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Columnistas de SP

El nervioso

Desde hace 26 días al presidente se le ha visto nervioso. Tiene la desventaja de que tantas horas de mañanera permiten ver su estado de ánimo, y desde que detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, a Andrés Manuel López Obrador se le nota inquieto: sus declaraciones sobre el asunto son contradictorias, no ha sido capaz de informar qué pasó, pide explicaciones al gobierno de Estados Unidos pero éste no se las da, y llegó al extremo de callar a su secretaria de Seguridad Pública —futura secretaria de Gobernación—, Rosa Icela Rodríguez, cuando ella se disponía a compartir más datos.

Está claro que el caso pone nervioso al presidente. Está claro que lo que pueda decir en las cortes americanas el Mayo Zambada lo tiene así. Y ya tuvo su primera “probadita”: el Mayo descolocó al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y tuvieron que entrar al rescate el presidente saliente y la presidenta entrante para apagar un fuego que sigue encendido. ¿Qué seguirá brotando del testimonio de Ismael “El Mayo” Zambada? ¿Confesará reuniones con algún dirigente morenista en Colima? ¿Platicará que le presentaron en Mazatlán a un alto funcionario? ¿Que fue a una comida en Culiacán con algún otro poderoso del gabinete? ¿Salpicará al círculo más íntimo? ¿Relatará entregas de dinero a campañas?

El problema para el presidente es que si el Mayo enfoca sus baterías contra él y su movimiento, va a tener poca defensa. La narrativa lo hunde. Primero, porque en el gobierno sabían dónde estaba el Mayo y nunca lo detuvieron. Segundo, porque establecieron con el capo una alianza política y de gobierno. Tercero, porque el presidente lleva todo el sexenio usando declaraciones de narcotraficantes que hundieron a García Luna (ni modo que ahora diga que cómo creer el testimonio de un delincuente). Cuarto, porque explícitamente AMLO ha dicho que su gobierno no busca detener a los grandes capos de la droga. Quinto, porque en las mañaneras se refiere a los capos de la droga con el respeto que sólo dispensa a sus aliados. Sexto, porque en la prensa internacional ha cundido la versión de que su movimiento político ha sido financiado con dinero de la droga. Y séptimo, porque todo esto se enmarca en la política de “abrazos no balazos” que cierra el círculo que da credibilidad a la existencia de un pacto crimen-gobierno.

El presidente ha tratado de esconder el galimatías en que lo puso la detención del Mayo echando mano de un discurso setentero antiyanqui. Si Estados Unidos realizó un operativo gubernamental antinarco en suelo mexicano sin la autorización del gobierno (que sería una grave violación a la soberanía), México no ha presentado ninguna prueba. En cambio, lo palpable es que el gobierno de López Obrador ha cerrado las puertas de la cooperación a las agencias de inteligencia de Estados Unidos mientras se las ha abierto a los cárteles. En la mañanera se critica ferozmente a estas agencias, pero se trata con respeto a los capos. Y esta ecuación es inaceptable para Estados Unidos porque se ha vuelto electoralmente explosivo el tema del fentanilo que llega de México y mata cada año a 100 mil jóvenes estadounidenses. Lo demás son consecuencias.

El secuestro que salpicó al gobernador de Sinaloa

Desde las 4:30 de la mañana del 22 de marzo de 2024, en el número 911 se comenzaron a recibir reportes sobre un secuestro masivo que estaba ocurriendo en varias colonias de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

Hombres encapuchados, vestidos de negro, con armas largas y cortas, que arribaban a bordo de camionetas y disparaban al aire, se llevaban a familias enteras: hombres, mujeres, niñas, niños, incluso adultos mayores.

Las caravanas de civiles armados recorrieron las colonias Villa Bonita, Plan de Oriente, Belcanto, Industrial El Palmito y el fraccionamiento Los Ángeles, así como las comunidades El Carrizalejo y La Noria.

Solo en La Noria, 16 personas fueron extraídas de tres domicilios. En El Palmito y Los Ángeles se llevaron a menores de 2, 6, 9, 11 y 12 años.

No hubo autoridad, ni estatal, ni municipal, ni federal, que impidiera aquel “levantón”. El gobierno del morenista Rubén Rocha Moya reconoció que esa noche, en solo unas horas, se habían llevado a 66 personas. La fiscalía del estado reconoció más tarde, sin embargo, que no todos los “levantados” contaban con reporte de desaparición.

Ese mismo viernes, 42 personas fueron liberadas. Al día siguiente el secretario de seguridad del estado, Gerardo Mérida, anunció el retorno de otras 16. Según el gobierno estatal, no se sabía lo que había ocurrido. Mérida declaró: “No han querido declarar los que han aparecido, no han querido decir nada a las autoridades”.

Había hasta entonces ocho personas “pendientes de ser localizadas”.

Acababa de ocurrir en la sierra un enfrentamiento entre gente de Los Chapitos contra gente de su tío El Guano, con un saldo de tres calcinados, dos de ellos decapitados. Se creyó que el secuestro masivo podría estar relacionado con este suceso. El presidente López Obrador lo minimizó, como si el “levantón” de 66 personas en una ciudad fuera algo normal. El gobernador de Sinaloa dijo que eran cosas “que lamentablemente ocurren, son cosas que pasan”, y a continuación subió un video en el que invitó a la gente a visitar las playas en la Semana Santa.

Efectivamente, nadie habló. Hasta que el Cártel de Sinaloa colgó tres narcomantas en las que negaba estar en guerra y en las que señalaba a cuatro personas como cabecillas de un grupo encargado de robos a casa habitación. Uno de ellos era un policía de investigación, Ramón Alberto Báez Ochoa, del que no ha vuelto a saberse. Los otros tres: Cristian René Roldán López, Eduardo López Gutiérrez y Óscar Pérez Gutiérrez. En algún momento se dijo que dos de ellos eran agentes de la Fiscalía General de la República, pero el dato no se confirmó.

La narcomanta decía: “Esto le va a pasar a todos los rateros de Sinaloa para que sientan lo que sienten las familias cuando se meten a robarle a sus casas o invadir su privacidad”.

Y aunque nadie habló, se comenzó a oír que a los “levantados” el Cártel de Sinaloa les había quitado casas, terrenos y ganado para recuperar un dinero que alguien se había robado.

El secretario Mérida admitió más tarde que un conflicto relacionado con un presunto robo pudo haber desencadenado “la privación de la libertad o la presunta salida de sus hogares” de las víctimas. Se trataba, según dijo, de “un acto de robo o una extracción de dinero en efectivo”.

Rocha Moya seguía intentando apaciguar la tolvanera. A principios de abril declaró que su administración no hablaba de un secuestro, debido a que los grupos delincuenciales habían invitado a las víctimas del “levantón” a acompañarlos. “Se conocían”, aseguró, “en algún momento tuvieron contacto y ese contacto fue conflictivo”.

El 7 de abril el gobernador dio una buena noticia: que las ocho personas que se reportaban desaparecidas habían regresado, que habían sido liberadas y se encontraban sanas y salvas. Se dio por concluido el operativo de búsqueda: Rocha Moya agradeció a todo el mundo: a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, a la Sedena, a la Guardia Nacional y, por supuesto, a López Obrador, “por su apoyo solidario y decidido”.

Parecía un asunto concluido. Sin embargo, familiares de los ocho desaparecidos lo desmintieron. Las víctimas, denunciaron, seguían sin aparecer y sus fichas de búsqueda continuaban activas. No había rastros de cinco hombres y tres mujeres privados de la libertad aquella madrugada en Culiacán.

En abril se reportó que dos mujeres más habían sido liberadas. Al igual que el resto de las víctimas, estas se negaron a ser entrevistadas por las autoridades.

