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Columnistas de SP

¿Y dónde está el embajador?

Con la agresiva e intimidante llegada de Donald Trump al poder y con el nuevo embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, ya en camino, el gobierno de la doctora Sheinbaum está entrampado en el relevo de su embajada en Washington y no decide todavía quién será el representante que sustituirá a Esteban Moctezuma Barragán que, ante la falta de definición, continúa calentando la silla de la oficina ubicada en el 1911 de Pennsylvania Avenue, aunque ya todos lo miran como un auténtico muerto viviente.

Por alguna extraña razón que nadie entiende, pero que al parecer tiene que ver con la falta de un perfil que la convenza, la presidenta no ha nombrado a su propio embajador en los Estados Unidos y ha preferido mantener en el cargo al último embajador de su antecesor, aun cuando todos sus asesores, empezando por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, le recomendaron desde que asumió el poder designar a un nuevo representante en Washington en el que ella confiara plenamente.

Y es que, a diferencia de otras embajadas y consulados de nuestro país en el mundo, en los que Sheinbaum ha continuado con la cuestionada práctica política de nombrar a políticos inexpertos y hasta cuestionados en su desempeño —como el caso del exgobernador Rutilio Escandón, a quien mandó de cónsul en Miami a pesar de su mal gobierno— la sede diplomática de Washington, que siempre es estratégica por la relación con los Estados Unidos, en esta ocasión adquiere aún mayor relevancia por el momento de cambio e incertidumbre que se vive por la llegada de Trump.

Entre el hermetismo y la falta de definiciones de la presidenta, los únicos nombres que se han mencionado para llegar a la embajada mexicana no parecen reunir el perfil que según ha comentado el canciller De la Fuente estarían buscando y necesitando en este momento en el gobierno: “una persona, ya sea diplomático o político con mucha experiencia en la relación con Estados Unidos, que sepa operar y negociar y que tenga conocimiento y reconocimiento de los círculos cercanos de Washington”, comentó en una ocasión el secretario de Relaciones Exteriores.

El primero en ser mencionado fue Julián Ventura, exsubsecretario de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard. Diplomático de carrera y exdirector del Instituto Matías Romero del Servicio Exterior, Ventura participó en las negociaciones del TMEC, fue “Sherpa” de México para el G20 y conoce bien la relación México-Estados Unidos, aunque le cuestionan su falta de cercanía con la 4T.

Otro nombre que se escucha entre la SRE y Palacio es el de Diana Alarcón González, actual representante de México en ante el Banco Mundial y excoordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la CDMX con Sheinbaum Pardo. La cercanía de Diana con la doctora es su principal activo, aunque carece de experiencia diplomática y tiene un perfil mucho más económico. Coordinó los diálogos de política exterior en la campaña de la actual presidenta y no está para nada cercana al perfil que requeriría en estos momentos el país para mandarla a Washington.

Alfonso Suárez del Real ha sido mencionado en algunas columnas y espacios afines a la 4T como otra de las opciones que estarían analizando, pero aunque ocupa actualmente el cargo de Ministro de la oficina mexicana ante la Unión Europea y tiene también la confianza y cercanía con la presidenta, la realidad es que la experiencia Suárez del Real es mucho más política y muy limitada y reciente en el terreno diplomático.

Y el último nombre que barajan y mencionan con insistencia en Palacio Nacional es el del copresidente de Televisa, Bernardo Gómez, a partir de que el importante empresario es el mexicano con más conexiones y acceso al presidente Donald Trump y su círculo más cercano. Sin embargo, en Televisa niegan que Gómez esté interesado o considere aceptar la embajada en Washington y, si acaso, dicen, podría “colaborar y ayudar al gobierno de la doctora como un enlace extraoficial y sin ningún tipo de compromiso, cargo o representación pública”.

Pero hasta ahora parece que ningún nombre convence a la doctora que se está tomando su tiempo y sigue manteniendo el vilo en la embajada mientras las presiones, amenazas y acciones ejecutivas de Trump que afectan y modifican el tono de la relación bilateral siguen cobrando forma y avanzando. Por ahora el canciller Juan Ramón de la Fuente se ha trasladado a la sede diplomática de la avenida Pennsylvania y desde allá opera la estrategia de apoyo y asesoría consular a los migrantes mexicanos, mientras el todavía embajador Moctezuma sigue colaborando, pero ya se le ve deambular por la embajada como uno de esos fantasmas rulfianos que no saben que se han muerto.

NOTAS INDISCRETAS… En una decisión que fue muy bien vista y recibida en su estado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, nombró al jurista y exsenador Arturo Zamora Jiménez como director para la Reforma Judicial en su estado. Lemus convenció a Zamora de que regresara a la actividad pública, luego de que se había alejado de la política y dedicado a los asuntos de su notaría, tras su renuncia de hace año y medio al PRI y de su paso por el Senado de la República en la LXIV Legislatura. Considerado uno de los juristas más respetados de Jalisco y maestro de varias generaciones de la Facultad de Derecho de la UdeG, Zamora vuelve para coordinar los trabajos para la implementación de una ambiciosa reforma al Poder Judicial de Jalisco en la que se renovarán cerca de 250 cargos de magistrados, magistradas jueces y juezas, en los tiempos y términos que defina el Congreso del Estado. Según el anuncio del gobernador emecista, se realizarán foros con universidades , especialistas, y sociedad civil para redactar antes del próximo 14 de marzo. Todo eso será llevado, operado e implementado por Zamora Jiménez, a quien se le reconoce la experiencia tanto jurídica como política para llevar a cabo un reto tan grande. El sistema de justicia de Jalisco, al igual que el de la mayoría de los estados del país, ha sido cuestionado por prácticas de ineficiencia, corrupción y hasta nepotismo, por lo que se intentaría hacer una limpieza total de sus integrantes y la conformación de un nuevo Poder Judicial en el estado. Así que al incorporar a su gobierno a Arturo Zamora, a quien se le reconoce por su labor como legislador, político y jurista, el gobernador emecista sin duda logró un fichaje de primer nivel y garantiza que su reforma judicial estatal tenga mucho más sentido, coherencia y profesionalismo que la cuestionada Reforma Judicial federal. Y ante la reaparición pública de Zamora, la que dicen que se va a tener que morder la lengua es la exdirigente del PRI en Jalisco y fallida candidata a gobernadora, Laura Haro, quien en su momento le cerró las puertas al jurista por miedo a que le hiciera sombra. Ni hablar, los priistas dejaron a ir a uno de sus mejores políticos y hoy Pablo Lemus lo aprovecha… Y hablando de políticos, parece que en el INE están politizando y manipulando el proceso para la creación de nuevos partidos. Porque ayer, que la organización “Somos México” que busca constituirse en partido solicitó la explanada del Instituto para poder realizar su evento de presentación ante la sociedad mexicana, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, les negó el uso de esas instalaciones públicas. Esa explanada, conocida también como la “Plaza de la Democracia”, suele ser utilizada por partidos políticos constituidos o por organizaciones que buscan serlo para la realización de sus eventos masivos, pero en esta ocasión, sin darles razones o explicarles por qué, la señora Taddei de plano se las negó a la organización formada por Guadalupe Acosta, Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo, entre otros liderazgos importantes. ¿Será que la señora Taddei ya tiene instrucciones del régimen morenista sobre quiénes sí y quiénes no pueden usar esas instalaciones o de plano le pasarán la lista palomeada de los nuevos partidos?… Y ya que andamos por las instituciones electorales, en las sesiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al que se le ha visto incómodo y a veces hasta con cara de molestia es al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Según nos dicen sus propios compañeros magistrados, a don Reyes lo notan un poco ausente y a disgusto y sus votos suelen ser cada vez mas rebuscados, lejos de su forma de ser siempre activa y aguda en las sesiones semanales del TEPJF. Y no falta quién se pregunte “¿qué le pasa al magistrado Reyes y qué lo tiene con ese estado de ánimo?” Y tampoco falta el que, desde el mismo tribunal, responda y se pregunte si acaso será porque no le han cumplido lo que le prometieron. Porque dicen que Arturo Zaldívar se acercó y le hizo promesas y ofrecimientos al magistrado para impulsar su carrera judicial un peldaño más arriba de donde se encuentra ahora. Y al parecer don Reyes, a quien siempre se le conocieron vínculos políticos azules ahora se acercó más al guinda a cambio de ciertas promesas que al parecer no le han cumplido… Se baten los dados. Cayó Escalera.

