El nivel que está tomando el asunto de Ismael ‘El Mayo’ Zambada empieza a tomar dimensiones de escándalo para la 4T y Morena que, en medio de las presiones y exigencias del narcotraficante sinaloense, comienzan a parecer “rehenes” ante la amenaza de la detonación de una “bomba política y diplomática” que alteraría drásticamente la relación entre México y Estados Unidos.

Porque mientras el Mayo aumenta la presión y manda decir con su abogado a México que, ante la falta de ayuda y la incapacidad del gobierno mexicano para extraditarlo y repatriarlo, entonces a él no le quedará más remedio que declararse “culpable” de los cargos que le imputan, ir a un juicio y negociar con el Departamento de Justicia un acuerdo de “testigo protegido”, como el que ya tienen sus dos hijos, y entregarle al gobierno de Donald Trump toda la información que tiene de su liderazgo de 50 años en el Cártel de Sinaloa, acusando a políticos de varios sexenios y de todos los partidos, pero proporcionando datos y evidencias de sus relaciones y pactos más recientes con el gobierno del expresidente López Obrador.

Lo del Mayo es abiertamente un chantaje y una estrategia jurídica y política con la que presiona a México y justifica su acuerdo con el gobierno estadounidense para legitimar y fundamentar una ofensiva jurídica o incluso hasta militar contra los Cárteles de la Droga, con o sin la colaboración de la Presidencia de México. Y tal vez el colmilludo y experimentado capo sinaloense solo está siguiendo un guion, desde que pactó su entrega desde México y, más que querer regresar a su país, lo que está haciendo es colaborar con el gobierno de Estados Unidos para presionar y arrinconar al gobierno de la doctora Sheinbaum a que respalde su guerra contra los cárteles mexicanos o asuma las consecuencias de no sumarse.

Porque la reacción de las autoridades mexicanas al chantaje del Mayo solo se entiende porque ellos saben que el narco tiene material con qué chantajearlos y presionarlos. Por qué si no la presidenta Sheinbaum se apresuraría a encargarle el asunto a la FGR y a decir que “tenemos que defenderlo como cualquier ciudadano” de lo que fue una extracción ilegal, planteándolo como un tema de “derechos”, mientras el fiscal Alejandro Gertz tiene que salir a justificar, como dándole explicaciones al Mayo, que sí solicitaron su extradición al menos cuatro veces desde que se lo llevaron en julio de 2024, pero “nunca nos contestaron” a las solicitudes.

Para que exista un chantaje se necesita que el autor del chantaje tenga información que daña o compromete al chantajeado, y en este caso, claramente, el gobierno y el fiscal han actuado haciéndose de culpa y respondiendo a las presiones de un criminal que, lo dice el propio fiscal, tenía libradas al menos tres órdenes de aprehensión en México, las cuales nunca se cumplieron en al menos tres décadas.

Y en tanto avanza el calendario y se acorta el plazo fatal de Donald Trump para imponerle aranceles a México, con el mandatario estadounidense insistiendo en que sus impuestos van y que no está “nada contento con lo que han hecho México y Canadá”, también crece la presión para que la presidenta Sheinbaum defina si se sumará o no a la guerra de la Casa Blanca contra los cárteles o si defenderá los pactos y acuerdos con el narcotráfico que le heredó su antecesor.

A las presiones desde Washington, se suman los escándalos domésticos que desnudan redes de cercanía y conexiones entre el despacho que asumió la defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y varios personajes de la clase política. Lo mismo priistas que panistas o morenistas son señalados de tener cercanía y de haber apoyado o reconocido a los abogados Sergio Ramírez Muñoz y Juan Pablo Penilla, además del abogado Juan Manuel Delgado, socios del despacho que defiende a Zambada García y los cuales, en una entrevista de 2022, reconocieron que “somos abogados del crimen organizado” y dijeron “apoyar el plan de paz” del presidente López Obrador.

Y cada vez son más las fotos y videos donde se confirma la cercanía política de los defensores del Mayo con Morena y con encumbrados personajes del partido gobernante, desde el sexenio pasado con la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y su subsecretario Ricardo Peralta, hasta con figuras como Pedro Haces, Martí Batres, Mario Delgado o la propia presidenta Sheinbaum, que aunque negó conocerlo y dijo que se trató de una “foto como las que me tomo con muchas personas en campaña”, ahora le han publicado más fotografías con Sergio Ramírez y Juan Pablo Penilla.

¿Será casualidad que El Mayo presione y amenace desde Nueva York, mientras sus abogados embarran a medio gobierno y Congreso, además de otros partidos, y el presidente Donald Trump aprieta con sus amenazas de aranceles y con una ofensiva bestial contra los cárteles del narcotráfico en México? Todo indica que no y que lo que se está cerrando cada vez más es una ofensiva inédita desde la Casa Blanca contra el crimen organizado que hoy controla buena parte del país y de su economía.

NOTAS INDISCRETAS…

Y para cuestionar el discurso de que El Mayo Zambada merece respuesta inmediata del gobierno federal por ser un ciudadano mexicano al que se le secuestró y se le extrajo del país sin el debido proceso, bastarían los casos y nombres o denuncias de millones de mexicanos que claman por justicia o derechos básicos y que nunca han sido atendidos por las autoridades, pero en particular ayer el líder de la comunidad menonita en México, Adrián LeBarón, publicó un mensaje en redes sociales para decir que, mientras la Presidenta sí le contesta de inmediato al Mayo porque “es mexicano, sólo como anécdota he enviado al menos 8 cartas a la Presidencia de la República y nunca he recibido respuesta. La última fue el 4 de noviembre de 2024, a cinco años de la masacre de mi familia. Al parecer para las víctimas no hay respuestas ni mucho menos abrazos”, dijo LeBarón, como pudieron decirlo muchos otros mexicanos que nunca recibieron atención ni respuesta de la Presidencia o de las autoridades federales…Y como suele pasar en la vida real y en muchos matrimonios, al parecer Morena y el Verde terminaron entendiéndose después de sus pleitos, infidelidades y diferencias, porque ayer desde el Senado se dio a conocer que los morenistas, encabezados por Adán Augusto López, terminaron cediendo a las amenazas del PVEM de votar en contra de las reformas constitucionales electorales de la doctora Sheinbaum, para prohibir el nepotismo en la sucesión de cargos públicos y la no reelección, si no se modificaba la primera iniciativa, antinepotista, para que entrará en vigor en 2030 y no en 2027. Ayer, como cualquier pareja que se reconcilia después de haberse arañado y tirado los platos, aparecieron Adán Augusto y el coordinador de los senadores verdes, Manuel Velasco, para anunciar que las dos propuestas de la Presidenta se iban para el 2030, con lo que se impuso la intención de los verdes de permitirle a su gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, impulsar la candidatura de su esposa, la senadora Ruth González Silva. Y aquí habría que preguntarse ¿pudo más el interés de Morena para no perder a sus aliados verdes satélites que la propuesta de la Presidencia de la República? Eso sería algo muy delicado…Los dados mandaron Serpiente Doble. Se complica la semana.