La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión judicial que puso en libertad condicionada al capo José Alfredo Cárdenas Martínez, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, para que llevara su juicio en prisión domiciliaria. El argumento que soportó tal decisión es que no existe ningún riesgo de que el criminal evada la acción de la justicia. Cárdenas Martínez tiene una orden de captura para ser extraditado a Estados Unidos, librada por una Corte del Sur de Texas, donde cuenta con un voluminoso expediente por delitos relacionados con la delincuencia organizada. El Fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que no sólo impugnaron el fallo del juez Gregorio Salazar Hernández, sino que será investigado por delitos que atentan contra la administración de la justicia. Por incapacidad o corrupción, han ocurrido muchos madruguetes –liberaciones de capos de madrugada o los famosos “sabadazos” –como ocurrió con Abraham Oseguera Cervantes, “Don Rodo”, el pasado mes de abril. Lo curioso de este caso fue que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no cuestionó la decisión del Juez de la causa. Sólo dijo estar sorprendido por el fallo. Por todo lo anterior, es más que urgente la reforma al Poder Judicial. A ver si de esa forma es saneada la impartición de justicia.
La Fiscalía General de la República impugnó la liberación condicionada –muy extraña, por cierto–del presunto capo José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Este último, por cierto, recuperó su libertad en Estados Unidos tras compurgar diecisiete años de prisión.
En el caso del sobrino, la FGR integró una carpeta en contra del juez, Gregorio Salazar Hernández, por probables delitos que trastocan la impartición de justicia. Sospechan que hubo corrupción.
Pese a sus antecedentes en el sórdido mundo del crimen organizado, Cárdenas Martínez abandonó el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México luego de haber obtenido el cambio de la medida cautelar en el proceso que se le sigue por la solicitud de extradición que enfrenta por parte del gobierno de Estados Unidos. Es requerido en ese país por varios delitos relacionados con el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
La FGR, inicialmente, había aceptado sin cortapisas la medida cautelar de prisión preventiva contra Cárdenas Martínez, pero de pronto fue cambiada y el Juez Gregorio Salazar le otorgó la libertad inmediata para que siguiera el proceso en su domicilio, pues a juicio del juez no hay riesgo de fuga. La FGR alega que las medidas de rigor no se aplicarán, entre otras, la portabilidad de un brazalete para monitorearlo, el pago de cinco millones de pesos y la entrega de su pasaporte, visa y otras identificaciones que impidan que se evada.
Tampoco se le impuso la prohibición de salir del país, acercamiento con testigos y la firma semanal en la Presidencia Municipal de Matamoros que acredita que se encuentra en territorio mexicano.
De acuerdo con la resolución del Juez, la FGR no acreditó las causas para justificar su permanencia en prisión preventiva. Ante la conclusión del juez, la FGR respondió: No es cierto, ya que se le señaló (al Juez) que existe un peligro de sustracción y obstaculización, debido a que es miembro de alto rango de una célula criminal y cuenta con recursos económicos, así como humanos, para trasladarse a cualquier parte del mundo.
“Lo anterior se sustentó con múltiples datos de prueba otorgados por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas, en la acusación formal número 1:21CR001011”.
No es todo: la Representación Social de la Federación señaló que la evaluación de riesgo elaborada por la Unidad de Inteligencia Táctica del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR concluyó que José Alfredo Cárdenas representa un alto riesgo social y un elevado peligro de evadir la justicia. .
Se le dijo al Juez –explica otro de los argumentos de la FGR –que era un peligro para los testigos y la sociedad puesto que la Agregada del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de América en México informó que las autoridades del orden El público había recibido amenazas de los socios de la organización criminal a la que pertenece el presunto criminal.
Además, la FGR indicó también que existen denuncias por las amenazas de muerte a los testigos del caso que han otorgado información contra Cárdenas Martínez. Esto se acreditó, según la FGR, con las declaraciones de las personas amenazadas que son colaboradoras de la célula criminal. El objetivo de la FGR era que Cárdenas Martínez se quedara internado en el reclusorio Oriente ya disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para esperar el acuerdo de extradición.
