Hay confesiones que cierran casos. Y hay confesiones que inauguran simulaciones. La de Marcelo Ebrard pertenece, sin matices, a la segunda categoría.
Porque aquí no estamos ante un escándalo descubierto por una investigación impecable del Estado ni ante una irregularidad que obligue a reconstruir hechos. No. Aquí el propio implicado salió a decirlo, con esa mezcla tan característica de la 4T entre candidez performativa y soberbia política: sí, su hijo vivió en la embajada de México en el Reino Unido. Y sí, el problema no era el hecho, sino la “mezquindad” de quien lo reveló.
A confesión de parte… ¿prueba plena? En un Estado de derecho, sí. En el ecosistema político mexicano actual, no necesariamente. Aquí, la confesión no activa la sanción; activa el control de daños. Y eso es lo verdaderamente relevante.
Porque el punto no es —o no debería ser— si el hijo de un funcionario ocupó temporalmente un espacio diplomático. El punto es que el propio funcionario reconoció el uso de un bien público con fines privados. Y eso, en cualquier manual básico de derecho administrativo o penal, tiene nombre: peculado.
Pero en la 4T, los conceptos jurídicos compiten en desventaja frente a las categorías políticas. La ley dejó de ser un marco de restricción para convertirse en un instrumento de administración de lealtades.
Pienso que este caso no revela una anomalía; revela una regla. Una regla no escrita, pero perfectamente operativa: la legalidad es selectiva, la responsabilidad es negociable y la sanción es opcional. No es casualidad. Es diseño.
La llamada Secretaría Anticorrupción abre una investigación que, en términos estrictos, llega tarde a su propio objeto. No investiga para saber si ocurrió; investiga para decidir qué hacer con lo que ya se sabe. Y esa diferencia —que parece técnica— es en realidad política: desplaza el eje de la verdad al cálculo.
Estoy convencida de que ahí está el corazón del problema: la sustitución del Estado de derecho por un Estado de conveniencia. Porque si el criterio fuera jurídico, el margen de interpretación sería mínimo. Pero como el criterio es político, el desenlace es abierto. Y ese desenlace no depende de la gravedad del acto, sino de la utilidad del actor.
De ahí el dilema aparente: si Ebrard se queda, el discurso anticorrupción se erosiona aún más; si se va, parecería que hay consecuencias. Pero en realidad, ambas opciones comparten el mismo problema: ninguna implica rendición de cuentas en sentido estricto. En un caso, hay permanencia sin costo; en el otro, salida sin sanción. Es decir, cambia la narrativa, no la lógica.
Y esa lógica ya la conocemos. La hemos visto operar en distintos niveles del régimen: en la opacidad patrimonial de algunos de sus cuadros más visibles, en las campañas adelantadas que no existen oficialmente pero sí políticamente, en las redes de protección que convierten cualquier irregularidad en ruido pasajero.
El patrón es consistente: no se niegan los hechos, se diluyen sus consecuencias.
Por eso el caso Ebrard es incómodo. No por su magnitud —que es, siendo honestos, menor frente a otros episodios—, sino por su claridad. Aquí no hay necesidad de interpretar, filtrar o inferir. Aquí hubo confesión. Y, aun así, el sistema duda. No duda sobre la falta. Duda sobre el costo.
Y ahí entra Claudia Sheinbaum. No como observadora, sino como arquitecta de la respuesta. Porque lo que está en juego no es solo el destino de un secretario, sino la consistencia de un relato: el de la superioridad moral convertida en proyecto político. Un relato que, a estas alturas, ya no se sostiene por contraste con el pasado, sino por control del presente.
Si Ebrard permanece, la señal es clara: la lealtad pesa más que la legalidad. Si sale, pero bajo la lógica del reacomodo —no de la sanción—, la señal es aún más sofisticada: la legalidad se simula, la política decide. Y en ese margen aparece una hipótesis que, en México, rara vez es descabellada: que la crisis funcione como oportunidad.
Ebrard podría convertir el episodio en punto de inflexión. Salir, no expulsado sino estratégicamente reubicado; asumir el costo en discurso, no en tribunales; y relanzar una aspiración que quedó congelada en 2024. No sería la primera vez que una “falta” se convierte en plataforma.
Sheinbaum, por su parte, podría aprovechar el movimiento para afinar su propio gabinete. Sustituir no solo a una persona, sino a una lógica de equilibrio heredado por una de control propio. Colocar perfiles más cercanos, más alineados, menos autónomos. Consolidar, en suma, el poder que aún está en proceso de centralización.
Nada de esto sería excepcional. Sería, de hecho, profundamente coherente con la forma en que el poder se ha venido reorganizando: hacia adentro, con disciplina; hacia afuera, con narrativa.
Pero hay algo que no cambia —y ahí es donde la sátira deja de ser recurso estilístico para convertirse en diagnóstico—: la impunidad como principio estructural.
Porque al final, lo que se está decidiendo no es si hubo o no una falta. Eso ya está dicho. Lo que se está decidiendo es si en México la confesión de parte sirve para algo más que para ajustar el tablero. Y la respuesta, hasta ahora, es incómodamente consistente.
Aquí la ley no desaparece. Se redefine. No se rompe. Se dosifica. No se aplica. Se administra.
Y en ese proceso —silencioso, sistemático, eficaz— el Estado deja de ser un árbitro para convertirse en un operador. Uno que no castiga el saqueo. Lo ordena.