Fueron un puñado de palabras en un océano de frases, pero bastaron, como suele suceder con su autor, Donald Trump, para hacer saltar las alarmas a ambos lados de la frontera entre EE UU y México. Además de un considerable revuelo, la declaración de que el presidente electo estadounidense piensa designar a los carteles mexicanos como “organizaciones terroristas” una vez tome posesión el 20 de enero dejó también más preguntas que respuestas. ¿Cuándo, cómo y a qué coste piensa hacerlo, si es que cumple su amenaza? ¿Qué implicaciones tendría esa designación? ¿Supondrá su inclusión en la lista del Departamento de Estado el paso previo para ataques controlados en territorio mexicano para descabezar a esos poderosos grupos dedicados al narcotráfico? ¿Y de qué manera podría el vecino del sur responder a una actuación que puede suponer cruzar una línea roja sin precedentes en las relaciones bilaterales?
El propio domingo y al día siguiente de las declaraciones de Trump, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la idea del republicano, planteada en una reunión de la entidad ultraconservadora Turning Point en Phoenix (Arizona) en la que el líder conservador definió a la presidenta mexicana como una “mujer maravillosa”. “Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar”, advirtió Sheinbaum. “México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismo. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, declaró.
La lista de organizaciones terroristas extranjeras la maneja, quitando y poniendo nombres, el Departamento de Estado. En estos momentos, hay 68 grupos o personas físicas incluidas. Las más veteranas se incorporaron en 1997, como parte de un grupo que incluye a Hamás, el Ejército de Liberación Nacional colombiano y la peruana Sendero Luminoso. Los dos últimos nombres en entrar, en diciembre de 2021, fueron las FARC y una de sus escisiones, Segunda Marquetalia. Entre las organizaciones que alguna vez estuvieron en el punto de mira de Estados Unidos hasta que las dieron de baja se encuentra ETA o los Jemeres Rojos.
Las principales consecuencias de acabar en esa lista son financieras. Da poderes a las autoridades de frenar los flujos de dinero que atraviesen los bancos estadounidenses, facilita el combate del blanqueo de capitales y, según detalla la web del Departamento de Estado, “aumenta la conciencia pública y el conocimiento de las organizaciones terroristas”, al tiempo que envía una señal “a otros Gobiernos sobre la preocupación [que suscitan] esos grupos”.
“Designar a los carteles como organizaciones terroristas sería un error estratégico de consecuencias impredecibles para ambos países”, consideró este lunes un alto funcionario de la Embajada mexicana. “No se combate el crimen organizado con etiquetas, sino con cooperación y fortalecimiento institucional”. Según esta fuente diplomática, la idea soltada por Trump “mezcla conceptos que responden a dinámicas diferentes”. “El crimen organizado busca lucro, no ideología, y tratarlo como terrorismo solo desvía recursos y atención de soluciones reales”, considera.
De fondo, está la idea, acariciada en los últimos años por algunos congresistas republicanos, miembros del ala más dura del trumpismo, de intervenir militarmente en territorio mexicano con incursiones selectivas encaminadas a dañar a los carteles productores de fentanilo, una droga que mató en 2023 a unos 70.000 estadounidenses y que en buena medida entra por la frontera entre ambos países. “Eso haría retroceder tres décadas la relación entre ambos países”, considera el exembajador mexicano en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, que ejerció al principio del primer mandato de Trump. “Estoy seguro de que hará algo en la materia en los primeros días, después de asumir el cargo, pero no tengo tan claro que vaya a ser esto en concreto”, aclara Gutiérrez.
El académico Carlos Pérez-Ricart afirma que este nivel de tensión entre ambos países es inédito en el último siglo. “Estamos en tierra incógnita, un momento en que el mayor socio comercial ha decidido tener algún tipo de intervención en México. La pregunta que se hacen [en el entorno de Trump] no es si van a invadir a México, sino de qué manera lo harán, con qué suavidad o dureza”, explica. “El anuncio [del presidente electo] va a legalizar esas intenciones, se le estará dando el cuadro legal para avalar una serie de medidas de seguridad en nuestro territorio no necesariamente consensuadas con México”, añade. Autor del estudio Cien años de espías y drogas: la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, el investigador afirma que esto abriría “definitivamente” la posibilidad de una “invasión”. “No me sorprendería amanecer un día con un misil estadounidense impactando un laboratorio de metanfetaminas en Badiraguato [Sinaloa]”, señala, “puede suceder”. Aunque puntualiza: “No hay nada que haga suponer que una política más agresiva, directa e invasiva, vaya a traer una disminución en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos”.
