañana. El motivo de la reunión era “ayudar a resolver las diferencias de los líderes políticos de nuestro Estado”, según esta versión. En el centro del conflicto entre Rocha y Cuén estaba la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la casa de estudios más importante de la entidad.
La declaración de Zambada, que no ha sido corroborada, ha sido profundamente incómoda porque vincula de forma explícita su captura con el asesinato de Cuén, ofrece un retrato crudo del contubernio entre el crimen organizado y la política local, y llena los vacíos que ha dejado la versión oficial sobre la detención. El Mayo habla de Cuén como un “amigo mío desde hace tiempo”, afirma que un comandante de la Policía ministerial era su guardaespaldas y se asume como un consigliere, un garante de los asuntos más relevantes de la vida pública de Sinaloa. “Sé que la versión oficial que dan las autoridades del Estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres que querían robar su camioneta”, expone. “Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”. El capo cierra el escrito con un llamado a la concordia tras su arresto: “Nada se resuelve con la violencia. Ya hemos recorrido ese camino y todos perdemos”.
“Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron, y si les creyó, pues cayó en la trampa”, comentó Rocha horas después de que apareció la carta, durante un acto por la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. El gobernador sabía de la gravedad de los señalamientos de El Mayo. “Me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista de cómo veía yo esta situación, que estaba consciente —eso también lo dijo, y es real— que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, a ya saben quién”, contó el lunes López Obrador. Esa misma mañana una treintena de gobernadores electos y en funciones de Morena, el partido gobernante, salió en defensa de la “probidad y vocación de servicio” de Rocha.
La versión de Rocha Moya es diametralmente distinta a la de El Mayo. El gobernador asegura que despejó su agenda para visitar a un sobrino que trabaja en Los Ángeles, entre otros familiares que viven en Estados Unidos, como una de sus hermanas. “Para que no cunda la especulación en ese sentido, yo no estaba enterado ni me fui porque estaba enterado de esa reunión, ni me invitaron ni tenían por qué hacerlo”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa semanal del pasado lunes. “Yo no asisto a ese tipo de reuniones”.
Esta semana se filtró también a los medios una bitácora de vuelo que corrobora la versión de Rocha. Según el documento, adelantado por el periodista Marcos Vizcarra, Rocha partió desde Culiacán a las nueve de la mañana y aterrizó en California a las 11.15 horas, lo que rompe con la línea de tiempo aportada por Zambada. Llegó a territorio estadounidense en un avión privado de la empresa Servicio Ejecutivos Aéreos Viz, del exdiputado priista Jesús Vizcarra y sus hermanos. Jesús Vizcarra fue alcalde de Culiacán. Su familia está detrás de empresas como Salud Digna, que ofrece servicios de salud a bajo costo, y SuKarne, uno de los principales emporios ganaderos del país. El político ha sido investigado por las autoridades por narcotráfico y lavado de dinero, y vinculado durante décadas a El Mayo y el Cartel de Sinaloa, señalamientos que él ha desmentido en repetidas ocasiones.
Rocha no se refirió a la aeronave que abordó junto a seis miembros de su familia. Sí habló de que su ausencia del Estado y la sucesión de eventos que siguieron a su partida fue una “casualidad” y de que los acontecimientos lo tomaron por sorpresa. “Nunca, ni por aquí me pasaba, que pudiera ocurrir un fenómeno tan notable en Sinaloa, México y el mundo”, expuso sobre la detención de ambos capos. “Más tarde, me entero del maestro Cuén y ya ahí estuve exclusivamente atendiendo eso, mandé a hacer un Twitter, publicarlo y luego grabé un mensaje, un videito”, relató. “Me levanté, me quité la pijama, me puse los pantalones que ya llevaba, la camisa que yo creo que estaba arrugada y así lo grabé”. El video en el que expresa sus condolencias se publicó en sus redes en torno a las dos de la mañana. El gobernador dijo en el mensaje que “estaba fuera”, pero no precisó dónde.
El político morenista comentó que tomó un avión de regreso a México a primera hora para atender ambos temas. Sobre la presencia de un comandante de la Policía en la escolta de El Mayo, Rocha dijo que no estaba al tanto de la situación. “La Fiscalía no depende de mí, es un tema de la Policía ministerial”, señaló. “Difícilmente puedo conocer lo que hacen los propios policías estatales, la preventiva y las otras, en este caso nadie me lo pudo haber dicho”, agregó.
La guerra mediática no gira sólo en torno a la presencia de Rocha en la reunión con Zambada y Cuén. También se libra en otro frente: el propio asesinato del político. La Fiscalía de Sinaloa convocó a una rueda de prensa el lunes en la que divulgó un video del ataque contra Cuén, una pieza clave en la principal línea de investigación de las autoridades: que el homicidio se produjo durante un intento de robo de su camioneta. Las imágenes, captadas por la cámara de seguridad de una gasolinera de Culiacán cerca de las diez de la noche, contradicen también la versión de El Mayo, quien asegura que su “amigo” fue asesinado a las once de la mañana. Las autoridades ministeriales decretaron la hora de muerte a las 23.13 horas, según los estudios necrológicos. Los impactos de bala, según las indagatorias, sucedieron “dos o tres horas antes”, dijo la fiscal Sara Quiñónez, aunque matizó que a veces no suelen ser precisos. Ese dato tampoco coincide con la hora de la grabación.
