Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, será sancionado penalmente por las autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red de huachicol vinculada a Pemex, reveló el analista Simón Levy en entrevista con el periodista Salvador García Soto durante su noticiero A la una, transmitido por radio y disponible en YouTube.

“Hay testimonios, hay documentos de personas muy cercanas a él, en donde ya hay denuncias muy concretas por los negocios turbios, particularmente en Ensenada”, afirmó Levy. Indicó que la implicación penal de López Beltrán en EE.UU. ya está en curso y va más allá del robo de hidrocarburos, al estar también relacionado con casos como el de agronitrogenados y el de Emilio Lozoya.

Levy aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera de México ya reportó movimientos sospechosos relacionados con tres bancos y que la investigación ha sido retomada por autoridades estadounidenses. “Ya hay una incriminación penal… es un tema que ya está catalogado como terrorismo”, sostuvo.

En la entrevista también se señaló la ausencia prolongada de López Beltrán del ámbito público desde el 5 de junio, cuando apareció en una transmisión sobre las elecciones en Durango. Desde entonces, ha eliminado su presencia en redes sociales, lo que, según Levy, coincide con las primeras revelaciones sobre su caso.

Además, se mencionó que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero presidencial, también estaría siendo investigado por sus presuntos vínculos con grupos radicales extranjeros. Según Levy, habría evidencia de su participación en manifestaciones coordinadas por células ligadas a Hamás y al régimen iraní, lo cual habría motivado acciones de inteligencia por parte de EE.UU.

Levy también afirmó que existe una lista de 300 mexicanos que están siendo considerados personas non gratas en Estados Unidos, en la que habría políticos, empresarios, deportistas y artistas, y que varios ya han perdido su visa sin que se haya hecho público.

En cuanto al impacto bilateral, el analista señaló que, pese a las quejas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, existe una cooperación directa entre su gobierno y las autoridades estadounidenses, particularmente en temas de inteligencia financiera y control aduanero.

Finalmente, Simón Levy adelantó que cuatro gobernadores mexicanos estarían por colaborar con Estados Unidos en calidad de testigos a cambio de evitar ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un informe contundente sobre el proceso de elección judicial por voto popular en México, alertando sobre serias deficiencias técnicas, jurídicas y democráticas, y recomendando explícitamente a otros países no adoptar este modelo.

En el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, la OEA subrayó que la participación ciudadana fue de apenas 13%, uno de los niveles más bajos registrados en América Latina para un proceso electoral, y que se observaron altos porcentajes de votos nulos y sin marcar.

El organismo internacional advirtió que el proceso fue implementado con rapidez y sin el tiempo necesario para un debate democrático suficiente, lo cual generó tensiones políticas y sociales. La reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum como parte de su plataforma electoral, fue aprobada en un contexto de polarización y con vacíos normativos significativos.

La OEA calificó el nuevo sistema como sin precedentes en el mundo, al imponer el voto directo para elegir a la totalidad de jueces, magistrados y ministros judiciales del país, y alertó sobre el riesgo de que este método afecte la independencia del Poder Judicial y su capacidad de actuar como contrapeso al Ejecutivo.

Asimismo, el informe reveló que el proceso estuvo marcado por irregularidades como el uso de “acordeones” para orientar el voto, candidaturas promovidas por el gobierno, falta de mecanismos adecuados para evaluar la idoneidad técnica de los postulantes y la sustitución discrecional de comités evaluadores, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia e imparcialidad del proceso.

La Misión también cuestionó que seis de los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte fueron propuestos por el Poder Ejecutivo, mientras que los otros tres ya formaban parte del tribunal y habían sido designados por López Obrador, lo que “levanta dudas razonables sobre la autonomía del máximo tribunal”.

En su análisis, la OEA citó preocupaciones compartidas por organismos internacionales como la ONU y la CIDH, que advirtieron sobre la posible politización del Poder Judicial, afectaciones a la independencia de jueces y a las garantías del debido proceso.

El informe concluye que el modelo mexicano no cumple con los estándares internacionales mínimos sobre independencia judicial y que la reforma fue impulsada sin evaluaciones técnicas rigurosas, ni procesos estandarizados que garantizaran competencia e idoneidad de los candidatos.

