A más de 160 kilómetros por hora y sin detenerse en los llamados “badenes de la muerte”, un convoy de la policía estatal de Sonora avanzó rumbo a La Ciénega, una mina de oro valorada en millones de dólares, tomada por el crimen organizado. Alejandro Sánchez, un empresario con raíces en Hermosillo y antiguo residente del Instituto Kino, iba al frente del operativo. Desde 2022 trabajaba para recuperar la mina, controlada por el grupo criminal de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sánchez fue contratado por Nicah Odood, copropietario del yacimiento, tras una oferta que incluía destinar el 1% de las ganancias al orfanato donde creció. Inició su gestión con la esperanza de que bastarían algunas llamadas, pero pronto descubrió que la mina se ubicaba sobre una ruta clave del narcotráfico hacia Estados Unidos. Su recuperación implicaba enfrentar no solo a los Chapitos, sino también a una organización aliada: Los Deltas, un grupo armado con tácticas paramilitares.
Durante dos años, Sánchez sorteó obstáculos como funcionarios corruptos, amenazas de cárteles y exigencias de sobornos por parte de autoridades locales y federales. En Hermosillo, generales retirados le advirtieron que el narco operaba “como un ejército”. Un comandante estatal incluso le propuso repartir las ganancias con el cártel como “solución”.
En 2023, Sánchez comenzó a recibir apoyo de un nuevo jefe de policía estatal, Víctor Hugo Enríquez, designado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Con apoyo de inteligencia obtenida por un informante —quien más tarde reveló estar vinculado al cártel rival de los Salazar—, se lanzaron operativos que derivaron en la captura de sicarios y en una redada militar en septiembre de 2024.
La operación involucró a más de 70 vehículos, helicópteros y un avión de combate. Aunque no hubo enfrentamientos directos, las fuerzas de seguridad tomaron el control de la mina tras la retirada de los narcos, alertados previamente por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. En la zona fueron hallados casquillos de armas calibre .50, drones de vigilancia y restos de campamentos criminales.
Sánchez logró retomar el proyecto junto a Jonathan Cooper, empresario estadounidense que adquirió todos los derechos de explotación tras una disputa con Odood. El compromiso se mantuvo: el 1% de las ganancias será destinado al Instituto Kino.
Sin embargo, la presión criminal persiste. Tras la redada, el informante exigió el pago del 15% de las utilidades al cártel de los Salazar como “protección”. Sánchez y Cooper se negaron. En noviembre, el convoy de Sánchez fue atacado por francotiradores mientras se dirigía a un rancho cercano. Uno de los sicarios fue abatido, y otros cuatro detenidos.
Actualmente, se han reanudado las actividades en la mina con trabajadores contratados en Hermosillo, algunos de ellos exalumnos del orfanato. El Instituto Kino, sin embargo, permanece en condiciones precarias. La capilla fue desmantelada y la infraestructura muestra un deterioro evidente.
El jefe de seguridad estatal, Víctor Hugo Enríquez, renunció en mayo de 2025 por diferencias con otras instancias. Su reemplazo ordenó reducir la presencia policial de 30 a seis elementos y, más tarde, el abandono completo de la mina. Sánchez evitó el retiro con una llamada directa al gobernador.
Desde el operativo de septiembre, algunos rancheros han regresado a la zona, aunque el control territorial sigue en disputa entre los Chapitos, los Deltas y los Salazar. Durante una patrulla reciente, policías encontraron restos de una batalla: vehículos calcinados y perforados por disparos, sin que ninguna autoridad realizara investigaciones posteriores.
Con información de El País
(Este artículo se basa en documentos gubernamentales y en extensas entrevistas con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y México, trabajadores de la mina, Jonathan Cooper, propietario de la mina, y Alejandro Sánchez, quien ayudó a recuperar la mina).
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