En el video no se aprecia quién está en el vehículo ni la matrícula. Las imágenes muestran que dos hombres armados a bordo de una motocicleta se acercan a la camioneta, abren la puerta del copiloto y se marchan tras interactuar apenas unos minutos con la víctima. Instantes más tarde, ambas unidades arrancan en direcciones opuestas. Las imágenes dan cuenta de un ataque directo, pero no son claras en cuanto a un intento de robo. Un empleado de la gasolinera se queda impávido durante la agresión, no reacciona ni se tumba al suelo, pese a estar solo a unos metros. No se alcanzan a distinguir los disparos. La grabación ha ahondado las dudas sobre lo sucedido. Rocha dijo que no iba a comentar sobre la investigación e insistió en que corresponde a la Fiscalía aclarar lo que pasó. Las autoridades ministeriales, que accedieron a que la Fiscalía General de la República tome el caso, han dicho que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la que divulgó El Mayo.
El gobernador afirmó que no tenía nada que ver con lo sucedido, pero dijo estar dispuesto a dar una declaración formal en caso de que lo requieran las autoridades de México o Estados Unidos. “Hay dos versiones, cuando menos”, resumió este martes López Obrador al referirse al video y a los dichos de Zambada. “Hay que esperar”. Mientras tanto, el escándalo sigue latente, después de que la Fiscalía estatal anunciara la vinculación de Héctor Cuén Díaz, hijo del político asesinado, por negociaciones ilegales en la UAS. En un mar de relatos encontrados, todo son preguntas en Sinaloa.
La mayoría de los grandes magnates de este país han tenido un sexenio muy peculiar: el presidente los insulta en público y los consiente en privado. En las mañaneras son corruptos traficantes de influencias. En la tarde son contratistas cumplidos.
Andrés Manuel López Obrador no rompió con la élite económica. A cambio de que se deje humillar y sobajar para abonar a la narrativa de que AMLO es un “presidente del pueblo” que les dice sus verdades a los ricos, el presidente la recibe en privado, a puerta cerrada en Palacio Nacional. Y así, en lo oscurito, los insultos se reparan con miles de millones de pesos en licitaciones, asignaciones, permisos, concesiones, favores.
Ha sido un win-win. Ganar-ganar. Al presidente lo que más le interesa es la narrativa frente a la Historia. A estos poderosos empresarios lo que les interesa es el dinero. Así que las dos partes salen contentas con el trato.
Cuando las cosas no se han podido resolver en las oficinas de Palacio Nacional, entonces se han dirimido en el Poder Judicial.
Hoy, ese Poder Judicial al que acudieron tantas veces pidiendo protección muchos de los grandes ricos de este país, está al borde de la desaparición. La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que trama el oficialismo implica la toma de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, y por ende, la desaparición de esa protección al ciudadano (rico o pobre) frente a la acción del gobierno.
Mientras se fragua este atropello a la democracia y el equilibrio de poderes, muchos de los grandes potentados de este país están callados y cruzados de brazos. Si algo les permitió seguir haciendo negocio y generando empleos fue saber que contaban con ese contrapeso. Hoy atestiguan callados su paulatina extinción, apostando -como lo han venido haciendo- a que pueden llegar a arreglos privados con la próxima presidenta. Salvarse en lo individual aunque se hunda el país.
Pretextos no les faltan. Que si la apoyaron en campaña porque el presidente se las puso en suerte, que si ya la vieron “en corto”, que si hasta tienen su Whatsapp, que si les prometió que no iba a abusar de tanto poder porque ella es una demócrata que viene de la lucha estudiantil, que si ella no los insulta como AMLO, que si su conversación es más sofisticada, que si su trato es mejor.
Se ve que la futura presidenta ha estado haciendo su tarea de mantener firmes los puentes que le hereda AMLO con sobrados integrantes de la élite económica mexicana.
El problema es que mientras en privado intenta hechizar con este discurso moderado, en la práctica está avalando, respaldando y empujando los planes más radicales del obradorato que implican, además, un golpe a la certidumbre económica. Y esto último lo sabe hasta la doctora Sheinbaum: vaya susto que se pegó cuando tras su triunfo electoral se disparó el dólar en reacción a la posibilidad de una supermayoría legislativa de Morena y sus aliados. Cuando eso sucedió, la primera reacción de la candidata ganadora fue la mejor: quiso enfriar el apetito por destruir al Poder Judicial. Lástima que duró unas horas. Le enmendaron la plana en Palacio y ella, desde entonces, se ha vuelto una ferviente impulsora de los planes más radicales.
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