Llegó otra madrugada: la del 1º de julio de 2024. Esa noche, en la Cruz de Elota y Navolato, siete personas fueron encontradas sin vida, emplayadas y con las manos cercenadas. Tres de ellas eran padre, madre e hijo, y vivían en Culiacán. Los otros provenían de Badiraguato e Imala.

La fiscal Sara Bruno Quiñonez presumió que esas víctimas pudieron formar parte del grupo secuestrado el 22 de marzo, “porque hubo gente que no denunció”.

El escándalo inicial se fue aplacando al correr de los días, tras la vuelta de la mayor parte de los “levantados”. Periodistas de Sinaloa lograron desentrañar, sin embargo, el lado oculto de la historia: al jefe de Los Chapitos, Iván Archivaldo Guzmán, alguien le había robado 20 millones de dólares de una casa que se hallaba en remodelación. Esta fue la causa de los “levantones”.

El columnista Jorge Fernández Menéndez ha revelado que Iván Archivaldo ordenó el secuestro tanto de quienes trabajaban en la remodelación del inmueble como de otros posibles involucrados. Afirma Fernández Menéndez que el gobernador Rocha Moya se comunicó con el capo para que devolviera a los secuestrados y que incluso se reunió con él en la casa de un funcionario estatal: el tesorero Enrique Díaz.

La historia cobra relevancia en medio del escándalo que rodea al gobernador desde que se dio a conocer que El Mayo Zambada habría sido detenido cuando iba a reunirse con él. Cobra relevancia porque muestra cómo son, cómo están las cosas en Sinaloa.

El mayor dolor de cabeza

La sucesión en las Fuerzas Armadas se está convirtiendo en un enorme dolor de cabeza para el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Durante semanas ha estado batallando con el muro del Ejército, y en más de 10 reuniones que han tenido, ha chocado con los militares por su reticencia a soltar espacios que les entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los intentos del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, que quiere poner su pie sobre la Marina. No ayuda, desde luego, que la relación con Sheinbaum es “difícil”, como la describió una persona de su equipo, y que la comunicación con el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el principal enlace con el equipo de transición, sigue siendo de desconfianza.

Las negociaciones para recuperar posiciones que pertenecían al ámbito civil, hasta que López Obrador las trasladó a la esfera militar, han dado resultados agridulces. El nuevo gobierno, de acuerdo con lo acordado hasta ahora, recupera para los civiles el Centro Nacional de Inteligencia y los cinco centros de fusión, creados al final del sexenio de Felipe Calderón con dinero de la Iniciativa Mérida, que concentran la información de inteligencia de todo el gobierno, donde se procesa, analiza y sirve para la toma de decisiones. En el primero está el general Audomaro Martínez, y en el segundo, desde donde se maneja el software Pegasus, Luis Rubén Sandoval, quien aunque no es militar, es hijo del secretario de la Defensa.

Donde el equipo de transición no ha tenido éxito es en el tema de las aduanas. López Obrador ordenó a mediados de 2020 trasladar el control de las aduanas al Ejército y el de los puertos a la Marina. El secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, no se opuso a que los puertos marítimos regresaran a ser administrados por los civiles, pero el general Sandoval no cedió. Más aún, buscó integrar a la Marina dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que se sumara al Ejército y la Fuerza Aérea, que se encuentran actualmente bajo el mando del general Ricardo Trevilla, pero no tuvo éxito; lo frenaron.

La jugada del general, según lo han explicado quienes conocen de las negociaciones, era que el secretario de la Defensa quedara jerárquicamente por encima del secretario de Marina, y que su titular quede subordinado a Lomas de Sotelo. El esquema de un gran secretario de la Defensa –con Ejército, Marina y Fuerza Aérea bajo su control– y un Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas unificado se asemeja al organigrama del Pentágono, aunque en Estados Unidos el secretario es civil y el jefe del Estado Mayor Conjunto es militar. Eso, por lo menos por ahora, no va a suceder en México.

Los intentos controladores del general Sandoval no pararon ahí. Contrariamente a lo que han sido los procesos de sucesión dentro de las Fuerzas Armadas, donde los relevos en el Ejército y la Marina se manejan de manera independiente, ha querido influir en la designación de su par militar. Por ello, Sandoval propuso al equipo de Sheinbaum su candidato a encabezar la Marina, el almirante José Luis Vergara, cuya enemistad con el secretario Ojeda es tan grande, que lo transfirió a la agregaduría naval en la India. Vergara es un marino altamente capacitado –entre otros puestos tuvo bajo su cargo la Inteligencia Naval y a las Fuerzas Especiales, que son las que capturaron a Joaquín el Chapo Guzmán–, pero nadie en la Marina podría estar más en las antípodas del secretario Ojeda que él.

Dentro del equipo de transición el responsable de entrevistar a los candidatos al cargo de secretarios es Lázaro Cárdenas, quien será el jefe de Oficina de la presidenta Sheinbaum. Cárdenas ha hablado con varios candidatos, incluido el almirante Marco Antonio Siu, el jefe de la unidad que persiguió y físicamente detuvo al Chapo. Otro candidato a revisión, a quien preferiría el actual secretario, es el almirante Alfredo Hernández Suárez, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

No puede descartarse que en esta pugna entre candidaturas –a Vergara lo está apoyando uno de los hijos del presidente López Obrador– surja un tercer almirante que sea una solución intermedia para evitar divisiones dentro de la Marina, como también está abierta la posibilidad de que eso mismo suceda en la Defensa, que podría alterar la terna que le propuso el general Sandoval a Sheinbaum, compuesta por el subsecretario Gabriel García Rincón, el director del Colegio de la Defensa Nacional, general Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, y el general Trevilla.

El candidato de Sandoval es García Rincón, quien está respaldado también por López Obrador, aunque al secretario no le han gustado algunas iniciativas y acercamientos que ha tenido su delfín. García Rincón estableció una buena relación con García Harfuch y comenzó a formar lo que sería su Estado Mayor, lo que fue del desagrado de su promotor. Esta molestia coincidió con la aparición en la prensa de un caballo negro, el general Salvador Cervantes Loza, director general de Ingenieros, constructor de algunos de los megaproyectos de López Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles.

El nombramiento de los secretarios de la Defensa y la Marina serán los últimos en ser anunciados, prácticamente la víspera del relevo presidencial, para no propiciar un doble mando en las Fuerzas Armadas. Pero el nombramiento de ellos, en particular del secretario de la Defensa, será probablemente el más importante que haga Sheinbaum, porque la marcará como presidenta al determinar qué tanto pudo separarse del presidente López Obrador, sin que ello signifique deslindarse y mucho menos romper con él.

Este nombramiento definirá al menos la primera parte del sexenio, porque mostrará cómo será la continuidad sin cambio, en el entendido de que esa frase significa rumbo, proyecto y programa. No significa quedar maniatada al poder militar –que le produce escozor y recelo– y que sean los militares quienes la apalanquen, le den legitimidad y fuerza. Ella, a diferencia de López Obrador, no los necesita estratégicamente para gobernar.

Los empresarios piensan como Salinas Pliego

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder cambió las formas en cuanto a la relación con los empresarios –particularmente con los magnates–, pero no el fondo. El Presidente ahora exhibe, vapulea e intimida públicamente a los hombres y mujeres del dinero, mientras que en privado acuerda con ellos, les entrega negocios y les pasa la “charola” a su manera: ya sea con la rifa de boletos de avión, pidiéndoles ayuda en la crisis sanitaria o inversiones para sus proyectos de infraestructura prioritarios. La separación del poder político y el poder económico fue solamente un ardid de campaña como tantos otros.

