UN CASO QUE mezcla poder económico, disputa familiar y señalamientos de violencia contra la mujer estalló en la capital del país.
Juan Carlos Palma Navarrete, identificado como representante de ventas de firmas tecnológicas internacionales como Microsoft y Hewlett-Packard, y socio del empresario Antonio Sandoval Leyva, fue vinculado a proceso por un juez de control tras ser señalado por la presunta presentación de un documento falso en un juicio familiar.
La audiencia, realizada el 13 de abril, marcó un giro en el conflicto legal que sostiene con su expareja, y madre de sus hijos.
De acuerdo con la denuncia, la relación entre ambas partes se extendió por casi dos décadas bajo la figura de concubinato marcada por la violencia.
Durante ese tiempo, según lo expuesto, la mujer se habría dedicado al hogar, al cuidado de los hijos y al apoyo del propio imputado quien es socio accionista de la empresa Datavisión Digital junto con Sandoval.
Hoy, esa historia derivó en tribunales.
Su exmujer reclama una compensación económica a la que considera tener derecho conforme al Código Civil aplicable, el cual reconoce este tipo de compensaciones cuando una de las partes se ha dedicado preponderantemente al trabajo doméstico y al cuidado de la familia en detrimento de su desarrollo profesional o económico.
Y es que se asegura que el imputado es accionista o socio de al menos trece empresas constituidas bajo las leyes mexicanas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que apuntan a que dicho documento habría sido usado para desacreditar a la mujer dentro del juicio familiar.
Según los señalamientos, la intención habría sido evitar el cumplimiento de una obligación económica que, de acuerdo con la legislación civil, podría corresponderle a la denunciante 50% del valor de al menos ocho inmuebles ubicados en distintas entidades federativas, incluyendo tres departamentos en la exclusiva zona de Polanco en la CDMX.
El juez consideró que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal, lo que derivó en la vinculación a proceso.
Pero el caso va más allá. Autoridades analizan los hechos bajo una perspectiva de posible violencia de género.
De acuerdo con lo expuesto, las conductas denunciadas podrían constituir formas de violencia económica y patrimonial, particularmente al intentar evadir una compensación legalmente prevista y al desacreditar a la mujer dentro de un proceso judicial.
Especialistas señalan que este tipo de prácticas, de acreditarse, pueden encuadrar en dinámicas de desigualdad estructural que afectan a mujeres que han dedicado años al trabajo no remunerado en el hogar, lo cual indica la violencia de género, desplegada por el imputado Palma Navarrete.
Es identificado como representante de ventas de firmas tecnológicas internacionales como Microsoft y Hewlett-Packard, que dirigen aquí Rafael Sánchez Loza y Luis Castellanos, respectivamente, y quien cuenta con cuantiosos contratos con los gobiernos federales, tanto del PRI que preside Alejandro Moreno como del PAN que encabeza Jorge Romero.
El juez impuso medidas cautelares al imputado, entre ellas: firma periódica ante la autoridad; prohibición de acercarse, comunicarse o molestar a la presunta víctima, y además, se fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.
El caso ha causado impacto por el perfil del imputado, ligado al sector tecnológico internacional, y con contratos con el gobierno mexicano.
Pese al escándalo, autoridades recordaron que Juan Carlos Palma Navarrete mantiene su derecho a la presunción de inocencia. Será en las siguientes etapas del proceso donde se determine su responsabilidad.
Por ahora, el caso avanza… y promete más capítulos.
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