Los que ya empezaron

Por encima del tema Trump que, insisto, es el inicio de un nuevo orden mundial, hoy quiero recuperar un tema del que cada vez que hablo me dicen que no son los tiempos, pero lo abordo porque, efectivamente, estando lejano 2030, los aspirantes a suceder a Claudia Sheinbaum ya están en lo suyo cuando apenas han corrido 113 días de su gobierno de seis años.

El que ha abierto su juego es Ricardo Monreal, quien desde su posición de líder en el Congreso, y con el respaldo y estructura de Pedro Haces, ya recorre el país.

No arrancan aún, porque le saben, Marcelo Ebrard, que cedió en 2012 a López Obrador, y Adán Augusto López.

Debo apuntar que los tres fueron colocados en la lista de los que López Obrador llamó corcholatas, donde anotó a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum y dio espacio a Fernández Noroña, que también anda inútilmente en campaña, y a Manuel Velasco, que, inteligente, la dejó pasar.

Ahora aparecen dos candidatos más. Por su cargo, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, con los duros de Morena, y, sin duda, Omar García Harfuch, el más cercano de todos a la Presidenta, pero cuyo destino está atado al hasta ahora inalcanzable reto de resolver la violencia e inseguridad.

Pero en esto ya irrumpió el junior Andy, Andrés Manuel López Beltrán, quien hoy como secretario de Organización controla a Morena y es hilo paterno-conductor desde Palenque.

Su padre le había trazado la ruta Tabasco-CdMx-Presidencia, pero él ya eliminó la tierra que nunca ganó su padre.

Por eso en diciembre, en el cierre de la gira nacional de Morena, en Tlatelolco, se declaró chilango: Esta ciudad nos dio todo y por eso le dedicaré mi vida, porque amor con amor se paga.

Así acortó la ruta a Palacio Nacional que pasa por CdMx, aunque los suyos ya lo empujan a que salte esa aduana y busque ya la Presidencia, para que el padre consuma el sueño: su transformación y su hijo.

RETALES

1. AUSENCIA. Mucho habla la alcaldesa de Cuauhtémoc, pero no ha sido capaz de acercarse al campamento migratorio de la Soledad, en la Merced, para llevar siquiera unos baños. Tampoco lo ha hecho la jefa de Gobierno. Es una falta de humanidad y sensibilidad. Será porque ellos no votan;

2. VACÍO. La presidenta Sheinbaum anunció, el 8 de octubre, que Sergio Salomón, entonces gobernador saliente de Puebla, sería el nuevo director del Instituto Nacional de Migración en diciembre. Pero estamos en enero y en la página del INAMI aparece el mismo Francisco Garduño, de López Obrador, en el cargo. Y en plena crisis migratoria; y

3. SILENCIO. Así como desapareció López Obrador en su finca de Palenque, se borró del mapa su capellán, el padre Solalinde, cuando el tema migratorio está en crisis por Trump. ¿Dónde habrá quedado con la mudanza el clérigo del Palacio Presidencial?

No hay que tomar las cosas a la ligera

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió sin exabruptos a la instrucción del presidente Donald Trump para que su gobierno inicie el proceso para determinar si los cárteles de la droga pueden ser catalogados como organizaciones terroristas internacionales, y dijo que Estados Unidos “puede actuar en su territorio y en el marco de su Constitución”. Cierto, como también lo es que esa decisión puede traer complicaciones para México, a sus empresas, a las extranjeras, a inversiones y al empleo.

La orden ejecutiva que firmó Trump fijó un plazo máximo de 14 días, a partir del lunes pasado, para que el Departamento de Estado, tras consultar con los de Justicia y el Tesoro, y la Dirección Nacional de Inteligencia, recomiende si los cárteles mexicanos deben ser designados “Organizaciones Terroristas Extranjeras”, porque “representan un riesgo inadmisible para la seguridad nacional” de su país, y actúan “casi como entidades gubernamentales” en México, controlando casi todos los aspectos de la sociedad, y vinculados a China por la vía del tráfico de fentanilo.

En la columna de este miércoles se mencionó que la ley que regula esa acción es muy amplia, por lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la política de “abrazos no balazos”, podría ser sujeto, como persona física, a que se le aplicara la ley. Pero también, dentro de los criterios del Departamento de Estado, cualquier institución financiera en Estados Unidos que está al tanto de que maneja fondos de una de las organizaciones criminales internacionales designadas “terroristas” violaría la ley, por considerarse que les dio “apoyo material”.

Esto conlleva un problema de otra magnitud de como lo está viendo Sheinbaum. Un análisis de la firma FTI Consulting señala que de incorporar a los cárteles mexicanos a esa lista, cualquier pago hecho por una compañía, una organización o un individuo afiliado a ellos, o que les haya provisto de ayuda logística, podría ser considerado como apoyo material para un grupo terrorista.

FTI Consulting recordó que la última encuesta sobre seguridad pública realizada por la Cámara Americana de Comercio en México, que aglutina a 218 empresas estadounidenses en este país, mostró lo “penetrante” que es la extorsión del crimen organizado. El 12% de las empresas norteamericanas reportaron en enero que los cárteles tomaron el control parcial de sus ventas, distribución y el precio de sus productos, mientras que 45% admitió que había recibido extorsiones y demanda de pagos a cambio de no hacerles nada. Estos pagos, si se designara “terroristas” a los cárteles, podrían ser considerados como “apoyo material”, señaló la consultora.

La extorsión criminal a empresas no es un fenómeno reciente, pero se ahondó en el gobierno de López Obrador, donde los cárteles tuvieron una impunidad casi absoluta. Las empresas mineras, mexicanas y extranjeras, fueron las primeras grandes compañías afectadas por los cobros de piso y los secuestros de sus ejecutivos para obligarlas a pagar por protección, si deseaban continuar en el negocio. Al menos una empresa petrolera estadounidense tuvo vínculos con un cártel que le vendía combustible robado. Empresas de alimentos han tenido que pagar a organizaciones criminales para que les permitan seguir haciendo negocios en algunas partes del país, y otras, que se negaron a ser extorsionadas, tuvieron que suspender por un tiempo sus operaciones en varios estados mexicanos. Algunas más, aparentemente sin relación con las organizaciones criminales, con perfil financiero, son utilizadas presumiblemente por los cárteles para enviar remesas, que se calculan en decenas de millones de dólares anuales, y que sirven para lavar dinero. Los transportistas, que pagan impuestos criminales en las carreteras, también se encuentran en este paquete.

Varias de estas empresas podrían ser sujetas a sanciones del gobierno de Estados Unidos si se designan “terroristas” a los cárteles mexicanos, como sucedió en 2011 con la empresa Chiquita Brands International, cuando una Corte Federal en Florida la encontró responsable de haber financiado al grupo paramilitar colombiano Autodefensas Unidas de Colombia –que había sido designada como “terrorista” una década antes– y la obligó a pagar casi 40 millones de dólares a ocho familiares, cuyos parientes fueron asesinados por ese grupo.