Ahora, en las postrimerías de su sexenio, López Obrador quiere volver a “echarles el caballo” a los magnates del país, aunque sólo públicamente. El Presidente enfureció luego de que el domingo y el lunes, las dos más grandes asociaciones empresariales del país –el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– se pronunciaran en torno a la sobrerrepresentación legislativa que otorga a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en el Congreso federal. Este debate nunca fue tan importante como ahora que hay 18 reformas constitucionales a la espera de ser aprobadas al vapor en septiembre.

El CCE y el CMN hicieron un llamado a las autoridades electorales, que tienen en sus manos la aprobación o negación de la sobrerrepresentación de Morena, el Verde y PT, para que se haga “una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución”. El presidente López Obrador se lo tomó personal y como una afrenta a sus reformas. Entonces emergió el “tigre” con el que amenazó a los empresarios días antes de la elección del 2018. “Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros… quieren un Poder Judicial al servicio de una minoría rapaz”, lanzó.

Y este martes, más envalentonado, el Presidente retó a los cinco multimillonarios de México a que expresen de manera personal sus puntos de vista sobre el comunicado de los organismos empresariales de los cuales forman parte. “Me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación: los más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes (Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala).

El único que respondió, y casi en tiempo real, fue el muy vocal Ricardo Salinas Pliego. “¿Respetados y escuchados los empresarios? ¡Por favor! ¡Seamos serios!”, escribió el dueño de Elektra y TV Azteca en su cuenta de X. La publicación fue leída por el presidente López Obrador en su conferencia matutina y luego dijo que mejor no opinaría. A la par, Salinas Pliego publicó una encuesta con el mensaje respecto a la sobrerrepresentación: “¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el PV y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos?”.

Esto último es precisamente lo que piensan la mayoría de los empresarios, los ultrarricos, representados en el CMN, y los demás, de todos los tamaños e industrias, aglutinados en las cámaras y organismos del CCE. En sus comunicados no lo expresaron de tal manera, pero es lo que opinan. Así que el Presidente puede ahorrarse que se lo vayan a decir a su conferencia, porque además así lo piensan no solo ellos, sino las agencias calificadoras de riesgo crediticio, los bancos de inversión y el mercado en general. Si no fuera por lo radical de la Reforma Judicial, quizá no habría la necesidad de presionar al gobierno de tal manera, pero los hombres y mujeres del dinero tienen claro que una mayoría calificada del oficialismo traerá muchas consecuencias adversas para sus inversiones. Así de claro.

Posdata 1

A los cinco magnates que mencionó el presidente López Obrador en su conferencia no les ha ido nada mal en el sexenio. Según los datos de Forbes, de 2018 al 2024, la riqueza de Carlos Slim aumentó 52.2%, la de Germán Larrea 61.2%, la de Ricardo Salinas Pliego 88.7%, la de María Asunción Arámburuzabala 6.7% y sólo la de la familia Baillères descendió 24%.

Y otra cosa que debería tener en cuenta no solo el presidente López Obrador, sino su sucesora, Claudia Sheinbaum, es que solamente los negocios de los multimillonarios del CMN representan 17% del Producto Interno Bruto del país y sus 61 integrantes participan en sectores clave de la economía, como la construcción, alimentos, finanzas, telecomunicaciones, minería, petróleo, bebidas, tiendas minoristas, aeropuertos, transportes, entre otros.

Una fuga de capitales sería desastrosa para el inicio del nuevo sexenio.

Posdata 2

A propósito de fugas de capitales y de la mala racha que arrastra el peso mexicano hace ya varias semanas, este martes el banco Morgan Stanley redujo su recomendación a las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

La institución financiera estadounidense consideró que los cambios que plantea la iniciativa de Reforma Judicial de Morena implican riesgos para la inversión en las emisoras del mercado bursátil en el país, por lo que las colocó en ‘underweight’, o infraponderadas, con lo que los inversionistas asesorados por el banco reducirán su exposición a las empresas mexicanas.

“Rebajamos la calificación de México luego de la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos presenta riesgos a la narrativa de inversión del país”, expuso Morgan Stanley.

Algunas de las empresas afectadas son Walmart de México y Centroamérica, Femsa, Coca-Cola Femsa, Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas.

Posdata 3

El 5 de julio pasado revelé en este espacio los planes de los integrantes del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo un paro masivo de labores, originalmente planteado para el 15 de agosto. Se retrasó cinco días, pero finalmente hoy todos los órganos del PJF suspenden actividades hasta nuevo aviso.

Se ha manejado la versión de que la decisión es únicamente de los trabajadores de base, por lo que incluso se hizo una votación; sin embargo, el planteamiento viene de algunas de las máximas cabezas del Consejo de la Judicatura Federal, quienes hace semanas comenzaron a circular memorandos internos para irse al paro y presionar así a los legisladores de Morena, el Verde y el PT para que modifiquen el dictamen que, entre otras cosas, estipula la votación popular de jueces, magistrados y ministros.

Como lo expuse, se “apagará” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo de dar de baja dicho sistema es que nadie pueda trabajar, incluso algunos asuntos prioritarios del Poder Judicial. Los voceros del CJF han dicho que los temas urgentes sí se tratarán. También se planea el cierre de todos los edificios, sedes y juzgados del PJF.

Vienen tiempos muy complicados para el país.

Posdata 4

Las denuncias contra el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar, por un presunto caso de acoso a una excolaboradora de la dependencia no parece que vayan a tener efecto.

En el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y en el gobierno del presidente López Obrador se asegura que David Aguilar tendrá continuidad. El funcionario va a cumplir un año en el cargo. Llegó en sustitución de Ricardo Sheffield, quien lo recomendó y fue bien recibido por el presidente López Obrador.

El procurador ofreció colaborar con la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, dependencia que asumió el expediente y al parecer no tiene intención, por falta de pruebas, de seguir adelante.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra, determinó la conclusión del asunto en base a lo dispuesto en el Artículo 125 del Reglamento Interno de la CNDH y también descartó la existencia de pruebas suficientes para acreditar las acusaciones contra Aguilar.

Alito negocia voto del PRI a la reforma judicial

De acuerdo con priistas de su propio grupo cercano, Alejandro Moreno Cárdenas negocia con la 4T un voto del PRI a favor de la Reforma Judicial de López Obrador, a cambio de algunos arreglos a favor de él y de su partido.

Las negociaciones son con una de las ex “corcholatas” presidenciales de Morena y la propuesta del dirigente del PRI sería que los diputados y senadores priistas votarán a favor del paquete judicial si a él le garantizan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le validará su reelección y desechará todas las denuncias de militantes de su partido en contra de su pasada Asamblea Nacional y de su reforma reeleccionista a los estatutos del PRI.

Esa es la primera oferta de Alito. Pero como el habilidoso líder priista sabe muy bien que Morena no necesita para nada de los votos priistas para aprobar los cambios constitucionales, lo que ofrece es “legitimar” a la controvertida Reforma Judicial con la aprobación del partido que instituyó la última gran reforma al Poder Judicial, y que ahora votará por la reforma lopezobradorista que deshace y desaparece al modelo de una Suprema Corte autónoma e independiente, contrapeso de los otros dos poderes, para sustituirlo por el “nuevo Poder Judicial del Pueblo”, electo por el voto popular y que será impuesto por la vía del mayoriteo en el Congreso.

Y entonces pide también que al PRI le respeten el carácter de tercera fuerza política en el Senado, evitando que el PVEM reciba apoyo de Morena para cederle dos senadores, con lo que alcanzarían 16 senadores, mientras que los priistas se irían al cuarto lugar de las fracciones parlamentarias con los 15 senadores que le quedaron después de su decisión de expulsar a Manlio Fabio Beltrones de su grupo parlamentario.

