Luego de meses de debate político, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, lo que dejó al bloque oficialista sin los votos suficientes para aprobar el proyecto.
La iniciativa quedó sin efecto tras la votación en el pleno, en la que Morena no logró el respaldo de sus aliados legislativos, particularmente del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, que decidieron no acompañar la propuesta presidencial.
Tras el revés legislativo, la discusión dentro del Congreso se ha trasladado al llamado “Plan B” que prepara el Ejecutivo federal, cuyo contenido es conocido únicamente por el círculo cercano de la asesoría legal y constitucional de la presidenta.
De acuerdo con constitucionalistas consultados dentro de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el nuevo paquete legislativo no podrá replicar el contenido de la reforma constitucional ya rechazada, por lo que deberá concentrarse en cambios a leyes secundarias o reglamentarias.
Bajo este esquema, la estrategia legislativa sería menos amplia que la propuesta original y podría dividirse por temas específicos en lugar de reformas integrales al sistema electoral.
Uno de los primeros puntos que podría impulsarse es la eliminación del fuero federal para diputados y senadores, una propuesta que ya circula en el recinto legislativo y que es promovida por el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar.
El legislador ha argumentado que la figura del fuero ha permitido que servidores públicos eviten enfrentar procesos judiciales, y ha señalado que su eliminación en algunos casos ha facilitado acciones legales contra funcionarios. Entre los ejemplos que ha mencionado se encuentran Christian Von Roehrich, vinculado al denominado Cártel Inmobiliario del PAN, y Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco.
Otro de los temas que podría integrarse al Plan B es una reconfiguración de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo de reducir duplicidades administrativas, lo que incluiría la posible desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLES) o ajustes orientados a la austeridad institucional.
La propuesta también contemplaría medidas para disminuir el costo de los procesos electorales, aunque sin modificar disposiciones constitucionales como la realización de la revocación de mandato prevista para 2028, ya que ese cambio requeriría modificar artículos transitorios de la Constitución.
Al tratarse de reformas a leyes secundarias, las nuevas iniciativas no requerirían mayoría calificada, lo que permitiría su aprobación con la mitad más uno de los votos en la Cámara de Diputados.
En ese escenario, Morena cuenta con alrededor de 260 legisladores federales, número suficiente para impulsar las reformas sin necesidad del respaldo del Partido Verde o del Partido del Trabajo.
Entre legisladores federales también se ha recordado que el expresidente Andrés Manuel López Obrador intentó aprobar una reforma electoral en 2022, la cual fue rechazada en el Congreso y posteriormente impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó varios cambios aprobados en leyes secundarias.
En el actual contexto político, algunos legisladores consideran que la nueva estrategia del Ejecutivo podría tener mayores posibilidades de mantenerse vigente, en caso de que las modificaciones se concentren en ajustes legislativos que no impliquen cambios constitucionales.