El juicio se dio luego de que Chiquita Brands International aceptó, en 2007, ante el Departamento de Justicia, que había hecho pagos a las autodefensas que la habían extorsionado. En el juicio, la defensa alegó que no había bases para ese fallo y apeló. El juicio se extendió hasta octubre pasado cuando la corte federal refrendó el fallo contra la empresa y la responsabilizó de haber violado los derechos humanos de las víctimas.

En caso de designarse como “terroristas” a los cárteles mexicanos, decenas de empresas nacionales y extranjeras en México podrían estar en riesgo de ser demandas, como sucedió con Chiquita Brands International. Operar en zonas de alto riesgo se convertiría en un lastre para las empresas y, en caso de problemas legales, sus costos se elevarían por un tiempo indefinido. Algunas podrían solventarlos, pero otras tendrían que recortarlos, mediante reducción en sus nóminas o, eventualmente, el cierre de sus operaciones.

La orden ejecutiva de Trump no puede verse únicamente bajo el ángulo de una mera decisión soberana, porque existe la probabilidad de una externalidad económica con fuerte repercusión en México, tanto en el ámbito de los negocios y del empleo, como en las perspectivas de inversión. Sheinbaum no debería tomar las cosas tan a la ligera, ni sus asesores en la materia soslayar todos los ángulos que implican acciones como la que tomó Trump, que subrayan una profunda debilidad institucional.

El debate sobre la designación de los cárteles como “terroristas” se arrastra desde 2011, pero nunca estuvo tan cerca de convertirse en realidad. Trump quiso hacerlo en su primer mandato, y varios de sus principales funcionarios quieren la medida. El secretario de Estado, Marco Rubio, que los llamó recientemente “terroristas”, no se ha pronunciado abiertamente por la designación, pero ha dejado abierta esa posibilidad, que tiene un respaldo bipartidista. Cuando Trump lo mencionó en su discurso inaugural, la mayor ovación, con republicanos y demócratas de pie, fue cuando anunció su intención de declarar a los cárteles “terroristas”.

¿Y los dueños de las pensiones millonarias?

Nos dicen que Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, está en búsqueda de las 8 mil personas que tienen pensiones “disparadas”. El tema es complejo, pues nos comentan que no han podido dar con todos los derechohabientes, y han tenido que recurrir a citatorios para que puedan explicar cómo pudieron acceder a pensiones de hasta 309 mil pesos mensuales. Lo raro es que en el propio ISSSTE debieran tener sus datos personales para buscarlos. ¿Y si las autoridades del Instituto les suspenden la pensión hasta que no acudan a aclarar su situación? Quizá cuando el “director general adjunto” deje de recibir los 309 mil pesos de su pensión dorada, que cobra mensualmente y de manera religiosa desde hace 23 años, o cuando a la “maestra de jardín de niños” no le caigan a su cuenta los 210 mil 207 pesos que se le pagan desde hace 25 años, aparezcan rápidamente a reclamar su dinero. Como dato interesante, le comentamos que la pensión máxima que la ley otorga a un trabajador del ISSSTE es de unos 34 mil pesos mensuales.

En medio de las deportaciones a México por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Migración al parecer están extraviados con la información, pues cuando se les consulta en calidad de qué están en el país los migrantes extranjeros que son deportados por las autoridades estadounidenses, dicen que esa información la tiene que proporcionar la Secretaría de Gobernación y no ese instituto. Lo único claro es en calidad de qué se encuentra el titular de ese instituto, Francisco Garduño, quien permanece en el puesto desde hace meses en calidad de mientras.

Nos hacen ver que en el Senado muchos siguen tirados en la hamaca, pues llama la atención que en plena crisis migratoria y con un discurso beligerante por parte de Donald Trump contra los mexicanos, varias comisiones como la de Relaciones Exteriores, que preside el exgobernador priista de Oaxaca, hoy neomorenista, Alejandro Murat; y la de Asuntos Migratorios, presidida por el eterno líder del PT, el profesor Alberto Anaya, nomás no aparecen. Algunos ya hasta piensan que no quieren incomodar al nuevo inquilino de la Casa Blanca ni con el pétalo de un pronunciamiento, pues tal vez tengan pensado pronto vacacionar, o atender algún asunto personal en el vecino país del norte y pues para qué se pelean con don Donald, si ya ven que es muy bravo y rencoroso.

Y hablando de comisiones y simulaciones, nos hacen notar que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión decidieron anunciar, en su penúltima sesión, los nombres de quienes presidirán las comisiones en lo que resta de este primer receso de la 66 legislatura. Llama la atención que la Permanente será clausurada el próximo miércoles 29 de enero, es decir, faltan seis días y las comisiones, que tienen acumulados decenas de exhortos y puntos de acuerdo, ni siquiera se han instalado. ¿Será que la repartición de presidencias fue mera simulación para cumplir el trámite legislativo que les exige que haya comisiones durante este periodo?

‘Operación Camión’

PARA MUCHOS gobernadores su atención al conflicto migratorio se limitará a la “Operación Camión”; es decir, poner sobre ruedas a migrantes mexicanos para retornarlos a sus lugares de origen.

NADA MÁS que varios paisanos se han rehusado a subirse a los autobuses porque dicen, con justificada razón, que lo que menos quieren es regresar a las comunidades de donde fueron expulsados por la narcoviolencia.

LOS MANDATARIOS fronterizos tienen otras prioridades y lo que no están dispuestos a aguantar es que los migrantes se queden en sus territorios.

VEN CON buenos ojos la cascada de recursos que ha llegado de la Federación y lo mejor para ellos es aprovechar la circunstancia y regresar a los migrantes a la primera oportunidad.

POR CIERTO, resulta extraño que esos operativos ocurren con dos titulares de Migración en funciones: el saliente que no se va, Francisco Garduño, y el entrante que no llega, Sergio Salomón.

QUÉ GANAS de complicarse la existencia.

LA PRUDENCIA que ha demostrado Claudia Sheinbaum en sus comentarios sobre las decisiones de Donald Trump que afectan a México ha sido bien recibida. Ha dicho incluso que es momento de cabeza fría y de poner como prioridad un acuerdo con Washington sobre esas cuestiones.

POR ESO llamó mucho la atención que le entrara al tema panameño cuando apenas está abriéndose el diálogo sobre los asuntos mexicanos.

NO SE entiende que con tantos frentes abiertos en la complicada relación con el nuevo gobierno de EU, la Presidenta apoye públicamente a Panamá ante la amenaza de Trump de quitarles el Canal, amago que hasta ahora ha quedado sólo en dicho.

MÁS AÚN porque Sheinbaum también pidió concentrarse en lo que está escrito en las órdenes ejecutivas que firmó el nuevo Presidente y no en sus discursos para la tribuna MAGA.

PREOCUPANTE resulta el asalto masivo ocurrido ayer en el municipio de Ocoyucan, Puebla ¡en plena autopista de cuota!

NINGUNA autoridad apareció mientras apenas cuatro sujetos armados despojaban a decenas de automovilistas de sus pertenencias. Ni policías poblanos ni federales rondaban por ahí y ni modo que les sorprenda que haya delincuentes en la zona.

AUNQUE no es una región por donde pasen ductos de combustible, sí hay huachicoleros y, en agosto, se incendió una bodega donde almacenaban combustible robado.

EL ASUNTO es que los criminales ya se expandieron a otro delito que recuerda a las llamadas “pescas milagrosas” que provocaron terror en Colombia entre 1998 y 2002 cuando las FARC realizaron robos y secuestros masivos en carreteras además de destruir vehículos particulares y de carga.

