Desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, Michoacán se ha convertido en el estado más peligroso para los alcaldes en funciones. De los 122 asesinatos de ediles registrados entre 2006 y 2025 en México, al menos 18 ocurrieron en esta entidad, según datos oficiales y de organizaciones civiles.
El homicidio más reciente fue el de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025. El crimen generó una fuerte reacción social y política que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar un nuevo plan de intervención federal. Denominado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el programa contempla acciones en seguridad, desarrollo económico, educación y cultura, así como la creación de un sistema de alerta municipal para que los ediles puedan solicitar auxilio en tiempo real ante amenazas del crimen organizado.
En lo que va del actual gobierno federal, tres alcaldes han sido asesinados en Michoacán: Salvador Bastida García, de Tacámbaro (PT); Martha Laura Mendoza, de Tepalcatepec (Morena), y Carlos Manzo, independiente. Los tres crímenes han sido atribuidos a grupos del crimen organizado, que continúan disputándose el control del territorio.
Especialistas en seguridad, como Eduardo Guerrero, han advertido que estos asesinatos reflejan una captura criminal de gobiernos municipales, donde los grupos delictivos imponen su propia forma de gobernanza. Guerrero sugiere medidas como la depuración y profesionalización de policías municipales, la intervención operativa del gobierno estatal en corporaciones vulnerables, y la presencia sostenida de fuerzas federales con énfasis en la protección de alcaldes y líderes comunitarios.
El fenómeno no es nuevo. Juan Marcelo Ibarra Villa, alcalde de Madero por el PRI, fue el primer edil michoacano asesinado tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Su muerte, ocurrida en junio de 2008, fue el inicio de una larga lista de homicidios. Le siguieron casos como el de Octavio Carrillo Castellanos (Vista Hermosa), Gustavo Garibay (Tanhuato), Ricardo Guzmán Romero (La Piedad) y Stalin Sánchez González (Paracho).
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se registraron 47 asesinatos de alcaldes a nivel nacional, seis de ellos en Michoacán. En esa etapa se recrudecieron los enfrentamientos tras la operación federal contra el cártel de La Familia Michoacana, lo que derivó en una serie de ataques a ediles y el abandono de gobiernos locales. En Tancítaro, todo el cabildo renunció en 2009 y su alcalde interino fue asesinado meses después.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), 42 ediles fueron asesinados en el país, seis de ellos en Michoacán. El periodo estuvo marcado por la presencia del comisionado Alfredo Castillo, enviado por el Ejecutivo federal para contener la crisis de seguridad. Pese a ello, continuaron los ataques a ediles, como los de Wilfrido Flores, Ygnacio López Mendoza, Gustavo Garibay y Javier Ureña González.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y el avance de la llamada Cuarta Transformación, la violencia contra presidentes municipales no se detuvo. En su sexenio se contabilizaron 23 asesinatos de ediles en funciones y tres alcaldes electos, según cifras de Data Cívica. Michoacán aportó cinco víctimas en ese periodo, entre ellas David Otlica Avilés (Nahuatzen), Enrique Velázquez (Contepec), César Arturo Valencia (Aguililla), Guillermo Torres (Churumuco) y Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija).
Además, en el proceso electoral de 2024 fueron asesinados dos precandidatos a alcaldes de Maravatío en un solo día, y en años recientes también se ha reportado el homicidio de cinco expresidentes municipales michoacanos, víctimas de ajustes de cuentas atribuidos a células delictivas.
El nuevo plan anunciado por el Gobierno federal busca contener esta ola de violencia. De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, la estrategia será presentada formalmente este fin de semana e incluirá presencia permanente de fuerzas federales en municipios de alto riesgo.
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