El Senado de la República aprobó anoche en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, que permitirán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) supervisar la transmisión de concesiones, incluidas las heredadas, y reasignarlas conforme a nuevas reglas.
Con 85 votos a favor y 36 en contra, el pleno avaló las modificaciones que el oficialismo presentó como una medida para “acabar con el mercado de agua entre particulares”. El dictamen fue turnado de inmediato al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma establece que los derechos contenidos en concesiones o asignaciones ya no podrán ser transferidos automáticamente por herencia, fusión o escisión de sociedades, sino que deberán ser reasignados por la Autoridad del Agua a través de un procedimiento con plazo máximo de 20 días hábiles.
El artículo 37 Bis 1 de la nueva ley señala que, en estos casos, la Conagua expedirá un nuevo título de concesión a quien acredite los derechos de propiedad, representación o sucesión, conservando el volumen, uso y plazo original.
Además, los volúmenes derivados de títulos extinguidos o cedidos a la autoridad serán reasignados privilegiando el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional. Estas decisiones estarán sujetas al análisis del Comité del fondo de reserva de aguas nacionales, conformado por representantes de seis secretarías federales y presidido por la titular de la Conagua.
Durante el debate, que se prolongó por siete horas y 22 minutos, senadores de oposición, como la panista Mayuli Latifa Martínez y la priista Carolina Viggiano, acusaron que la reforma afecta al campo y favorece a grandes intereses económicos. Legisladores de Movimiento Ciudadano también cuestionaron la falta de reglas equitativas.
Desde la mayoría, el morenista Manuel Huerta defendió que las reformas fortalecen las sanciones contra el robo de agua y eliminan el mercado privado de concesiones, mientras que el petista Alejandro González Yáñez calificó como “huachicoleros del agua” a quienes perforan pozos ilegales.
El debate incluyó señalamientos entre legisladores sobre políticos que actualmente poseen concesiones de agua, tanto del oficialismo como de la oposición.