La tragedia que dejó López Obrador

¿Qué desgracia más grande puede testimoniar un país que la muerte de sus niños, niñas y jóvenes? Cuando esas muertes son producto de homicidios, la desgracia deviene en tragedia. El Inegi difundió ayer la estadística de defunciones en el primer semestre del año pasado, último semestre completo de López Obrador. La primera causa de muerte de los mexicanos entre 25 y 44 años fueron los asesinatos (7 mil 887, promedio de 43 cada día) y entre los niños y muchachos de 15 a 24 años fue la segunda (3 mil 30 casos, promedio de 17 diarios). Cada día de enero a junio de 2024, 10 mil 917 personas fueron ultimadas en la plenitud de sus vidas: 10 mil 917 jóvenes en un semestre. Tragedia. El gobierno de López Obrador optó por no enfrentar a los grupos generadores de violencia, grandes o pequeños, y dejó a la población a su suerte. Ahí están las consecuencias fatales de un gobierno “humanitario” de palabra y criminalmente indolente en la obligación de darle paz y seguridad a los mexicanos, a los jóvenes. Pero como la elite de la 4T es un club en donde no se pide cuentas a los socios, menos al fundador, él podrá seguir escribiendo y cavilando tranquilo en su escondite.

De cárteles a terroristas: el instrumento de la manipulación

Donald Trump cumplió su amenaza: Desde primer minuto de gobierno declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, con lo que imprime dura presión hacia el gobierno de México para que enderece una política eficaz en contra de la  violencia, tráfico de fentanilo y otras drogas químicas; también para que destruya el andamiaje de complicidades políticas y empresariales que dan cobijo al crimen –o al terrorismo –y pacifique el territorio nacional, sobre todo la frontera con Estados Unidos. Esté o no de acuerdo, el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que entregar resultados en materia de seguridad, de otro modo, los políticos mexicanos podrían ser perseguidos internacionalmente por proteger a los grupos terroristas y México, en el peor de los escenarios, podría ser inscrito en la lista de países que favorecen el terrorismo. No hay otro camino más que entregar resultados. ¿Qué hará Estados Unidos? Romper con su doble moral frente el crimen, atender a sus adictos y desmantelar las red de corrupción que opera en ese país y que hace posible que las drogas lleguen a los consumidores.  

Donald Trump cumplió su amenaza: Desde el primer minuto como presidente de Estados Unidos se acomodó en la Oficina Oval y firmó la declaratoria que define a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

No es todo: También pueden ser considerados como aliados del terrorismo los políticos, empresarios, asociaciones civiles, entre otras, que coadyuven o tengan alguna liga con los cárteles que confirman la delincuencia organizada, ahora llamada por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones de terroristas. Se les perseguirá como cómplices del terrorismo, de acuerdo con la medida unilateral que tomó Trump el 20 de enero último, luego de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos.

La decisión de Donald Trump –ampliamente publicitada y manejada como amenaza hacia México durante su campaña política –parece descabellada, fuera de base y hasta exagerada, pues para muchos los cárteles mexicanos no cubren el perfil para ser considerados como organizaciones del terrorismo.

Aunque, en buena parte del país, los dieciséis cárteles que operan en el territorio –incluyendo sus ramajes y células –generan terror con sus acciones bélicas, lo que ha provocado desplazamiento humano; que campesinos abandonen sus casas, terrenos y cosechas; que busquen refugio en otros países de Centroamérica; que paguen piso a los cárteles para no ser asesinados o despojados de sus bienes; que clamen a las autoridades para que sus casas no sean quemadas o sus hijos asesinados. Y en el peor de los casos que cierren sus negocios para huir a sitios donde sientan seguridad, aunque ésta sea efímera.

El problema de la inseguridad en México se ha agravado a niveles de escándalo debido a la complicidad del poder político y el crimen organizado y/o el terrorismo. Alcaldes, síndicos, regidores, tesoreros y jefes policiacos forman parte de las estructuras terroristas o criminales. Más del 80 ´por ciento de los alcaldes tienen alguna ligazón de intereses con esos grupos que han desbordado la violencia y el terror en el país y ninguna autoridad nacional hace frente a esta desgracia.

Aun con todo el terror que causan los criminales, hay resistencia de parte del gobierno mexicano para aceptar la declaración de Trump. Para algunos analistas, considerar a los cárteles como grupos terroristas es un exceso.

Pero veamos la definición. ¿Qué es el terrorismo? Algunas respuestas: “El Terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por organizaciones políticas de todas las ideologías, así como también por grupos nacionalistas (separatistas, irredentistas) , grupos religiosos, como yihadismo, terrorismo cristiano , terrorismo judío, revolucionarios, gobiernos en el poder y grupos patrocinados por éstos.

Otra explicación abunda en lo anterior:

“El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Se distingue también de los actos de guerra y de los crímenes de guerra que se producen en ausencia de guerra. La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de las leyes de guerra”

La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores; también es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por considerarlo injusto e impreciso.

Los cárteles mexicanos –Sinaloa, Cártel de Jalisco, Zetas, Golfo, Familia Michoacana, Caballeros Templarios, entre otros –parecen estar definidos como grupos terroristas por las anteriores explicaciones, ya que su objetivo es generar terror para lucrar. Un ejemplo es el cobro de piso: “Si no me pagas te mato”, “si no me pagas tal cantidad que quemo tu negocio”, por ejemplo, es una medida muy recurrente por parte de los cárteles para cobrarle al empresario, grande o pequeño, el llamado cobro de piso.

Lo mismo ocurre en Michoacán con los productores de aguacate. “Si no me das tanto por ciento de tus ganancias, te quemo tu finca o te mato junto con toda tu familia”. Esta práctica en México está tipificada como extorsión, pero el uso del terror, del instrumento del miedo, fácilmente se desliza hacia una posible práctica de terrorismo, pues han ocurrido hechos de extrema violencia en contra de personas que se niegan a cubrir este impuesto ilegal implementado por los cárteles de la droga.

Lo mismo ocurre en Chiapas, Michoacán, Sinaloa o Guerrero, donde el crimen organizado –o el terrorismo, según Trump –impone su ley a base de amenazas, balazos, asesinatos, desapariciones. Con ello se crea toda una atmosfera de terror que provoca que la población huya, se esconda en lugares que consideran seguros y así dejan a merced del crimen o del terrorismo que propiedades.

Detrás de cada grupo criminal –o terroristas –que opera en México hay una estructura de poder político que brinda protección, seguridad y garantiza la impunidad. Son sus aliados y, con base en ese contubernio, arrebatan alcaldías, senadurías, diputaciones, gubernaturas y hasta periodos de varios años en la presidencia de un país. En el caso de México, nadie puede negar que el crimen organizado –ahora terrorismo –haya financiado campañas de candidatos a la presidencia de la República.

La declaración de Donald Trump respecto de que los cárteles son grupos terroristas es un fuerte golpe para México, más allá de que su gobierno lo acepte o no; significa que se pone en evidencia toda la estructura del poder político al servicio del crimen y significa algo más: que los cómplices de los cárteles o grupos de terrorismo también podrán ser perseguidos por favorecer a los terroristas; pueden ser perseguidos a nivel internacional si se logran probar tales vínculos. Esto sienta un precedente peligroso para México, en caso de que siga imperando la impunidad, pues podría ser incluido en la lista de países que favorecen las prácticas del terrorismo.

Y es que el terrorismo prospera a menudo en ambientes en que se producen violaciones  de los derechos humanos y donde los derechos políticos y civiles están limitados. Incluso, los terroristas pueden aprovechar las violaciones de los derechos humanos para obtener apoyo para su causa. Esto en México ocurre todos los días, a pesar de que ha firmado y ratificado su defensa en las convenciones internacionales y los diversos tratados promovidos por Naciones Unidas. El derecho humano que más se viola en México es la vida.

