La reforma contra el nepotismo y la reelección, que avanzó sin modificaciones en las Comisiones del Senado, ha generado divisiones y resistencias en el Congreso, incluidos los aliados de Morena. Algunos legisladores del Partido Verde y el PT rechazan el documento propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum y tienen en vilo la aprobación de las iniciativas.
Algunos de los representantes de los dos partidos satélite y de la oposición ven la modificación a la Ley Electoral como un intento de “Morena por construir un partido único, donde no quepan ni sus aliados”. Su postura es que, en lugar de intentar llevar estas reformas a la Constitución, se modifiquen los estatutos de Morena para prohibir la reelección y el nepotismo en el partido oficial.
De acuerdo con la última modificación constitucional en la materia, los senadores pueden ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro, para completar en ambos casos un periodo de 12 años; con la reforma propuesta, dicen algunos, se pierde la profesionalización que permite la reelección.
El principal beneficiado con la reelección ha sido precisamente Morena, cuyos legisladores, junto con los de sus partidos aliados, les ha permitido tener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Pese a esto, la presidenta Sheinbaum está decidida a retomar los postulados revolucionarios de principios del siglo pasado y, todo indica, allanarle el camino a “Andy” López Obrador y complicarle a la oposición y a las partidos pequeños su supervivencia.
La Presidenta fue muy cuidadosa en destacar que la prohibición al nepotismo no consideraba a los casos en los que no se diera una sucesión inmediata, por lo que los tiempos y las normas constitucionales se ajustarán perfectamente para que López Beltrán pueda tomar posesión de lo que su padre ha considerado en ocasiones como su “herencia política”.
El problema es que, al ser un cambio constitucional, se requiere para su aprobación de una mayoría calificada, algo que hasta el momento no se tiene seguro para la votación que se planea este miércoles en el pleno del Senado. Cada vez son más los legisladores del PVEM y del PT que se suman al rechazo.
Está confirmado, de entrada, que los máximos liderazgos de los partidos aliados, Jorge Emilio González por el Verde y Alberto Anaya por el PT, están en contra de la propuesta y que cabildean al más alto nivel para detenerla o modificarla. Al interior de la Cámara Alta los principales detractores, respectivamente, son Luis Armando Melgar y Gerardo Fernandez Noroña, recientemente adherido a Morena.
El asunto está en manos del coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, quien con sus ya conocidas formas deberá cabildear con sus aliados y compañeros. La pregunta es si él también está convencido de la reforma, porque se asegura que varios integrantes de Morena tampoco están de acuerdo.
Posdata 1
Este martes, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Merino, publicó en sus redes sociales que el documento de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que han publicado algunos medios de comunicación no está avalado por la Agencia.
“El proyecto de iniciativa de reforma de ley que se trabaja junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no plantea la creación de ningún fondo solidario ni el cobro de impuesto o derecho adicional a los ya contemplados en el marco jurídico existente”, expuso.
El viernes 7 de febrero, revelé en este espacio un borrador de esa ley, en la cual, según las fuentes, participó una funcionaria cercana a Pepe Merino desde su paso por la agencia digital de la CDMX y también tiene la autoría de integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual está por ser tomado por el gobierno federal.
En el Artículo 79 del anteproyecto se establece la obligación de dar acceso gratuito a internet en sitios de gobierno y la facultad que tiene el Estado para instruir a los privados el soterramiento o retiro de su infraestructura, así como el acceso social a las redes de internet, por lo que se consideran aportaciones de los grandes generadores de tráfico como Google, Meta, Netflix, Amazon, Apple o Microsoft, a un fondo parecido al Fair Share que se discute en Europa.
Los Artículos 107 y 108 consideran una regulación a este tipo de plataformas, ejercida por la Agencia de Transformación Digital, en la que se establece la creación de ese fondo al que estos grandes jugadores del mercado tendrán que aportar para tender redes de carácter social. La premisa es que estas firmas obtienen grandes ganancias por el uso de la infraestructura, por lo que deben contribuir a desarrollarla y democratizarla.
