La explosión e incendio en la tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó hasta ahora un saldo extraoficial de 23 personas fallecidas y una veintena de heridos, ha detonado un fuerte impacto político en Sonora, principalmente en torno al presidente municipal Antonio Astiazarán y el gobernador Alfonso Durazo.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal fue la primera en descartar que se tratara de un atentado, sin embargo, aún no hay un informe oficial sobre las causas del siniestro ocurrido el fin de semana en el centro de la capital sonorense.
Fuentes locales señalan que el siguiente paso será el deslinde de responsabilidades, especialmente en torno a posibles fallas en protocolos de protección civil o permisos municipales. También trascendió que habría una ruptura entre Toño Astiazarán y el gobernador Alfonso Durazo, situación que estaría tensando la relación entre ambos niveles de gobierno a menos de dos años de las elecciones estatales.
La tienda siniestrada no contaba con salidas de emergencia visibles, lo que ha encendido alarmas sobre las condiciones de seguridad en comercios del centro histórico de Hermosillo. A raíz del incidente, el Gobierno del Estado ordenó la revisión parcial de todas las sucursales de Waldo’s en Sonora.
El presidente municipal Antonio Astiazarán ha buscado mantenerse al frente de la atención a víctimas, acompañando a familiares en hospitales y zonas afectadas, aunque existe preocupación sobre si las investigaciones de la Fiscalía Estatal podrían apuntar a irregularidades en permisos otorgados por el municipio.
También han surgido críticas hacia el secretario de Educación estatal, Froylán Gámez Gamboa, quien ha actuado como vocero durante la crisis, lo que ha generado rechazo en sectores ciudadanos que lo consideran impertinente y con fines electorales.
El caso ha sido comparado por algunos actores políticos con la tragedia de la Guardería ABC, ocurrida en Hermosillo en 2009, debido a su impacto social y a las posibles consecuencias jurídicas y políticas que podrían derivarse.
