De las tres acusaciones del “lavado de dinero de los cárteles” que lanzó esta semana el Departamento del Tesoro contra igual número de instituciones financieras mexicanas, la más grave y delicada es sin duda la que recae sobre la Casa de Bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo. Porque el empresario regiomontano está en la mira de la administración Trump, no por sus negocios o su fortuna, sino por el vínculo directo que lo vincula al expresidente López Obrador y al partido Morena, del cual Romo fue promotor, operador y financiero de la campaña presidencial de 2018.
Porque al hacer públicas sus investigaciones sobre las operaciones “sospechosas” de la Casa de Bolsa de quien fuera el jefe de la Oficina de la Presidencia de México entre 2018 y 2023, bajo la figura del Acta Patriótica, lo que está invocando la administración Trump es que los grupos terroristas mexicanos, denominados Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo y Cártel de los Beltrán Leyva, recibieron apoyo, a través del lavado de dinero, de Romo, que se convierte así en “colaborador” de un grupo terrorista al que le aplica la extraterritorialidad de la ley estadounidense y cualquier actividad, financiamiento o colaboración que haya realizado el empresario con otras organizaciones sociales, económicas o políticas, quedaría también bajo sospecha de “colaboración con el terrorismo”.
De inicio, el gobierno mexicano rechazó los señalamientos y observaciones del Tesoro estadounidense, pero al mismo tiempo decidió intervenir los dos bancos y la Casa de Bolsa señalados por Washington, al mismo tiempo que afloraba un depósito de 42 millones de dólares que habría sido realizado por Genaro García Luna a Vector, que tienen documentado en Estados Unidos desde el juicio por narcotráfico en el que se condenó al exsecretario de Seguridad mexicano, y del cual, hoy se sabe, también tuvo conocimiento y lo investigó la UIF mexicana en el 2024.
Y ahí es donde el tema del Acta Patriótica vuelve a cobrar relevancia, porque si no existiera esa ley, Alfonso Romo podría alegar que él no estaba enterado de la procedencia del dinero de García Luna o de otras operaciones que le estén siendo observadas, y eso bastaría para que, por presunción de inocencia, las acusaciones pudieran ser desestimadas. Pero con el Acta que se aprobó después de los atentados terroristas de 2011 y el estado de excepción que conlleva su aplicación, la sola “sospecha” basta para que se pueda acusar e investigar a Romo y a su empresa financiera de “colaboración con el terrorismo”, y la carga de la prueba recae sobre él y no sobre el Departamento del Tesoro.
Eso es lo que no están entendiendo en Palacio Nacional ni la Presidenta ni su secretario de Hacienda y mucho menos sus operadores políticos o diplomáticos. Bajo los preceptos del Acta Patriótica, el Tesoro y el gobierno estadounidense no están obligados a mostrar prueba alguna y mucho menos al gobierno mexicano, y les basta la “sospecha” que ya documentaron en el informe del FinCen, para considerar al empresario mexicano como “colaborador del terrorismo” e investigar todos sus movimientos financieros y actividades para descubrirle vínculos con otras organizaciones.
Y ahí es donde viene el peligro para Morena, López Obrador y para la 4T en su conjunto: si se llega a probar o a encontrar que Alfonso Romo, a través de alguna de sus empresas o él mismo desde sus cuentas personales realizó algún tipo de aportación, depósito o transferencia de recursos al partido Morena, durante la campaña presidencial de 2018 o en cualquier otro momento, eso bastaría para que el partido gobernante en México, hoy todo poderoso, pudiera ser señalado también por el gobierno de los Estados Unidos como “colaborador del narcoterrorismo” con el que ya se vincula al empresario, amigo y exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel.
Hacia allá es a donde apunta todo el entramado financiero que están tejiendo e hilando fino en Washington, y eso es lo que nadie, ni la Presidenta ni sus asesores y colaboradores parecen estar entendiendo o al menos eso aparentan en público. Porque salir a exigir que “nos entreguen pruebas” o “nos den más información” no es una respuesta ni inteligente ni adecuada para el tamaño de las intenciones que esconde el fuerte golpe que le asestó Washington a las empresas financieras mexicanas.
Mucho menos es muy brillante repetir, como lo hacía el expresidente, eso de que “no somos piñata de nadie”, cuando cada vez es más claro que la administración Trump, por más que mantenga la formalidad del “diálogo y la cooperación”, tiene una estrategia abierta y deliberada para proceder en contra de los cárteles de la droga mexicanos y contra todos aquellos que protejan, defiendan o mantengan cualquier tipo de vínculo, ya sea político, económico o financiero, con esas “organizaciones terroristas”, consideradas enemigas o adversarias de los Estados Unidos y sus ciudadanos.
Por eso no fue ni casual ni menor la declaración que hizo la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, quien incluyó a México, junto con China y Rusia, como “adversario” o enemigo de su país y lo hizo justo el mismo día en el que se dio a conocer el informe del FinCen contra la empresa de Alfonso Romo y otros dos bancos mexicanos (Intercam y CIBanco), a los que se acusó de “lavar dinero de los cárteles mexicanos y facilitar el tráfico de fentanilo”, un día antes de que se conmemorara el Día Internacional contra el Tráfico ilícito de drogas instituido por la ONU.
