Con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en una sesión de más de 24 horas la reforma a la Ley de Aguas propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica el régimen de concesiones y distribución del recurso en el país. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis.
Durante el debate, Morena y sus aliados incorporaron 68 cambios al texto original, incluyendo 18 reservas de último momento, lo que generó fuertes críticas por parte de la Oposición, que acusó falta de transparencia, ausencia de consulta indígena y retroactividad en la legislación.
La reforma establece que, hasta que se publiquen las disposiciones reglamentarias, seguirán vigentes las normas anteriores, excepto en el caso de transmisiones y cambios de uso de agua. Además, transforma dichas transmisiones en reasignaciones, amplía el plazo para solicitar prórrogas de concesiones de dos a tres años antes de su vencimiento y exenta de sanciones el desvío o alteración de cauces para “uso agropecuario familiar”.
El diputado priista Emilio Lara calificó la iniciativa como un “Frankenstein legislativo” y señaló que, pese a los cambios, no se garantiza certeza jurídica sobre las concesiones, ya que no se modificó el artículo 22, que impide la transmisión de derechos de agua.
El debate se tornó ríspido. Legisladores se enfrentaron con insultos, empujones y carteles que se acusaban mutuamente de pertenecer a “cárteles del agua”. Rubén Moreira, coordinador del PRI, reclamó que no se consultó a los pueblos indígenas, lo cual consideró inconstitucional.
En respuesta, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, admitió que no se consultó a las comunidades directamente para esta ley, pero aseguró que se realizaron foros regionales en 2025 como parte del Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua, publicado en diciembre de 2024.
La oposición cuestionó la validez de dichos foros como mecanismo de consulta. El panista Elías Lixa criticó que se confundieran las atribuciones del Legislativo con las del Ejecutivo, mientras que su correligionario Theodoros Kalionchiz ofreció su sueldo de un año para financiar una consulta indígena real.
El enfrentamiento escaló cuando diputados comenzaron a mostrar carteles con acusaciones de acaparamiento de agua. Morena señaló a personajes como el ex Presidente Vicente Fox, Marko Cortés y ex gobernadores panistas, a quienes ligó con el llamado “Cártel del Agua del Bajío”.
En respuesta, diputados del PAN desplegaron imágenes de Layda Sansores, Olga Sánchez Cordero, Altagracia Gómez y José Ramón López Beltrán, a quienes acusaron de tener múltiples concesiones y beneficiar negocios particulares.
Al cierre de la maratónica sesión, se contabilizaron más de 170 oradores, 475 reservas discutidas y más de la mitad del dictamen original modificado, en una de las sesiones más largas y confrontadas del actual periodo legislativo.