Lo que gana Alito es que le toque a la bancada priista una vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado, la cual sería para la senadora Carolina Viggiano, esposa de su aliado Rubén Moreira. Y como no es lo mismo ser el cuarto que el tercero, a la fracción priista se le reduce notoriamente el número de comisiones parlamentarias que les corresponde, además del menor presupuesto para la bancada y otros privilegios en el recinto senatorial.

A cambio de esas “ayudaditas” en el Senado, lo que garantiza Alito Moreno a la 4T es que el PRI le daría los dos votos de senadores que le faltan a Morena y sus aliados para tener también la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores.

Por último, Moreno Cárdenas estaría pidiendo también que a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se les respeten los espacios físicos y de oficinas que hoy ocupan, incluida la famosa “pecera” que dejó Elba Esther Gordillo, y que han tenido desde hace varias legislaturas las bancadas priistas y que ya no les corresponderían por los apenas 45 diputados que tendrá el partido tricolor, que por cierto será la bancada más pequeña en la historia del viejo partido.

La versión de estas negociaciones, que viene del círculo cercano del dirigente priista, recalca que dichas negociaciones no son directas con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ni con su equipo, sino a través de un mensajero que fue de los que se enfrentaron a la ahora Presidenta en el proceso interno morenista, por lo que pide tomarlas con reserva.

Y es que la opinión personal y política que tiene la futura Presidenta sobre el dirigente priista no es la más favorable y de hecho no ha tenido contacto de ningún tipo con él. Según un colaborador cercano de la presidenta electa, Sheinbaum conoció a Alejandro Moreno porque se lo presentó Adán Augusto López hace un par de años, pero no ha tenido relación de ningún tipo con el campechano.

Por eso habrá que ver si, como ya lo ha hecho en otras ocasiones en votaciones importantes para la 4T, no vuelve a traicionar su propia palabra, porque él declaró en repetidas ocasiones y lo utilizaba como consigna de campaña, que el PRI no avalaría la Reforma Judicial de Andrés Manuel y votaría en contra. No sería la primera ni la última vez que Alito se entregará a Morena y a López Obrador a cambio de beneficios o arreglos legales, como lo hizo cuando negoció el voto priista a favor del alargamiento de la presencia del Ejército y la Sedena en la estrategia de Seguridad Pública federal hasta el año 2028.

¿Alito lo hará otra vez?

NOTAS INDISCRETAS…

Vaya que los dardos envenenados del presidente López Obrador alborotaron al empresariado nacional. Y es que, al todavía inquilino de Palacio lo apoyaron los empresarios en su gobierno, tanto a nivel de cámaras y organismos empresariales, como también a nivel de los grandes millonarios mexicanos que lo respaldaron y recibieron a cambio contratos también millonarios de su administración. Pero parece que ahora el empresariado, incluidos los organismos y varios de los millonarios, ya decidió que no puede seguir avalando los peligrosos desplantes de poder que está teniendo López Obrador con sus caprichosas reformas constitucionales, porque al final varias de ellas, como la Judicial, les afecta directa y fuertemente al poner en peligro la certeza jurídica y el Estado de Derecho que hoy rige a las inversiones, nacionales y extranjeras. Así que por eso empezaron a salir los desplegados y cartas que tanto molestaron al Presidente y que ayer lo hicieron incluso retar y pedirles a Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la Familia Bailleres y María Asunción Aramburuzabala, que se pronunciaran públicamente si estaban a favor o no de su reforma. De todos los directamente desafiados por el Presidente, el único que ayer respondió fue “el rebelde del Ajusco”, Ricardo Salinas Pliego, que ayer en su cuenta de X le dijo de frente a su amigo y exfinanciado: “Estimado Presidente López Obrador, ¿de verdad respetados y escuchados los empresarios? Por favor! Seamos serios. Ccp #Bañagatos y demás paleros de las mañaneras”. Ahí tiene la primera respuesta, Presidente…Se va a cumplir ya casi un mes de que los 4 comisionados del INAI le escribieron una carta conjunta a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidiéndole amablemente que los recibiera para que escuchara sus argumentos de por qué no debe apoyar la reforma que desaparece al INAI y lo sustituye por una dirección del Gobierno federal. Y hasta la fecha, a pesar de que tienen su oficio sellado de recibido, a las oficinas del instituto en Insurgentes Sur no ha llegado respuesta alguna de la oficina de la doctora. ¿Será que el desprecio por la transparencia y por el derecho a la información y a la protección de datos personales de los mexicanos no da ni siquiera para escuchar a los cuatro comisionados que ya están en el Patíbulo? Si hasta a los condenados a muerte se les concede una última cena…Los dados mandan Escalera. Se empieza a componer la semana.

Corral, el terrateniente confundido

En sus atropellos por defender su fortuna, que asegura ha sido construida con su trabajo desde que era casi un niño de pecho, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se confunde una vez más, y señala que una reportera de EL UNIVERSAL le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre sus millonarias propiedades.

Sin embargo, la periodista que realizó la pregunta, Dalila Escobar, que por demás fue pertinente, no trabaja para esta casa editorial sino para Proceso.

Con la misma imprecisión que hace sus comentarios en redes, Corral lanza acusaciones sobre falsas persecuciones políticas y complots, pero jamás desmiente que sea todo un terrateniente con 14 propiedades, como las tiene cualquier ciudadano de clase media de este país.

Don Javier ahora también está ofertando muchas sus propiedades a mitad de precio, y nos dicen que un buen consejo para el expanista, sería que se las ofreciera a otros personajes de la autollamada Cuarta Transformación, que son expertos en la acumulación de bienes raíces comprados a precios de risa, como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

O también, podría usarlas para pagar los favores recibidos por fiscales y magistrados que se han solidarizado con él y han acudido en su rescate cuando más lo ha necesitado, y cumplir así la máxima de su nueva ideología política, de que amor con amor se paga.

Reuniones AMLO-Sherwood, en riesgo tras el caso de El Mayo

Nos comentan que a punto de que se cumpla un mes de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quedaron bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin tener un informe completo sobre la operación que los llevó de territorio sinaloense a suelo texano. Nos aseguran que es tanta la molestia en Palacio Nacional por el retraso deliberado del vecino del norte que las reuniones mensuales entre el mandatario mexicano y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, están en peligro y existe la posibilidad de que ya no se realice ninguna en las semanas que le restan al sexenio.

Aún no hay acuerdo entre los senadores de Morena sobre quién presidirá la Mesa Directiva de la Cámara Alta en el primer año de la nueva legislatura. Entre los candidatos se menciona a Ignacio Mier, pero nos dicen que el aún diputado federal no ha manifestado su interés a sus compañeros de partido. Nos comentan que algunos legisladores morenistas proponen que sea una mujer, a fin de que en el arranque de la LXVI Legislatura se dé el mensaje de que es tiempo de ellas, ya que serán cabeza en la Cámara de Diputados y en el Poder Ejecutivo, además de que la Suprema Corte, el INE y el Tribunal Electoral ya son encabezados por mujeres. Nos detallan que el próximo 28 de agosto podría haber una definición de quién presidirá el Senado, que por tercera legislatura consecutiva le corresponderá a Morena.

Este martes se conoció el anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas del INE que perfila otorgarle la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados y sólo falta un pendiente: el tema de la reelección de Alejandro Alito Moreno como dirigente del PRI. Nos cuentan que de saque viene un anteproyecto que le daría la razón al polémico campechano y desecharía las impugnaciones de los exlíderes nacionales del tricolor. Nos aseguran, además, que del lado del próximo gobierno se sienten a gusto con la posibilidad de que don Alito se salga con la suya. ¿Será que en la próxima legislatura la bancada priista en el Senado, aunque encogida, se ponga al servicio de la mayoría oficialista para tener los dos o máximo tres senadores que necesitará para completar la supermayoría con facultades para reformar la Constitución a placer?