Y otra vez, la respuesta de la Presidenta en su conferencia mañanera, acusando a la fiscal Bondi de “estar desinformada”, no sólo fue inadecuada y casi infantil, sino que exhibió que la gobernante de México no está entendiendo nada, ni ella ni sus asesores, sobre lo que está armando la Casa Blanca en contra de su gobierno y su partido. Y lo que es peor, las respuestas tan básicas de la doctora Sheinbaum también desnudan que su administración no tiene información porque nadie, ningún operador efectivo, está cabildeando en Washington para defender las posiciones mexicanas y mucho menos están recabando información de primera mano para que la Presidenta sepa lo que está haciendo y tramando el gobierno de Trump.
Porque mientras acá se sigue respondiendo con frases hechas y se sigue presumiendo la “cabeza fría”, en el gabinete de Trump, más allá del discurso oficial, claramente están pasando de los adjetivos y las amenazas retóricas a las acciones concretas en contra de México. Porque si en febrero de este año el gobierno estadounidense acusó al gobierno mexicano de tener una “alianza intolerable con los cárteles del narcotráfico” y lo usó como pretexto para anunciar aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas, ahora, cuatro meses después, el pasado 25 de junio, ya acusaron a un empresario que operó como financiero en la campaña presidencial de Morena en 2018 y luego fue Jefe de la Oficina de la Presidencia, de “lavar dinero” de los grupos narcoterroristas mexicanos. ¿Qué sigue? ¿conectar a Romo con Morena y de ahí acusar al partido de la Presidenta como “colaborador” del narcoterrorismo?
Eso no se ve tan lejano y confirma que la acusación a Romo no es contra un empresario o sólo contra su Casa de Bolsa, y que eso parece ser sólo el inicio de un hilo financiero que busca llegar hasta el corazón mismo del oficialismo mexicano. Y ¿qué responde la Presidenta ante la ya inocultable estrategia de Washington y del presidente Trump para cercar a su partido y a su gobierno? Que “México no es piñata de nadie”, y en eso tiene razón la doctora. Dejamos de ser la piñata de Trump para convertirnos en su alfombra o el tapete sobre el que pretende marchar el presidente estadunidense para “acabar” con los cárteles del ahora llamado “narcoterrorismo” mexicano.
NOTAS INDISCRETAS…
Apelando a la historia, el único antecedente conocido de lo que anunció esta semana el Departamento del Tesoro estadounidense sería el caso del empresario, curiosamente también tabasqueño, Carlos Cabal Peniche. En 1994, ultimo año del sexenio salinista, el exitoso empresario, que había pasado de ser un agricultor bananero a convertirse en banquero y uno de los hombres más ricos del país, tuvo que huir intempestivamente de México luego de que el Departamento del Tesoro lo investigara por haber tenido tratos financieros con una empresa de Arabia Saudita a la que le exportaba sus bananas. En aquel año, justo cuando Cabal estaba en los cuernos de la luna y había comprado y fusionado los bancos Unión y Cremi, durante la privatización bancaria, un enviado del Tesoro estadounidense vino a México y pidió ver al secretario de Hacienda, Pedro Aspe, para presentarle un informe que relacionaba a uno de los accionistas de la empresa saudí, a la que Cabal le vendía sus cargamentos de plátano, con el entonces presidente de la Autoridad Palestina, Yaser Arafat, considerado por Washington como líder terrorista. Eso bastó para que Aspe se comprometiera a actuar y le solicitara al empresario tabasqueño que entregara el banco Unión-Cremi al gobierno, al tiempo que Cabal Peniche emprendía la huida para refugiarse en Australia. La fortuna y empresas de Cabal quedaron a la deriva y el no regresaría a México extraditado en el 2001, para que un juez lo exonerara de todos los cargos y luego volviera a desaparecer, hasta que en 2021, ya en el gobierno de López Obrador, otro juez ordenara su captura en el 2021. Hoy el gobierno mexicano ya tomó el control de Casa de Bolsa Vector, junto con Intercam y CI Banco, y hasta ahora Alfonso Romo no ha salido a decir esta boca es mía, más allá del comunicado en el que su empresa niega las acusaciones del tesoro estadounidense. ¿Se cumplirá aquello de que la historia es cíclica y desaparecerá el exjefe de la Oficina de la Presidencia?…Gracias a todos los lectores y radioescuchas por el apoyo que le dieron al noticiero “A la Una con Salvador García Soto” en su nuevo formato digital que ya cumplió su primer semana. Sus mensajes de apoyo y su acompañamiento en esta nueva etapa, con la que logramos brincar el intento de censura en la radio tradicional, nos alienta y anima a seguir haciendo periodismo crítico y a no callar ante el avance claro de las políticas que buscan controlar, amedrentar y acusar a ciudadanos y comunicadores que ejercen la crítica al poder. Seguiremos transmitiendo esta emisión informativa por nuestra plataforma digital de Serpientesyescaleras.mx y Popfm.mx, además de la cuenta de X: @SGarciaSoto. Y aunque los arranques y los cambios siempre son complicados, el compromiso es mejorar cada día nuestro trabajo y contenidos para seguir contando con el apoyo del público. Gracias por el apoyo y la confianza. No los defraudaremos…Giran los dados. Escalera Doble y seguimos subiendo.