La recomendación final del informe es tajante: desaconseja que otros países adopten este mecanismo de elección judicial por voto popular.

El informe provocó una fuerte reacción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante una gira por el estado de Morelos criticó abiertamente al organismo internacional. “No está dentro de sus funciones dar recomendaciones sobre cómo un país debe elegir a su Poder Judicial”, declaró.

Más tarde, ante comunidades indígenas en Morelos, reiteró su rechazo: “La OEA debe informar cómo se desarrolló la jornada electoral, pero que se guarde su opinión sobre el sistema judicial mexicano porque no está en sus estatutos”. También señaló que “la soberanía nacional debe ser respetada”, acusando a la OEA de extralimitarse en sus atribuciones.

La reacción de Sheinbaum también desató una ola de comentarios en redes sociales, particularmente en X, donde usuarios han comparado su postura con la de Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, acusándola de rechazar críticas internacionales y consolidar poder de manera autoritaria. Publicaciones señalan que, al igual que Maduro, Sheinbaum “pisotea el estado de derecho” y desestima organismos como la OEA, avivando preocupaciones sobre un posible deterioro democrático en México, aunque estas comparaciones permanecen mayormente en el ámbito de las redes y no han sido reflejadas en medios tradicionales.

Pese a las críticas, la OEA insistió en que su evaluación se fundamenta en estándares internacionales y busca contribuir al fortalecimiento de la democracia en México, subrayando que continuará dando seguimiento al proceso en su etapa final.

La violencia política ha marcado el proceso electoral en Veracruz, donde este domingo 2 de junio se elegirán mil 54 cargos locales, incluidos 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías, además de participar en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Veracruz, junto con Durango, es una de las únicas entidades del país en realizar elecciones locales este año. Más de seis millones de ciudadanos están convocados a votar, en un contexto electoral fuertemente golpeado por la inseguridad.

Durante este proceso fueron asesinados cuatro aspirantes a alcaldías, entre ellos Yesenia Lara Gutiérrez y Germán Anuar Valencia Delgado, ambos candidatos de Morena en Texistepec y Coxquihui, respectivamente. También murieron Martes Bárbaro Hernández Canuto, aspirante de Morena en Oluta, y Carlos Ramsés Neri Rodríguez, funcionario del ayuntamiento de Paso del Macho, vinculado al Partido Verde.

La organización Data Cívica documentó que desde el inicio del proceso electoral en noviembre, seis funcionarios locales han sido asesinados. Entre ellos están Manuel Andrei Gamboa Soto, director de Gobernación en Ciudad Mendoza, y Bladimir García Soriano, director de Obras en Ixtaczoquitlán.

El informe “Votar entre balas”, elaborado por la misma organización, reporta además el secuestro de un candidato, dos funcionarios y una autoridad electa, además de un atentado y un ataque armado contra servidores públicos durante el proceso.

La consultora Integralia ubicó a Veracruz como la segunda entidad con más violencia político-electoral en el primer trimestre de 2025, con 13 incidentes, solo por debajo de Morelos, que registró 17.

Marina Reyes, analista de Integralia, señaló que el nivel municipal es el más vulnerable a la injerencia del crimen organizado, por tratarse de la estructura de gobierno más cercana al control territorial. “Muchas veces el crimen organizado a quien intenta acercarse… es a nivel municipal”, explicó en entrevista.

Veracruz es gobernado por Morena desde 2018, primero con Cuitláhuac García Jiménez y actualmente con Rocío Nahle García. En este proceso, Morena y el Partido Verde postularon en coalición a 165 aspirantes a alcaldes.

Van 6 hechos de violencia electoral a horas de los comicios

A menos de 24 horas de las elecciones del domingo 2 de junio en Veracruz, la Mesa de Seguridad estatal reportó seis hechos de violencia electoral registrados en diversos municipios, relacionados con intimidaciones a candidatos, militantes y ciudadanos, en medio de un ambiente marcado por tensiones entre fuerzas políticas.