Fricciones en la relación bilateral
La relación de cooperación bilateral en materia de seguridad, muy engrasada en las casi dos décadas que ha durado la guerra contra el narco, se complicó durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, líder carismático con un discurso teñido de nacionalismo mexicano. El exmandatario criticaba la unilateralidad con la que Estados Unidos combatía en acciones puntuales al narco. Uno de los sucesos que más tensaron la relación diplomática fue la captura en 2020 del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, al que el vecino del norte acusaba de colaborar con el Cártel del H-2, una escisión de la red criminal de los Beltrán Leyva. López Obrador protestó por el hecho de que las agencias estadounidenses no le hubieran comunicado a su Gobierno que estaba en curso una investigación sobre un prominente antiguo funcionario.
El presidente mexicano criticó entonces la presencia de los agentes antidroga estadounidense y, en respuesta, envió al Congreso una reforma que aumentó los controles sobre sus labores de inteligencia. Washington criticó la medida por considerar que significaba dar un paso atrás en la cooperación y que solo beneficiaba a las organizaciones criminales. La decisión de regular el trabajo de los agentes extranjeros tiene respaldo entre los mexicanos. La semana pasada, una encuesta de Enkoll para EL PAÍS concluyó que la mayoría de la población rechaza que Estados Unidos transgreda de cualquier manera la soberanía del país. El sondeo también reflejó que los ciudadanos hacen corresponsable a Estados Unidos en el problema de la violencia por el trasiego descontrolado de armas hacia México que terminan en manos de los carteles.
La captura el pasado julio de Ismael El Mayo Zambada en una operación secreta en la que el histórico capo fue secuestrado y trasladado a Texas a bordo de un avión añadió más pólvora a las tensiones diplomáticas. López Obrador y Sheinbaum han sostenido que esa maniobra —también unilateral— es el origen de la guerra total desatada en Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos. La información en torno a la captura que ha salido a la luz apunta a una traición de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y a negociaciones con Washington, todo ello a espaldas del Gobierno mexicano.
Pastillas de fentanilo
La Administración de Sheinbaum ha dado máxima prioridad a estabilizar la situación en Sinaloa, con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y uno de los hombres fuertes de la presidenta, a la cabeza de la estrategia. Sheinbaum ha respondido a las amenazas de Trump desde el discurso político y con la eficacia de los hechos. Además de defender que México no entrará en una relación de subordinación con Estados Unidos, las autoridades han confiscado este mes en Sinaloa el mayor cargamento de fentanilo de la historia. Esa preocupación contrasta con la manera en la que López Obrador abordó el problema del fentanilo. El expresidente aseguraba que en México no se producía esa droga, y sugería que en realidad ingresaba desde China por las aduanas de Estados Unidos.
Pérez-Ricart destaca que el alijo de fentanilo confiscado, 1.500 kilos de pastillas del opiáceo, es el equivalente a lo que la CBP, la agencia estadounidense que controla las aduanas, embarga en todo un año en todos los puntos de acceso a ese país. “La presidenta está dando muestras de que lo va a tomar en serio”, señala. El académico precisa que, según datos del propio Gobierno de EE UU, el 80% de las personas detenidas por introducir fentanilo a través de la frontera son estadounidenses. “Este es un problema que no nace en México. La fuente, la demanda y los vectores no son mexicanos. Son ellos”, anota. La socióloga Eunice Rendón asegura, por su parte, que tanto ese decomiso histórico de fentanilo como el golpe dado recientemente al comercio informal chino “son mensajes para Trump”. “Lo que se busca mostrar es que México puede con estas tareas y que hay un cambio en la estrategia de seguridad con respecto a López Obrador”, señala.
No es la primera vez que la idea de designar a los carteles como organizaciones terroristas recorre centros de decisión de Washington. Cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado ―y Barack Obama estaba en su primera presidencia―, la política declaró en 2010 en un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores de la capital que la Administración de Obama estaba considerando una especie de Plan Colombia para México y Centroamérica. “La situación [en México] se parece cada vez más a la de Colombia hace 20 años, cuando los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país. Esos carteles de la droga están mostrando cada vez más índices de insurgencia”, explicó.
El Plan Colombia, que puso en marcha Bill Clinton reforzó las fuerzas de seguridad colombianas con personal militar, equipo y entrenamiento de Estados Unidos. Supuso una inversión de 7.300 millones de dólares, que, si bien puso contra las cuerdas a las guerrillas colombianas, también trajo consigo graves violaciones de los derechos humanos y quedó muy lejos de solucionar el problema del tráfico de drogas.