Nos cuentan que en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) vieron con buenos ojos que al final, el gobierno federal haya decidido llevar a cabo los trámites para realizar la prueba Pisa en 2025. Así lo ordenó luego de un amparo promovido por la asociación civil Educación con Rumbo, que obtuvo una suspensión que terminó beneficiando no solo a los niños del país sino a la propia SEP y a la administración entrante de Claudia Sheinbaum, pues ello se ha visto en el organismo internacional como una muestra de que hay interés en priorizar la agenda educativa en el sexenio 2024-2030.

Impudicia. La zanahoria y el garrote

¿Se verá López Obrador en el espejo cuando lanza andanadas de adjetivos descalificativos? ¿Cuándo dice, por ejemplo, que un grupo de poderosos se quiere apoderar del INE y del TEPJF? Que yo sepa, el único poderoso que tendrá a todo el Congreso a su disposición en septiembre es él. El único omnipotente que logrará tener una sobrerrepresentación en el Legislativo —cosa que tanto criticó cuando era oposición— es él. Conduce el asalto a la Constitución y la cooptación de los órganos del Estado. Él y los legisladores de la 4t.

El tamaño de su agandalle es tal que ni siquiera le permite a Claudia decidir qué o cómo quiere las reformas. Empuja a políticos y representantes a que sean cuando él diga, cómo él diga y porqué él lo dice. Se siente dueño del país.

Y dentro de este lamentable escenario, de manera tímida, casi casi por no dejar, el domingo pasado el Consejo Coordinador Empresarial publicó un escrito donde expresa su sentir sobre la muy probable sobrerrepresentación legislativa de Morena en la Cámara de Diputados, así como la próxima reforma al Poder Judicial que Morena impulsa.

Lástima que los empresarios externaron su voz tan tarde. ¿Piensan hacer algo más o solo fue algo de último momento para aparentar? Su conciencia les dio para hacer “acto de presencia”.

Mismo así, esa nimia carta no fue del agrado de López Obrador. No sorprende. Hasta les contestó con un ¡ya entiendan! Le faltó decir que entiendan que él hará su voluntad aunque eso signifique hacer añicos al país. No sin antes enlodar a quien le plante cara.

Así, el Ejecutivo federal vociferó que en el CCE “hay quienes tienen a su servicio a ministros de la Corte para no pagar impuestos, para mantener monopolios, para proteger intereses facciosos”…

¡Vamos a refrescarle la memoria! Él fue quien especificó en febrero pasado que a veces le hablaba a Arturo Zaldívar (entonces presidente del Tribunal Supremo) e intervenía en decisiones de la Suprema Corte. De veras…

El mandatario se hace el ofendido, pero bien que ya tiene los números. ¿O no lo sabían estimados lectores? Morena, PT y PVEM tendrán un 72.8% de la Cámara de Diputados, esto es 364 legisladores (y eso que ‘el pueblo bueno’ únicamente les otorgó el 54% del voto; o en otras palabras, el oficialismo tendrá casi 100 diputados por sobrerrepresentación). El INE no osó contradecir al líder supremo y decir que la distribución de plurinominales se hiciera por coalición y no por partido.

No nos perdamos. Lo que hizo Morena es hacer pasar sus candidatos por los de partidos aliados; una trampa más del oficialismo.

El engaño es tal que un voto por el PT o por el PVEM terminó valiendo lo mismo que dos por el PAN, tres por el PRI y hasta cuatro por MC.

Esto que hace el oficialismo no es solo alterar la voluntad popular, es decirnos a todos que ellos valen más que el resto de los mexicanos. Más que la oposición, más que los trabajadores del Poder Judicial, más que cualquier empresario de la República —mediano, pequeño, grande—.

¿O no ninguneó López Obrador a los empresarios que integran el CCE, a los 12 organismos patronales del país, al Consejo Mexicano de Negocios? Sí, por supuesto. Para él solo hay cinco empresarios cuya opinión debe tomarse en cuenta. Sus amigachos, los hombres más ricos de México. Una vergüenza.

Más allá de que ya da flojera el estribillo en contra de los empresarios, su incongruencia constante de solo reunirse con la oligarquía de siempre, con los ultra ricos; el pedir su postura de la sobrerrepresentación a Carlos Slim, a Germán Larrea, a Ricardo Salinas Pliego, a la familia Bailleres y a María Asunción Aramburuzabala muestra su desdén hacia la población en su conjunto.

“Seamos serios”, como diría el dueño de Grupo Azteca. Lo que está haciendo López Obrador es el gastado y poco fino mecanismo de presión del garrote y la zanahoria. Forzar los apoyos del ámbito institucional y empresarial del país.

En el caso del Tribunal Electoral, la zanahoria es sucia, fea y descarada. La iniciativa de la reforma judicial lleva a los ministros de la SCJN a renunciar para preservar su pensión al tiempo que amplía los mandatos de los magistrados del TEPJF a la vez que les ofrece la posibilidad de ser ministros del Tribunal Supremo de inmediato. AMLO compra el voto para la sobrerrepresentación legislativa de Morena. ¿Quién es entonces el que viola la Constitución?

México no se merece esto. Un gobierno reducido a un sistema de chantajes. Un dirigente que utiliza la impudicia de la zanahoria y el garrote.

Adiós Romero Oropeza en Pemex

EL QUE LLEVA el control de Pemex no es el Director General, es Hacienda. Hacienda hace y deshace con Pemex como se le antoja en función de cómo quiere que queden las finanzas públicas…

La Reforma Energética solo ha exhibido la grave situación productiva y financiera de Pemex y la Federación ha permitido que la paraestatal se degrade sin meter las manos…

Así se expresaba en 2016 Víctor Rodríguez Padilla, Profesor Titular del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que según diversas fuentes, será director de Pemex.

En la recta final del sexenio de Enrique Peña, el investigador aseguraba que Pemex muere lentamente y al gobierno federal no le importa, pues ya están en la construcción de una industria energética privada.

En la Reforma Energética no ha habido resultados tangibles como la baja de precios, el aumento de la eficacia y productividad, nada que indique que realmente es una reforma benéfica para el país.

La única forma en que la gasolina pueda bajar es que Hacienda renuncie al IEPS y es algo que no piensa hacer; así que si aumenta el costo internacional del barril de petróleo, repercute en aumento a los consumidores mexicanos…

Rodríguez Padilla ha escrito numerosas publicaciones sobre electricidad, petróleo y minería, algunas incluso con Claudia Sheinbaum, con quien coincidió en numerosas ocasiones en las mismas aulas.

Hoy se da por hecho, dentro y fuera de Pemex, que será el relevo de Octavio Romero Oropeza, quien, al parecer, ya claudicó en su intento por quedarse en la petrolera: ya empezó a despedirse de sus cercanos.

La conducción operativa de Pemex quedará en manos de Sheinbaum a través de su secretaria de Energía, Luz Elena González, quien tendría una fuerte ascendencia sobre el próximo director general.

El financiero de Pemex correría por cuenta, ahora sí, por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien, nos dicen, ya habría seleccionado al próximo Director Corporativo de Finanzas.

No lo dé por hecho aún, pero se afirma que el relevo de Carlos Cortez sería el actual Titular de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, Fernando Baca.

Fue director de Enlace Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación, director de Enlace y de Cobranza de la Secretaría de Finanzas de la CDMX y director de Quejas, Denuncias y Situación Patrimonial en la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del DF.

Su perfil, definitivamente, no encaja para los retos que Pemex necesita en materia de reestructuración de su deuda e interlocución con la comunidad internacional inversora.