En Tlalnelhuayocan, zona conurbada a Xalapa, fue agredido el vehículo de la candidata del PRI a la alcaldía, Arianna Ángeles Aguirre, en un ataque que, según reportes preliminares, habría sido perpetrado por operadores vinculados a Morena y a su candidata María Emilia Nieto, utilizando machetes y armas.

El hecho se suma a una serie de denuncias cruzadas entre ambos grupos por presunta entrega de dádivas y actos de intimidación. La aspirante del PRI ha documentado en video la entrega de tinacos por parte de operadores de Morena, lo que ha generado tensiones en el municipio.

En Acajete, simpatizantes del Partido Verde denunciaron la privación ilegal de la libertad de Isaac Hernández Falda, hermano de la candidata Amparo Hernández. Habitantes cerraron la carretera libre a Perote, exigiendo su presentación con vida.

En Juan Rodríguez Clara, se reportó la presencia de personas armadas en camionetas con el objetivo de intimidar al electorado y evitar que acudan a las urnas. En Minatitlán, petroleros denunciaron la presencia de grupos de choque que habrían acudido a comunidades para coaccionar el voto.

En Álamo y El Naranjal, se alertó sobre reparto de dádivas por parte de actores políticos, lo que generó enfrentamientos y conatos de violencia. Mientras que en Tuxpan, el Ejército realiza operativos para localizar a grupos armados presuntamente ligados a Los Zetas o Grupo Sombra, lo que ha generado temor en la población.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente de personas heridas, sin embargo, los hechos provocaron llamados de los partidos a reforzar la vigilancia.

El Gobierno estatal aseguró que la seguridad para la jornada electoral está garantizada, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con un despliegue de 15 mil 715 elementos y 2 mil 166 vehículos.

En estas elecciones, más de 6 millones de veracruzanos podrán votar. Se prevé la instalación de 16 mil 451 casillas, de las cuales 10 mil 993 corresponden a la renovación de los 212 Ayuntamientos y 5 mil 458 al proceso para elegir integrantes del Poder Judicial.

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Con información de Reforma y Latinus.

El estallamiento de huelga en el periódico La Jornada, promovido por el Sindicato Independiente de Trabajadores (SITRAJOR), ha desatado una confrontación interna que va más allá del conflicto laboral y apunta hacia un trasfondo político que podría involucrar al entorno cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con una columna publicada por Roberto Fuentes Vivar en La Jornada de Oriente, detrás del movimiento sindical estaría Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral y padre de Luisa María Alcalde, actual presidenta nacional de Morena, así como de Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México. Aunque Arturo Alcalde no figura oficialmente como asesor de SITRAJOR en la actualidad, se señala que personas de su círculo cercano estarían detrás de la estrategia legal y política del paro.

El sindicato anunció que la huelga comenzará el lunes 26 de mayo, alegando incumplimiento de prestaciones, represión sindical y falta de diálogo con la administración del medio. En un comunicado, el SITRAJOR acusó a los directivos de intentar cancelar el contrato colectivo y llevar a la empresa a una crisis económica, a pesar de ser una de las principales beneficiarias de la publicidad oficial.

La respuesta no se hizo esperar. Un total de 249 trabajadores del diario —de una plantilla de aproximadamente 300— rechazaron el paro, afirmando que nunca fueron consultados y calificando la medida como una acción arbitraria promovida por una minoría sin representación legítima. La administración del diario también cuestionó la legalidad y legitimidad del movimiento.

La columna de Fuentes Vivar sugiere que este conflicto podría ser parte de un ajuste de cuentas dentro del movimiento lopezobradorista, ya que La Jornada ha sido blanco reciente de críticas desde el entorno presidencial, particularmente por sus editoriales y la publicación de información considerada incómoda. El periodista menciona que incluso el jefe de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, habría criticado al diario por publicar una foto enviada por la embajada de Estados Unidos, lo que habría profundizado la tensión con el gobierno.

En este contexto, la posible implicación de Arturo Alcalde —quien ya había asesorado una huelga en La Jornada en 2017 y fue señalado por su rol en la crisis de Notimex— reaviva la pregunta sobre si se trata de una advertencia para la directora del medio, Carmen Lira Saade, sobre su alineamiento político: ¿debe mantenerse leal a su compadre Andrés Manuel López Obrador o alinearse con la actual presidenta Claudia Sheinbaum, responsable del presupuesto federal y los contratos publicitarios?

