En el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum sí está promover una reforma fiscal de fondo, la cual se comenzará a delinear y consensuar en 2025; sin embargo, la prioridad para incrementar los ingresos del gobierno el próximo año apunta directamente a las aduanas del país.
A través de las 50 aduanas marítimas y terrestres del país –las cuales son controladas por la Secretaría de Marina y la Defensa desde mayo del 2022– se recauda más de 1 billón de pesos al año, lo que las convierte en uno de los principales puntos para incrementar la captación de recursos y financiar el enorme gasto público propuesto para el 2025.
Según los cálculos del gobierno, con un poco de mano dura y decisión de combatir el contrabando y la corrupción, se podrían aportar unos 500 mil millones adicionales. Sin embargo, esa tarea requiere de coordinación de buena parte de las dependencias de gobierno y, sobre todo, que las Fuerzas Armadas y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) vayan en serio contra la elusión y otros delitos que se cometen dentro de sus zonas de control.
Uno de los primeros intentos para darle forma a ese combate al contrabando y el comercio ilegal de mercancías fue el “Operativo Limpieza”, llevado a cabo la semana pasada en la Plaza Izazaga 89. Sin embargo, este es apenas un golpe al eslabón final del delito: el punto de comercialización.
La estrategia en su conjunto considera detectar y desmantelar toda la cadena de distribución y almacenaje, además de cerrar las puertas de entrada que estas mercancías tienen en las aduanas.
El aparato que encabeza Marcelo Ebrard desde la Secretaría de Economía enfoca sus baterías hacia los operadores aduaneros, y aunque en el anuncio oficial se reveló que la lupa se pondrá sobre cinco agencias aduanales que “han inundado al mercado de productos chinos”, las investigaciones se abrieron al total de operadores de comercio exterior, responsables de hasta el 50% de los ingresos de los productos apócrifos al mercado mexicano.
En esta tarea apoya el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ahora dirigido por Santiago Nieto, quien desde su paso por la UIF detectó diversas redes de corrupción en las aduanas, las cuales involucraban tanto a operadores comerciales como a autoridades de los puntos fronterizos.
Los principales puntos de entrada de estas mercancías son las aduanas de Manzanillo, en Colima, y de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, aunque en realidad los productos provenientes del mercado chino arriban por la gran mayoría de puntos de intercambio comercial; por ejemplo, la zona libre de Belice es una de las rutas favoritas de los comerciantes para introducir productos imitación de marcas conocidas.
La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas aduanales ha contribuido a congelar el crecimiento acelerado que registraba todos los años el arribo de estos productos al país, que superaba el 30%. La afectación para el comercio formal se calcula en 60 mil millones de pesos. No obstante, se requiere de una mayor coordinación de las autoridades civiles y militares para hablar realmente de un combate al contrabando y a la piratería, y no solo golpes mediáticos a inmuebles donde se comercializan productos asiáticos.
La estrategia para frenar el flujo de mercancías de China es imperativa frente al retorno de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos. La percepción del republicano y su futuro gabinete es que una buena parte de los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos con los beneficios del T-MEC son en realidad manufacturados en el país asiático. El déficit comercial de más de 100 mil millones de dólares que tiene México con China favorecen esa narrativa.
Hay otro trabajo que las autoridades mexicanas buscan concretar en esa idea de golpear al negocio de la piratería: la detección e intervención de las bodegas de almacenamiento de los productos pirata, aquellas donde se cita a los compradores interesados en obtener las mercancías a granel. Muchas de éstas están ubicadas en el centro de la Ciudad de México, casi todas cercanas a la zona de Tepito.
Posdata 1
A propósito del Presupuesto 2025, en la Cámara de Diputados los morenistas, encabezados por el coordinador Ricardo Monreal, afinan el lápiz y la tijera para recortar recursos a algunos rubros y sumar a otros.
En la Comisión de Presupuesto, que encabeza la jalisciense Merilyn Gómez Pozos, se está dando la discusión sobre los dineros. Uno de los puntos centrales es el presupuesto al INE para la elección judicial de junio próximo. El órgano electoral que encabeza Guadalupe Taddei pidió 13 mil millones de pesos, pero el acuerdo apunta a una reducción que llegue a los 9.5 mil millones, muy similar al presupuesto que se destinó al proceso electoral de 2024.
Asimismo, para la elección judicial y el presupuesto de las universidades públicas se están considerando los poco más de 6 mil millones de pesos que solicitaron los seis organismos autónomos que desaparecerán y los mil 500 millones de un fideicomiso del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El gobierno federal se ha involucrado a fondo en la discusión legislativa, desde la propia presidenta Claudia Sheinbaum hasta la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Bertha Gómez, una de sus colaboradoras de mayor confianza.
Posdata 2
La presentación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, que coordina Altagracia Gómez, ha causado buena impresión en lo general, por la inclusión –está conformado por ocho mujeres y siete hombres– y porque se hizo un esfuerzo en representar a las diferentes regiones y sectores económicos del país. Sin embargo, en lo particular, tiene retos muy grandes para lograr aterrizar la estrategia nacional de relocalización (el llamado Plan México) y ayudar a que se concreten las inversiones, sobre todo a la luz de las amenazas arancelarias de Donald Trump.
La novedad es que algunos de los integrantes de este Consejo, junto con los líderes de las principales cámaras y agrupaciones empresariales, participarán en el Cuarto de Junto en la revisión del TMEC con empresarios estadounidenses y canadienses, la cual probablemente se adelante al 2025, pese a que oficialmente está programada para 2026.
De los empresarios con mayor participación de negocios en Estados Unidos están Armando Garza Sada, de Alfa, cuyos ingresos en EU representan unos 70 mil millones de pesos anuales; Juan Domingo Beckmann, de José Cuervo, con ventas aproximadas de 25 mil millones en el mercado estadounidense; Antonio del Valle Perochena, con Orbia y Elementia, que juntas venden unos 6 mil millones en EU; así como Rodrigo Herrera, de Genomma Lab, y Eduardo Tricio, de Aeroméxico, también con presencia en el país norteamericano.
Posdata 3
Este lunes fue un día importante para la banca en México. Citibanamex concretó la separación de sus negocios en el país, luego del intento fallido de vender la banca minorista a un empresario o inversionista privado. Se interesaron en algún momento Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Daniel Becker, Carlos Hank, entre otros.
Tras la división, Banamex se enfocará en la banca minorista y Citi México operará como un banco corporativo y de inversión.
Ahora se intentará colocar a Banamex en la Bolsa Mexicana de Valores, mediante una Oferta Pública Inicial proyectada para la segunda mitad del 2025. Sin embargo, la operación luce bastante complicada por la turbulencia económica y financiera que se prevé genere el presidente Donald Trump una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos.
Más aún, la sequía en el mercado bursátil mexicano que lleva unos ocho años no augura buenos tiempos para hacer una colocación del tamaño de la que pretende Banamex. Ya se verá si la icónica marca mexicana logra convencer a los inversionistas, principalmente a los grandes fondos y gestores de activos, para lograr una oferta que la ponga a competir, ahora también en la Bolsa, contra dos de sus principales contendientes: Banorte e Inbursa.