El de José Alfredo Cárdenas Martínez no es el único madruguete que ejecutan algunos jueces que dictan resoluciones respecto de casos de personajes de la delincuencia organizada. Cabe decir que no en todos los casos la FGR –ni el propio Fiscal, quien ahora aparece con más frecuencia públicamente –se ha informado tan enfáticamente.
A finales de abril, por ejemplo, un Juez ordenó la liberación de Abraham Oseguera Cervantes –conocido en el mundo del hampa como “Don Rodo”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a quien se atribuye (si está vivo) la jefatura del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El presunto capo había sido detenido en Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco. Se le acusó de formar parte de la organización criminal que dirige su hermano, y de estar implicado en el tráfico de drogas. También le impusieron una carga por portación de arma prohibida.
Sin embargo, durante una audiencia fue liberado debido a que pudo acreditar que durante su captura hubo varias irregularidades. Además, la FGR fue exhibida al no probar las acusaciones de portación ilegal de armas de fuego y contra la salud, delitos por los que habrían sido detenidos la flagrancia y encarcelado en el penal del Altiplano. Incluso, en aquel momento trascendió la versión de que la FGR no contaba con una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, la liberación del presunto criminal levantó diversas críticas y no menos sospechas. En plena campaña electoral, la entonces candidata por la coalición PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, acusó en sus redes sociales que la no vinculación al proceso de “Don Rodo” era una muestra más de las presuntas complicidades del Gobierno de Andrés Manuel López. Obrador con el crimen. Lo cierto es que tales señalamientos, que también provinieron del extranjero, no se acreditaron.
En diciembre de 2022, las autoridades mexicanas ya habían detenido a Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “El Tony Montana”, otro de los hermanos de “El Mencho”.
El caso de “Don Rodó” fue escandaloso. Su liberación ocurrió de madrugada, como ocurre casi siempre con estos personajes. En aquella ocasión, las autoridades mexicanas, entre otras, el entonces Presidente López Obrador, criticaron y exhibieron la presunta corrupción del Juez de la causa, Rogelio León Díaz Villarreal, por haber rechazado la vinculación a proceso del hermano de “El Mencho” y también por orden su liberación inmediata.
El entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, acusó al juez de favorecer al narcotraficante de origen michoacano con base en al menos seis argumentos que, según dijo entonces, eran contradictorios.
El pasado 28 de abril, el juez decretó la no vinculación a proceso de “Don Rodo” con base en tres videos presentados por la defensa dos horas antes del inicio de la audiencia de continuación. Esto, a pesar de que el presunto criminal había sido detenido en flagrancia siete días antes en posesión de armas, cartuchos y cargadores. También portaba consigo, según la acusación, varias dosis de diversas drogas.
Toda esta historia –que terminó convertida en un desgarriate –comenzó el 21 de abril, cuando el capo fue presentado en Autlán, Jalisco, en posesión de un arma larga –una carabina de asalto 5.56 x 45 –, otro calibre .9 milímetros, una bolsa con 38 gramos de cocaína, dos mil pastillas de fentanilo y 255 de fluoprofentanilo.
No obstante las evidencias, el juez demostró inverosímil que una persona de 70 años se encontrara altamente armada y con dicha cantidad de narcóticos a esa hora. “Si fuera una persona que vendiera estupefacientes las tendría en su casa y no en su cuerpo”, argumentó el Juez.
También desestimó los señalamientos de la FGR con respecto a uso de armas prohibidas, pues dijo que el acusado no estaba en condiciones de cargar un arma larga por su salud. Esto último lo basó en la opinión de un médico que ofreció el detenido como testigo y no a través de un dictamen pericial imparcial.
Tampoco había coincidencia entre el informe policial sobre el momento de su detención y el contenido de los videos, que bien pudieron haber sido editados para borrar evidencias incriminatorias.