En el fondo del conflicto, el SITRAJOR mantiene su llamado al estallamiento de huelga con la consigna de “por un periódico de iguales”, mientras la mayoría del personal del diario insiste en mantener las operaciones y proteger su vínculo con los lectores.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue exhibido este lunes tras insistir en que él pagó de su bolsillo el boleto de avión para acudir a una reunión en Estrasburgo, Francia, en marzo pasado. Sin embargo, una factura oficial emitida por Air France y validada por el SAT demuestra que el boleto fue facturado a nombre del Senado de la República por un total de 102 mil 686 pesos.

De acuerdo con el reportaje de la periodista Leticia Robles de la Rosa, publicado en Excélsior, el Senado cubrió 36 mil 480 pesos, correspondientes al costo de un asiento en clase turista. Noroña devolvió 66 mil 206 pesos, equivalentes a la diferencia por haber viajado en clase business. Con ello, el gasto neto para el erario fue de 91 mil 388 pesos, incluyendo viáticos y transporte terrestre.

La factura, con sello digital vigente, puede validarse en el portal oficial del SAT, confirmando que el gasto fue registrado por la Cámara Alta. La situación contradice las declaraciones del senador, quien en redes sociales acusó a la periodista de mentir y afirmó que el boleto fue pagado por él mismo y luego reembolsado parcialmente.

La red social X, antes Twitter, colocó una nota comunitaria desmintiendo al legislador, y ratificó que la información difundida por la periodista es correcta. Robles respondió publicando la factura con su código QR y el RFC del Senado, reiterando que el documento es oficial y público.

Más allá del cruce de acusaciones, el manejo administrativo del caso ha generado dudas: ¿por qué se facturó el boleto completo a nombre del Senado si solo se cubriría una parte? ¿Por qué no se facturó únicamente el monto autorizado? Y, en términos fiscales, el uso de un cheque para devolver dinero al Senado podría violar la normativa, ya que las devoluciones deben realizarse vía transferencia electrónica, no en efectivo ni con cheques.

En la conferencia de prensa donde negó los hechos, Noroña centró su mensaje en atacar a la periodista, a quien llamó “intrigante” y “mentirosa”, sin presentar documentos que contradijeran la factura pública.

Además del boleto aéreo, los gastos del viaje incluyeron 6 mil 975 pesos por transporte en tren en primera clase y 47 mil 933 pesos por viáticos, equivalentes a 2 mil 250 euros entregados al senador.

En contraste, otros viajes realizados por senadores en el mismo periodo superaron incluso el costo del de Noroña. El más alto fue el del senador Alejandro Murat, con un gasto total de 335 mil pesos por visitas a Estados Unidos, Suiza, Francia y Bélgica, acompañado de una asesora.

Sin señalamientos ni discursos incendiarios, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la 88 Convención Bancaria con un mensaje técnico y conciliador, centrado en datos económicos, programas sociales y un acuerdo clave con el sector financiero: incrementar el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en los próximos años.

El evento, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), reunió a líderes del sistema bancario, funcionarios federales y representantes del Banco de México en Nayarit los días 8 y 9 de mayo. Fundada en 1928, la ABM es el órgano cúpula del gremio bancario nacional y agrupa actualmente a 51 instituciones.

Durante su participación, Sheinbaum destacó que solo el 33% de la población mexicana tiene acceso al crédito, pese a las altas utilidades y rentabilidad del sistema bancario. Frente a este panorama, anunció un compromiso conjunto con los bancos para ampliar el acceso al financiamiento, particularmente a sectores productivos que hoy se mantienen fuera del sistema formal.

El acuerdo plantea un aumento anual del 3.5% en el crédito a Mipymes entre 2025 y 2030, con la meta de que al menos 30% de estas empresas cuenten con algún tipo de financiamiento al cierre del sexenio. Asimismo, se contempla el uso de la banca de desarrollo para reducir tasas de interés en productos financieros dirigidos a estos sectores.

