La mentira como una forma de comunicación debe ser desterrada del gobierno federal. Incluso porque los costos los termina pagando la presidenta Sheinbaum mientras su equipo sigue como si nada. Lo ocurrido con la información sobre el derrame de crudo en el golfo de México en cualquier otro gobierno hubiera sido motivo de remociones políticas.
Después de 67 días de ocurrido el derrame en un ducto frente a Campeche que habían denunciado organizaciones ambientalistas, pobladores y medios, el gobierno federal reconoció lo que negó y ocultó durante todas esas semanas: que el derrame se había producido en ese lugar y que estuvieron durante días trabajando en la zona hasta 11 barcos sin éxito, que el derrame era de toneladas de crudo y que la mancha se extendía por kilómetros.
Desde el gobierno se negó. Lo negaron Pemex, Semarnat y la Secretaría de Marina, lo negó el aparato de publicidad oficial del gobierno, mientras se recogían toneladas de crudo en las costas, y la gobernadora de Veracruz, el estado más afectado, Rocío Nahle, declaraba contra los medios y decía que eran sólo “gotas” o “trazos” de crudo, que no había ningún derrame y que las playas estaban limpias. La impresentable Infodemia, una fábrica de mentiras, se burlaba de ambientalistas y medios y decía en redes y en la propia mañanera que todo eran mentiras y que no había derrames.
Finalmente, la semana pasada, al final de una conferencia de prensa que parecía absolutamente anodina, se terminó reconociendo que todo lo que habíamos dicho ambientalistas, medios y habitantes de las zonas costeras era verdad, aunque nunca se aceptó que las propias autoridades habían mentido. Anunciaron que habían suspendido por ello a tres funcionarios medios de la paraestatal y ahí murió el tema.
Es inverosímil que ante un derrame de esa magnitud, y ante una negativa de más de dos meses, todo se quede en funcionarios de segundo nivel: no es verosímil que el director de Pemex, Víctor Rodríguez, no se enterara de un evento de esa magnitud; no es verosímil que en un incidente en el que participaron más de 11 barcos y que provocó tantos daños en todo el golfo de México, el secretario de la Marina, el almirante Raymundo Morales, no se enterara de nada, e incluso que hubiera sostenido que el derrame no era tal, sino “emanaciones naturales” del subsuelo. Es inverosímil que la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, no haya aparecido para abordar el tema en esos dos meses y medio y que tampoco estuviera en la conferencia de prensa donde se aceptó el derrame, como si ello no tuviera nada que ver con su responsabilidad.
Podría asumir que éstos y otros funcionarios hayan engañado a la Presidenta para que en dos ocasiones dijera que no había un derrame de crudo. Lo que no puedo creer es que engañar a la Presidenta no tenga costos para los funcionarios de la Marina, de Pemex, de la Semarnat, de Infodemia y del estado de Veracruz, quienes mintieron sistemáticamente sobre el tema.
Porque, además, como escribimos aquí el 26 de marzo pasado, no se trataba “de uno, ni de dos, ni de tres los derrames de crudo que están afectando toda la costa del Golfo de México. Desde inicios de marzo se han detectado más de una docena de derrames que dañan al menos 39 comunidades costeras de Veracruz y Tabasco y que se han extendido hasta Tamaulipas. Pero ni el gobierno federal ni Pemex se hacen responsables, atribuyendo la tragedia a terceros o simplemente a las condiciones del clima.
“Las denuncias las han realizado organizaciones como la Red del Corredor Arrecifal y Greenpeace, que reportan unos 630 km de línea de costa contaminada, desde Paraíso, en Tabasco, donde se ubica la refinería de Dos Bocas, hasta Tamiahua en Veracruz, cubriendo prácticamente todo el Corredor Arrecifal del suroeste del golfo.
“Se han documentado manchas de chapopote en playas, redes y zonas de pesca; lo mismo que animales muertos por la contaminación. No se aceptan responsabilidades, pero se creó una comisión interinstitucional para atender la crisis ambiental mientras las autoridades son acusadas de sufrir una ‘crisis de transparencia’ al no informar sobre el origen, el volumen y el plan de atención de los derrames”.
El derrame afectó 17 arrecifes de coral del suroeste del golfo, un ecosistema clave para biodiversidad y pesca. Las comunidades pesqueras han suspendido parcial o totalmente sus actividades por la contaminación, con pérdidas económicas relevantes, pero que no han sido cuantificadas por las autoridades. Las tragedias ambientales se acumulan. En julio del 2023 se documentó un fuerte derrame de crudo asociada al campo Ek-Balam, frente a Campeche; Pemex la atribuyó a un “fenómeno natural”, pero estudios independientes y organizaciones estimaron un área contaminada de cientos de kilómetros cuadrados.
En 2025 un derrame de más de 300 barriles de petróleo afectó unos 7 km de costas de Tabasco en una zona con áreas naturales protegidas; al menos mil 500 pescadores vieron paralizadas sus actividades durante semanas. Existe un subregistro de alrededor de 60 por ciento de los derrames en el golfo en los últimos seis años, comparando reportes oficiales con imágenes satelitales y denuncias comunitarias.
Pero no es el único caso, van tres incidentes graves en la refinería de Dos Bocas en unas pocas semanas que han dejado cinco muertos, y mientras la población denuncia los riesgos que sufre, los hechos también se niegan sistemáticamente.