PARECE QUE NELSON Vargas perdió la memoria y ahora se lanza a criticar los conflictos entre los dos organismos más importantes del deporte en nuestro país: el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el primero, una organización no gubernamental que opera como la representación del Comité Olímpico Internacional en nuestro país, mientras que el segundo es el organismo gubernamental del deporte, que por cierto navega en los peores tiempos desde que se formó y teniendo como dirigente Ana Gabriela Guevara. Vargas airadamente critica las irremediables diferencias generadas por la impresentable gestión en la Conade, que ha sido un desastre, a lo que con firmeza el COM ha respondido ante las soberbias y desatinadas decisiones, situación que ha generado un conflicto, pues no se puede transigir con la soberbia y el despotismo con el que opera la señora que se unta toneladas de tiranía y cinismo. Nelson quizás olvida que a su paso en tiempos del Presidente Vicente Fox al frente de la Conade, se dedicó a abrir frentes y conflictos sin recato ni medida. El poder lo cegó y sencillamente, por sus pantalones, así como ahora dice su sucesora Guevara, porque la da “su chingada gana”, se hizo de una y mil peleas con casi todos los organismo del deporte mexicano, provocando un notable retroceso. Bien haría Vargas en quedarse callado: no debiera perder la oportunidad de cerrar la boca, pues hay que recordar, además, los conflictos que tuvo en el manejo de los recursos de la Conade, donde favoreció a sus intereses.

LA EMPRESA DE Corea del Sur, Robert Chicken, ha desembarcado en México trayendo una de las tecnologías más innovadoras y disruptivas en la industria culinaria. Se trata de la preparación de pollos fritos realizados completamente por robots, lo que establece un nuevo estándar en la calidad y eficiencia en la preparación de alimentos en México. Esta modalidad tiene dos grandes beneficiarios: los clientes y, sobre todo, los empleados. El robot, desarrollado por Robo Arete del mismo país, fue diseñado para operar en un ambiente de restaurante garantizando una coacción precisa y uniforme procesando hasta 36 pollos enteros por hora con una perfección en sabor y textura. Además su tecnología reduce la exposición de los empleados al humo del aceite mejorando la calidad del ambiente. La compañía, que dirige aquí Marisol Ryu, trae un ambicioso plan de franquiciar el concepto en México y Latinoamérica. Su primera sucursal la abrió en la CDMX, en la calle de Liverpool.

EN EL PODER Judicial Federal aseguran que, en efecto, sí ha habido en la Suprema Corte un bloque anti 4T, en el que participan los ministros que llegaron a sus cargos propuestos por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, como Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Láynez, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo. No puede pertenecer a ese bloque una ministra como Margarita Ríos Farjat, quien colaboró en la campaña de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Como Ríos Farjat también realizaron activismo al lado del tabasqueño Loretta Ortiz y Lenia Batres. Los otros dos ministros propuestos por el Presidente, Juan Luis González Alcántara y Yasmín Esquivel, no se involucraron ni en el partido ni en el gobierno de izquierda.

PUES NADA, QUE la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, que lleva Hilda Salazar Gil, inició un procedimiento de inspección de operaciones sobre la adjudicación y cumplimiento de los servicios de contratación a favor de la empresa Amazing Trade de México por el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2024. La auditoría inclusive se ejecutará también en los meses de agosto y septiembre. Recién le informamos que este proveedor, de los hermanos José Luis y José Antonio Colorado Mendiola.

Primero los ricos, solo los cinco más ricos

La bandera de López Obrador durante 18 años y ya en la Presidencia fue la de primero los pobres, pero haciéndole siempre un espacio de influencia a los ricos, a los más ricos, sus preferidos, que incluso agrupó en un hoy fracasado Consejo Asesor.

Así cuando en los últimos 40 días de gobierno está atrapado en lo que nunca previó, la detención y los mensajes de El Mayo Zambada, que ha puesto a temblar a su gobierno no por lo que dijo, sino por lo que dirá, lo está también con lo que no vio venir: el paro del Poder Judicial de la Federación, más de 56 mil trabajadores por su reforma a ese, uno de los tres poderes de la Unión.

Fue un error de cálculo a partir de la fuerza con la que llegaba al final de su gobierno, como el más fuerte de todos sus antecesores.

Y por eso, ante el paro nacional del Poder Judicial, que no huelga, como erróneamente repitió ayer, respondió grosera y arrogantemente, descalificándolos y burlándose: así soltarán menos criminales.

En este descontrol y ante la inusitada posición crítica del Consejo Coordinador Empresarial, emplazó a los cinco, dijo, que tienen más dinero de México, los cinco más ricos, que mencionó por sus nombres, para que se definan ante la reforma al Poder Judicial, marcadamente citó a Carlos Slim, el más rico de todos y uno de los top ten del mundo, a que se pronunciaran sobre la reforma, de los cuales uno, Ricardo Salinas, ya lo bateó.

Y yo le pregunto al Presidente: ¿por qué necesita la opinión de los cinco más ricos de México, bueno, a los cuatro, como si fueran representantes de todos los mexicanos, cuando en realidad solo se representan a ellos mismos y a sus intereses?

¿No que primero los pobres?

A eso ha llegado López Obrador en su desesperación ante la imprevista crisis en el Poder Judicial y de Zambada.

Por lo demás, le pregunto: ¿de qué servirían sus opiniones, ni siquiera una a su favor?

De nada.

RETALES

1. RICOS. Hace muy poco López Obrador festejaba el éxito de su gobierno diciendo que mensualmente había sacado a 100 mil mexicanos de la pobreza, evitó hablar del aumento en la pobreza extrema y que los banqueros hubieran ganado en 2023 más de ¡270 mil millones de pesos! Les digo, es delirante y primero los ricos;

2. TODOS. El INE ya tiene el dictamen que aprobará el viernes la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, que avalará el Tribunal Electoral. Todo lo demás habrán sido distractores y la eternización del actual régimen; y

3. CDMX. Clara Brugada dio a conocer a los primeros 21 integrantes de su gabinete, donde se deja ver la mano de los duros de Morena y de AMLO, los mismos que impidieron que Omar García Harfuch fuera el candidato de Claudia Sheinbaum al gobierno de Ciudad de México. Ojalá no se presente una emergencia ante la que no tendrían respuesta.

Hacer con la Constitución lo que les dé la gana

El reto que Andrés Manuel López Obrador lanzó ayer a las cinco personas más ricas de México para que manifiesten su postura frente a la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso encierra la obsesión de obtener una mayoría calificada para hacer con la Constitución lo que les dé la gana.

Es su forma de presionar a Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Fernando Baillères y María Asunción Aramburuzabala para que avalen la mencionada mayoría constitucional —74% de curules— que el oficialismo pretende con sólo el 56% de los votos.

El Presidente está irritado con el Consejo Mexicano de Negocios y con el Consejo Coordinador Empresarial. Lo dejó ver en la mañanera. Ambos organismos empresariales se pronunciaron en contra de la sobrerrepresentación.

Una mayoría calificada permitiría al oficialismo, por ejemplo, votar por un Poder Judicial a modo que haga realidad el famoso plan C de López Obrador: Militarizar la Guardia Nacional, desaparecer siete órganos autónomos, elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros.

* Al cierre de esta columna, sólo Ricardo Salinas Pliego le había contestado al Presidente con un mensaje que seguramente no le gustó al hombre de Palacio Nacional.

El dueño de TV Azteca y de Elektra preguntó al mandatario:

“¿Es democrático, correcto y constitucional que el poder y sus aliados, el PVEM y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos?”. Y luego se definió: “Prácticamente es el robo del 21% de curules a plena luz del día”.

El argumento para justificar este atraco es que el criterio para repartir las 200 diputaciones de representación proporcional es el mismo que se utilizó en las elecciones de 2015, 2018 y 2021.

