La designación de los cárteles de la droga de México como grupos terroristas era inevitable y es una decisión que, en Estados Unidos, tiene apoyo bipartidista. Como hemos insistido, para la Unión Americana los 100 mil muertos anuales por sobredosis y el deterioro urbano en las grandes ciudades por las adicciones de fentanilo y otras drogas son intransitables. Y esa designación también es consecuencia directa de una negligente política del Estado mexicano, sobre todo en los últimos seis años, consecuencia de la estrategia, de alguna forma hay que llamarla, de “abrazos, no balazos”, que empoderó como nunca antes a los cárteles de la droga y dejó una estela de 200 mil muertos y 115 mil desaparecidos.
Que la designación del Departamento de Estado haya sido acompañada por una designación similar del gobierno liberal de Justin Trudeau en Canadá es una demostración más de la convicción, por lo menos regional y cada vez más global, sobre la peligrosidad de los cárteles mexicanos (el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, el Del Noreste, La Nueva Familia Michoacana, el Del Golfo y Cárteles Unidos son los designados, pero hay más) a los que se han agregado la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. La pregunta ahora es cómo debe actuar el gobierno mexicano.
El punto central es establecer compromisos estrechos (ya se está haciendo) en la lucha contra el crimen organizado con nuestros dos principales socios, que son Estados Unidos y Canadá, asumiendo que, para ellos, hay otra pata en todo el tema del fentanilo que es China, por lo que si no comprendemos ese factor, será difícil avanzar en este terreno.
Es muy importante fortalecer la relación que ya existe de cooperación entre las Fuerzas Armadas mexicanas con las estadunidenses, que va mucho más allá del intercambio de elementos para capacitación y entrenamiento, al mismo tiempo que se fortalece la relación de la Secretaría de Seguridad con sus homólogos estadunidenses.
Recordemos al respecto dos cosas: el eje de la operación contra los cárteles desde EU no pasará por la DEA, sino por la CIA y el Homeland Security; segundo, es incomprensible que el Congreso, que en forma tan desaliñada como rápida ha realizado otras reformas, se demore tanto en avanzar en las reformas de seguridad que le dan a la SSPC, de Omar García Harfuch, ese control de la inteligencia en el plano institucional. Un tercer elemento no es menor: esa relación entre agencias se rompió el sexenio pasado con el CNI, con muy duras críticas de las agencias estadunidenses a quien fue su director, el general retirado Audomaro Martínez. Esa relación es la que tiene que recuperar García Harfuch.
Como decíamos el lunes, debe haber objetivos concretos en esa cooperación y colaboración entre gobiernos. No puede quedar librado todo a la discrecionalidad. La propia lista de cárteles es imprecisa: el Cártel de Sinaloa, como tal, ya no existe, son dos grupos enfrentados con varias organizaciones muy poderosas en torno a los mismos y con mucha autonomía entre sí: están, entre otros, Los Rusos, de Baja California; Los Salazar, en Durango; El Chapo Isidro, Aureliano Guzmán, La Línea y varios otros, más allá de La Mayiza y Los Chapitos. El CJNG se ha convertido en una organización poderosa, pero que ha crecido con base en una suerte de franquicias, con el mismo o distinto nombre. Cárteles Unidos es la alianza del CJNG con Los Viagras y otras organizaciones menores. El Cártel del Noreste y el Del Golfo son desprendimientos de los que fueron en su momento los grupos de Osiel Cárdenas, que se dividieron en El Golfo y Los Zetas.
Pero, más allá de los líderes de esos grupos y sus principales operadores, en la lista de objetivos tiene que haber también políticos. No ha habido declaración más dura de Estados Unidos hacia México que aquella de la “intolerable alianza” del gobierno mexicano con los cárteles. Entre las autoridades y agencias de ese país hay confianza en la presidenta Sheinbaum, en el general Trevilla, el almirante Morales, en García Harfuch, pero hay mucha desconfianza y acusaciones directas contra otros personajes. Estoy pensando que en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Morelos, Tabasco, Chiapas y muchos otros estados hay personajes impresentables que están o acaban de dejar el poder. El video difundido ayer del presidente municipal de Cuautla, Morelos, reunido con los líderes locales del Cártel de Sinaloa es una pálida muestra de la penetración política de los cárteles en las instituciones. No habrá credibilidad, por más que haya avances notables en otros ámbitos, si no hay golpes políticos que lo confirmen.
Al mismo tiempo, hay que insistir en que la designación de terroristas, en una lógica de cooperación y colaboración con objetivos concretos, también puede ayudar a desarticular los apoyos que esas organizaciones criminales tienen en otros países y en los propios Estados Unidos. Tiene que haber objetivos en la Unión Americana, desde jefes de redes hasta vendedores de armas y lavadores de dinero. Ésos también deben quedar expuestos.
En última instancia, lo que se tiene que asumir es que acabar con los cárteles o por lo menos con su empoderamiento y control sobre vastas zonas del país, puede ser del interés de Estados Unidos pero, por sobre todas las cosas, es parte de nuestro propio interés nacional y social.
