En los últimos 16 meses, desde que asumió el poder la presidenta Sheinbaum, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a través de su Secretariado Ejecutivo, ha reportado un descenso constante y considerable del principal indicador de violencia criminal en el país: los homicidios dolosos. Entre septiembre del 2024 y marzo de este 2026, el organismo ha reportado una disminución del 45% de los homicidios dolosos en el país, con un promedio diario de víctimas que pasó de 89.6 en el cierre del gobierno de López Obrador, a 50.9 hasta el mes pasado, lo que representa el nivel más bajo en la incidencia de ese delito en los últimos 11 años.
Pero mientras cada mes en las conferencias matutinas de la presidenta se reportan menos homicidios, la percepción de inseguridad entre los mexicanos no necesariamente mejora y en las noticias diarias que llegan desde los estados y ciudades de la República siguen abundando los casos de ejecuciones, masacres y asesinatos violentos, mostrando una realidad cotidiana que contrasta fuertemente con el discurso oficial de una tendencia sostenida de disminución de los homicidios dolosos.
Y es que, a partir de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum modificó la metodología y los tipos de clasificación de los delitos que reportan las 32 entidades del país, delitos como las tentativas de homicidio o feminicidio, dejaron de ser contabilizados al sacarlos de la categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad” para convertirlos en subdelito que ya no se suma a la incidencia y se reporta por separado, lo que ha hecho que en los datos oficiales del SNSP que reporta el secretario Omar García Harfuch haya una reducción en el numero de víctimas de la violencia.
Pero además, de acuerdo con una investigación del portal Animal Político, al aumentar el gobierno federal los tipos de delito que se utilizaban en las mediciones de los últimos 10 años, y que pasaron de 53 a 71 nuevos tipos en el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, los gobiernos estatales y sus fiscalías comenzaron a reclasificar los delitos que reportan y a incluirlos en nuevas categorías de tal modo que logran reducir las cifras de homicidios a partir de las nuevas reclasificaciones de delitos.
Dentro de los cambios en la metodología, que comenzaron a aplicarse en este año y que coinciden con los reportes federales en las conferencias matutinas que hablan de una disminución de hasta 45% de los homicidios dolosos, se modificó el criterio que antes se utilizaba para clasificar la categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad”, donde se reportaban intentos de suicidio o de feminicidio, los cuales ahora aparecen como subdelitos y reducen las cifras reportadas en ambos delitos graves.
Así, lo que en el discurso oficial se reporta como una “baja histórica de homicidios dolosos” es en realidad un subregistro que están haciendo los estados del país, a partir de la nueva metodología autorizada por el Secretariado Ejecutivo del SNSP, en una práctica que en el fondo no está reduciendo en términos reales la violencia y la inseguridad en el país, pero sí apunta a reducir la percepción de inseguridad, a partir de repetir cada mes en las mañaneras, que la estrategia de seguridad federal sí funciona y ya logró una reducción histórica de los homicidios dolosos.
Un fiscal estatal de uno de los estados que aparecieron en el último reporte del SNSP presentado en la mañanera del pasado lunes, comentó a esta columna que “hay varios estados, de los que más están presumiendo reducción de homicidios dolosos, que en realidad están haciendo subregistro de ese delito catalogando los asesinatos como ‘otras causas’ y de esa manera reportan menos homicidios”. El funcionario estatal aseguró que “son por lo menos 10 estados los que actualmente están maquillando sus cifras a partir de reclasificar los delitos y aprovechan los nuevos tipos de delito que autorizó el gobierno federal”.
Así, mientras disminuyen de manera impresionante los homicidios dolosos y hasta los feminicidios en la estadística oficial, en la mayor parte de los estados y en el reporte federal hay un incremento notable en categoría como “otros delitos contra la vida y la integridad”, algo que se puede observar consultando los últimos reportes de entidades como la Ciudad de México, Baja California o Querétaro, por citar solo tres casos.
Es decir que mientras el gobierno federal presume su reducción de hasta 45% en el principal indicador que mide la violencia en cualquier país, en realidad los funcionarios federales encargados de la medición están validando las prácticas de reclasificación de los delitos que hacen las fiscalías y los gobiernos estatales, con lo cual los dos niveles de gobierno se lavan la cara y presumen disminución de la inseguridad y la violencia, aun cuando en la realidad de sus ciudades y municipios eso no esté sucediendo.
Y así los gobernadores contentos, presumiendo una mejoría en seguridad que no perciben sus habitantes; el gobierno federal feliz porque presume y difunde una disminución del delito más grave y que más impacta la medición de violencia en los países; y los ciudadanos no están tan felices y sí más bien confundidos porque, como siempre, lo que dice el gobierno y lo que presumen en sus discursos e informes, no tiene nada que ver con lo que viven en su realidad cotidiana. Seguimos siendo pues, el país de las simulaciones, las trampas y los discursos falsos desde el poder.