* La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados parece un hecho.

De acuerdo al proyecto que entregó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos a los consejeros electorales, adelantado por Reforma, Morena, PT y PVEM tendrían el 72.8% de la Cámara de Diputados. Es decir, las 364 curules que se requieren para obtener la mayoría calificada.

En el Senado les faltarían tres escaños para alcanzar los 86 senadores que necesita para alcanzar esa mayoría constitucional. Puede usted apostar que al oficialismo no le será difícil hacerse de esos tres votos.

No le extrañe si los senadores se van al baño durante la votación, si se enferman o si de plano los incorporan a alguno de los grupos parlamentarios del oficialismo.

Lo digo por experiencia.

* El mencionado proyecto se filtró luego de que un grupo de panistas, encabezados por el jefe nacional, Marko Cortés, acudiera la mañana de ayer a las oficinas del INE.

Al terminar la reunión con 10 de los 11 consejeros —Carla Humphrey no estuvo por problemas de agenda—, Marko hizo declaraciones a los reporteros de la fuente:

—Si, al final, el Tribunal y el INE no les dan la razón, ¿cuál sería la reacción del PAN? —le preguntaron.

—Pero es que no es a nosotros. Es a la pluralidad del voto, es a los mexicanos. Venimos a pedir que se reconozca la pluralidad del 43.1% que votó de forma distinta.

“Si bien, como sea, ellos tuvieron una mayoría, el pueblo de México no les dio la mayoría calificada. Además, la Constitución tiene un control: ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputados”, respondió.

* A las cero horas de hoy empezó el paro de jueces y magistrados en contra de la regresiva reforma al Poder Judicial. Se sumaron a los casi 55 mil trabajadores que suspendieron labores por la misma razón.

La reforma busca, mediante el engaño de democratizar la impartición de justicia, una Suprema Corte de Justicia, un Consejo de la Judicatura y jueces al servicio del Poder Ejecutivo y sus aliados.

López Obrador aplicó la de Salinas. Ni los ve ni los oye. Hace como que no existen. “A la mayoría de los mexicanos no les va a importar”, aseguró en la mañanera.

Y añadió: “Si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado; y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”.

Sin comentarios.

* Nos enteramos ayer, por boca de Guadalupe Acosta Naranjo, que el Frente Cívico Nacional se incorpora, desde ya, al movimiento de resistencia contra la reforma al Poder Judicial. Acosta acudió ayer al Palacio de Justicia para reunirse con trabajadores de ese poder que realizan un plantón para protestar contra ese engendro obradorista.

“Nos declaramos en solidaridad con ustedes; hoy estamos hablando a todos los estados para que nuestros compañeros acudan a todas las sedes a partir de mañana y refuercen los plantones que ustedes tienen”, dijo. Y entre gritos de “¡todos somos uno y uno somos todos!”, el exdirigente nacional del PRD afirmó: “Mienten quienes dicen que los derechos de los trabajadores van a quedar a salvo. Es una vil mentira”.

La parálisis del sistema judicial

Hoy comenzó un paro de labores de jueces y magistrados que se suma al que ya mantenían los trabajadores del Poder Judicial desde el lunes. La indignación existente en el ámbito judicial por la iniciativa de reforma, endurecida aún más en dictamen puesto a votación en comisiones de la Cámara de Diputados, es real, es generalizada y, como toda expresión de protesta en su contra, es estigmatizada y desdeñada en Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó de decir que era una demanda popular a sostener que a la gente no le interesa el paro, y me imagino que por ende la propia reforma, que, según las encuestas, ha dejado de tener el apoyo mayoritario de la población.

No creo que en la casa de transición de la Presidenta electa lo vean igual que en Palacio Nacional. La vía de confrontación elegida por el Ejecutivo a poco más de un mes de dejar el poder resulta un regalo envenenado para la próxima administración. Comenzar un gobierno con el Poder Judicial paralizado es de un altísimo riesgo político, es una de esas crisis que pueden marcar toda una administración.

Para darse una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, en los tribunales se resuelven unos ocho mil 700 casos cada día. Si la reforma se vota como se está planteando no sólo habrá más y mayores paros, unos 600 jueces amenazan con renunciar a sus cargos en cuanto ésta se publique, imaginémonos los miles de casos que quedarán en un limbo legal durante meses. Porque si, además, la mitad del Poder Judicial se quiere elegir por voto popular en junio del año próximo, se necesitarán varias semanas más para definir los resultados de una elección atípica y muy pulverizada.

Eso quiere decir que, incluso en ése que es el peor diseño posible para la  construcción de un nuevo Poder Judicial, estaríamos más de un año sin que funcione la justicia, desde los casos más delicados hasta los más sencillos, desde una extradición hasta la disputa por una pensión alimentaria. O se estaría a merced de una cascada de toma de decisiones que pudieran ser esencialmente políticas y cuestionables.

Hace semanas advertimos de otro posible fenómeno. ¿Qué pasará con las resoluciones judiciales que se adopten en este periodo de transición (mejor dicho, de parálisis) judicial?, ¿serán válidas esas sentencias, serán constitucionales o podrán ser impugnadas?; si se amplían sin sentencia los pleitos legales, ¿se los podrá impugnar o descalificar? Hubo quienes propusieron que hasta que se establezca con claridad el futuro judicial se suspendan las sentencias de los casos más delicados, pero ¿eso es lógico o justo? No lo sé. Lo que sí es evidente es que el detonante de esta crisis es un capricho político que lo que busca es romper los equilibrios democráticos básicos del sistema.

Sin embargo, lo que se obvia en el debate es que pese a todo no existe la seguridad de que el oficialismo tenga la mayoría calificada suficiente como para poder aprobar esta reforma. Incluso con la sobrerrepresentación exagerada que plantea el oficialismo, le estarían faltando unos cuatro votos en el Senado para poder aprobar estas reformas. Es verdad que es un límite que puede ser muy endeble, pero existe.

Por eso el debate sobre la sobrerrepresentación se ha vuelto tan decisivo. El presidente López Obrador perdió la paciencia lunes y martes en las mañaneras ante la demanda del Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios para que la interpretación constitucional que hagan el INE y el TEPJF a la hora de decidir los candidatos plurinominales se ajuste al espíritu de la ley, o sea que el 8 por ciento de sobrerepresentación se aplique al conjunto de la coalición mayoritaria y no a cada uno de sus partidos por separado. La desigualdad implica una diferencia notable de diputados para el oficialismo, que les daría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La decisión de los organismos electorales se debería basar en ese 8% para la coalición ganadora y no en la trampa que se construyó para violar esa norma y beneficiarse de un vacío legal. El exabrupto presidencial de ayer, demandando a los cinco mayores empresarios del país que opinen si están de acuerdo o no con que se viole la Constitución tiene como objetivo presionar a consejeros y magistrados electorales y, al mismo tiempo distorsionar el verdadero debate, negándose a aceptar siquiera que existen dos interpretaciones posibles de la letra constitucional.

Creo que la mayoría en el INE y en el TEPJF irán, lamentablemente, por la opción oficialista, pero, incluso así, habría que insistir en el tema, no se tendría asegurada la mayoría calificada en el Senado.

Paradójicamente, a quien más le conviene que esa mayoría calificada no exista es a la Presidenta electa. Eso le brindaría el espacio para una negociación más amplia, con más tiempo y que pueda armonizar esta reforma con las que se deben implementar en los ámbitos de seguridad y procuración de justicia. Debe haber una reforma integral que preserve, entre otras cosas, la independencia judicial y haga un sistema más eficiente.