Terrorismo o narcoterrorismo

La violencia en México es tan cruda y sañosa que existen elementos para considerar que los cárteles de la droga emplean instrumentos del terrorismo: derriban aeronaves oficiales, descuartizan a sus víctimas para detonar el terror; queman a personas que los traicionan y torturan a quien consideran un rival para luego enterrarlo vivo.

Los cárteles no sólo se han hecho de armamento de mayor poder: también han aumentado los niveles de violencia. El miedo es el principal instrumento de esa suerte de narco-terror que ejercen en municipios y comunidades rurales donde miles de personas han sido desplazadas de sus lugares origen para huir de la muerte. En muchos casos logran ponerse a salvo, pero la gran mayoría ya no tiene espacio en un país donde todo huele a pólvora y muerte.

Declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas tiene un propósito para Estados Unidos: exterminar a los cárteles que exportan fentanilo a ese país, la droga que causa la muerte de cien mil norteamericanos cada año.

Actualmente las drogas –cocaína, heroína y las químicas –contienen fentanilo. Esto las vuelve más adictivas y el “enganche” con la sustancia, según dicen expertos, es en automático. La adicción no es de fácil tratamiento y en millones de casos es irreversible.

Las presiones sobre México no son nuevas. Comenzaron a surgir con mayor énfasis durante el primer periodo gubernamental de Donald Trump. Fue entonces cuando se planteó en Estados Unidos que los cárteles del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, entre otros, fueran declarados como grupos terroristas.

Las presiones continuaron desde el arranque de la administración de Joe Biden, pues durante una gira que en 2022 hizo a México y Guatemala la vicepresidenta Kamala Harris le exigió al gobierno mexicano militarizar los puertos, aduanas y aeropuertos. El objetivo: cerrarle los caminos al fentanilo, la droga más letal que se consume en ese país.

Esto provocó que el entonces presidente López Obrador “cambiara de opinión” con respecto a la militarización del país. Desde su etapa de activista e incluso como candidato y presidente el exmandatario se mantuvo firme en su postura de regresar al Ejército a los cuarteles, pero fue doblado por el gobierno de Estados Unidos para militarizar la seguridad del país hasta el año 2028. Y pese a ello, los resultados siguen ausentes.

Sin embargo, la medida de militarizar los puertos y aeropuertos no parece estar dando resultados claros para Estados Unidos ni para México. Y lejos de atender su grave problema adictivo, para los Republicanos es más fácil exigirle a México que les resuelva el problema. Si el fentanilo llega a Estados Unidos y a sus consumidores es porque de aquel lado de la frontera existe un gran negocio con esa droga que implica a centenas de redes criminales pero también a elementos de las agencias de inteligencia: la DEA,  la CIA y el FBI. Sin protección oficial el narco no prospera en ningún punto del planeta. Estados Unidos no es la excepción.

La situación se agravó aún más tras lo ocurrido en Tamaulipas con el secuestro de cuatro ciudadanos estadunidenses, de los cuales perdieron la vida presuntamente a manos del grupo Escorpiones, brazo armado del cártel del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, tres de los cuatro norteamericanos que cruzaron a Matamoros supuestamente para practicarse una operación tenían antecedentes penales por tráfico, fabricación y distribución de drogas. Su visita a Tamaulipas, de acuerdo con las pesquisas, habría tenido que ver con algún negocio de drogas.

Fueron interceptados por el grupo armado al servicio del cártel del Golfo, llevados a una casa de seguridad donde fueron golpeados. Antes se había presentado una balacera donde dos de los ciudadanos estadunidenses resultaron heridos y después perdieron la vida.

Originalmente se dijo que los plagiados eran agentes del FBI, pero el dato fue desmentido por el gobierno de Tamaulipas; las investigaciones descartaron otra hipótesis: que su secuestro fue producto de una confusión y ahora queda más claro que los norteamericanos cruzaron a México presuntamente para contactar drogas e introducirlas a Estados Unidos.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía de México: “No somos colonia de nadie”, dijo en relación con la exigencia de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresaran a México a combatir al crimen organizado.

Sin embargo, las presiones continuaron sobre México debido a la falta de resultados en materia de seguridad. Los homicidios dolosos siguen. Se  calcula que todos los días mueren unas 85 personas como consecuencia del conflicto causado por la disputa de mercados de drogas y control territorial.

En México operan dieciséis cárteles de la droga y todos cuentan con amplios ramajes, ligas policiacas y se dedican al cobro de piso, lavado de dinero, venta de protección, regenteo de mujeres y negocios ligados a los llamados giros negros. También operan con secuestro, tráfico de contrabando y venta de armas.

Estas redes también se ocupan del tráfico de combustibles robados, el llamado “Huachicol”, la extracción de gasolinas de los ductos de Pemex. Todas estas células criminales están activas y ni la presencia de las Fuerzas Armadas ha hecho posible que los delitos disminuyan.

Las presiones de los republicanos contra Biden para que declarara a los cárteles como grupos de terrorismo continuó fuerte. Peor aún, se impulsó una iniciativa de ley para que ese proyecto se discutiera en el Congreso norteamericano. No tuvo éxito. Hasta que llegó Donald Trump a la Casa Blanca.

Aquello tenía todo el tinte de significar otro pretexto de los norteamericanos para intervenir en México, como lo hicieron en su momento en Colombia con el llamado “Plan Colombia”, una medida que tuvo como objetivo la guerrilla y no el narcotráfico, como habían dicho inicialmente. Lo mismo hicieron en Bolivia cuando la DEA ingresó para establecer una red de espionaje político. El entonces presidente Evo Morales los expulsó del territorio.

Ahora, con el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos la amenaza se cumplió: el lunes 20 de enero declaró a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, una medida unilateral. Sin embargo, Estados Unidos parece dispuesto a negociar con México para enfrentar el flagelo de la violencia en la frontera –y la migración –, así como el tráfico de fentanilo.

La presión de Estados Unidos hacia México –viendo el lado positivo –viene bien. Más allá de que no acepten la declaratoria de Trump, lo cierto es que ahora sí tendrán que enfrentar a los cárteles –o grupos terroristas –si no quieren que México aparezca en la lista internacional de países de fomentan y protegen al terrorismo.

¡Agárrense! Ahora viene la revisión del T-MEC…

Trump es comerciante, empresario y sabe de tácticas intimidatorias. No solo las usa, sino que también las promueve; si es entre “SU” propia gente, qué mejor. No lleva ni 10 días en el cargo y ya se vendió como el mejor presidente de Estados Unidos y a este país como la mejor economía del mundo (que lo son). Al igual que los “jingles” de las marcas para vender productos, el ha hecho del “MAGA” casi un mantra. A partir de este es que él despliega sus negociaciones. ¿Lo han notado?

La imposición de aranceles será a partir del 1º de febrero, lo que no constituye otra cosa que la primerísima parte de la bolsa de amenazas que tienen como objetivo lograr mejores condiciones en la negociación del T-MEC. Es así de simple. Y esto es apenas una probadita…

Trump ya ordenó una revisión total de la política comercial de Estados Unidos, con mayor énfasis en el mencionado tratado, así como en los intercambios que su nación tiene con China. “SU” gente le deberá preparar recomendaciones, las cuales hará saber a la opinión pública el 1º de abril (no deja de ser un guiño de humor negro, dado que coincide con el Día de los Inocentes —o de los tontos— en EU).

Tengan por seguro que estas “recomendaciones” afectarán el T-MEC y serán ventajosas para Estados Unidos.

Me llama la atención que el secretario Marcelo Ebrard esté desaparecido. Urge su presencia, junto con la del canciller De la Fuente para que busquen, dialoguen, negocien y muestren a Jamieson Greer las bondades de México y del T-MEC.

Greer es el representante comercial de Estados Unidos y quien tendrá la encomienda de hacer un proceso de consulta para la revisión del tratado. Esta revisión, en principio programada para julio 2026, aunque con lo dicho por Trump, se adelantará y será inmediata, antes de que termine este año.