“La falta de acceso al crédito limita el crecimiento económico y el bienestar”, afirmó la mandataria, sin hacer referencia a temas polémicos que ha abordado en las mañaneras. Su discurso, más técnico que político, se enfocó en presentar cifras positivas de la economía nacional, con menciones al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre, la inversión extranjera y los niveles de empleo.

El tono contrastó con el estilo directo y confrontativo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien en años anteriores usó este mismo foro para lanzar mensajes fuertes al sector. En esta ocasión, no hubo amenazas ni promesas de mantener a raya a los bancos, sino una invitación al trabajo coordinado entre el gobierno federal y la iniciativa privada.

En paralelo, la presidenta y los líderes del gremio bancario acordaron revisar el funcionamiento del Fobaproa, mecanismo creado en los años noventa para rescatar al sistema bancario durante una de las crisis financieras más graves del país. Sheinbaum ha criticado públicamente este instrumento, al que ha calificado como un “desfalco a la nación” que favoreció a empresarios y políticos, mientras la deuda fue trasladada a la ciudadanía.

Julio Carranza, presidente saliente de la ABM, respaldó el acuerdo y destacó que el sistema bancario mexicano ha invertido más de 150 mil millones de pesos en tecnología durante los últimos seis años, además de haber incrementado su capital de 1 a 1.7 billones de pesos. Señaló que la banca está lista para asumir nuevos retos y colaborar con el gobierno para impulsar la inclusión financiera.

También advirtió sobre un entorno global incierto, marcado por políticas proteccionistas y tensiones geopolíticas, pero descartó que México enfrente una recesión. En su visión, el país se encuentra bien posicionado para aprovechar el reacomodo de cadenas de suministro a nivel internacional.

La convención fue también escenario del relevo en la presidencia de la ABM. Emilio Romano, actual presidente de Bank of America México, asumió la dirigencia del organismo en sustitución de Carranza. Romano, con trayectoria en el sector público y privado, fue procurador fiscal de la Federación y presidente de Telemundo en Estados Unidos. Su nombramiento ocurre en un contexto estratégico: la renegociación del TMEC en 2026 incluirá un capítulo financiero clave para la integración regional.

Durante los dos días del evento, se dieron cita representantes del gabinete federal como Graciela Márquez Colín, presidenta del INEGI; Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial; José Antonio Peña Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; y Édgar Amador, secretario de Hacienda. Todos coincidieron en la necesidad de impulsar una banca más incluyente y con mayor alcance territorial.

El lema de la edición número 88 de la Convención fue “La banca y su aportación al desarrollo de México”, una consigna que sirvió de marco para delinear los desafíos y oportunidades de un sector que, pese a su solidez, sigue teniendo una baja penetración en gran parte de la población y la economía informal.

El evento concluyó sin sobresaltos, sin enfrentamientos y con una promesa: que la banca mexicana pueda ser motor de inclusión y crecimiento, en un sexenio que arranca bajo nuevas reglas de juego y otro estilo de interlocución.

El periódico La Jornada, considerado por muchos como una voz oficial del gobierno, ha publicado una Rayuela en la que descarta la existencia de hornos clandestinos en Jalisco. La postura del diario no sorprende, pues su directora, Carmen Lira Saade, mantiene una cercana relación con la 4T: es comadre del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue una de las principales beneficiadas con publicidad oficial durante su sexenio y sigue recibiendo grandes montos en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Esta conexión ha generado sospechas sobre si el gobierno está tratando de suavizar o incluso encubrir lo que podría ser un hallazgo de alto impacto en el país.

La versión oficial: Fiscalía de Jalisco descarta hornos en Teuchitlán

El jueves 13 de marzo, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado descartando la existencia de hornos crematorios en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, lugar donde recientemente se han realizado operativos en busca de personas desaparecidas.

Según la dependencia, tras una inspección en el sitio, en la que participaron entes federales y colectivos de búsqueda, se constató que el lugar no contenía estructuras utilizadas para la incineración de cuerpos. En su lugar, se encontraron habitaciones, baños, una cocina, bodegas y áreas de entrenamiento táctico y físico.

La Fiscalía aseguró que se cumplió con los protocolos de búsqueda y análisis forense y que, en este punto, no hay indicios de la existencia de un centro de exterminio como se había especulado.

