Estos días han sido evidentes dos situaciones con el Gobierno de la República. Primero, que cuando quiere, puede ejercer presión contra la criminalidad organizada, y sin un sólo disparo, rescatar a dos hombres privados de la libertad. Y dos, que lo de rasurar las cifras para justificar una improbable disminución de la violencia en el país es lo suyo, cuando podrían, con lo primero, mejorar los números sin necesidad de manipularlos.
Cuando se alertó sobre el secuestro del Alcalde de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, el 13 de abril de 2026, de manera inmediata, efectiva y contundente, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch intervino en el Estado de Guerrero, gobernado por la morenista Evelyn Salgado, para sofocar a los integrantes de los cárteles, y encontrar con vida no sólo a un hombre, sino a dos. Pues unos días antes del secuestro del Presidente Municipal y de que Harfuch se activara, ya habían secuestrado al señor Juan Vega Arredondo, no sólo papá del Edil taxqueño, sino a su vez y muy al estilo morenista del nepotismo, director del IMSS Bienestar, de Taxco también, obviamente.
A Juan Vega padre lo privaron de la libertad el 11 de abril; en ese momento nada pasó, sino hasta el 13 de abril cuando en un intento por negociar con los plagiarios de su padre, Juan Vega hijo emprendió una travesía que lo llevaría solamente a ser capturado, también él, a la vista del equipo de seguridad que como Presidente Municipal le resguarda. Es ahí, cuando ya no es uno, sino dos secuestrados, además familiares, padre e hijo, de Morena, en Guerrero, que García Harfuch entra con todo el poder que la Presidenta le ha conferido y que, ahora quedó evidenciado, utiliza a conveniencia mediática, o política, o gubernamental, o por orden, y no como norma para combatir a la criminalidad organizada que todos los días plagia, secuestra, desaparece personas, las extorsiona, las asesina, a lo largo y ancho del país.
Es decir, quedó claro que si el Gobierno de la República quiere, lo hace, puede combatir a la inseguridad, amedrentar a los criminales, en este caso a miembros de la Familia Michoacana, para que, al verse asediados y rodeados, entregaran sin disparo o enfrentamiento alguno, a los Juan Vega, padre e hijo, políticos de Taxco. ¿Cuántas veces no han sido denunciados secuestros en cualquier estado? Privaciones de la vida, de la libertad, desapariciones por criminales y desapariciones forzadas, donde ya entran las fuerzas del orden, sean por iniciativa propia o en apoyo de grupos de criminales o narcotraficantes, para desaparecer a incómodos competidores criminales, adversarios, o cumplir con vendettas del narco. Y… ¿cuántas veces ha entrado la Secretaría de Seguridad federal de manera tan rápida y tan eficiente? Solo una, la de los Juanes Vega.
El doble rasero que utiliza el Gobierno de la República se observa con el caso ya presentado de los señores Vega, y el del hijo de Ceci Flores, una madre que denunció hace cinco años la desaparición de su hijo, de hecho no de uno, sino de dos, y no hubo autoridad alguna, en el transcurso de los años que la apoyara con presencia, con investigación, con influencia para dar con el paradero de sus vástagos. Ni cuando el Secretario de Seguridad era Alfonso Durazo, hoy Gobernador de Sonora, precisamente, ni cuando el Secretario de Seguridad es Omar García Harfuch. Nadie, nunca. Hasta que ella, bajo el sol, con pitazos que la llevaron a excavar en cientos de fosas clandestinas, a buscar en desiertos y sierras, finalmente un día a inicios de abril, dio con los restos de su hijo. Con algunos huesos. Su paz, a diferencia de los Vega que pueden celebrar la vida que el narco les perdonó por la intervención de la Secretaría de Seguridad federal, se la da el poder llevar los restos de su hijo a casa, enterrarlo, darle un lugar digno para irle a visitar, a recordar.
Y justo tratándose de desapariciones, el Gobierno de la República evidenció la manipulación de las cifras a conveniencia, la rasurada de un padrón que se construye desde la ignominia de familias que sufren la ausencia violenta de los suyos. Molesta por una recomendación del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que ha sugerido poner especial atención en México, un país que suma más de 120 mil desapariciones, en muchas de las cuáles ha participado el Estado, sea a través de policias en cualquier orden de gobierno, o de funcionarios o fuerzas armadas, la Presidenta de la República y su equipo “desaparecieron” de tajo a más de 70 mil desaparecidos, para reconocer sólo unos 43 mil en situación de no localizados.
El gobierno tampoco reconoce la exploración de más de cinco mil 600 fosas clandestinas en los últimos 20 años en el país, localizadas en su enorme mayoría no por la autoridad facultada y obligada a ello, sino por colectivos que arriesgan la vida, entregan el tiempo, el esfuerzo y gastan su recurso para llevar a cabo acciones que secretarías de seguridad o fiscalías estatales deberían hacer: procesar los lugares donde han sido localizados restos de personas.
Hace unos días de nueva cuenta fue localizado otro sitio de entierro clandestino de restos humanos en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, caso por el que más de una veintena de persona ha sido detenida, procesada y en algunos casos sentenciada, y entre los que se encuentran varios policías e incluso un Presidente Municipal. El Rancho Izaguirre, echado a andar por las mentes criminales y soportado por las autoridades locales, ya en los gobiernos de Morena, es el claro ejemplo de lo que es una desaparición forzada: policías auxiliando a delincuentes a reclutar, adiestrar, matar, desaparecer y enterrar, a cientos de ciudadanos (la cifra no se ha determinado porque la autoridad no ha continuado con los trabajos para ello).
Teuchitlán representa eso que la Presidenta se niega a aceptar, que en su gobierno hay víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, en lugar de accionar para evitarlo, como ya demostró García Harfuch que puede, desde Palacio Nacional se miente, se manipulan los números, se rasuran los padrones, para alimentar la falsa narrativa oficial de un país que va encaminándose a la paz, a la seguridad y la tranquilidad. Nada más alejado de la trágica realidad que hoy se vive en México.