NOTAS INDISCRETAS… Un buen ejemplo de la discordancia entre el discurso oficial y la realidad es lo que pasa en la Ciudad de México. Mientras en su último reporte la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presumía una disminución de delitos de alto impacto de hasta 18%, entre ellos la violación y la extorsión, las cifras de carpetas de investigación de esos dos delitos aumentaron en los datos del SNSP. Y un ejemplo de que, mientras se presumen mejorías en delitos graves, el narcotráfico en la CDMX sigue moviéndose de manera casi normal y cárteles como el de la Unión Tepito, si bien son golpeados con operativos y detenciones, siguen gozando en la práctica de impunidad en varias zonas de la ciudad. Eso lo documenta el caso reciente en la alcaldía Benito Juárez, donde el alcalde panista, Luis Mendoza, dentro de su estrategia de “Orden y Seguridad” y atendiendo denuncias de vecinos de la colonia Narvarte, acudió a clausurar un bar llamado “Mamba Club”, en la calle de Mitla, el cual funcionaba durante toda la noche y hasta la mañana del día siguiente como un “after” a donde podían llegar los clientes a cualquier hora de la madrugada y salir hasta el día siguiente. El operativo de clausura puso al descubierto que ese bar, que evidentemente contaba con protección de autoridades, era en realidad un antro para sicarios y dirigentes de la Unión Tepito, que se reservaban el derecho de admisión a cualquier persona y solo podía acceder quienes contaran con un código QR que la organización criminal les proporcionaba. La Unión Tepito abrió el “Mamba Club” y el ruido, los escándalos y la presencia constante de personas armadas hicieron que los vecinos pidieran la intervención de la alcaldía que acudió a clausurar el lugar. Personal del grupo Blindar BJ 360 y de la Dirección Jurídica de la céntrica alcaldía llegó hasta el lugar la semana pasada y ordenó el desalojo para colocar los sellos de clausura, a partir de violaciones a los horarios permitidos y no tener la documentación y los permisos correspondientes. Después del operativo, cuando se supo que el bar era en realidad un club de sicarios y narcos capitalinos, hasta la alcaldía Benito Juárez comenzaron a llegar amenaza veladas primero y luego más explícitas que le advertían a sus funcionarios que si no levantaban la clausura enfrentarían las consecuencias. Pero el acalde Mendoza dio la orden de no retroceder y reiteró su política de “cero tolerancia” a la delincuencia y la ilegalidad. Eso sí, el alcalde tuvo que reportar al gobierno capitalino el hecho y pedir ayuda porque sus facultades no llegan hasta el tema del narcotráfico. Y en el gobierno de Clara Brugada, donde ya tienen el reporte de lo que sucede con el bar “Mamba” tendrán que apoyar y respaldar las acciones de los alcaldes que en muchos casos enfrentan el acoso o la intimidación del crimen organizado que opera en la ciudad. En vez de andar presumiendo cifras maquilladas de disminución de delitos, ojalá también la fiscal Bertha Luján se dé un baño de realidad y ubique antros y bares, como el que clausuró la alcaldía Benito Juárez, en donde la delincuencia y grupos como la Unión Tepito operan impunemente, no sólo vendiendo droga y permitiendo el acceso de personas armadas, sino también poniendo en riesgo a los ciudadanos que ingenuamente llegan a esos lugares de esparcimiento, sin saber que están entrando a dominios del narcotráfico y el crimen organizado que opera en la capital… Las tensiones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la falta de cohesión y liderazgo de su presidente, el magistrado Gilberto Bátiz, siguen subiendo de tono y cada vez son más públicas y evidentes. En la sesión de ayer de la Sala Superior de dicho tribunal, las discrepancias entre sus integrantes fueron más que visibles. Y es que el presidente Bátiz circuló un proyecto que se discutiría en la sesión cuando esta ya estaba por iniciar pasado el mediodía. El asunto ya estaba listado para discutirse, pero los magistrados apenas recibían el proyecto que obviamente no pudieron leer ni estudiar con anticipación para poder votarlo. Las reacciones de los magistrados ante el error del presidente Batiz no se hicieron esperar. Reyes Rodríguez Mondragón se quejó en plena sesión de que el proyecto se haya repartido cuando él ya estaba en el pleno. Por su parte, la magistrada Mónica Soto, más directa, cuestionó si los cambios eran sustantivos y ella misma estimó que no lo eran. Y así, entre molestias, tensiones y errores, lo que ya es inocultable es que el Tribunal Electoral federal está dividido y confrontado, sin acuerdo solidos y sin ningún tipo de cohesión interna. Es bien sabido que en los órganos colegiados siempre habrá diferencias y que eso es parte de su funcionamiento, pero cuando esas diferencias están por encima de la capacidad de entendimientos básicos en favor de la institución, el mensaje que se manda hacia la sociedad, en este caso de un Tribunal tan importante, es de incertidumbre y desorden, algo que no abona a la confianza que deben tener los electores en la máxima autoridad calificadora en materia de comicios. Urge que el magistrado presidente Gilberto Bátiz entienda que su presidencia no le otorga poder para tomar solo sus decisiones, sino que lo obliga a negociar, dialogar y consensuar con sus pares magistrados. De lo contrario, no logrará un control del pleno y ahondará las diferencias y confrontaciones poniendo en duda la gobernabilidad del Tribunal. Y si el órgano que valida, califica y revisa las elecciones no tiene gobernabilidad, lo que vienen en el 2027, con la enorme elección federal y en 17 estados, podría convertise en un caos como el que ya se asoma en las sesiones del Tribunal Electoral federal… Dados girando. Tocó Serpiente. Descendemos.