Alejandro Gertz Manero realizó un movimiento clave antes de presentar su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR): destituyó a Cristina Reséndiz Durriti como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial y nombró en su lugar a Ernestina Godoy Ramos, lo que permitió que esta asumiera como fiscal interina.
El oficio con el nombramiento, firmado por Gertz, fue difundido por fuentes ministeriales, y está respaldado por el artículo 21 de la Ley Orgánica de la FGR, el cual establece que quien encabeza esa fiscalía especializada asume de manera automática la titularidad provisional en caso de vacancia.
Godoy, quien se desempeñaba como consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue incorporada a la FGR poco antes de la renuncia de Gertz Manero, en un movimiento que no la descalifica para ser considerada en la terna que votará el Senado.
De forma paralela, también habrían dejado sus cargos Alfredo Higuera, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, según reportes internos del Ministerio Público federal.
Ernestina Godoy Ramos nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1954. Militante de Morena, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, principalmente en el ámbito jurídico y legislativo. Fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México entre enero de 2020 y enero de 2024, luego de haber encabezado la Procuraduría capitalina durante el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno.
Su gestión fue objeto de diversas críticas, entre ellas por el manejo de la investigación del colapso de la Línea 12 del Metro y por presunto espionaje político contra dirigentes de oposición. Su intento de ratificación fue rechazado en el Congreso capitalino, lo que marcó su salida de la Fiscalía local.
Godoy también fue senadora electa en 2024, pero renunció a ese escaño para integrarse al equipo jurídico de Sheinbaum en la Presidencia de la República. En años previos, fue diputada federal, legisladora local y ocupó distintos cargos en la administración pública del entonces Distrito Federal. Participó en organizaciones civiles como Alianza Cívica y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y brindó asesoría jurídica gratuita tras el sismo de 1985.
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