La evaluación del T-MEC tomará en cuenta el impacto en trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses. Por ello valdría la pena que de nuestro lado empujen para que los empresarios estadounidenses exijan a su gobierno que en dicha evaluación se estudie lo que ellos se está ahorrando con la alta integración del trabajo entre países en la producción de los bienes que quieren tasar. ¿Dónde está el cabildeo de las autoridades mexicanas con la IP norteamericana?

Si lo que los gringos buscan son las bondades del T-MEC para Estados Unidos —lo cual es solo natural— hacer hincapié en ello y el cómo el impulso económico a México significa menos migración hacia allá.

Trump va rápido, muy rápido. Y la única forma de que no nos arroye en esta montaña “rusa” de extrema velocidad es hablarle de dinero y del impacto que los instrumentos comerciales tienen en ahorrarle financieramente a él en lo personal y a la clase empresarial que lo rodea y lo apoya electoralmente. A él no le importan los discursos románticos, ni los derechos, tampoco la ideología; le importa el dinero. ¿Tan difícil es entenderlo?

Si viene la revisión del T-MEC. Agárrense fuerte. Habrá turbulencia.

Giro de la Perinola

(1) Supongo que el silencio de Ebrard se debe a que se está preparando para imponerse en esa renegociación, ¿verdad? ¿Verdad? ¡¡¡¿Verdad?!!! ¿Dónde está?, ¿qué hace?, ¿existe como secretario?, ¿tiene margen de interlocución o lo veremos muy próximamente de vuelta en el Senado de la República?

(2) No me canso de decirlo. ¿quién odia tanto a Claudia en “SU” equipo? No pueden poner ni siquiera bien las ciudades en el mapa de nuestro país. ¿Es tan difícil copiar un mapa de manera correcta? Podríamos burlarnos al respecto, pero no. No es chistoso, ni es para reírse. Si no pueden poner atención ni siquiera en el mapa de México, que le renuncien. Si ese es el nivel de las autoridades encargadas de la repatriación de los migrantes, para la renegociación del T-MEC, Claudia está frita y nosotros con ella.

Reglas a casinos

RECIÉN LE PLATICABA que la Secretaría de Gobernación alista una serie de medidas para ordenar el sector de los casinos y casas con juegos de apuestas.

Entre las propuestas destaca la unificación de impuestos para eliminar las contribuciones estatales y municipales, lo que simplificaría el marco fiscal y podría garantizar una mayor recaudación para el SAT, que lleva Antonio Martínez Dagnino.

Según datos de la dependencia que capitanea Rosa Icela Rodríguez, los casinos generan anualmente 5 mil millones de pesos en impuestos federales y 2 mil millones en niveles estatal y municipal.

Sin embargo, la informalidad aún es un problema crítico: cerca de 60% de las apuestas en línea opera fuera del marco legal, lo que representa una competencia desleal para los operadores regulados y afecta directamente las finanzas públicas.

Otro desafío importante es el combate a las máquinas ilegales, que proliferan en tienditas, farmacias y zonas marginadas, y que también afectan directamente a los casinos establecidos.

Aquí es importante un trabajo conjunto y coordinado como el sector comercio formal, aglutinado en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que preside Octavio de la Torre.

Estas prácticas han sido objeto de denuncias recurrentes por parte del sector. Asimismo, se busca regular la ubicación de las salas de juego para evitar su cercanía a escuelas y otros espacios sensibles.

La buena noticia es que la administración actual, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, que maneja María de Lourdes Ramírez, por fin planteó la necesidad de una reforma integral del sector.

Los nuevos lineamientos propuestos incluyen una supervisión más estricta, comunicación directa entre los permisionarios y esa área de Gobernación y sanciones claras para quienes incumplan las reglas.

Además, los empresarios se comprometieron a apoyar a las comunidades donde tienen los casinos para impulsar la economía local. Un círculo virtuoso que promete regular aún más a este sector.

En cuanto a las plataformas de apuestas ilegales, se utilizarán las mejores herramientas tecnológicas a nivel mundial para prohibir su uso en el país, ya que datos reportan que hay un mercado ilegal de más de 10 mil millones de pesos, lo que sin duda, incrementaría la recaudación fiscal si estas apuestas se reportan con las plataformas electrónicas avaladas en México.

RECIÉN SE ANUNCIARON cambios en Engie México. Felisa Ros dejará la dirección general a partir del 1 de febrero y será sustituida por Brice Clemente, quien aún tiene el cargo de vicepresidente de operaciones de energías renovables para Norteamérica. De acuerdo con la empresa, este movimiento se da para fortalecer el proyecto de ampliación del gasoducto conocido como Mayakán que llevará energía a la península de Yucatán, un proyecto que inició a finales de 2024. Clemente tendrá que enfrentar los litigios por la posible responsabilidad en al menos tres explosiones que afectaron gravemente a habitantes de Tamaulipas.

Por cierto, en la carpeta de investigación de uno de estos casos, la NUC 330/2023, existen dos peritajes preliminares que señalaron el nexo causal de la acumulación de gas como fuente de la explosión en el inmueble de una de las víctimas en Matamoros. Hasta ahora no existe un peritaje final que absuelva a Engie de la responsabilidad en este caso. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Irving Barrios, tendrá que determinar la causa de éste y los otros dos accidentes, y si hubo fallas u omisiones en la seguridad de la red de distribución subterránea de gas natural de la compañía. Por lo pronto, hay preocupación en otros estados del país donde la empresa francesa tiene fuerte presencia, como Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Yucatán y Estado de México.

EL AMBICIOSO PROYECTO de inteligencia artificial Stargate promete transformar la infraestructura tecnológica y económica de la región de América del Norte, presentando nuevas oportunidades para las empresas tecnológicas y los sectores productivos en general. En este contexto, firmas como CreAI, liderada por Franco Palacios, se posicionan como actores estratégicos en la transición hacia un ecosistema económico impulsado por tecnologías avanzadas. Su enfoque en soluciones personalizadas de inteligencia artificial, junto con su capacidad para optimizar procesos en sectores clave como logística y banca, serán fundamentales en este nuevo mercado.

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL Felipe Ángeles, a cargo del general Isidoro Pastor Román, entregó por adjudicación directa el contrato AIFA-C-AD-DO-SVS-005/2025 a la empresa Energas de México SA para llevar a cabo el “suministro de gas natural para la central de cogeneración en el aeropuerto” durante el presente año, por un monto de hasta 85 millones de pesos. De acuerdo con la plataforma Compranet, la compañía que representa Edel Braham Fuentes cuenta con un contrato más en este 2025. También fue otorgado como una adjudicación directa por parte de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar en Sonora, que lleva Gabriela Nucamendi, para el suministro de gas natural en cuatro hospitales de la entidad por alrededor de 2 millones de pesos, según el contrato CESONORA-SG-014-2024.

HOY, JUAN JOSÉ SIERRA ÁLVAREZ asume la presidencia nacional de Coparmex. Con ello arranca una gestión enfocada a impulsar el crecimiento económico a través de las MiPyMES, que representan 99% del total de empresas en el país y generan más de 70% del empleo formal. Son varios los retos que enfrenta México: bajo crecimiento económico proyectado para 2025 (entre 1% y 1.5%) y una pobreza que lacera más de 40% de la población. Sierra Álvarez plantea una agenda ambiciosa para promover políticas públicas que incrementen la competitividad y reduzcan la informalidad. Bajo el lema “Una sola Coparmex, un solo México”, buscará unir a los Centros Empresariales para construir soluciones que impulsen el emprendimiento y la innovación. Además, destaca su compromiso con los jóvenes, quienes ya representan 35% de los emprendedores del país, y a quienes considera piezas clave para delinear el futuro económico de México.

