Maquillaje mortal

Y el problema no es sólo de discurso; es estructural. México destina alrededor de 2.6% del PIB al gasto público en salud. Una cifra raquítica, muy por debajo de lo necesario. Durante años ha oscilado entre 2.5% y 2.9%. Sabemos -porque organismos internacionales y análisis independientes lo repiten- que habría que duplicarlo. Pero no ocurre. Lo que el Estado no cubre, lo paga la gente. El gasto de bolsillo crece sin freno. Hoy, las familias destinan una proporción creciente de su ingreso a la salud, sobre todo en medicamentos: hasta 50% del gasto sanitario en los hogares más pobres. Eso no es un sistema público; es una privatización silenciosa por abandono. Mientras tanto, el gobierno presume nuevos “códigos”: infarto, cerebro. Promete acceso universal a hemodinamia, atención oportuna a eventos cerebrovasculares, continuidad de tratamientos complejos. Todo suena bien. Todo suena caro. Y mientras tanto, todo carece de lo indispensable: presupuesto, personal, infraestructura. Se insiste en expandir servicios hospitalarios de alta especialidad mientras se descuida el primer nivel de atención: el lugar donde se previene, se detecta temprano, se contiene. Donde un diabético podría evitar la diálisis. Donde un cáncer podría detectarse antes de la metástasis. Pero no; se privilegia lo curativo sobre lo preventivo. Lo espectacular sobre lo efectivo.

Y luego están las promesas tecnológicas. Expediente clínico electrónico, credencialización universal, interoperabilidad entre instituciones. Pero ya se intentó eso en la CDMX y fracasó. Ahora se plantea a nivel nacional en plazos irreales: 10, 30, 60 días. Sin presupuesto claro. Sin ruta creíble. Sin reconocer la complejidad de integrar sistemas, capacitar personal y proteger datos. Además el decreto publicado lo dice sin rubor: se hará con recursos ya aprobados. Es decir, sin dinero nuevo. Un proyecto monumental financiado con presupuestos insuficientes. Magia contable como política pública.

Peor aún: se mantienen -y en algunos casos se profundizan- los incentivos perversos. Si el acceso será universal, ¿qué incentiva a empleadores a inscribir a sus trabajadores en el IMSS? ¿Para qué pagar cuotas si los servicios estarán disponibles de cualquier manera? La informalidad no se combate; se subsidia. Y la fragmentación tampoco desaparece. Los estados podrán adherirse o no. Pemex tendrá hasta tres años para integrarse. La interoperabilidad queda en manos de una agencia sin plazos ni recursos definidos. El resultado previsible: un mosaico aún más desigual.

Todo esto, además, ocurre envuelto en una narrativa cuidadosamente construida: la del “seguro básico universal” como emblema de una supuesta izquierda comprometida con derechos sociales. Pero no es política social; es propaganda social. No es un viraje ideológico; es una operación discursiva. La propia Claudia Sheinbaum sabe -o debería saber- que lo que anuncia no tiene sustento técnico, financiero ni institucional. Sabe que sin inversión, sin personal, sin infraestructura, no hay universalidad posible. Sabe que prometer cobertura sin capacidad es ofrecer ficción. Y, aun así, lo hace. El problema ya no es sólo la precariedad del sistema de salud. Es la normalización de la mentira como instrumento de gobierno. La sustitución de resultados por relatos. La insistencia en vender futuros que no llegan mientras el presente se deteriora.

Detrás de cada porcentaje inflado, de cada decreto apresurado, de cada promesa reciclada, hay algo que no se puede maquillar: pacientes esperando, tratamientos interrumpidos, vidas en riesgo. Y un gobierno que no sólo falla en curar, sino que ha optado por administrar la enfermedad, y dejar que los pacientes sigan muriendo.