Con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, impulsada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). La oposición advirtió que la reforma abre la puerta al “clientelismo hídrico” y al control político del recurso.
Desde tribuna, Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, afirmó que la nueva ley transformará el régimen del agua en México y garantizará el derecho humano al agua. Destacó que la legislación establece un sistema de concesiones más ordenado y transparente, con la creación de un Registro Público Nacional del Agua accesible.
“Se pone fin al abuso de concesiones y sobreexplotación. Se ordena el sistema de concesiones y asignaciones haciéndolo claro, expedito y transparente”, subrayó la diputada de Morena. Agregó que los derechos sobre el uso del agua se mantendrán en caso de transmisión de tierras.
Antes de la votación, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, declaró que su bancada denunciará a quienes acaparan y mercantilizan el agua. “Vamos a ser muy fuertes en todos aquellos que han hecho del agua una mercancía y un negocio”, afirmó.
Desde la oposición, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada del PAN, acusó que la ley busca centralizar el control del agua en el gobierno federal. “No es técnica, es política. El agua dejará de ser un derecho y se convertirá en un permiso del gobierno”, señaló.
La legisladora panista criticó que la reforma convierte al campesino en sospechoso y blinda al político con grandes concesiones, aludiendo al caso de la exministra Olga Sánchez Cordero, quien —según dijo— cuenta con una concesión de 2.6 millones de metros cúbicos al año.
El diputado priista Humberto Ambriz cuestionó que las concesiones de agua ya no se transferirán automáticamente al vender, heredar o arrendar tierras, lo cual, dijo, divide la propiedad entre tierra y agua. Además, advirtió que se incrementan las sanciones e introducen delitos hídricos con castigos millonarios y prisión.
Por su parte, el panista Paulo Gonzalo Martínez acusó a Morena de buscar controlar el agua de los ciudadanos, señalando que con esta ley el oficialismo estaría creando un nuevo esquema de corrupción: “el huachicol del agua”.
El dictamen fue aprobado en lo general, pero aún está pendiente su discusión en lo particular.