La versión de las buscadoras: sí hay hornos, pero inactivos

A pesar de la negativa de la Fiscalía, los colectivos de búsqueda de desaparecidos contradijeron la versión oficial, asegurando que sí existen hornos clandestinos en el rancho Izaguirre.

Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, afirmó que se localizaron tres hornos en la zona, y que este viernes continuarían con la exploración del sitio para recolectar más pruebas.

En una transmisión en vivo, Navarro señaló que la información sobre los hornos proviene de testimonios de personas que lograron escapar del lugar, quienes indicaron que en ese sitio se incineraban cuerpos.

“Nos hicieron llegar una nota donde se decía que los hornos estaban todavía ahí con humo, que estaban en funcionamiento. No estaban en funcionamiento, pero sí existen”, aclaró la activista.

Hallazgo de restos y prendas en el rancho

Navarro también reveló que se han recuperado restos óseos en el área, los cuales, según especialistas forenses, tendrían entre dos y dos años y medio de antigüedad. Además, se han encontrado cerca de 90 pares de botas y otras prendas de vestir, las cuales serán subidas a una plataforma oficial para que las familias de desaparecidos puedan consultarlas.

Asimismo, indicó que aún hay zonas pendientes por excavar, a pesar de que el georradar utilizado por las autoridades arrojó resultados negativos en ciertas áreas. Explicó que esta tecnología no es 100% confiable y citó un caso en Santa Anita, donde una fosa había sido descartada con este método, pero al final sí se encontraron cuerpos.

“No se puede descartar únicamente por un georradar”, enfatizó Navarro, exigiendo exploraciones físicas en la zona sospechosa.

¿Encubrimiento oficial?

La contradicción entre la versión de la Fiscalía de Jalisco y la de los colectivos de búsqueda ha generado suspicacias. Mientras las buscadoras insisten en la existencia de hornos clandestinos, la autoridad estatal minimiza el hallazgo.

La postura de La Jornada, sumada a la relación del periódico con el gobierno federal, ha alimentado la percepción de que el caso podría estar siendo encubierto o suavizado por las autoridades.

Por ahora, las investigaciones continúan, pero la presión de los colectivos de búsqueda y los nuevos hallazgos forenses podrían desmentir la versión oficial en los próximos días.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo un multitudinario evento en el Zócalo capitalino, en lo que fue presentado como una asamblea informativa, pero que en la práctica resultó un festival de propaganda oficialista. La operación para llenar la plaza incluyó la movilización de simpatizantes de todo el país, llevados incluso en avión, según denunció en redes la escritora Elena Chávez, quien compartió una imagen donde se ve una bolsa con dinero, gorra y camiseta alusivas al evento.

“Resulta que acarreados al Zócalo para el evento de Claudia Sheinbaum los trajeron en ¡avión! En VivaAerobus les entregaron ‘cash’, gorra y camiseta como se comprueba en la foto. Lo peor es que el gasto para lavarle la cara a Sheinbaum es de nuestros impuestos”, escribió Chávez en su cuenta de X.

El evento también contó con la presencia de gobernadores de oposición, quienes en semanas previas se habían mostrado críticos ante la postura del gobierno federal respecto a los aranceles de Donald Trump. Sin embargo, lejos de mantener distancia, terminaron aplaudiendo a la presidenta en lo que fue un despliegue de unidad forzada.

Entre los asistentes estuvieron Pablo Lemus, de Jalisco; Samuel García, de Nuevo León (ambos de Movimiento Ciudadano); Manolo Jiménez, de Coahuila; Esteban Villegas, de Durango (del PRI); y Mauricio Kuri, de Querétaro, del PAN. Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, no asistió por una cirugía, aunque el sábado sí publicó un video con motivo del 8M.

Un mensaje reciclado y una estrategia mediática coordinada

Sheinbaum reiteró los mismos argumentos que ha venido esgrimiendo en las últimas semanas: “cerrar filas” ante la embestida de Trump, fortalecer el mercado interno y celebrar la relación con Estados Unidos basada en el respeto. Sin embargo, lejos de un tono de alerta por la posible imposición de aranceles en abril, el acto se convirtió en un festejo de la autoproclamada victoria diplomática del gobierno de la 4T.

