La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cumplirá mañana 10 años de actividades. Llega al aniversario en una severa estrechez financiera, sin recuperar el registro de donataria autorizada y encarando una persistente ofensiva de desprestigio por parte de la 4T desde 2018: durante cerca de 70% de su vida, MCCI ha tenido que abrirse paso frente a un régimen que, a la primera de cambios, la descalifica con agresividad, llamándola: “Mexicanos a favor de la corrupción”.
Su presidenta, María Amparo Casar, ha sido sometida por años a un agobio extremo desde el poder, a causa de supuestas ilegalidades por una pensión de viudez. Si bien la FGR de Ernestina Godoy enfrío el caso en diciembre, el expediente permanece abierto, con las implicaciones derivadas. Pero MCCI ha sobrevivido y sigue funcionando. No toca hoy hacer el recuento de las decenas de investigaciones de gran impacto que ha revelado y detonado en estos 10 años, ni de subrayar su aporte al desarrollo del litigio estratégico contra la corrupción.
Quizá resulte más pertinente subrayar la caída paulatina, pero constante, de las aportaciones provenientes de empresas privadas mexicanas, que en otro tiempo parecían decididas a respaldar a MCCI y hoy prácticamente la han dejado en el abandono. El golpeo desde el gobierno ha surtido efecto. Muchos empresarios mexicanos tienen cada vez más miedo de que los ubiquen cerca de Mexicanos Contra la Corrupción –y en general cerca de las asociaciones civiles–. Ni hablar. Nuestra patria.