Destruir el sistema actual y con ello la carrera judicial de miles de trabajadores del sector, designar por voto popular jueces y magistrados, no garantiza ni autonomía ni eficiencia ni siquiera que el sistema funcione. Al contrario, implementar lo que se propone podría llevar a una parálisis que tomaría años superar sin resultado positivo alguno.

Claro, alguno dirá que eso es lo que se busca para, ante la crisis de la justicia, ampliar los poderes legales o fácticos del Ejecutivo federal. Puede ser, pero en el camino los más afectados serán, como siempre, los que menos acceso a la justicia tienen.

Quitan escaño a Dante Delgado en el Senado

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, no llegará al Senado, debido a los criterios de paridad de género.

De acuerdo con el proyecto que discutirán los consejeros del INE que asigna senadores plurinominales, MC no cumplía con la paridad, pues conforme a la votación obtenida tenía derecho a tres posiciones plurinominales, y la fórmula que ocupaba el tercer lugar en la lista estaba conformada por Luis Donaldo Colosio, quien ganó como primera minoría en Nuevo León, y su suplente sería Dante Delgado.

Al tener Colosio su senaduría asegurada por primera minoría, Delgado ocuparía su lugar plurinominal.

Sin embargo, eso desequilibraría la paridad de género, pues serían dos hombres y una mujer en las tres senadurías plurinominales junto con dos senadores de primera minoría de Campeche y Nuevo León. De este modo y para cumplir con la paridad, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos planteó anular al líder emecista y colocar en esa tercera posición a las mujeres enlistadas en el cuarto lugar en la fórmula encabezada por la ex Gobernadora de Zacatecas, Amalia García.

MC tendría así un senador plurinominal, el jalisciense Clemente Castañeda; dos de primera minoría: el campechano Francisco Daniel Barreda y Colosio. Y dos mujeres: Amalia García y Alejandra Barrales.

Francisco Cienfuegos, operador de la candidata de la coalición Fuerza por México (PAN-PRI-PRD), Xóchitl Gálvez, en Nuevo León, y quien contendió como suplente de Manlio Fabio Beltrones en la lista de representación, también quedó fuera de la asignación plurinominal al Senado.

Al igual que Colosio, Manlio Fabio Beltrones ocupará un escaño por el principio de primera minoría en Sonora.

Frena estadounidense envío de trenes a México

A partir del 21 de agosto, la ferroviaria estadounidense BNSF Railway suspenderá el envío de trenes a México por al menos 30 días, lo que podría afectar la adquisición de granos desde Estados Unidos.

La empresa informó a sus clientes que las interrupciones y congestión del servicio en el País causaron que equipos se quedaran detenidos en México, por lo que decidió suspender los permisos para enviar más trenes a territorio mexicano.

“BNSF modificará su embargo de permisos actual para no emitir ningún permiso para los shuttles de BNSF que facturen a México durante un periodo de 30 días.

“Esto no se aplicará a los trenes de eficiencia doméstica (DET), los DET directos ni a los equipos privados”, detalló.

Un participante del sector comentó que este anuncio representará una alta afectación para la adquisición de granos desde Estados Unidos como soya, trigo y maíz, entre otros.

Incluso consideró que las afectaciones serán mayores que los paros ocurridos a finales del año pasado por temas migratorios.

“Esto parece ser el problema más grave al que nos vamos a enfrentar.

“Pone en riesgo el abasto de maíz al sector pecuario, agroindustrial, aceitero, esta situación muestra que seguir dependiendo de las importaciones de granos básicos y oleaginosas es un riesgo para la seguridad alimentaria”, alertó.

Dijo que empresas ya empezaron a buscar opciones para comprar el grano en otras regiones.

Añadió que el posible paro de operaciones de trenes en Canadá, también podría afectar el abasto a México vía portuaria.

Ayer, asociaciones agrícolas estadounidenses y canadienses solicitaron al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, tomar medidas ante la posible huelga en Canadian National Railway Company (CN) y Canadian Pacific Kansas City (CPKC), que afectaría las cadenas de suministro de diversos productos.

Algunos de los productos que podrían verse afectados son maíz, soya, algodón, fertilizante y biocombustibles, así como alimento pecuario y ganaderos.

Paro nacional del Poder Judicial es oficial; Jufed emite declaratoria por reforma de AMLO

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (PJF) con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con motivo a la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un posicionamiento la Asociación señaló que la declaratoria tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general y de los integrantes de la judicatura en lo particular, sobre la “reforma judicial” derivada de la iniciativa de 5 de febrero de este año del Presidente.

“En consideración nuestra y de amplios sectores nacionales y extranjeros de la academia, de la abogacía, de organizaciones de defensa de derechos humanos y otras agrupaciones gremiales.

“Así como de organismos internacionales reconocidos por el Estado mexicano, la iniciativa es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial”, resaltó la Jufed.

Resaltó que la suspensión de actividades jurisdiccionales constituye el medio para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión que detengan el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones.

Esto para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia.

El Organismo subrayó que dada la validez jurídica de esta declaratoria, esperan que las autoridades competentes y, en especial el Consejo de la Judicatura Federal, respeten puntualmente los derechos laborales y de seguridad social de los servidores públicos que trabajan en los órganos jurisdiccionales en los cargos de magistrado; juez; secretario de tribunal de circuito y juzgado de distrito; entre otros.

Indicó que desde este momento se reconocen en la directora de la Jufed, jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, las facultades para convocar a una mesa de diálogo.

También se consideró conveniente la creación de un Comité para tomar decisiones ejecutivas y vinculantes en la mesa de diálogo, el cual estará conformado por la titular de la Asociación y seis integrantes del sistema de carrera judicial de reconocida trayectoria.

Piden inversión privada para modernizar Puerto de Guaymas

En modernización del Puerto de Guaymas, en Sonora, se invirtieron 12 mil millones de dólares, pero se requerirá la colaboración del sector privado para continuar con la segunda y tercera etapa de esta obra, aseguró Alfonso Durazo, gobernador del Estado.

Durante su participación en el evento “México muy Mexicano”, organizado por la Concanaco, el funcionario habló de las inversiones que se han realizado en el Plan Sonora y en el aprovechamiento de minerales críticos, como el litio.

“En este momento el Puerto de Guaymas está modernizado, pero vienen otras etapas para ampliarlo y aquí vamos a necesitar el respaldo de la Iniciativa Privada, el sector privado podrá participar como concesionario para construir la segunda y tercera etapa de la modernización del Puerto de Guaymas”, comentó.

Destacó que en el estado se está construyendo la planta de energía solar más grande de América y la quinta más grande en el mundo, la cual consiste en un despliegue de 2 mil hectáreas de paneles solares.

“El funcionamiento es equivalente a sacar del mercado a 270 mil vehículos de combustión interna. Esto significa dejar de emitir 1.4 millones de toneladas de dióxido de carbono, es la primera etapa, ya estamos en la tercera etapa”, explicó Durazo.

Destacó que la planta representa una inversión de mil 644 millones de dólares.

“Ahora, con la transición energética, minerales como el litio adquieren carácter crítico. Sonora es el principal estado minero de México, produce el 35 por ciento de la producción mineral del país y cuenta con el yacimiento de litio más grande de México y el octavo más grande del mundo”, mencionó.

Dijo que el aprovechamiento de minerales críticos como grafito o manganeso es necesaria en la cadena de electromovilidad.

Afirmó que en el estado también se está construyendo una planta de licuefacción de gas natural, con una inversión de 16 mil millones de dólares.

“Tenemos una red de gasoductos que cruza el estado y se está construyendo una planta para la licuefacción de gas natural que viene de Estados Unidos, se licúa en México y se exporta a países de Asia”, describió.

Adelantó que se pondrá la primera piedra de una segunda planta de licuefacción en Guaymas, Sonora, con una inversión de 6 mil 800 millones de dólares.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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