La maquinaria oficialista operó en nado sincronizado, con el partido Morena y el gobierno impulsando el evento en todos los medios de comunicación. La narrativa fue replicada no solo por periodistas afines al régimen, sino incluso por medios y comunicadores que en otras ocasiones se han mostrado críticos, lo que generó suspicacias sobre posibles incentivos económicos detrás de la cobertura favorable.

El incómodo momento que expuso las fracturas internas

Pese a la aparente unidad mostrada en el escenario, un video que circula en redes sociales dejó en evidencia la distancia entre Sheinbaum y algunos personajes clave de la 4T. En las imágenes, captadas al final del evento, se observa a la presidenta descendiendo del templete mientras sonríe y saluda a la multitud. Sin embargo, al pasar junto a Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Manuel Velasco, quienes en ese momento se tomaban fotos con Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador y actual líder de Morena, estos parecen ignorarla completamente.

Sheinbaum mantiene la sonrisa y sigue de largo, dejando una imagen simbólica de su relación con el círculo cercano de su antecesor. Un gesto que remite inevitablemente a la escena en la que, durante la toma de protesta, la presidenta besó la mano de Manuel Velasco, en un gesto de sometimiento ante los intereses de la cúpula morenista.

¡Que gacho Claudia!

En el #NarcoFest2025 con todo y #Acarreados quedaste como ridícula.

Tú Sheinbaum, no eres importante, Luisa Alcalde, Ricardo Monreal, Adán Augusto y hasta para Manuel Velazco, a quien ¡BESASTE LA MANO!, prefieren a Andy, no lo digo yo, ¡lo grita la imagen! pic.twitter.com/5w9QGHb5kJ

— Rocío (@ROCIOALCALAG) March 9, 2025

Al menos un tercio de las preguntas en las mañaneras de Claudia Sheinbaum han sido realizadas por plataformas obradoristas, medios públicos y comunicadores ligados a Morena, de acuerdo con un análisis de las primeras 101 conferencias matutinas del actual gobierno.

El estudio, basado en transcripciones y videos, detalla que de los 690 turnos de preguntas, 225 fueron asignados a periodistas de medios alineados con la llamada “cuarta transformación” o directamente vinculados a la campaña presidencial de Morena. El Soberano, El Chapucero, El Centinela Informa y Revista Polemón encabezan la lista de medios alternativos con mayor presencia, junto con comunicadores como Lord Molécula, Hans Salazar y Manuel Pedrero.

Además, medios públicos como Canal 22, IMER, Canal 11 y Capital 21 han tenido participación recurrente en las conferencias. En contraste, grandes televisoras como Televisa no han realizado preguntas en los primeros cinco meses de la administración, y TV Azteca solo ha intervenido en dos ocasiones a través de ADN 40.

El medio con más turnos ha sido Diario Basta, del empresario Miguel Cantón Zetina, hermano del exdiputado y hoy senador morenista, Óscar Cantón Zetina, con 18 preguntas en total. Su periodista Juan Hernández ha abordado temas como corrupción en Pemex y reformas energéticas, además de solicitar la opinión de Sheinbaum sobre su nivel de aprobación. El Chapucero Network y Noticiero en Redes también figuran entre los más frecuentes en las conferencias.

Sheinbaum rechaza favoritismo

La Presidencia de la República aseguró que no se restringe la participación de ningún medio y que el método para asignar turnos es a través de un sorteo previo a cada conferencia. Sin embargo, algunos reporteros han hecho preguntas en fechas muy cercanas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el mecanismo de selección.

El análisis también revela que varios comunicadores con acceso frecuente a las mañaneras tienen nexos con Morena. Algunos formaron parte de la campaña de Sheinbaum, como Santiago de Llano, de Ecos Media MX, quien relató que fue reclutado por el equipo juvenil de la actual presidenta para fortalecer su estrategia en redes. Otros, como María José Alonso de Canal 22, han ocupado cargos en equipos de campaña morenistas.

Pese a estas observaciones, el gobierno de Sheinbaum niega que haya algún tipo de influencia en la asignación de preguntas y reitera que la mañanera es un espacio abierto para todos los medios de comunicación.