El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, provocó una fuerte reacción entre gobernadores de Morena, especialmente de Javier May (Tabasco) y Rubén Rocha (Sinaloa), quienes han reiterado críticas al papel de la Guardia Nacional (GN) en temas de seguridad.
Ambos mandatarios han señalado fallas de coordinación entre la GN y autoridades estatales, destacando la poca efectividad operativa del cuerpo, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pero responde a estrategias diseñadas por la Secretaría de Seguridad.
El caso de Uruapan profundizó las tensiones, ya que la GN había reforzado su presencia en la región tras el asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo, e incluso contaba con una base operativa en la zona. Sin embargo, no logró prevenir el crimen del edil, lo que, según fuentes cercanas a ambos gobiernos, evidencia una desarticulación interna que compromete los esfuerzos estatales.
La fricción interna entre el general Ricardo Trevilla y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también se menciona como un elemento que agrava la situación. Pese a que Harfuch eligió personalmente a Trevilla, la relación entre ambos no es considerada funcional en los niveles altos del gabinete.
Tanto May como Rocha enfrentan el control casi total de la seguridad estatal por parte de la Sedena, una circunstancia que, de acuerdo con fuentes políticas, limita su margen de maniobra político-electoral y no ha resultado en mejoras contundentes en sus entidades.
La semana pasada, Rocha expresó su preocupación por la percepción ciudadana en Culiacán, que continúa como la ciudad considerada más insegura del país según datos oficiales, pese a meses de operativos militares.
Por su parte, May también enfrenta tensiones derivadas de la persecución del grupo criminal “La Barredora”, operativo en el cual el gobernador no ha sido integrado de forma activa, según se ha señalado desde su entorno.