México y Trump: el tiempo perdido

Dentro de una semana, el primero de febrero, el presidente Donald Trump decidirá si aplica o no aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses, dependiendo, dijo Trump, de las acciones que se tomen sobre migración y cárteles del narcotráfico. Eso definirá mucho del futuro de México.

El tiempo para tomar decisiones es muy corto, porque, sobre todo, se perdió la ventana de oportunidad entre la elección de Trump, la primera semana de noviembre, y el momento en que rindiera protesta, el lunes pasado. Apenas ayer hubo un primer contacto telefónico entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio, donde hablaron precisamente de seguridad y migración. Se poco más de dos meses muy valiosos.

La Casa Blanca está demostrando que, por otra parte, aplica y aplicará a toda velocidad el programa por el que fue electo Trump. Ayer, ya movilizó algunos miles de militares hacia la frontera, mientras que ordenó que la Defensa establezca un plan de participación militar para garantizar la seguridad nacional ante lo que califica como una suerte de invasión en la frontera sur, se encargará de ello el Comando Norte, el encargado militar de la seguridad del espacio interior en la Unión Americana, y en el que participan México y Canadá.

La narrativa impuesta desde la campaña ha convencido a la sociedad estadunidense de que su mayor desafío son la migración y los cárteles, y Trump está actuando en ese sentido, como lo había adelantado en estos meses de transición. Ante ello, es un error pensar que estamos simplemente ante la repetición de la anterior administración de Trump: no son las mismas medidas, pero, sobre todo, no es el mismo contexto ni la convicción y apoyo con el que cuenta Trump para aplicar esas medidas.

No entiendo cómo se siguen postergando algunas decisiones y por qué no nos adelantamos con otras. En la frontera chiapaneca, como en general en el tema de seguridad, hay avances reales, pero no se entiende que no tengamos aún un nuevo Instituto Nacional de Migración, cómo se sigue permitiendo la salida de caravanas que alimentan el discurso antinmigrante, cómo aún no tenemos un plan de contingencia claro y poderoso en las fronteras sur y norte.

Se ha perdido mucho tiempo. Hace semanas que decíamos aquí que, en el tema de la declaratoria de terroristas a los cárteles, México tendría que haber tomado la iniciativa, incluso antes de que Trump emitiera esa orden ejecutiva. En las mañaneras se intentó desmontar ese calificativo cuando se tendría que haber reforzado.

Ahora, Trump quiere reabrir la renegociación del T-MEC, posiblemente retomando su idea de 2017 de establecer dos tratados separados, uno para México y otro para Canadá, pero también, como advertimos hace meses, esa renegociación incorporará la búsqueda de un acuerdo, de un tratado de seguridad bi o trinacional, con mecanismos y objetivos muy concretos y capacidades de operación muy definidas, mucho más allá de lo que fueron el Plan Mérida o el Bicentenario, que resultaron todo un fiasco.

No se termina de entender que la declaratoria de grupos FTO a los cárteles nos beneficia si tenemos una estrategia común, incluso en terrenos tan importantes como el tráfico de armas desde EU a esas organizaciones criminales.

Hay movimientos que se deben hacer en forma casi obligada: primero, por supuesto, seguir y profundizar mucho más la estrategia seguida en los últimos meses; segundo, asumir como propia esa propuesta de un tratado de seguridad y, de la mano con ello, cambiar, derogar o modificar la ley de seguridad aprobada en la pasada administración, que limita completamente la relación y el intercambio de inteligencia y operación con las agencias estadunidenses. La ley fue detonada por la injustificada detención del general Cienfuegos, pero también fue la que terminó de romper la confianza del gobierno estadunidense en México, hasta llegar a la operación en la que fueron detenidos El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Resulta por lo menos extraño que, en medio de todos estos temas y de la inminente, guste o no, renegociación del T-MEC, se ahonde en el error en temas como enviar al Congreso la reforma para prohibir el maíz y otros productos agrícolas genéticamente modificados, cuando se ha perdido esa controversia en los paneles del propio T-MEC. Agricultura y energía serán temas abiertos en cualquier nueva negociación, incluyendo otra decisión poco racional como la prohibición en México del fracking, cuando será el principal instrumento para la explosión petrolera y energética que impulsará el gobierno de Trump. Ese tema, en términos de dependencia energética, será la mayor limitante respecto a las inversiones del sector en México.

No tenemos un equipo ya formado para la renegociación del T-MEC y de todas las áreas que conlleva, quizá porque se siguió pensando que no habría tal hasta 2026. No será así, Trump quiere abrir esa negociación en forma inmediata y, en realidad, nos conviene para llegar a acuerdos que rompan la incertidumbre. Tampoco tenemos un staff para hacer lobbying en Estados Unidos, no hemos definido si Esteban Moctezuma se queda o se va de la embajada; tenemos 53 consulados, pero muchos cónsules son políticos reciclados sin ninguna capacidad de interlocución, nadie lo representa mejor que Rutilio Escandón, descalificado por haber abierto la frontera sur al crimen y al tráfico de personas, y designado nada menos que cónsul en Miami, donde opera buena parte del trumpismo.

La administración Sheinbaum se muestra mesurada, pero no puede seguir actuando tantos pasos por detrás de la nueva Casa Blanca.

¿Quién mueve los hilos en el Tribunal Electoral?

Ayer quedó claro quién mueve los hilos en el Tribunal Electoral. Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se le voltearon al juez de Michoacán que instruyó a los Comités de Evaluación de los aspirantes —uno por cada poder de la Unión— suspender el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.

Sólo el Comité del Poder Judicial acató, pero tendrá que dar reversa. Por tres votos contra dos, la Sala Superior del TEPJF ordenó reactivar el proceso. Le dio al Comité 24 horas para hacerlo. Los tres magistrados alegan que el juez excedió sus funciones, ya que no tiene competencia en temas electorales.

No quedó allí. Avalaron que se presente una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue si hubo delito. Dio vista también al Consejo de la Judicatura para que tome acciones disciplinarias. Los dos magistrados que votaron en contra, Janine Otálora y Reyes Rodríguez, estimaron que la sentencia es excesiva y consideraron que corresponde a la Corte resolver la disputa (portal de Reforma, 22 de enero, 24).

* Ya que estamos. El proceso de elección de los juzgadores suma ya más de 2 mil impugnaciones en su etapa inicial. Son de quienes protestan por haber sido rasurados en el primer corte de las listas de los Comités de Evaluación. En esta elección inédita también se manejan nombres de los que, según fuentes cercanas al TEPJF, tienen mayores posibilidades de cubrir las dos plazas vacantes en la Sala Superior.

Y es que desde los tiempos de ​L​ópez Obrador, el tribunal trabaja sólo con cinco magistrados. Nunca suplieron a dos que terminaron su ciclo.

El expresidente dio línea a sus legisladores de frenar los nombramientos de los reemplazos. Uno para una mujer y otro para un hombre. Ya suenan nombres de las favoritas para incorporarse a la Sala Superior en el asiento que le toca a una mujer: Claudia Valle Aguilasocho, Gabriela Villafuerte Coello y Adriana Favela, exconsejera del INE.

“No hay duda de que son las más fuertes. No hay duda que una de ellas será la que se quede en la silla para una mujer”, nos dice una fuente cercana al proceso.

Los momios se inclinan por Valle Aguilasocho. Fue llamada de última hora para completar el quórum en la Sala Superior en la calificación.

de la elección de Claudia Sheimbaum, en 2024.

También se filtraron los nombres de quienes suenan para ministros. Jaime Cárdenas, Rafael Guerra, Julio Sabines, Arístides Rodrigo Guerrero y Guillermo Valls. No falta quien apueste por el exsenador del PAN, Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón cuando vivía en Los Pinos.