En aquel momento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no cuestionó la decisión del juez de manera enfática como sí lo hizo cuando, en otro madruguete judicial, fue liberado Héctor Luis Palma Salazar, “El Güero” Palma, exjefe del Cártel de Sinaloa, quien fue detenido afuera del penal de La Palma e internado en una casa de seguridad por parte de la FGR para ser investigado y determinar si aún contaba con delitos en su contra. Se le acusó del homicidio de un policía, por lo que meses después fue devuelto al penal de máxima seguridad, donde permanece.
Rosa Icela Rodríguez, entonces Secretaria de Seguridad, expresó su sorpresa por la extraña liberación de Oseguera Cervantes y los argumentos del juez. Pero el caso quedó envuelto en el silencio.
Con estos antecedentes, que dan cuenta de la presunta corrupción en el Poder Judicial, se impone ahora más que nunca la reforma a ese poder, pues algunos jueces, magistrados y ministros responden a intereses no sólo sino políticos criminales.
No existe ninguna garantía de que el Poder Judicial se limpie ahora que los jueces serán elegidos por la sociedad. El Poder Judicial está podrido, sin duda, pero con el nivel de corrupción con el que opera el crimen organizado puede ser peor. La reforma es un paso bastante arriesgado, pero necesario.
Otro aspecto que no puede perderse de vista es la corrupción en las fiscalías tanto estatales como en la General de la República, donde se integran las carpetas acusatorias para llevar a juicio a los criminales. Se sabe que si los abogados operan a nivel de las fiscalías para que las carpetas de investigación se consignan sin elementos de peso, el juez liberará a sus clientes. Esto impone una reforma también en las Fiscalías, que por ahora no se ve venir.
En los estados los fiscales han cobrado tanto poder como los propios gobernadores. Muchos son inamovibles, pues fueron nombrados en el cargo para cuidar las espaldas de los exgobernadores que, con las alforjas repletas de dinero, dejan el cargo y son protegidos. Un caso reciente es el de Cuitláhuac García Jiménez –exgobernador de Veracruz –quien será premiado con un puesto en el Gabinete federal. Y otro no menos preocupante es el de Enrique Alfaro, todavía Gobernador de Jalisco, quien en unos días dejará el encargo para irse a vivir a España, refugio de corruptos. Alfaro se va millonario e impune, pese a que su gobierno operó como una empresa criminal.
APUNTES DEL SUBSUELO
LA MADRUGADA DEL MIERCOLES 4, el periodista Noé Zavaleta fue secuestrado en Guadalajara, Jalisco, en vísperas de la presentación de un libro en la FIL. El reportero veracruzano había acudido a cenar a un restaurante donde presuntamente estaba un delincuente contrario al Cártel de Jalisco al que los sicarios de Nemesio Oseguera andaban buscando desde hacía varias semanas. Ese sujeto desapareció del lugar y, debido a una confusión, los pistoleros interceptaron a Zavaleta y lo retuvieron por lapso de cinco horas, durante las cuales fue golpeado e interrogado. Al amanecer, cerca de las 5:30 de la mañana, un miembro del CJNG les dijo a los torturadores que Noé Zavaleta no era la persona que buscaban y que lo dejaran ir. Así fue como lo liberaron. Una media hora después, ya en la calle, Noé me contó lo sucedido. Me dijo, además, que ningún taxi lo quería llevar a su hotel al verlo bañado de sangre y golpeado. Por fortuna salvó la vida y ya está a salvo y bajo el control del mecanismo de protección a periodistas, que lanzó una alerta para localizar al reportero. Este hecho demuestra, una vez más, que Jalisco es tierra de nadie. Enrique Alfaro, el Gobernador que está por terminar su mandato, gobernó igual que lo hace una empresa criminal: con secuestros, extorsiones y asesinatos. Deja una entidad bañada de sangre y él se va a España enriquecido ilegalmente y gozando de total impunidad. Lamentable que estos hechos ocurran –otra vez –en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara. El año pasado sufrió amenazas por parte del Gobernador Alfaro y ordenó cancelar la presentación del libro El Amo de Jalisco , donde retrato el perfil criminal del todavía mandatario.
