La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, solicitó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, pedir licencia y separarse temporalmente del cargo, luego de que la mandataria estatal confirmara la existencia de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
A través de redes sociales, Pérez Morales argumentó que la separación temporal responde a razones de integridad pública, congruencia democrática y responsabilidad institucional, con el propósito de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana mientras se desarrolla la indagatoria.
De manera paralela, integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción, del propio SNA y diversas organizaciones de la sociedad civil emitieron un posicionamiento conjunto en el que pidieron a la gobernadora solicitar licencia y apartarse temporalmente del cargo hasta que la investigación se esclarezca y las autoridades determinen lo conducente.
“Esta solicitud no constituye una condena ni una afirmación de responsabilidad: es una medida prudencial orientada a proteger el interés público, sobre cualquier interés particular o personal”, señalaron en el documento difundido por los firmantes.
Los integrantes de los comités indicaron que, sin prejuzgar ni imputar delitos y respetando la presunción de inocencia de Torres Torres, resulta necesario adoptar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que puede comprometer la legitimidad del ejercicio del poder, ya sea por percepción pública o por posibles interferencias.
En ese contexto, subrayaron que el llamado se sustenta en principios democráticos fundamentales, como el derecho de la población a vivir en un entorno libre de corrupción y a contar con un buen gobierno.
Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso.
“El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas”, concluyeron en su posicionamiento.