* El tema de la deportación masiva de migrantes, que arrancó con el segundo mandato de Donald Trump, va a requerir de dinero, mucho dinero, para enfrentarlo. En el presupuesto de Egresos 2025 no se adelantó a un fenómeno largamente anunciado. No hay recursos suficientes para hacer frente a este enorme desafío.

No sabemos la cifra exacta anual. En el equipo de Trump se habló de un millón de deportados por año. Los estados fronterizos no tienen los medios para evitar un colapso mayor y una crisis humanitaria. La ​Federación está obligada a darles más recursos.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, declaró ayer que ya se le dijo a la presidenta Sheinbaum que, de ser necesario, la Cámara de Diputados está dispuesta a revisar la reasignación presupuestaria  para enfrentar el reto. ¿Le tomará la palabra?

* La mañana de ayer asistí a la presentación de esa nueva fuerza política ciudadana derivada del Frente Cívico Nacional, que aspira a convertirse en un partido político incluyente.

¿Su lema? Ni de derechas, ni de izquierdas; somos de derechos. ¿Su logo? Un emblema rectangular rosa con la leyenda en blanco Somos MX, la fuerza que nos une.

¿Sus cabezas más visibles? Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Carlos Navarrete, Mariclaire Acosta, Rosario Guerra, Cecilia Soto y  Fernando Belaunzarán.

Pero también Leonardo Valdés, Edmundo Jacobo, Amado Avendaño y Macario Schettino. Caras conocidas con ánimos renovados.

No les prestaron el auditorio del INE para realizar el evento. Tuvieron que cambiarlo al Centro Cultural Tlatelolco.

Nos llamó la atención que al templete no subieron los líderes del Frente, sino jóvenes que le hablaban a un auditorio aplastantemente adulto.

En un video plasmaron su postura incluyente: “No entendemos de chairos y fifís, sólo de personas. Ni de derechas ni de izquierda. Sólo de derechos. Nuestra ideología es México. Somos los que nadie vio venir. La libertad es nuestra esencia”.

“Billy” Álvarez es vinculado a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada

Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, tras comparecer este miércoles ante el juez de control Enrique Beltrán Santés en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Vestido con un conjunto caqui y portando el número de preso 6157, Álvarez calificó su situación como un caso de persecución política. Con voz serena, afirmó: “Estoy en la tesitura, percepción y sentimiento de ser preso político. Estoy apelando a la benevolencia de las leyes para que se pueda actuar con toda justicia y proporcionalidad”.

La audiencia, que duró cerca de una hora, se llevó a cabo en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano. Durante la diligencia, el juez Beltrán Santés señaló que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2011 y 2016 Álvarez lideró una organización criminal que obtuvo y dispersó más de 114 millones de pesos de la cooperativa mediante al menos siete empresas factureras.

El juez explicó: “Existe un conglomerado criminal que ha operado desde 2011 a 2017, liderado por usted, que se dedicaba a obtener recursos de la Cooperativa Cruz Azul”.

El equipo legal del exdirectivo solicitó al juez autorización para que Álvarez pueda recibir medicamentos relacionados con sus padecimientos de diabetes e hipertensión.

El caso ha generado reacciones encontradas, mientras que la Cooperativa Cruz Azul celebró su detención, calificándola como un reflejo de la transformación que atraviesa el país.

Nueva administración republicana impactará al sector bancario mexicano con medidas contra cárteles y controles anti-lavado

La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de la nueva administración republicana en Estados Unidos podría tener repercusiones directas en el sistema bancario mexicano. Ante este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum estaría obligado a fortalecer las normas de prevención de lavado de dinero, lo que generaría tensiones adicionales en el sector financiero.

En este contexto, se ha intensificado la preocupación por un posible impuesto a las ganancias de los bancos, lo que ya ha despertado inquietudes similares a las surgidas en la reciente reelección de Francisco Cervantes al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Asimismo, en la Asociación de Bancos de México (ABM) crece el debate sobre la necesidad de elegir a un líder con capacidad de diálogo directo con Sheinbaum.

Durante esta semana, en el entorno gubernamental circuló un documento que revela que el sector bancario registró ganancias récord en intereses el año pasado, provenientes en un 60% de personas físicas y familias. Este panorama ha puesto en el centro de las discusiones el endurecimiento de los controles anti-lavado, incluyendo posibles cambios en la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actualmente encabeza Pablo Gómez, cuyo reemplazo se prevé para febrero.

Además, desde diciembre, se han activado medidas como mayores controles en casas de bolsa y restricciones más estrictas para la apertura de cuentas bancarias destinadas a personas deportadas desde Estados Unidos. También se contempla exigir mecanismos más rigurosos para reportar operaciones sospechosas y transacciones en efectivo que excedan ciertos límites.

El endurecimiento de estas políticas podría complicar operaciones estratégicas, como la venta de HSBC en México, que enfrenta desafíos adicionales tras las sanciones que la institución recibió en el pasado debido a investigaciones relacionadas con fondos provenientes del narcotráfico en Estados Unidos. Aunque el gobierno no tendría objeción en que el comprador sea extranjero, las condiciones actuales podrían dificultar la transacción.

Las medidas anunciadas colocan al sector bancario mexicano frente a retos significativos, tanto por las políticas estadounidenses como por las decisiones fiscales y regulatorias en discusión a nivel nacional.

Trump amenaza con sanciones a Rusia si no se pone fin a la guerra en Ucrania

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, declaró que impondrá altos impuestos, aranceles y sanciones a Rusia si el presidente Vladimir Putin no pone fin a la guerra en Ucrania. A través de su red social, Trump subrayó que no busca perjudicar al país, pero insistió en que es necesario un acuerdo para detener el conflicto.

“No busco hacer daño a Rusia. Amo al pueblo ruso y siempre he tenido una muy buena relación con el presidente Putin, y esto a pesar de la farsa de la izquierda radical”, afirmó Trump. Además, recordó la participación de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, destacando las pérdidas humanas sufridas por el país durante ese periodo.

El expresidente también advirtió que la situación podría empeorar si no se llega a un acuerdo: “Voy a hacerle a Rusia, cuya economía está fallando, y al presidente Putin, un gran favor. ¡Lleguen a un acuerdo ahora y detengan esta guerra ridícula!”, agregó.

Trump enfatizó que, de no haber avances, no tendría otra opción más que imponer restricciones económicas a los productos y servicios rusos, las cuales afectarían tanto a Estados Unidos como a otros países aliados. Finalizó haciendo un llamado para evitar más pérdidas humanas: “Es hora de hacer un trato. ¡¡¡No deben perderse más vidas!!!”

El conflicto en Ucrania ha generado tensiones internacionales desde su inicio, con varias naciones imponiendo sanciones económicas y buscando soluciones diplomáticas para detener la violencia.

Ordena TEPJF a PJ reactivar proceso para elección

Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Comité Evaluador del Poder Judicial reactivar, en un plazo de 24 horas, la selección de candidatos a juzgadores.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes coincidieron en que el juez primero de distrito en Michoacán se extralimitó en ordenar a los comités de evaluación de los tres poderes la suspensión de actividades, pues se ha insistido en que no tienen injerencia en asuntos electorales.

Además, argumentaron, se atenta contra los derechos político-electorales de quienes se inscribieron ante ese Poder para competir por una candidatura a Ministro, juez o magistrado, y los deja en riesgo de no participar en la contienda.

Esto porque el 12 de febrero deben entregar las listas de candidatos al INE, y de no hacerlo no aparecerían en la boleta.
Los tres juzgadores también avalaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue algún posible delito, y dio vista al Consejo de la Judicatura Federal para que tome acciones disciplinarias por su invasión competencial.

Director: Juan Luis Parra

Hermosillo, Sonora.

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