La muerte de dos agentes vinculados a Estados Unidos en Chihuahua ha desatado tensiones dentro del Gobierno mexicano y entre instancias militares, en medio de cuestionamientos por el manejo público del caso y sus implicaciones en la cooperación bilateral en seguridad.
Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicaron que al interior de las Fuerzas Armadas se prefería un manejo discreto del tema, con la intención de que se abordara únicamente en la reunión prevista entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Sin embargo, la decisión de citar a la mandataria estatal al Senado generó inconformidad en mandos militares, quienes consideran que esta exposición política amplifica el caso. De acuerdo con versiones legislativas, la citación fue impulsada por un grupo afín a Adán Augusto López Hernández, con miras a la comparecencia programada para el próximo martes.
En este contexto, mandos castrenses advierten que profundizar en lo ocurrido podría exhibir operaciones de colaboración entre el Ejército mexicano y agencias de seguridad de Estados Unidos, algunas de las cuales, señalan, no siempre son del conocimiento público.
El caso también ha cobrado relevancia internacional luego de que medios estadounidenses como The Washington Post y Los Angeles Times difundieran que los agentes fallecidos estarían vinculados a la CIA, además de reportar la existencia de otros operativos en territorio mexicano.
Ante ello, en Sedena se percibe que la difusión de esta información podría responder a intereses políticos en Estados Unidos, en un contexto donde se evalúan posibles escenarios sobre la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
Por otro lado, el Gobierno mexicano ha manifestado su postura a través de canales diplomáticos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en su conferencia matutina, en medio de un entorno de creciente presión internacional.
El caso se suma a otros frentes sensibles en la relación bilateral, como los señalamientos en organismos internacionales sobre la situación de desapariciones en México, así como el debate interno sobre el marco legal que regula la presencia de personal militar extranjero en el país.
En el ámbito diplomático, también han surgido versiones sobre la nacionalidad de los agentes fallecidos, mientras continúan las investigaciones y el intercambio de información entre autoridades de ambos países.