Ahora que se rechazó esta versión, se asegura que, tras darse a conocer el borrador de la iniciativa, las empresas tecnológicas, las llamadas big tech, solicitaron urgentemente una reunión con la Agencia a cargo de Pepe Merino, quien, sin embargo, no les habría dado audiencia.
Lo que al parecer sucedió es que, al ser las big tech muy poderosas y ahora aliadas del gobierno de Donald Trump, el eventual impuesto del gobierno mexicano se convertiría en otro frente abierto para el país con Estados Unidos.
Muy a tiempo, el equipo de Merino se deslinda de lo que parecía ser una mala idea y contraria a diversas normas internacionales. La pregunta ahora es si todo lo demás del anteproyecto publicado sí lo avalan.
Posdata 2
Otra reforma que está impulsado el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar es la Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, con la cual se sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Un análisis inicial de la iniciativa es que fue diseñada por alguien con una clara vinculación a los principios pro-competencia de la OCDE, y una evidente posición para cuidar los compromisos en TMEC.
De hecho, exagera el compromiso de México en el capitulo 21, de contar con una autoridad de competencia independiente.
La iniciativa se percibe con un enfoque que no está alineado con la retórica de la actual administración, ni con las posiciones que se han fijado sobre temas de competencia económica y telecomunicaciones.
En términos generales, el alcance y estructura de esta nueva ley (LFACE) son muy similares con respecto a la Ley Federal de Competencia Económica 2014 (LFCE), que se abrogaría con la entrada en vigor de este nuevo marco legal.
Posdata 3
La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México es inminente y, como lo publiqué el miércoles pasado, el trasfondo es China.
El gobierno de Trump argumenta un riesgo para la seguridad nacional, de manera que los aranceles comenzarán a partir del 12 de marzo.
Estados Unidos acusa a México de utilizar aluminio primario de China y Rusia para producir artículos terminados con dicho material y de recibir inversiones chinas para luego fabricar bienes que exportarán al mercado estadounidense, además de que aseguran que las exportaciones de acero mexicano se incrementaron “significativamente”.
El miércoles pasado expuse que, si bien la triangulación con China ha sido negada públicamente por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), dentro del gremio y en el propio gobierno federal se tiene identificado el modus operandi: empresas asentadas en el país importan acero de Vietnam y Malasia, con cero arancel porque son dos países que están suscritos al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), al que México se unió en 2018, para después hacerlo pasar por producto mexicano y enviarlo a Estados Unidos con una ganancia enorme. En el negocio participan todo tipo de funcionarios de las aduanas, personal del SAT, intermediarios (traders) y empresas.
Para muestra, las importaciones de acero y aluminio de Vietnam y Malasia han crecido cerca de 300% en los últimos dos años. En ambos países, China tiene grandes inversiones para aprovechar el TPP y enviar grandes cantidades de acero, aluminio y otros productos, sin pagar aranceles, a los países incluidos en el acuerdo, entre ellos México y Canadá.
Así que mucho tendrá que explicar y argumentar México sobre este tema.
Posdata 4
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comenzó la instalación de módulos para la afiliación de más integrantes a la organización sindical, además de que celebró este lunes la entrega de 6 mil 280 plazas docentes de educación media superior.
El sindicato que encabeza el senador Alfonso Cepeda también dijo que el SNTE podría sumar 5 millones y medio de militantes a Morena, ahora que el partido que encabezan Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán lleva a cabo una campaña masiva para afiliar simpatizantes.
Al salir de una reunión de la bancada con los dirigentes del partido, el secretario general del SNTE dijo que en las 57 secciones del país ya se instalaron módulos para la afiliación.
En otro evento, el primer Foro para la Construcción de la Ley General de Educación Media Superior, Cepeda comentó que se benefició con la compactación de plazas a 4 mil 301 maestros de educación media superior, mil 958 de la Dirección General de Educación Técnica Tecnológica industrial, 2 mil 203 de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, y 140 de la Dirección general del bachillerato.
Esto se suma a los mil 979 beneficiados en una primera etapa, los cuales accederán a plazas de medio tiempo, tres cuartos y tiempo completo.
En los próximos meses, el SNTE seguirá trabajando en la regularización de plazas para ampliar el universo de docentes beneficiados.
