Si con la elección judicial la exabogada defensora de Joaquín El Chapo Guzmán, Silvia Delgado, será jueza penal, por qué tendría que asombrarnos que el histórico abogado de los familiares de Ayotzinapa y de los movimientos más radicales de Guerrero, Vidulfo Rosales, se convierta ahora en asesor del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar.
Vidulfo ha estado relacionado con el ERPI y participó en organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) y otros grupos de Tlacoapa, muchos de ellos con un pie en los movimientos armados y otro en el crimen organizado. Es un viejo enemigo de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, del Ejército, ha mentido constante y conscientemente en la interminable investigación del caso Ayotzinapa y ha manipulado a los familiares y a las autoridades que se lo han permitido.
Toda la acusación que construyeron el entonces subsecretario Alejandro Encinas, el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, y Vidulfo Rosales, como asesor de los padres de Ayotzinapa, estuvo basada en los testimonios de sicarios de Guerreros Unidos que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes y que se convirtieron en testigos protegidos a partir de 2020, muchos años después de haber sido detenidos y de haber confesado sus crímenes, a cambio de su libertad.
Todas esas declaraciones eran inverosímiles, no estaban sustentadas en pruebas y eran contradictorias con sus propias declaraciones, ya que algunos de estos sicarios reconvertidos en testigos tuvieron que brindar hasta once declaraciones distintas para poder ajustar sus dichos a lo que quería la fiscalía especial e impulsaba Vidulfo. Todo en vano, porque no tenían una sola prueba. Pero fue suficiente para que en la administración López Obrador se encarcelara durante largos meses a varios militares, al tiempo que los sicarios quedaban en libertad, construyendo una historia que se cayó por su propio peso, por su falta absoluta de verosimilitud.
Años antes, Vidulfo fue terminante en su oposición a que se otorgara la Medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, un ingeniero de Chilpancingo que salvó la vida de muchos ofreciendo la propia, cuando los jóvenes de Ayotzinapa incendiaron, el 12 de diciembre de 2011, mucho antes de los hechos de Iguala, la gasolinera donde trabajaba. Habrían podido morir decenas de personas si hubieran estallado los tanques de esa gasolinera que guardaban cien mil litros de combustible. Gonzalo Rivas dio su vida para evitarlo.
Ese día continuaron los enfrentamientos y dos jóvenes murieron por disparos de policías de Chilpancingo. Los policías fueron apresados, juzgados y condenados. Ninguno de los jóvenes que incendiaron la gasolinera y provocaron la muerte de Gonzalo Rivas fueron siquiera molestados por las autoridades. La impunidad lo único que hizo fue acrecentar la violencia de estos grupos y también la de quienes se enfrentan a ellos. La noche de Iguala, en 2014, es consecuencia de todo ello.
Vidulfo no quería que se le otorgara la Belisario Domínguez a Rivas porque eso, decía, sería “criminalizar” a los jóvenes de Ayotzinapa. Es el mismo argumento que ha usado cuando se denuncia la relación de los líderes de esos jóvenes y directivos de la normal con grupos armados y criminales. No se trata de criminalizar a las víctimas, sino de denunciar a los victimarios. Y en la normal de Ayotzinapa había y hay de los dos: víctimas y victimarios.
Hace poco más de nueve años, el 6 de abril de 2016, contábamos aquí esta historia: era una plática telefónica de Vidulfo con uno de los padres, Mario César González Contreras, que le cuenta a Vidulfo: “…pues ya me amenazaron, Guerreros Unidos a mí”.
Vidulfo Rosales: “¿Guerreros Unidos?”.
Mario: “Ajá”.
Vidulfo: “¿Y qué le dijeron?”.
Mario: “Que entreguemos ese puto dinero, yo [le dije] que no tengo nada qué ver. Me dijeron ‘tampoco te pongas pendejo, hijo de la chingada, ya te dije que le digas a esa mierda y a los otros putos que se juntan con él (se refería a Vidulfo) que entreguen ese puto dinero porque si no los voy a levantar’… Aquí tengo los mensajes, decía Mario, y me hablaron por teléfono”.
Entrevistado sobre el tema, Rosales dijo que el dinero del que hablaban eran 200 mil pesos que les había dado el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el movimiento (sic) y que había diferencias entre los familiares porque alguien se los quedó, aunque la grabación lo que da a entender es que el dinero lo querían los propios Guerreros Unidos. A eso siguió un texto atribuido a Los Rojos, donde decían que la grabación era la demostración de que Vidulfo y ese grupo de familiares trabajaba con Guerreros Unidos. Sonaría por lo menos extraño asumiendo que Guerreros Unidos son los que secuestraron y mataron a los jóvenes, pero lo cierto es que la línea que desarrolló Vidulfo y mantuvieron Encinas y Gómez Trejo provocó que quedaran en libertad la mayoría de los 136 policías, funcionarios municipales y sicarios que cometieron el crimen y que pertenecían a… Guerreros Unidos.
Nada tiene que hacer Vidulfo en la SCJN. Vaya dupla con Aguilar. Uno con viejos antecedentes con el zapatismo, Vidulfo con el ERPI y enemigo declarado de las Fuerzas Armadas. Cada día está mejor el próximo Poder Judicial.